Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134775
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.775-RC, "D., G. J. S/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 15.559/20 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Trenque Lauquen", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de octubre de 2020, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Juzgado Correccional n° 1 de Azul que, en lo que aquí interesa, condenó a G. J. D. a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas como autor responsable de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género -tres hechos-, coacción agravada por el uso de armas, amenazas agravadas por el uso de armas, coacción simple -dos hechos-, amenazas simples -tres hechos-, desobediencia -cuatro hechos- y violación de domicilio, todos ellos en concurso real (arts. 55, 80 incs. 1 y 11, 92, 149 bis, 149 ter apdo. 1, 150 y 239, Cód. Penal) -ver fs. 443/450 y 393/408-.
Contra ese pronunciamiento, el señor defensor oficial de la Unidad de Defensa n° 3 de Azul con sede en Olavarría, doctor Gustavo Roberto Emiliozzi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 470/487), el que fue concedido por el tribunal intermedio por resolución de 19-II-2021 (v. fs. 489/491 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 499/504 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 514), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial denuncia ante esta Corte que la totalidad de la prueba en la que se basó la condena de G. J. D. fue incorporada por lectura, apartándose de la obtenida en el debate oral y público.
La situación concreta que origina los planteos del recurrente consiste en que M. B. C., si bien denunció múltiples hechos de amenazas, lesiones y otros delitos que atribuyó a su pareja -funcionario policial-, luego se retractó al declarar en el juicio oral, a pesar de lo cual el acusado fue condenado.
El señor defensor argumenta que se encuentra involucrada una cuestión constitucional que fue planteada desde la instancia de apelación por cuanto su parte explicó en el recurso ordinario que los testimonios recibidos en la audiencia no podían ser suplidos por los informes de peritos, pues de ese modo se afectaría la oralidad del sistema penal (v. fs. 475 y vta.).
Considera que el Tribunal de Alzada no analizó si el juzgador afectó garantías constitucionales y, así, avaló que se condenara con elementos ajenos al debate afectándose el derecho de defensa en juicio del acusado en tanto la prueba debe provenir del resultado del contradictorio, con posibilidad de interrogar a los testigos. Entiende que la Cámara no tomó en cuenta jurisprudencia de la Corte Suprema ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, entre la que se encuentra el caso "Benítez" en el que se descalificó un fallo de condena debido a que la prueba de cargo decisiva no pudo ser controlada por la defensa (v. fs. 477 vta./478 vta.).
Explica que es irrelevante que las denuncias hayan sido incorporadas por lectura sin oposición de su parte, pues de ello no puede derivarse la habilitación para sostener un fallo con base en las mismas y que, de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana, el ejercicio de la defensa supone la posibilidad de examinar a los testigos (v. fs. 478 vta.). Según lo alega, la examinación de las víctimas en audiencia no puede ser suplida válidamente por el interrogatorio a quienes, a su vez, las han oído, como es el caso de los peritos (v. fs. 479 y vta.).
Objeta que "...no se ha intentado siquiera establecer un registro de las personas que recibieron aquellas denuncias, que tuvieron inmediación con la denunciante y que registraron por sus sentidos el relato de la misma y la impresión que les causara cuando relataba los hechos...", ni fueron resguardadas mediante alguna forma que permita su reproducción (v. fs. 479 vta.).
El señor defensor interpreta que no tiene sentido la norma que establece la incorporación excepcional de testimonios por lectura y la imposibilidad de suplir la versión oral por la documentada establecida en el art. 366 del Código Procesal Penal, si cuando la persona que declara en la audiencia refiere una versión de los hechos que favorezca su interés igualmente se sostendrá la imputación con base en la denuncia inicial (v. fs. 479 vta. y 480).
Asevera que el acto de la denuncia no tiene los mismos requisitos que la prueba testimonial y, haciendo un parangón con las impresiones de las que dio cuenta la jueza de la inmediación al escuchar a la mujer, replicó que no puede descartarse que, al momento de las denuncias, aquella también hubiera impresionado como "...nerviosa, poco espontánea, fastidiada, reticente..." y deseosa de perjudicar a su pareja (v. fs. 480). Añade que si bastara con una denuncia y un psicólogo que entreviste a la denunciante, directamente estaría de más el proceso judicial (v. fs. 480 vta.).
El recurrente considera que "...en razón del contexto de violencia de género con que la sentencia adjetiva los hechos, la condena obtuvo apoyo en la denuncia...", con lo cual "el verdadero debate" no tuvo lugar en presencia del juez y las partes, sino ante quienes documentaron la denuncia (v. fs. cit.) y que tales denuncias nunca fueron puestas en crisis mediante un contra interrogatorio porque únicamente plasman la versión de la denunciante (v. fs. 481).
Reitera que el agravio constitucional -que según expresa ya había sido formulado en la apelación- no fue tratado por el Tribunal de Alzada (v. fs. cit.).
Sobre la credibilidad de la denunciante, sostiene, en relación al dictamen de la licenciada Navarro, que "...ha sido la misma perito quien ha afirmado que la entrevistada se trata de una persona impulsiva y cierta problemática para controlarlos, que puede presentar formas de pensamientos azarosas e inconexas y que resulta capaz de transmitir versiones no veraces de determinadas situaciones con fines utilitarios". Por esta razón, plantea que debe valorarse con precaución el testimonio de la mujer, ya que esa personalidad la acompañaba también al momento de denunciar y relacionarse con el acusado (v. fs. 481 vta.).
En cuanto al suceso identificado como "hecho V" en la sentencia correccional, objeta que no solo fue desconocido en la audiencia por la denunciante, sino también por la testigo Pierina Lardapide, quien dijo no recordarlo (v. fs. 482 y vta.).
El señor defensor argumenta que, a pesar de la personalidad ya descripta de M. B. C., se condenó con "...prueba basada en su aislado relato sin la única forma de garantía con la que cuenta el sistema procesal para poder intentar determinar la fiabilidad de la misma (inmediación y contradictorio) y aún en supuestos donde tampoco existió comprobación externa" (fs. 482 vta.).
Invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España referida a casos en los cuales toda la prueba radicaba en la denuncia de quien no concurrió al juicio oral y, por excepción, se aceptó la prueba producida en la fase sumarial. Cita también decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según las cuales no resulta válida una condena que se base exclusivamente o en forma determinante en declaraciones que el acusado no ha podido controlar (v. fs. 482 vta./485).
En definitiva, afirma que su asistido no tuvo posibilidades de defensa ya que, pese a sostener la falsedad de las denuncias -que incluso fue reconocida por la testigo interrogada-, igualmente se lo condenó a partir de la prueba incorporada por lectura. En consecuencia, insiste en que la afectación constitucional es flagrante (v. fs. 485 vta.).
Según su punto de vista, la investigación penal preparatoria absorbió el contenido del juicio y se impuso sobre el contenido del debate, lo cual implicó la transgresión del debido proceso legal y del principio acusatorio (v. fs. 486).
Por ello, bajo el entendimiento de que la sentencia impugnada se fundó en prueba obtenida sin control de la defensa, solicitó la absolución de D. por los hechos por los cuales resultó condenado (v. fs. 486 vta. y 487).
II. La jueza correccional que decidió el caso dio por acreditada la comisión de una pluralidad de ilícitos cometidos por D. contra su pareja (v. fs. 396/398), "...en el período de enero a noviembre de 2017, en una muy virulenta escalada de violencia de género" (fs. 398 vta.), que calificó como lesiones agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género -tres hechos-, coacción agravada por el uso de armas, amenazas agravadas por el uso de armas, coacción simple -dos hechos-, amenazas simples -tres hechos-, desobediencia -cuatro hechos- y violación de domicilio, todos ellos en concurso real (arts. 55, 80 incs. 1 y 11, 92, 149 bis, 149 ter apdo. 1, 150 y 239, Cód. Penal) -ver fs. 407-.
La magistrada individualizó tales sucesos como "hecho I" (ocurrido el 23 de enero), "hecho II" (ocurrido el 4 de marzo; momento en el cual la víctima cursaba un embarazo de ocho semanas, según fs. 401), "hecho III" (ocurrido en la misma fecha que el hecho II), "hecho IV" (ocurrido el 12 de agosto), "hecho V" (ocurrido el 1 de septiembre), "hecho VI" (ocurrido el 13 de septiembre), "hecho VII" (ocurrido el 20 de septiembre) y "hecho VIII" (ocurrido el 24 de noviembre), todos cometidos en el año 2017 (v. fs. 396/398).
Su demostración se fundó en la prueba ingresada por lectura, en particular la producida en las respectivas investigaciones penales preparatorias y la recibida luego oralmente, al valorar lo declarado por la denunciante M. B. C. y los testigos Mónica Patricia Floro, José Humberto López, Pierina Lardapide, Carolina Emilia Vazquez, María Valeria Rosende y Marianela Noemí Morris, así como los dichos del imputado (v. fs. 398/406) y la pericia psicológica producida por la licenciada Navarro durante el curso del debate (v. fs. 371 y 373/374).
Al tratar la autoría de D. en tales hechos, la jueza estimó como "...pilar fundamental de cada uno de ellos el contenido de la denuncia que abriera cada una de las investigaciones, ingresadas por lectura y sin protesto..." y, en el caso del identificado como "hecho IV" -en el cual no se radicó una denuncia, sino que se labró un acta de procedimiento por un llamado al 911- tomó como punto de partida los dichos de los funcionarios policiales -Floro y López- que acudieron al domicilio de la víctima (v. fs. 398 vta.).
A continuación, abordó el asunto por el que el recurrente se agravia ante esta Corte. En el veredicto se indicó que la víctima, al prestar testimonio en el debate, dijo que los hechos no habían sido como los había denunciado, que no se acordaba y desacreditó sus múltiples denuncias afirmando que las agresiones y los celos eran mutuos, que ella era muy celosa y que por eso denunciaba a D.. Sin embargo, la jueza no consideró creíble esta versión, pues percibió que, durante su declaración en el juicio oral, la víctima se mostraba "...nerviosa, poco espontánea, fastidiada, reticente y deseosa de 'no perjudicar' a su victimario", lo que calificó como "síndrome de indefensión adquirida" (fs. 398 vta.). Asimismo, restó valor a las cartas presentadas por la defensa como aquellas dirigidas por la víctima al acusado con muestras de afecto, una de las cuales incluso tenía una fecha posterior a la audiencia mencionada; circunstancia que -a juicio de la sentenciante- resultaba sugestiva en cuanto al modo en que el contenido de esas piezas se ajustaba a la realidad (v. fs. 399).
De seguido, la magistrada consideró las diversas razones que podían explicar que la víctima se desdijera. Así, descartó que hubiera mentido inicialmente, ya que sus denuncias se encontraban profusamente avaladas por prueba independiente; y explicó que los motivos de retractaciones sobre verdades obedecen al temor de las consecuencias de lo dicho y a la vergüenza social que ello genera, relacionando tales motivos al caso de autos a partir de lo expuesto por las psicólogas Morris y Navarro (v. fs. cit.).
En este sentido, explicó que las situaciones "...en las que se niega una verdad ya visibilizada, se relacionan con el círculo de la violencia de género y el período de luna de miel"; que "...la retractación en algunos casos de violencia de género, es un fenómeno que, reafirma los hechos, porque es indiciaria desde lo victimológico..." y que, en este marco, las negaciones de la víctima "...no son más que una reafirmación del círculo de violencia de género en el que se encuentra inmersa. Porque su retractación sobrepasa lo verosímil...", pues "...en el debate, no hubo rasgos de verosimilitud de su parte, a punto tal era insostenible el contenido de su relato [...] que a todas las preguntas decía no recordar" (fs. 399 vta. y 400).
Por el contrario, estimó que las acusaciones iniciales fueron internamente coherentes, llenas de detalles y se compadecían con los exámenes médicos y la prueba que se había indicado en cada caso. Con cita de Eva Giberti, el veredicto estableció que, por el contrario, en los contraargumentos expuestos por la víctima en el debate "...el denominador común fue una serie de negaciones todas respondiendo al patrón descripto..." en bibliografía de dicha experta (v. fs. 400).
Los detalles brindados o relacionados con las denuncias fueron tomados por la magistrada como indicadores de la credibilidad de aquellas: el llorar al convocar a la policía, entregar a sus hijos de una pareja anterior a su padre para que no presenciaran los malos tratos, renunciar al trabajo por celos de D., sufrir violencia económica porque dependía en este aspecto del imputado, y que el día de la primera denuncia dijo que "creyó que la mataba" -según la pericia victimológica realizada por la psicóloga Morris y la asistente social Torchelli-. También ponderó el informe de la Comisaría de la Mujer que indicaba que, ya para el 6 de marzo de 2017, "...quería darle a su pareja una nueva oportunidad...", a pesar de haber tenido que ceder la tenencia de sus hijos por la razón ya apuntada (v. fs. 400 y vta.).
Con ello, la magistrada apreció que la mujer "...en plurales y distintas circunstancias, sostuvo todo lo denunciado y lo contextualizó...", incluyendo en su valoración la pericia de la licenciada Navarro, quien, acerca de los dichos de la víctima en el debate, dictaminó que "...se sirve de la negación, de la generalización para eludir la particularidad de su situación, de la supuesta falta de recuerdo, con sustento vacuo, por lo que no resultan fiables..." (fs. 400 vta.).
La jueza expuso que, a diferencia de lo que podía ocurrir antes de la suscripción de la Convención de Belém do Pará, la retractación de una mujer en lugar de ser interpretada como sospechosa de falsedad al denunciar, permite entender desde la perspectiva de las violencias de género, que "...al negar los hechos que la victimaron, delante del victimario o de un modo que llegaran inexorablemente al mismo, como lo hizo, no hace más que mostrar uno de los daños que la violencia de género le ha causado" (fs. cit.).
Por estas razones, reiteró que, en los siete hechos en los que M. B. C. formuló una denuncia, "...es columna vertebral de la prueba de la autoría lo relatado por la víctima..." en las distintas investigaciones penales preparatorias y, en el restante caso, lo eran las declaraciones del personal policial que actuó en la emergencia (v. fs. 401).
Partiendo de estas premisas, se describió a continuación cada uno de los ilícitos (numerados en lo que sigue según lo fueron a fs. 396/397 vta.) y la autoría, con individualización de la prueba respectiva.
En cuanto a los hechos II y III del día 4 de marzo de 2017 referidos a la agresión y amenazas de muerte con un arma sufridas en esa fecha, el fallo sumó a la denuncia el informe médico legal que constató lesiones, el informe sobre la intervención policial ocurrida en el momento y, en referencia a las presiones ejercidas para que no formulara la denuncia, tomó en cuenta los datos suministrados por la compañía telefónica sobre los múltiples llamados ocurridos en un lapso de media hora desde el celular de D. al de C., lo que para la magistrada no se compadecía con la versión del acusado de que él se quería ir y ella no lo dejaba (v. fs. 401 y vta.).
Acerca del hecho I, de fecha anterior, es decir del 23 de enero de 2017, la denuncia sobre golpes y amenazas con arma para obligarla a decirle con quién supuestamente lo engañaba, se complementó con una certificación médica y la declaración en la audiencia de la médica María Valeria Rosende del Hospital Municipal de Azul, quien manifestó que en plurales ocasiones revisó a C. golpeada, que en otras se lo comentaron sus compañeros y que la mujer refería que se había golpeado de muy distintas maneras, pero que "...una mañana se puso a llorar y le contó que no aguantaba más, que su pareja le pegaba...". Según esta testigo, el acusado tenía denuncias de otras mujeres (v. fs. 401 vta. y 402).
Se computó, asimismo, la declaración en el juicio de la psicóloga Marianela Morris del Centro de Asistencia a la Víctima, quien realizó un informe victimológico y explicó que la primera entrevista la tuvo poco después de la primera denuncia y que la víctima presentaba una gran vulnerabilidad económica ya que, aunque siempre había trabajado, por el hostigamiento de D. al respecto, tuvo que dejar los trabajos de modo que dependía económicamente de él; que el hombre tenía celos enfermizos y actitud controladora, pero que denunciarlo le generaba culpa porque podía afectar su trabajo en la policía. Sin embargo, la testigo explicó que, en marzo de 2017, lo denunció porque "se asustó tanto" y pidió una exclusión del hogar y una restricción perimetral (incluso alejó a sus propios hijos del hogar para que no fueran testigos de la violencia), aunque aún había compromiso afectivo con el imputado. La psicóloga indicó que lo dicho por C. en la entrevista fue verosímil porque "...fue claro, vivenciado, con estructura lógica y datos contextuales". No obstante, manifestó que "...a partir de agosto de 2019, comenzó a pedir que, lo ocurrido no llegue a juicio y una resolución alternativa del conflicto penal" y relató las presiones de D. en este sentido; también que la mujer no quería que perdiera el trabajo. Refirió, además, el temor que tenía de declarar delante de él y, por su parte, la profesional concluyó que C. nunca podría decir la verdad en su presencia (v. fs. 402 y vta.).
En lo que concierne al hecho IV, del 12 de agosto de 2017, en el veredicto se acreditó que C., quien estaba embarazada, llamó al 911 y concurrieron a su domicilio los policías José López y Mónica Floro, cuyos testimonios en el debate fueron la prueba empleada para su demostración. Los funcionarios relataron que la mujer, llorando y nerviosa, les contó que, instantes antes de su arribo, D. la había golpeado en la espalda y le había advertido que la iba a matar. En esta ocasión, los policías retiraron del domicilio el arma reglamentaria del acusado, ya que C. les dijo que era lo que más la atemorizaba (v. fs. 402 vta. y 403).
Los hechos V, VI y VII, cometidos los días 1, 13 y 20 de septiembre de 2017 respectivamente, refieren a la transgresión de la prohibición judicial de acercamiento y contacto emitida por un juez de familia, amenazas de muerte y golpes incluso ingresando al domicilio de la víctima. Al apreciar la prueba, la magistrada computó la coincidencia en
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