Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134543
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.543, "Altuve, Carlos Arturo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.726 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a S. D., J. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 2 de octubre de 2018, hizo lugar al recurso de la especialidad, presentado por la defensa oficial de J. A. S. D. contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza que declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2 del Código Penal y confirmó el rechazo del pedido de prescripción de la acción penal. En consecuencia, devolvió los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 37/38 vta.).
El Ministerio Público Fiscal formuló reserva para recurrir una vez completa la sentencia (v. fs. 41).
El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza, en cumplimiento del reenvío ordenado, declaró la prescripción de la acción penal (v. fs. 47 y vta.).
El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 52/55 vta.).
El Tribunal de Alzada concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar que la denuncia de arbitrariedad se planteó con la carga técnica necesaria (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN; arts. 486, 494 y concs., CPP; v. fs. 56/57).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 91/93), dictada la providencia de autos (v. fs. 95), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor fiscal denunció arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y por fundamentación aparente.
Recordó que la Cámara declaró la inconstitucionalidad del art. 62 del Código Penal por estimar que colisionaba con la Convención sobre Derechos del Niño (jerarquía constitucional) y con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (supralegal) que se encontraban vigentes al momento en que se cometieron los hechos.
Explicó que "...no aplicaron ultraactivamente ley penal alguna (como sostiene la casación) sino que [declararon] la inconstitucionalidad de una norma (...el art. 62, Cód. Penal) en el caso concreto" (fs. 54 vta.).
En función de ello, afirmó que el Tribunal de Casación se apartó arbitrariamente del fundamento expuesto por la Cámara y no analizó si el citado art. 62 entraba en colisión con leyes de superior jerarquía (v. fs. 55) dado que estimó que en el caso se había aplicado retroactivamente una norma que entró en vigencia diez años después de la comisión de los hechos cuando, en rigor, se resolvió algo distinto (la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2, Cod. Penal -v. fs. 55-).
A continuación, alegó que "...si efectivamente la Cámara hubiese optado por la aplicación de una ley posterior, en modo alguno hubiese declarado la inconstitucionalidad del texto anterior" (fs. 55).
En definitiva, manifestó que la decisión impugnada, además de contener una fundamentación aparente no resolvió adecuadamente la cuestión federal que presentaba el caso (v. fs. 55 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso (v. fs. 91/93).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (conf. art. 496, CPP).
III.1. De modo preliminar, resulta necesario reseñar lo acontecido en el caso.
III.1.a. El Juzgado de Garantías n° 2 de La Matanza, el 21 de marzo de 2017, desestimó el pedido de prescripción de la acción penal formulado por la defensa oficial de J. A. S. D. en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor, ascendiente de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (reiterado) en concurso real con corrupción de menores agravada por ser el autor, ascendiente de la víctima.
Frente al planteo de la parte (desde la fecha de comisión de los hechos, ubicados entre los años 2000 y 2004, y el primer llamado a prestar declaración conforme el art. 308 del Código Procesal Penal, transcurrió el plazo necesario para prescribir las acciones) el juzgado recordó las reformas sucesivas al art. 63 del Código Penal, conforme leyes 26.705 (B.O. 5-X-2011) y 27.206 (B.O. 9-XI-2015) y señaló que "Es cierto que la entrada en vigencia de las citadas leyes que condicionan el comienzo de la prescripción de la acción penal [...] ocurrió con posterioridad al momento en que se agotó el plazo máximo de prescripción de doce años dispuesto por el art. 62" (fs. 11/12).
"Sin embargo, resulta fundamental considerar que aún para la época de los hechos delictivos que han sido materia de imputación [...] se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron la reforma en la norma nacional [...] la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" (3-V-1995) y la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 12/13 vta.).
Concluyó que ambas normas internacionales resultan aplicables por tratarse de una presunta víctima niña y mujer por lo que "... a la luz de la normativa internacional de rango constitucional que se encontraba vigente al momento de los hechos, que se corresponde con las obligaciones asumidas por el Estado nacional [...] corresponde concluir que la acción penal incoada [...] no se encuentra prescripta".
En la parte resolutiva del pronunciamiento citó los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3.1. y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 2 inc. "a", 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el "...art. 62 inc. 2do. 'a contrario sensu ' del Código Penal" (fs. 13 vta. y 14).
III.1.b. El señor defensor oficial dedujo recurso de apelación en el que denunció la afectación del principio de legalidad (conf. art. 18, Const. nac.; v. fs. 15/19).
III.1.c. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, el 8 de junio de 2017, rechazó el recurso de la defensa y declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 62 del Código Penal (v. fs. 20/24 vta.).
En primer lugar, reseñó las características del hecho investigado: "... en fecha y horario no determinados, pero entre los años 2002 y 2004, preferentemente horas de la tarde, en el interior de la vivienda de la calle... J. A. S. D., aprovechándose de la situación de convivencia, abusó sexualmente de su hija P. Y. S. S., quien además concibió una hija producto del incesto, generando de ese modo un grave menoscabo a su integridad psicofísica" (fs. 20 vta. y 21).
A continuación, destacó que conforme los dichos de la víctima, los hechos se produjeron desde que ella tenía trece años de edad hasta que cumplió quince y quedó embarazada, naciendo su hija el 27 de mayo de 2005 (v. fs. 21). Agregó que cuando quedó embarazada su progenitor la obligó a mentir sobre la identidad del padre de su hija "... siendo él quien al poco tiempo de nacer la niña le confesó a su progenitora que era el padre de ésta, fruto de una relación consentida con su hija" (fs. 21).
Sentado ello, afirmó que tales características le otorgan al caso "...una nota de color particular que no debe ser desatendida ni resuelta desde la literalidad de la norma del Código de fondo, cuando ello se da de bruces con derechos y garantías de orden constitucional" (fs. 21 y vta.).
Resaltó que tal como lo puso de manifiesto el órgano de mérito, al momento de los hechos ya estaban vigentes la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumentos que obligan al Estado a garantizar a las víctimas el acceso a la justicia (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Por tales motivos, en función de la minoridad de la denunciante al momento de sufrir los abusos, "...la gravedad de las consecuencias que tuvo que enfrentar ante un embarazo adolescente fruto de los mismos, sin cuidados médicos y tapados por la mentira, la culpa y la coacción que emerge sin duda del presente caso y del relato que la damnificada efectuara respecto de las amenazas sufridas por su progenitor y la desidia con que su madre omitió brindarle contención, apoyo y denunciar el suceso sufrido por su hija menor de edad, al punto tal que a la fecha ha propiciado encubrir a su cónyuge y brindarle un lugar de resguardo, [le] llevan a colegir el grado de sometimiento psíquico sufrido por la denunciante que le impidió accionar con anterioridad la vía judicial; ello sin perjuicio de que al momento de la denuncia la acción en los términos del art. 62 inc. 2do del Código Penal sustantivo se hallaba expedita" (fs. 22 vta.).
Sostuvo que las garantías constitucionales en juego debían "amalgamarse". En tal sentido, por un lado, estimó que los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional no se afectaron, así como tampoco el debido proceso por encontrase debidamente tipificados los hechos endilgados al imputado por una ley previa. Por el otro, manifestó que declarar la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, teniendo en especial consideración las particularidades del caso, resulta inadmisible y "...contrario a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional reseñados" (fs. 23 y vta.).
Por todo lo expuesto, declaró la inconstitucionalidad del plazo previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal y, como consecuencia de ello, confirmó el rechazo del pedido de prescripción de la acción penal (v. fs. 23 vta. y 24).
III.2.a. La defensa oficial dedujo recurso de casación (v. fs. 24/29 vta.).
III.2.b. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Violini al que adhirió simplemente el doctor Borinsky, hizo lugar a la impugnación y ordenó el reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 37/38 vta.).
Afirmó que la declaración de inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2 del Código Penal "...no es derivación razonada del derecho vigente, acorde a las circunstancias de la causa".
De seguido, sostuvo que "Si bien es claro el esfuerzo de[l] [Tribunal de] Alzada para evitar la impunidad en el hecho concreto considerando los aberrantes sucesos relatados, la ultraactivdad de la ley penal solo se permite en caso de mayor benignidad para el reo, que no es precisamente la situación en trato, sino lo contario" (fs. 37 vta.).
Concluyó que, si los hechos acontecieron entre el 2002 al 2004, habiendo sido llamado el imputado a prestar declaración conforme el art. 308 del Código Procesal Penal el 9 de marzo de 2017, sin que se haya configurado ningún acto que interrumpa el curso de la prescripción (conf. art. 67, Cód. Penal) la acción penal prescribió.
Por tales motivos, casó el pronunciamiento y devolvió jurisdicción a la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento.
III.2.c. El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza, en cumplimiento del reenvío ordenado, declaró la prescripción de las acciones penales respecto de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ascendiente de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma (reiterado) en concurso real con corrupción de menores agravada por ser el autor ascendiente de la víctima (v. fs. 47 y vta.).
IV. Sentado lo anterior, corresponde descalificar el fallo por arbitrario por carecer de fundamentación idónea en tanto -como acertadamente lo puso de manifiesto el recurrente- se apartó de lo efectivamente resuelto por la Cámara (declaración de inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2, Cód. Penal) y analizó de manera aparente la cuestión federal que presentaba el caso, todo lo cual afectó el debido proceso (conf. art. 18, Const. nac. a contrario sensu ).
Veamos.
IV.1. Conforme se advierte de la reseña, el Tribunal de Alzada sostuvo dogmáticamente que la declaración de inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2 del Código Penal "... no es derivación razonada del derecho vigente acorde a las circunstancias de la causa". Dicha afirmación no fue acompañada de ningún fundamento -ni siquiera mínimo- que le diera sustento. En efecto, el Tribunal de Casación Penal no explicó de qué manera "... las circunstancias de la causa" -a las que alude de modo genérico y sin ningún anclaje en el expediente- no permitían declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión cuando en contraposición a ello la Cámara, luego de analizar de manera minuciosa las particularidades de los hechos y del trámite dado al expediente, juzgó que -precisamente- las particularidades del caso (corta edad de la damnificada, embarazo fruto del abuso sexual presuntamente cometido por su padre, amenazas proferidas por el imputado, desidia de su madre, alto grado de sometimiento psicológico de la niña que le impidieron acceder a la justicia con anterioridad, al formular la denuncia aún no se había cumplido el plazo del art. 62 inc. 2 del Código Penal -conforme se advierte de fs. 2 y vta. del expediente principal la denuncia la formuló la presunta víctima, P. Y. S. D., a sus 26 años de edad con fecha 27 de febrero de 2016-) exigían adoptar esa decisión drástica para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación y no incurrir en responsabilidad internacional del Estado, conforme las obligaciones asumidas al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
IV.2. De igual manera, tal como lo puso en evidencia el recurrente, la arbitrariedad del pronunciamiento se reafirma cuando Casación, apartándose de las constancias de la causa, agrega que "...la ultraactividad de la ley penal solo se permite en caso de mayor benignidad para el reo, que no es precisamente la situación en trato, sino lo contario".
Sin embargo, esta afirmación se desentiende de lo acontecido en el caso. La Cámara, al declarar la inconstitucionalidad del inc. segundo del art. 62 del Código Penal, lo hizo con base en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aclarando expresamente que ambos instrumentos internacionales se encontraban vigentes en el momento de los hechos.
Si lo que pretendía el Tribunal de Casación Penal era descalificar la aplicación al caso de la leyes 26.705 (B.O. 5-X-2011) y 27.206 (B.O. 9-XI-2015) que modificaron el art. 63 del Código Penal -extremo que no puede afirmarse con certeza pues el sentenciante no indicó cuál sería la norma aplicada "ultraactivamente" en perjuicio del imputado-, resulta pertinente resaltar que ellas no fueron aplicadas por la Cámara -ni siquiera fueron citadas en la sentencia-.
Para más, las problemáticas y tensiones con el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.) que eventualmente se generarían si la Cámara hubiera aplicado la ley 26.705 o 27.206 -reitero, lo que no sucedió en el caso- se darían por la aplicación retroactiva de dichas normas (por ser leyes posteriores a los hechos que se aplicarían para atrás en el tiempo) y no ultraactiva como indica el sentenciante.
V. En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la declaración de prescripción de la acción penal dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza (v. fs. 47 y vta., punto III.2.c. del presente), reenviando las actuaciones para que, atendiendo la premura que exige el caso, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (doctr. art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Concuerdo con la solución propiciada por la ponente, doctora Kogan.
Ello sin perjuicio del íter impugnativo emprendido por el representante fiscal, en razón de mi voto -en adhesión al del doctor Negri- en P. 125.564, sentencia de 21-VI-2018, dado que representa la postura minoritaria del Tribunal. Es que luego de la sentencia del Tribunal de Casación que impugna (revocatoria de la de la Cámara de Apelación y Garantías departamental que convalidara -por otros argumentos- la vigencia de la acción penal dispuesta por el juez garante y, en consecuencia, ordenara el reenvío para el dictado de un nuevo fallo acorde a lo establecido), aquel anticipó que articularía el respectivo recurso una vez completada la sentencia (v. fs. 41), la cual se integró con la decisión emitida por otro órgano -el Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza- debido a que ya había sido elevada a juicio, quien -previa vista al Ministerio Público Fiscal, evacuada a fs. 239, en el sentido de que se cumpla con lo dispuesto en el apartado II de la sentencia casatoria- decretó el sobreseimiento de J. A. S. D. por haber operado el plazo de prescripción de conformidad con las previsiones de los arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y concordantes -conforme texto ley 25.188- todos del Código Penal (v. fs. 244/246), notificada a los señores fiscales ante esa sede que nada manifestaron y, hecho lo propio al titular ante el órgano casatorio, merced a la petición obrante a fs. 259, recién el 23 de octubre de 2019 el doctor Altuve interpuso la vía bajo estudio.
II.1. Sentada esa salvedad, le asiste razón al recurrente respecto de la tacha de arbitrariedad que le achaca al pronunciamiento en crisis. Pues, como señala, se ha fallado con total apartamiento de las constancias de la causa y mediante un déficit de fundamentación que no puede ser refrendado.
Como lo reseña la colega en el apartado III.1.c. de su sufragio, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, el 8 de junio de 2017, rechazó el recurso de la defensa contra la denegación de prescripción del juez garante y convalidó esa solución, aunque a partir de la declaración -de oficio- de la inconstitucionalidad del art. 62 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 20/24 vta.).
Tras referir a las características del hecho investigado (que habría tenido lugar entre los años 2002 y 2004, en perjuicio de su hija P. Y. S. S., cuando la víctima tenía entre trece y quince años de edad, la cual producto de los abusos sexuales incestuosos, concibió una hija -que nació el 27 de mayo de 2005-, todo ello con grave menoscabo a su integridad psicofísica, siendo obligada a mentir sobre la identidad del padre de su hija, hasta que él "... al poco tiempo de nacer la niña le confesó a su progenitora que era el padre de ésta, fruto de una relación consentida con su hija" -fs. 20 vta. y 21-), afirmó que esas connotaciones le otorgaban al caso "...una nota de color particular que no debe ser desatendida ni resuelta desde la literalidad de la norma del Código de fondo, cuando ello se da de bruces con derechos y garantías de orden constitucional" (fs. 21 y vta.).
Resaltó que tal como lo puso de manifiesto el órgano de mérito, al momento de los hechos ya estaban vigentes la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumentos que obligan al Estado a garantizar a las víctimas el acceso a la justicia (conf. art. 75 inc. 22, Const. n
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