Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134767
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP)
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.767, "Palavecino, Luciano Nahuel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.119 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de julio de 2020, resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto en favor de Luciano Nahuel Palavecino contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego agravado por la intervención de un menor de edad y homicidio agravado criminis causae y calificado por el uso de un arma de fuego, en concurso real entre sí (v. fs. 70/75).
La señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 77/81), que fue declarado admisible por la aludida Sala del órgano intermedio (v. fs. 86/88).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 93/97) dictada la providencia de autos (v. fs. 99), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora defensora denunció que el tribunal intermedio realizó una revisión aparente del fallo, particularmente en lo que concierne a la pretensión de que se declare la nulidad de la sentencia de mérito por déficit en su fundamentación (v. fs. 78 vta.).
Sostuvo que al momento de presentar el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal manifestó que el Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza no había justificado adecuadamente un aspecto esencial de la decisión, el relativo a la descripción de la secuencia delictiva en punto al modo de su ocurrencia, destacando que era un aspecto que tenía incidencia en la calificación legal.
Precisó que oportunamente se agravió ante el órgano revisor manifestando que el veredicto solo exhibía una descripción del hecho imputado, la referencia a la declaración de dos testigos y la mención de los restantes elementos probatorios, pero ningún desarrollo argumental que permita relacionarlos con las contingencias del suceso, en particular al concluir que a la víctima "...le efectuaron tres disparos de arma de fuego con el fin de lograr la impunidad" cuando tal circunstancia no surge de la declaración del niño partícipe ni de los informes de la historia clínica y autopsia de la víctima (v. fs. 79).
Expresó que frente a dicho planteo, que a su juicio abría plurales interrogantes, la Sala II se limitó a dar cuenta de la materialidad ilícita y la intervención del acusado, sin brindar una respuesta adecuada y vinculada con su pretensión, y por tal motivo no garantizó el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria de acuerdo a las exigencias de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Insistió con que la ausencia de precisión señalada en cuanto a los contornos fácticos del episodio juzgado -convalidada por el órgano casatorio- se patentizó en la incongruencia a la hora de establecer la finalidad que caracteriza la imposición del art. 80 inc. 7 del Código Penal, dado que en la primera cuestión del veredicto se consideró que los disparos fueron efectuados a efectos de lograr la impunidad, y luego, al encuadrarse típicamente el comportamiento del imputado en la primera cuestión de la sentencia, se consignó que la especial subjetividad del tipo estuvo configurada por la circunstancia de no haber logrado el fin propuesto.
En tal sentido -añadió- si bien las dos ultrafinalidades están contempladas en la figura, no es lo mismo el supuesto de "matar para" que "matar por", y por todo ello encontró afectado el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.). Citó en su apoyo el fallo "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 80 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General; el recurso no prospera.
III.a. El tribunal de instancia tuvo por debidamente acreditado que "...el 18 de diciembre de 2016, siendo aproximadamente las 20. hs., en las calles [...] de la localidad de Villa Dorrego, varios masculinos entre ellos uno menor de edad, interceptaron a Claudio Aníbal Martínez, y tras intimidarlo con un arma de fuego tipo pistola marca Bersa modelo Thunder calibre 22 serie 339566, lograron apoderarse de su arma reglamentaria marca Browning calibre 9 mm [...] Posteriormente, a efectos de lograr su impunidad, le efectuaron tres disparos de arma de fuego a la víctima impactando uno de ellos en la cabeza produciéndole una herida de gravedad en el cráneo [que] provocó una lesión cráneo encefálica que ocasionó su deceso el 14 de junio de 2017..." (fs. 7 vta. y 8 del incidente casatorio).
Descartó la posibilidad de aplicar el art. 165 del Código Penal tal como lo había solicitado la defensa, y al analizar la calificación del hecho, consideró que "...Palavecino, acompañado de otras personas y particularmente del menor de edad D., descendió del vehículo en el que se desplazaban con la intención de hacerse de aquello que pudiera llevar de valor la víctima escogida, es decir; Claudio Aníbal Martínez. Luego, tras la resistencia de aquel y luego de producir los disparos, se fueron del lugar (como dijeran los testigos; 'caminando'), dejando el bolso que constituyera el motivo inicial del ataque pero llevándose el arma reglamentaria..." (fs. 14 vta.).
Luego, resolvió que lo antes relatado, por su particular forma de desarrollarse, constituía prueba del dolo directo homicida y determinante de la figura legal aplicada por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito; "...por cuanto resulta imposible acceder al inconsciente de los seres humanos para determinar el dolo desde un plano psicológico" (fs. 15). Y tras citar un fallo de esta Corte agregó que "...Palavecino no pudo continuar con el desapoderamiento violento que del bolso de Martínez había pergeñado como primer objetivo. La lucha entre el menor y Martínez resistiéndose al asalto frustró sus expectativas de apoderamiento ilícito, dirigiendo sus disparos desde una posición cercana directamente a la cabeza de aquel" y concluyó que "Ello, así explicitado, constituye infracción al art. 80 inc. 7° del Código Penal, 'por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito'..." (fs. 15 y vta.).
III.b. Al interponer el recurso de casación la defensa denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba en cuanto a la intervención de su asistido en el hecho y errónea aplicación del art. 80 del Código Penal, y solicitó la recalificación en los términos del art. 165 (v. fs. 25/42).
Luego, la defensora ante el tribunal intermedio desistió de la audiencia de informes y presentó memorial en el que, sin perjuicio de mantener los agravios formulados en el recurso de casación, pidió la nulidad del fallo por considerar que se encontraba viciado por ausencia de fundamentación (v. fs. 57/59).
IV. El Tribunal de Casación Penal, al dar respuesta a esos agravios, consideró en primer lugar que el órgano del juicio había realizado una valoración integral de los elementos de prueba con los cuales tuvo por acreditados los hechos materia de acusación y la coautoría de Palavecino en ellos, con un razonamiento desarrollado a partir de premisas claras que, además de no haber sido rebatidas en la impugnación, aportaron validez a la conclusión a la que arribó (v. fs. 71).
Destacó que el deber de fundamentación del fallo se satisface cuando el tribunal expone las razones que lo llevaron a resolver todos los extremos que atañen a la acusación y que, observando la sentencia como un todo inescindible, ese deber se hallaba satisfecho. Por otra parte, señaló que la defensa no había conmovido con sus agravios esa convicción.
Luego, reseñó y examinó las pruebas con las que se corroboraron tanto la materialidad ilícita como la autoría penalmente responsable del imputado, juzgando que se había realizado un análisis acabado y había quedado acreditado que Martínez falleció producto de las lesiones provocadas por un arma de fuego y que Palavecino fue el autor del disparo (v. fs. 71 y 72 vta.).
Seguidamente, acompañó la decisión del órgano de grado de rechazar la pretensión de la defensa de encuadrar los hechos como homicidio en ocasión de robo y en cambio aplicar el art. 80 inc. 7 del Código Penal, al considerar que: "La concurrencia en cabeza del autor de esas específicas finalidades fue acreditada, como ocurre casi siempre en virtud de su naturaleza eminentemente psicológica, a partir de prueba de tipo indirecta formada por aquellos indicios que surgen de la forma en que la conducta se exteriorizó y de las circunstancias que rodearon su realización. Esta conclusión es fácilmente extraíble de la prueba reunida, fundamentalmente a partir de lo declarado por De Antón y D., la primera vio a Martínez agitar los brazos en forma defensiva por los golpes que le arrojaban los atacantes, mientras que D. asumió que mientras le sustraían sus pertenencias, se abalanzó sobre la víctima con el objeto de proteger a Lucho, toda vez que Martínez estaba por sacar su arma reglamentaria. Que a raíz de ello cayeron los dos al piso, quedando la víctima abajo y fue allí cuando esta disparó contra D.. Luego escuchó un disparo y Lucho en el automóvil asumió haber disparado a Martínez. En esas circunstancias, y sin que quepa suponer razonablemente que la muerte de Martínez se haya debido a una decisión desvinculada del robo, es razonable la conclusión sentencial en cuanto a que se evidencia en la conciencia del encausado la existencia de una conexión final entre el homicidio y el delito contra la propiedad, pues su conducta lógicamente se explica a partir de la finalidad, cuanto menos, de poder emprender la fuga y de ese modo procurar la impunidad" (fs. 72 vta. y 73).
Y concluyó que "...no cabe suponer razonablemente que la muerte de Martínez, en el contexto en el que se cometió, se haya debido a una decisión desvinculada del robo, resultando razonable la conclusión sentencial en cuanto se evidencia en la conciencia de los autores la existencia de una conexión final entre el homicidio y el delito contra la propiedad, pues su conducta lógicamente se explica a partir de la finalidad, cuanto menos, de procurar la impunidad en el robo cometido" (fs. 73).
V. Lo expuesto hasta aquí, teniendo en cuenta los agravios planteados por la defensa en el recurso de casación, deja en evidencia que el órgano revisor dio respuesta a los reclamos allí referidos brindando las razones que lo llevaron a confirmar el pronunciamiento atacado y abasteció la exigencia establecida en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado por la Corte nacional a partir del precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399).
Lo que la parte presenta como un inadecuado cumplimiento del deber de revisar la condena es, en rigor, una discrepancia con lo resuelto, a la que no agrega ningún desarrollo que, controvirtiendo todos los fundamentos del fallo, evidencie los agravios invocados (doctr. art. 495, CPP).
En definitiva, la defensa insiste en señalar los déficits que le atribuye a la sentencia de mérito, pero su disconformidad con la solución adoptada por el órgano revisor al dar respuesta a su planteo no es eficaz para demostrar la violación del derecho al recurso con los alcances que la Corte nacional le otorgó a partir del ya citado precedente "Casal".
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP)
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2021 17:24:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2021 21:05:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2021 09:08:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:07:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:58:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 09:23:50 hs. bajo el número RS-159-2021 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia