Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 134881
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP)
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.881, "Pavón, Jonathan Gaspar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.875 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 26 de junio de 2020, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa oficial a favor de Jonathan Gaspar Pavón contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causae en grado de tentativa -hecho n° 1-, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse -hecho n° 2-, en concurso real con homicidio agravado criminis causae y por tratarse de un integrante de la fuerza policial en grado de tentativa, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y daño agravado, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra -hecho n° 3-. En consecuencia, casó la sentencia y recalificó el ilícito contra la vida registrado como hecho n° 3, bajo las previsiones del delito de tentativa de homicidio agravado por tratarse de un integrante de la fuerza policial; manteniendo inalterable la pena fijada en la instancia de origen por no tener incidencia en la obliteración de la calificante tratada (arts. 42, 80 inc. 8, Cód. Penal y 460, CPP) como así también el resto de las declaraciones contenidas en la sentencia, sin costas en esa sede (v. fs. 201/221).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 228/235 vta.), el que fue declarado parcialmente admisible por el aludido tribunal intermedio (v. fs. 97/100), y contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe actuarial de fs. 246).
Oído el señor Procurador General a fs. 248/252 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 254) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (inaplicación del art. 80 inc. 8 del Cód. Penal y de la doctrina legal edificada sobre dicha norma; v. fs. 238) se reseñarán los agravios, sin que corresponda hacer referencia a los embates que quedaron fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. arts. 486 bis y 494, CPP).
El recurrente denunció errónea aplicación del art. 80 inc. 8 del Código Penal y arbitraria desconsideración del art. 104, ambos del Código Penal (v. fs. 230).
En ese carril, adujo que la materialidad ilícita relatada respecto al hecho n° 3, da cuenta de una persecución ocurrida en la vía pública entre un rodado Ford Ecoesport en el que, junto con otros, iba el imputado Pavón y diversos móviles policiales que intentaban darle alcance, que sólo es demostrativa del delito de abuso de armas (art. 104, Cód. Penal), toda vez que la intencionalidad homicida no resulta de ningún modo concluyente (v. fs. 231 vta.).
Destacó que el hecho de que los disparos hayan sido efectuados en dirección a los vehículos policiales no es un indicador por sí solo de intencionalidad homicida, siendo indispensable valerse de otros datos para acreditar esa finalidad específica (v. fs. 232).
Expresó que "...el dato objetivo de los lugares donde impactaron los proyectiles puede ser utilizado [...] para propiciar que la intención perseguida por esos disparos era amedrentar a los perseguidores para que abandonen la persecución y así lograr la huida, pero desprovista de un dolo homicida", teniendo en cuenta que un único impacto de bala atravesó el parabrisas del móvil 49.253, mientras que el resto de los impactos se ubicaron sobre la zona baja de los rodados (v. fs. 233).
Alegó que dicho propósito fue fundado en que los disparos fueron dirigidos a los patrulleros y que tanto los policías Gaetano como Baez señalaron que esos disparos fueron dirigidos a zonas vitales de sus cuerpos, desde corta distancia, lo que en su opinión, se desvanece al cotejarlas con otros testimonios y demás prueba objetiva valorada.
Citó el informe pericial balístico y un pasaje del testimonio brindado por Baez quien indicó que "...veía impactos que daban en el asfalto y se veía el fogonazo" (fs. 232 vta.).
Alegó que esta multiplicidad de disparos, dirigidos hacia la zona baja de los vehículos, resulta compatible con una intención encaminada a lograr que los efectivos policiales desistan de su afán persecutorio, más que con una tentativa de homicidio, a la vez que concilia, merced al beneficio de la duda, con el principio in dubio pro reo (v. fs. 233 vta.).
Resaltó que su razonamiento se ve reforzado con la circunstancia que se efectuaron unos cincuenta disparos, y sólo unos pocos impactaron en los vehículos policiales y, respecto de ellos, "...la gran mayoría [...] sobre las ópticas y parrillas frontales, y muchos otros directamente sobre el asfalto..." lo que sugiere que no se buscó dirigirlos hacia la humanidad del personal policial, sino contra los móviles para concretar su huida (v. fs. 234 y vta.).
Concluyó que disparar hacia otra u otras personas sin herirlas, o haciéndolo levemente como sucedió en autos con Gaetano, en el marco de una persecución, constituye un abuso de armas, por lo que solicitó se case el fallo impugnado, se reenvíen los autos al a quo , a fin de que se fije nueva pena conforme la calificación reclamada (art. 104, Cod. Penal; v. fs. 235).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 248/252 vta.), el recurso no prospera.
III.1. En lo que aquí interesa, el tribunal de juicio tuvo por acreditado -como hecho n° 3- que "...el día 2 de junio de 2015, siendo aproximadamente las 20:00 hs. en la intersección de las calles Lavalle y Pedro Bruzone de Ezpeleta, partido de Quilmes, cinco personas de sexo masculino, siendo al menos una de ellos mayor de edad, con división de tareas previamente establecidas, circulaban a contramano y sin luces por la segunda de las arterias, a bordo de la camioneta Ford, modelo Ecoesport, dominio original MJE-374 motor MVJAD8828499 y chasis 9BFZB55N2D8828499, que había sido sustraída a Ariel Fernando Ibáñez en fecha 6 de mayo de 2015, [cuando] fueron divisados por parte de los efectivos policiales Daniel Armando Videla y Diego Sebastián Duarte que se movilizaban a bordo del automóvil identificable 49.253, quienes al advertir la maniobra, les impartieron la voz de alto, pero los individuos lejos de acatarla se dieron a la fuga.
Esa conducta generó el inicio de una persecución, a la que se sumaron los móviles identificables 17.280, a cargo de Mariana González Escarlon y Damián Maciel, y móvil N° 20.913, en el que circulaban los efectivos policiales Mayor Fabián Gustavo Gaetano y Claudio Baez; persecución durante la cual mediante la utilización de balizas y sirenas, le ordenaron a los ocupantes de la camioneta Ford Ecoesport que se detengan, pero los sujetos se resistieron activamente con claras intenciones de causarle la muerte para lograr su impunidad y por encontrarse los agentes ejerciendo la función policial, [y] se dieron a la fuga efectuando disparos hacia los uniformados con las armas de fuego que portaban, logrando en un momento determinado impactar uno de estos en la mano del oficial Gaetano, quien resultó herido en el pulgar de su mano derecha, no logrando su cometido homicida por causas ajenas a sus voluntades.
Finalmente, luego de una extensa persecución, en Avenida Calchaquí y calle 3 de Berazategui, los ocupantes del automóvil se vieron obligados a detener la marcha, al colisionar con un colectivo de la línea 129 Plaza -coche 815, al que le provocaron daños como consecuencia del impacto- e impactar con un árbol, produciéndose el vuelco de la camioneta en la que circulaban, siendo en ese momento aprehendidos e incautándose dentro del vehículo una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus serie N° TASK41507 y una pistola marca Bersa Thunder calibre 9 milímetros con numeración suprimida, armas que se encontraban cargadas, en óptimas condiciones de uso y sobre las que de manera compartida los ocupantes del vehículo ejercían el uso y goce, sin contar con la debida autorización legal.
Asimismo pudo determinarse que el sujeto a la postre identificado como Jonathan Pavón poseía en condiciones directas de uso y sin autorización legal una pistola marca Bersa modelo Mini Thunder calibre 9 milímetros serie 744702. Asimismo con motivo de los disparos efectuados contra los móviles policiales, les produjeron los siguientes daños: al móvil 20.913 le causaron dos orificios producto del pasaje de proyectil de arma de fuego: uno en el paragolpe delantero parte derecha y otro en la óptica delantera izquierda; y cuatro raspones producto del impacto y desvío de proyectiles de arma de fuego ubicados en: paragolpe delantero, capot, parante delantero derecho, parante de puerta delantera derecha, y óptica delantera izquierda.
Al móvil 17280 le produjeron un orificio sobre el capot y al móvil 49253 le provocaron un orificio en la parrilla, dos en la óptica delantera y otro en el parabrisas, como consecuencia del pasaje de los disparos que efectuaron" (fs. 95 vta./96 vta.).
Los hechos fueron calificados como homicidio agravado criminis causae y por tratarse de un integrante de la fuerza policial en grado de tentativa, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y daño agravado, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (v. fs. 128 vta. y 129).
III.2. El Tribunal de Casación Penal como se señaló en los antecedentes, recalificó el ilícito contra la vida bajo las previsiones del delito de tentativa de homicidio agravado por tratarse de un integrante de la fuerza policial, manteniendo inalterable la pena fijada en la instancia de origen por no tener incidencia la obliteración de la alternativa calificante tratada (arts. 42, 80 inc. 8, Cód. Penal y 460, CPP).
Luego de hacer hincapié en las consideraciones que efectuara el tribunal de juicio a fin de tener por probada la imputación del delito contra la vida en grado de tentativa, indicó que "...en el presente caso se advierte que se han incorporado al expediente elementos suficientes como para atribuir fundadamente contra el imputado Jonathan Gaspar Pavón la figura de tentativa de homicidio" (fs. 215).
Mencionó que de la totalidad de las declaraciones reunidas en el juicio, prestadas por quienes se hallaban en el lugar del suceso, "...surge indubitablemente que el nombrado Pavón actuó con dolo homicida" (fs. cit.), es decir, que su conducta tuvo como propósito causar la muerte de los oficiales de policía que intentaban dar alcance a la camioneta en la cual se desplazaba el imputado con sus compinches.
Explicó que los preventores policiales Fabián Gustavo Gaetano y Claudio Báez indicaron que los disparos provenientes de la camioneta Ecoesport que perseguían en cumplimiento de su deber -con balizas y sirenas encendidas y dando la respectiva voz de alto- eran dirigidos a zonas vitales de sus cuerpos y desde una corta distancia.
Agregó que la oficial de policía Mariana González Escarlón señaló concretamente que, aún volcada la camioneta y estando pie a tierra los efectivos policiales, los delincuentes les seguían disparando (v. fs. 215 vta.).
En sintonía con estas declaraciones, destacó que el órgano de la instancia tuvo en cuenta, para acreditar el dolo homicida, las fotografías del informe pericial respecto de los lugares en los que impactaron los proyectiles disparados hacia los patrulleros.
Con cita de doctrina, destacó que "...a partir del sentido social del hecho y de sus circunstancias, se le atribuye dolo al sujeto (con determinado grado de conocimiento) a pesar de que niegue conocimiento y/o voluntad" (fs. cit.).
Concluyó que los elementos probatorios reunidos en autos evidencian la existencia de dolo homicida en el accionar de Pavón, siendo su propia conducta la que permite "...tener por acreditado el conocimiento y la voluntad de realización del tipo objetivo previsto para el delito de homicidio en grado de tentativa" (fs. 215 vta. y 216).
Finalmente, como se indicó supra , descartó la calificación prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal y recalificó el hecho n° 3 bajo las previsiones del delito de tentativa de homicidio agravado por tratarse de un integrante de la fuerza policial, dejando incólume la pena impuesta en la instancia de origen (v. fs. 216 vta.).
IV. Frente a lo así resuelto, las discrepancias del recurrente en torno a la existencia de un dolo homicida, no pueden ser atendidas.
IV.1. De un lado, porque sus críticas se asientan en una diferente valoración de los elementos de convicción que dieron sustento a la subsunción de la conducta en el tipo penal cuestionado, siendo consabida la constricción competencial de esta Corte para las cuestiones de hecho y prueba, salvo supuestos de excepción que en el caso no han sido evidenciados (doctr. art. 494, CPP).
En efecto, los desarrollos que trae el recurrente contra el decisorio en crisis no pasan de ser una opinión personal divergente a la del juzgador en lo tocante a la apreciación de las declaraciones testimoniales y los informes periciales sopesados, lo cual no encaja en un supuesto de arbitrariedad susceptible de conmover lo así actuado (doctr. art. 495, CPP).
IV.2. Con todo, aun cuando pudiera estimarse que el reclamo se extiende respecto del significado de los hechos que llegan firmes a esta instancia, la denuncia contra la aplicación de la tentativa de homicidio en detrimento de la de abuso de armas (art. 104, primer párrafo, Cód. Penal), tampoco se aprecia abastecida (doctr. art. 495, CPP).
En lo que atañe a sus contornos, al decidir la causa P. 112.567 (sent. de 3-V-2012) esta Corte aludió al esfuerzo de la doctrina por diferenciar estos delitos, ya a nivel del tipo objetivo, o en lo tocante a la relación entre el dolo del abuso de armas y la tentativa de homicidio o de lesiones graves o gravísimas, sin perjuicio del carácter subsidiario del primero de los indicados.
Refirió que parte de la doctrina concibe a la figura de abuso de armas como un delito de peligro, cuyo tipo objetivo, a diferencia del tipo objetivo del delito de homicidio, abarca riesgos de carácter remoto, indeterminado o menos concreto para la lesión al objeto de la acción: se trata de "...'grados' de proximidad de la posibilidad de lesión" (Sancinetti, Teoría del delito y desvalor de acción , Hammurabi, Bs. As., 1991, pág. 229; en el mismo sentido, Lerman; La distinción entre la tentativa de homicidio y el abuso de armas , Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Lexis Nexis n° 6, febrero 2005, pág. 102 y sig.). Mientras que la tentativa de homicidio comprende comportamientos que introducen riesgos concretos y bien próximos para la vida del sujeto pasivo. De modo que para esa concepción no se trata de una diferencia en la estructura subjetiva del comportamiento del autor, sino en el alcance normativo-objetivo de cada una de las figuras penales, el dolo estará dado, en ambos casos, por la representación de un riesgo diferente (conf. causa P. 130.964, sent. de 10-IV-2019) .
También señaló que no cambiaría la solución, aun si se partiera de la tradicional teoría de las formas del dolo, pues todas tienen el denominador común del conocimiento del peligro concreto generado por el obrar (conf. por todos, Bacigalupo; Derecho penal. Parte general , Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 324).
Sentado ello, en el caso que nos ocupa, frente a la configuración fáctica inobjetada, es dable refrendar lo sostenido en las instancias previas en cuanto a que la conducta atribuida al imputado importó un riesgo concreto (y no remoto o impreciso) de que se produzca eventualmente el resultado del delito más severo, al realizar una seguidilla de disparos de arma de fuego en plena calle, mientras circulaban otros transeúntes, en dirección al personal policial que los perseguía a bordo de los patrulleros. Pues, si bien algunos de los proyectiles -como expresa la defensa- pudieron estar dirigidos a la altura de los paragolpes de esos rodados, o hacia el asfalto, otros impactaron en la cabina del habitáculo y uno a la altura del parabrisas.
Repárese que el propio preventor herido en una de sus manos -Gaetano- aseveró que los disparos eran muy certeros, bastante cercanos, dirigidos hacia la cabina del patrullero en el cual se hallaba el testigo y su compañero Baez, quien depuso en el mismo sentido. Aclaró que uno de los proyectiles dio en el radiador, algunos otros en la cabina y uno en el dedo del damnificado cuando al pasar por una zona más descampada, sacó la mano para repeler la agresión.
Frente al riesgo objetivo emprendido y demostrado, y al conocimiento de su obrar y de sus consecuencias, la parte no logra justificar el desacierto de la calificación legal tal como llega a esta instancia extraordinaria establecida, a la luz de las constancias comprobadas de la causa.
IV.3. En cuanto a la denuncia vinculada al principio in dubio pro reo resulta pertinente recordar que esta Corte tiene dicho que, si bien se sabe que la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; e.o.).
Por ello, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP)
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/11/2021 19:40:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2021 20:51:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/11/2021 08:02:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2021 13:25:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2021 14:07:23 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2021 14:57:47 hs. bajo el número RS-144-2021 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia