Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134802
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta por el que venía condenado Pedro Osvaldo Carenzo (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e", 173 inc. 7, en función del art. 172, Cód. Penal y 496 y concs., CPP).
Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.802, "Carenzo, Pedro Osvaldo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.257 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante pronunciamiento dictado con fecha 22 de junio de 2017, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Pedro Osvaldo Carenzo con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 2, legajo CSJN 2244/2016/RH1).
En función de lo así resuelto y del reenvío dispuesto por esta Corte, el órgano de mérito, luego de dar traslado a las partes, desestimó el planteo de prescripción de la acción penal emergente del delito de defraudación por administración fraudulenta por el que Pedro Osvaldo Carenzo fue condenado por sentencia no firme a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el plazo de seis años (v. fs. 27/28 vta.). Dicho temperamento fue confirmado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar de Plata (v. fs. 40/43) y por la Sala III del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 70/72 vta.).
Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/88 vta.), que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada por considerar que se plantearon agravios relativos a "...la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado a partir del apartamiento de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación..." (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou"; v. fs. 89/92).
Oído el señor Procurador General a fs. 126/134, dictada la providencia de autos a fs. 136 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial de casación adjunto, Ignacio Juan Domingo Nolfi, en primer término solicitó la prescripción de la acción penal, conforme lo normado por los arts. 62 y 67 del Código Penal, como garantía del imputado frente al límite temporal a la persecución penal estatal (arts. 28 y 33, Const. nac.), y postuló la aplicación de la doctrina del precedente "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 342:2344; v. fs. 84 vta.).
Pidió la prescripción del hecho constitutivo de defraudación por administración fraudulenta por el que fue condenado Pedro Osvaldo Carenzo (conf. arts. 62 inc. 2, 67 párr. cuarto, apdo. "e" y 173 inc. 7 en función del 172, todos del Cód. Penal) argumentando que la sentencia condenatoria fue dictada por el tribunal de origen el 21 de noviembre de 2006 y que su asistido no registra antecedentes condenatorios firmes que acrediten la comisión de otro delito (v. fs. 85).
Sostuvo que la interpretación desplegada en la sentencia en crisis es contraria a la doctrina sentada en el precedente "Farina" de la Corte federal, circunstancia que impide considerar el decisorio del tribunal de casación como un acto jurisdiccional válido, por lo que debe ser anulado y decretarse la extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 85 vta.).
Luego de transcribir pasajes del fallo "Farina" expresó que las distinciones que el tribunal casatorio pretende establecer carecen de fundamento legal y resultan incompatibles con la postura fijada por la Corte federal (v. fs. cit./87).
Finalmente, denunció que en el caso se ha excedido el plazo razonable de duración del proceso sin que se pueda sostener la aseveración del tribunal revisor relativa a que ello no ha ocurrido "...por las particularidades del caso", ya que no se precisó a qué particularidades se refiere. Agregó que debe cesar el estado de incertidumbre que pesa sobre su defendido desde hace diecisiete años. Citó jurisprudencia de la Corte nacional y de este Tribunal (v. fs. 87 vta. y 88).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el reclamo (v. fs. 126/134).
Disiento con su postura, el recurso prospera.
III.1. Preliminarmente, reseñaré el derrotero de la causa.
De lo actuado surge que el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mar del Plata, por sentencia del 21 de noviembre de 2006, condenó a Pedro Osvaldo Carenzo a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el plazo de seis años, costas del proceso y reglas de conducta por el término de tres años, por resultar autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7, en función del art. 172, Cód. Penal).
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de agosto de 2011, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el imputado Pedro Osvaldo Carenzo -por derecho propio- con la asistencia letrada de sus defensores de confianza.
Contra esa decisión el señor defensor oficial de casación presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por esta Suprema Corte mediante resolución del 18 de diciembre de 2013 (causa P. 117.111). La parte dedujo recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible por este Tribunal el 23 de noviembre de 2016. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de hecho ante la Corte Suprema Justicia de la Nación que el 22 de junio de 2017 ordenó la suspensión del recurso en razón de que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 2).
III.2. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; entre muchas otras).
Inicialmente, se debe destacar que si bien el hecho por el que viene condenado Carenzo por sentencia no firme data del 23 de septiembre de 2003, fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento se señaló que la ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
III.3. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
Si bien recientemente en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019) en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979 cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7, en función del art. 172, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de la prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (21 de noviembre de 2006) como que se lo haga a partir del fallo de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal que confirmó dicho pronunciamiento (1 de agosto de 2011) -sin que quepa asignarle efecto interruptor a la decisión de esta Corte en P. 117.111 (resol. de 18-XII-2013), en tanto declaró la inadmisibilidad de la vía pretendida (conf. doctr. causas P. 121.979 cit. y P. 118.658, sent. de 11-II-2016, contrario sensu )-, se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
IV. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, B.O. de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 153 y vta. y del Registro nacional de Reincidencia que obran a fs. 152.
V. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta por el que Pedro Osvaldo Carenzo viene condenado (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 173 inc. 7 en función del 172, Cód. Penal).
VI. Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
De acuerdo con lo expuesto en el voto del colega ponente, sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (21 de noviembre de 2006) como que se lo haga a partir del fallo de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal que confirmó dicho pronunciamiento (1 de agosto de 2011), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
Por lo tanto, en el caso no hace falta ingresar a la discusión entre la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) o la que se señala nacida al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, según ley 25.990 (doctr. art. 488, CPP), para tener por efectivamente abastecido el transcurso del tiempo determinante de la prescripción.
Por lo demás, constatado en el voto al que adhiero la inexistencia de delitos que hayan interrumpido el plazo prescriptivo, adhiero a la declaración de la extinción de la acción penal en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7, en función del art. 172, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a la solución propuesta por los colegas que me preceden, con el siguiente alcance.
Sea que se compute el término legal de prescripción de la acción penal desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata (21 de noviembre de 2006) como que se lo haga a partir del fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal que confirmó dicho pronunciamiento mediante la sentencia del 1 de agosto de 2011 (sin que tuviera ningún posible efecto interruptor a los fines de la prescripción de la acción penal la resolución de esta Corte en P. 117.111, sent. de 18-XII-2013 en tanto declaró la inadmisibilidad de la vía pretendida), se arriba a la conclusión que el plazo legal ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990 de aplicación al caso por ser más benigna).
Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, B.O. de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 153 y vta. y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 152.
De modo que, verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al reclamo y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta por el que venía condenado.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta por el que venía condenado Pedro Osvaldo Carenzo (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e", 173 inc. 7, en función del art. 172, Cód. Penal y 496 y concs., CPP).
Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2021 17:24:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2021 21:05:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2021 09:08:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:07:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:58:27 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 09:23:51 hs. bajo el número RS-160-2021 por SP-GELEMUR BERNARD LUCIANA.
Fin de la sentencia