Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132059
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.059, "Llanos, Víctor Arnaldo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 82.207 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y su acumulada P. 133.822-Q, "Llanos, Víctor Arnaldo s/ Queja en causa n° 82.207 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2017, rechazó -con costas- el recurso homónimo interpuesto por la señora defensora oficial de Víctor Arnaldo Llanos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mar del Plata, que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por femicidio (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal; v. fs. 59/66).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 78/88), que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 89/92). Esta Corte, mediante pronunciamiento de fecha 14 de agosto de 2019, declaró la nulidad de la resolución por la que se había concedido el recurso extraordinario local en favor de Llanos y devolvió las actuaciones para que, con carácter urgente, se dicte una nueva decisión sobre el punto. El 28 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación Penal emitió un nuevo pronunciamiento por el que admitió el recurso en forma parcial, para que fuera revisada exclusivamente la denuncia por errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal y la inobservancia del art. 79 del mismo cuerpo legal (v. fs. 118/121 vta.), lo que motivó la deducción de queja por parte de la defensa (v. fs. 131/135 vta.). El 15 de diciembre de 2020, la Suprema Corte admitió la queja e hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la denuncia de violación del principio de legalidad vinculada con la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, y en lo concerniente a la afectación del derecho a la revisión amplia vinculada con la aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal (v. fs. 140/142).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 148/150 vta. en relación a fs. 99/104) dictada la providencia de autos (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto, en oportunidad de presentar el recurso extraordinario, formuló dos agravios.
I.1. Por el primero, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, así como la vulneración del principio constitucional de legalidad (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 80/84).
Básicamente se agravió de los fundamentos utilizados por el tribunal intermedio para resolver que en el caso se hallaba debidamente acreditada la agravante referida a la relación de pareja.
Adujo que el órgano revisor efectuó una interpretación de tal calificante que sobrepasa los límites impuestos por el principio de legalidad, de modo que "...extiende el tipo penal a una situación fáctica que no se corresponde con la letra de la ley" (fs. 80 vta.).
Luego de realizar diversas consideraciones en orden al mencionado principio desde los postulados de ley estricta y ley cierta que lo caracterizan, explicó que la cuestión a dilucidar resultaba ser la demostración a través de las pruebas rendidas de la existencia o no de una "relación de pareja" entre víctima y victimario (v. fs. 81 y vta.).
En tal sentido, dijo que en el recurso de casación esa parte no había pretendido equiparar o suplir la figura penal con la contemplada en los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino "...una hermenéutica sistemática, razonada y contextualizada de la figura en cuestión" (fs. 81 vta.).
Señaló que, a fin de delimitar el concepto de relación de pareja, esa parte "...distinguió el instituto del matrimonio de otras relaciones menos estables o comprometidas, como lo son las relaciones sentimentales comúnmente denominadas como de noviazgo -acreditada en autos- la cual carece de efectos tanto en el ámbito civil como en el penal" (fs. 82).
En ese discurrir, adujo que apeló a la figura contenida en el aludido art. 509 por considerarla intermedia entre el matrimonio y las "meras relaciones de noviazgo", porque -a su criterio- es la que mejor parece adaptarse a la definición de "relación de pareja" del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. cit).
Mediante un repaso de las circunstancias tenidas por acreditadas por el órgano revisor como indicadoras de la "relación de pareja", cuestionó la valoración de la "mera convivencia" y de la "vocación de estabilidad", y la desconsideración de "la brevedad en el tiempo" del vínculo y "las crisis que sufri[ó]". En tal sentido, destacó que la convivencia no es un indicador de la relación de pareja y que aunque la vocación de estabilidad sí es una exigencia típica, la brevedad en el tiempo y la crisis que atravesaba la relación impiden apuntalar tal estabilidad (v. fs. 82 vta. y 83).
En síntesis, dijo que "La brevedad en el tiempo del noviazgo es indicador de inestabilidad del vínculo, y las crisis que sufriera el mismo se contraponen con la idea de que [...] se mantuviera sin peligro de cambiar o desaparecer" (fs. 83).
Concluyó este tramo del recurso reclamando que el hecho se encuadre en los términos del art. 79 del Código Penal "...en tanto el plafón probatorio rendido para demostrar el vínculo entre víctima y victimario no resulta suficiente para el encaje en el art. 80 inc. 1° [del Código Penal]" (fs. 83).
I.2. En segundo término, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal; vulneración del principio de culpabilidad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.), y revisión aparente de la sentencia de condena (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 84).
Luego de repasar los fundamentos dados por el tribunal revisor con relación a la acreditación de la agravante prevista en el art. 80 inc. 11 del Código Penal, adujo que dicho órgano efectuó una errónea y arbitraria valoración de la prueba al momento de confirmar la calificación enrostrada a su defendido (v. fs. 84 vta. y 85).
Cuestionó la vaguedad con que el sentenciante hizo referencia a "...los supuestos golpes que habría sufrido la víctima..." en tanto no fueron indicadas "las condiciones de modo, tiempo ni lugar, ni testigos que los hubieran presenciado...", razón por la cual -desde su óptica- la alusión a que la denuncia penal resulta innecesaria para tener por acreditada la violencia no satisfizo los demás cuestionamientos efectuados por la defensa (v. fs. 85 y vta.).
Expresó que el Tribunal de Casación nunca explicó cómo concluyó en que "...la comunicación de parte de la víctima de que se iban a separar" podía erigirse como causa de la agresión mortal (v. fs. 85 vta.).
Consideró que la decisión impugnada constituyó un tránsito aparente por esa instancia que frustró el derecho del imputado a obtener la revisión de la sentencia condenatoria, de conformidad con lo establecido por los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la respuesta a sus reclamos consistió en una reiteración de las razones brindadas por el tribunal de grado, y no en un análisis acabado de las reales circunstancias que rodearon al hecho que se reprocha a su asistido (v. fs. 86).
En ese discurrir, agregó que "...basándose en los mismos, escasos e insuficientes elementos de prueba a los que recurriera el tribunal de instancia [...] el TCP concluyó que el homicidio cometido por su asistido fue mediando violencia de género" (fs. 86 vta.).
Invocó en sostén de su postura los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007, de esta Suprema Corte (v. fs. 86 vta. y 87).
Finalizó sosteniendo que la decisión impugnada "...no hace más que afirmar sin razonamiento válido alguno la existencia de una relación de pareja y que el homicidio se cometió mediando violencia de género, violentando de este modo el deber de motivar las sentencias y obturando el adecuado derecho de defensa en juicio" (fs. 87 vta.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 99/104 y 148/150 vta.).
III.1. El tribunal del juicio tuvo por acreditado que "...cerca de las 18 hs. del día 6 de noviembre [de] 2015, en el interior de la vivienda sita en la calle 230 n° 1628 [de la ciudad de Mar del Plata], una persona de sexo masculino [...], en el marco de una fuerte discusión con su pareja conviviente Elizabeth Paula Maciel, le efectuó varios golpes en [la] cabeza, a la vez que le propinó plurales heridas con una tijera en el abdomen y en el cuello, todo ello con la inequívoca intención de causarle la muerte, lo que en definitiva ocurrió de manera casi inmediata", y que "...durante el tiempo (alrededor de dos años) en que el referido sujeto activo mantuvo una relación sentimental con la víctima, este la agredió física y psicológicamente en distintas ocasiones" (fs. 8).
En lo que respecta a la calificación legal, subsumió el hecho como homicidio doblemente agravado por ser en perjuicio de la pareja y mediando violencia de género (art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal; v. fs. 13 vta.).
Descartó el planteo de la defensa según el cual debía hacerse analogía entre la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal y lo dispuesto en el Código Civil y Comercial sobre las uniones convivenciales.
Afirmó que la asimilación pretendida configura una "reducción teleológica de la ley" pues "...no solo le hace decir [...] lo que no dice, sino todo lo contrario, pues establece que para que exista relación de pareja es menester una convivencia por dos años, cuando la ley penal, además de no establecer plazos, expresamente contempla la posibilidad de que no exista convivencia" (fs. 11 vta.).
Señaló que, si bien las uniones convivenciales pueden tener un parecido de familia con las relaciones de pareja, estas últimas tienen un campo de aplicación mucho más extenso que las primeras, por lo que dichas categorías no pueden ser asimiladas (v. fs. 11 vta. y 12).
Sostuvo que en el caso juzgado surgía claramente que Llanos y Maciel mantenían una relación sentimental cercana a los dos años, relación que era estable y en la cual mediaba convivencia, por lo que el planteo de la defensa debía ser rechazado (v. fs. 12 vta.).
Por otra parte, el sentenciante de grado justificó la subsunción en el inc. 11 del art. 80 del Código Penal.
En prieta síntesis, tuvo por acreditado "...no solo la violencia psíquica ejercida por Llanos sobre Maciel, al exigirle que usara ropa suelta, no dejarla salir, obligarla a que le mande fotos y videos del lugar donde estaba, celarla de manera permanente y obsesiva, aislarla de sus amigos y familia; sino también física al golpearla en repetidas ocasiones, dejándole sus ojos morados y marcas en sus brazos y piernas". Concluyó en que ello, sumado al motivo de la agresión mortal -la comunicación por parte de la víctima de que se iban a separar- probaba cabalmente que el imputado no solo mató dolosamente, sino que lo hizo en un contexto de violencia de género (v. fs. 12 vta./13 vta.).
III.2.a. Por su parte, el Tribunal de Casación, en respuesta a la crítica sobre la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 1, resolvió que "...acreditada sobradamente la materialidad y la autoría en todos sus términos, el recurso parcializa la motivación que trae el veredicto, pues soslaya que [...] los artículos 509 y 510 del Código Civil regulan las denominadas 'uniones convivenciales', es decir, las relaciones que, sin existir matrimonio mediante acto jurídico, producen los efectos jurídicos que la propia ley determina (artículos 511 a 528 del Código Civil), pero que en nada se asemeja a 'la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia', que exige el artículo 80 inciso 1 del Código Penal [...] la defensa exige una asimilación del tipo penal con un instituto determinado del derecho civil cuando, en rigor de verdad, los que pretende idénticos o de interpretación supletoria, lo son independientes y distintos entre sí" (fs. 62 vta.; el destacado figura en el original).
Continuó señalando: "...no encuentro que el tribunal haya efectuado una indebida interpretación extensiva del tipo penal, pues como lo ha sostenido este Tribunal de Casación, 'con la nueva redacción del artículo se amplía el espectro de protección de la normativa ya que el agravante no solo abarca vínculos de parentesco y relaciones conyugales, sino otras nuevas modalidades de relación, actuales o pasadas -ex cónyuges o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja-. Para el tipo penal consagrado por la ley 26.791 en el inciso bajo análisis es suficiente que el resultado haya recaído en personas de cualquier sexo que mantengan con el autor alguno de los vínculos que consagra la nueva fórmula legal, ascendiente, descendiente, cónyuge y ex cónyuge o relaciones expresamente previstas respecto del autor del delito [...] podría caracterizarse a la relación de pareja a la que alude la ley, como el vínculo interpersonal con determinada vocación de estabilidad, que une sentimentalmente a dos individuos para el desarrollo afectivo que ellos se brindan, con mayor o menor reciprocidad, en todas las áreas del amor [...] mediare o no convivencia' (Sala II, causa n° 78.650, caratulada 'Maldonado, Hugo Francisco s/ recurso de casación', del 2 de marzo de 2017)" (fs. 63).
Con relación al caso en trato, destacó que "...en función de la prueba reseñada, se encuentra sobradamente acreditado que víctima y victimario mantuvieron una relación sentimental, en la que incluso convivieron (circunstancia que al no configurar una exigencia típica refuerza la afirmación referida a la existencia de la relación 'de pareja'), como asimismo, que tal relación tenía carácter público, pues dieron cuenta de ella los familiares de la occisa, con lo que doy por probado también que la relación tenía 'vocación de estabilidad'" (fs. 63 vta.).
III.2.b. Luego, con relación a la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 11 del Código Penal, resolvió que "...el argumento por el que la defensa pretende que exigir a la víctima que vistiera ropa suelta, no dejarla salir, obligarla a enviar fotos para verificar dónde se encontraba y celarla de modo permanente no configuraría una situación de violencia jurídicamente relevante [...] resulta meramente dogmático, precisamente porque esas son las notas características de la violencia de género [...] a contramano de lo pretendido en el recurso, el 'odio' hacia la mujer no es una nota distintiva de dicho tipo de violencia [...] la nota dirimente es, por el contrario, la 'cosificación' de la mujer, es decir, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, en función de un estereotipo jerárquico sustentado en patrones socioculturales, que por cierto, se encuentran vedados por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 5 inciso 'a'), sancionada mediante la ley 23.179, el 8 de mayo de 1985 [...] las presiones y coacciones ejercidas por Llanos en cuanto a la forma de vestir, el sometimiento de las salidas o el obligarla a dar cuenta del lugar donde se encontraba -debidamente acreditado con prueba testimonial- importaron un cercenamiento de su libertad de decisión y un recorte de sus derechos elementales. Lo mismo cabe predicar respecto de la violencia física ejercida, pues no es necesaria la denuncia que parece reclamar el recurso para tenerla por probada si los testigos resultaron unánimes en afirmar haber visto las marcas en el cuerpo de la víctima y haberla escuchado señalar a Llanos como el autor de las golpizas [...] La conjunción de ambas circunstancias legitima la conclusión adoptada en origen [...] acciones como las reprochadas a Llanos violentan 'el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación' (artículo 6.b de la Convención de Belém do Pará), pues implica 'subordinación'" (fs. 63 vta./64 vta.).
IV. Como adelanté, desde mi punto de vista el recurso debe ser desestimado.
IV.1. En primer lugar, no prospera la alegación sobre una errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, así como tampoco la vulneración del principio constitucional de legalidad.
IV.1.a. La solución brindada por el Tribunal de Casación Penal armoniza con el criterio sostenido por esta Suprema Corte en el precedente P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020; ratificado en causa P. 132.429, sent. de 12-XI-2020), en cuanto diferenció la "relación de pareja" aludida por la norma penal de la "unión convivencial" regulada por los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial. Allí el doctor Soria dijo, en el voto que hizo mayoría, que "Para la ley civil la convivencia es un recaudo característico del régimen -y al menos por un lapso de duración de dos años-, que no exige el tipo penal, junto con otros presupuestos: la mayoría de edad de los integrantes -sean del mismo o de diferente sexo o género-, la ausencia de impedimento por razones de parentesco o de ligamen, entre otros que se establecen, y con características prototípicas de singularidad, publicidad, notoriedad, estabilidad y permanencia (arts. 509 y 510, Cód. Civ. y Com. [...]). Exigir su concurrencia importaría añadir a la figura penal elementos que no comprende ni le son característicos. Esto y la circunstancia de que el referido régimen de 'unión convivencial' en el ámbito del derecho privado entró en vigencia casi tres años después de establecida esta agravante en el Código Penal, habla a las claras de lo inapropiado de forzar esa asimilación, aunque sea parcialmente". A ello agregó que "...las notas típicas de la unión convivencial estipuladas en los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial, entre las que sobresale la convivencia entre sus integrantes por al menos dos años, aunque [...] no es la única distintiva, no ha sido esa circunstancia ni tampoco todas las otras allí establecidas, prevalentemente tenidas en cuenta por el legislador penal en ocasión de modificar la figura del homicidio agravado por el vínculo con la extensión dada por la ley 26.791 (B.O. de 14-XII-2012)".
En el mismo precedente, el doctor Soria analizó minuciosamente los proyectos de ley y el trabajo en Comisiones que formaron parte de la discusión parlamentaria hasta lograr consensuarse el texto penal vigente y concluyó: "Resumiendo, este vistazo sobre la amplia discusión legislativa que tuvo el tipo penal en cuestión no deja margen de duda respecto de la real voluntad del legislador, que fue la de abarcar de manera amplia las relaciones de pareja. Así se consignó que quedaban comprendidas las habidas en el marco del vínculo matrimonial, las uniones de hecho o concubinarias, parejas o noviazgos, '...vigentes o finalizados, no siendo requisito la convivencia' (v.gr.: expediente 288-D-2011); también se dijo que
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