Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133800
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.800, "A., G. A. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.722 y su acum. n° 94.752 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de agosto de 2019, en lo que importa para el caso, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de G. A. A. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata que, en lo que también importa, la condenó a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autora responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y cooperadora del delito de abuso sexual con acceso carnal, perpetrados en perjuicio de su hijo R. en concurso real (hecho I), y autora del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por su comisión con alevosía respecto de su hijo I. (hecho II); ambos unidos por concurso material (arts. 55, 80 incs. 1 y 2, 89, 92 y 133, Cód. Penal; v. fs. 179/212 con relación a fs. 28/71).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 218/243 vta.), que fue concedido parcialmente por el tribunal de casación (v. fs. 254/258); dicha decisión no fue controvertida por la defensa de A. (v. informe de fs. 272).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 274/285), dictada la providencia de autos (v. fs. 287), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa tachó el pronunciamiento de arbitrario por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del superior tribunal federal; denunció afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oída-, al debido proceso legal, a los principios de inocencia e in dubio pro reo y al derecho al recurso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP, y 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 220 vta.).
Sostuvo que el agravio vinculado a la valoración probatoria para tener por acreditada la responsabilidad penal de su asistida tuvo un tránsito aparente por la instancia intermedia que vulneró la garantía del doble conforme; alegó también la inexistencia de prueba que vincule a G. A. A. con el delito endilgado (v. fs. cit.).
Refirió que la conclusión a la que arribó el Tribunal de Casación Penal respecto a que no se apreciaron vicios en el razonamiento del sentenciante de origen implicó desconocer la vigencia del límite impuesto por el principio in dubio pro reo en cuanto exige la necesaria certeza para fundar una condena (v. fs. 221 vta.).
I.2. En segundo lugar, alegó infracción al principio de legalidad (art. 18, Const. nac.) y volvió a denunciar arbitrariedad en la condena de G. A. A. en base a una supuesta "comisión por omisión" (v. fs. 225 vta.).
Señaló que su defendida no controló el suceso en concreto y que su mera inactividad no debió ser estimada como equivalente a una acción positiva, más aún cuando el ordenamiento jurídico argentino carece de una cláusula de equivalencia como en el derecho comparado. Por tal motivo, consideró que la afirmación del tribunal intermedio, a saber, que no es necesaria una cláusula legal que habilite la conversión, no responde adecuadamente al agravio (v. fs. 225 vta.).
Refirió que su asistida no tuvo conocimiento ni voluntad ante el abuso perpetrado por el coimputado J. A. M. P., pues aquel resultó novedoso y sorpresivo, circunstancia que -a su juicio- también abarcaría al resultado muerte (v. fs. 226 y vta.).
Agregó que A. no se hallaba en condiciones de denunciar previamente el hecho ni de interrumpir el curso causal iniciado por M. P.; por ende, consideró que su culpabilidad debía decaer y con ello el tipo objetivo de omisión que se le reprocha (v. fs. 227 y vta.).
Indicó que existió un desvío del curso previsible del suceso por la entidad de las lesiones provocadas al niño; que la acusada no tenía capacidad de actuar, de evitar los resultados lesivos o de controlar la "fuente de peligro"; y que M. P. era un hombre golpeador y maltratador (v. fs. 227 vta. y 228).
Sostuvo que el omitir consciente pero no querido -"al ser forzado" por el temor que sentía por y ante M. P.- implicó que su defendida viera limitada su capacidad de acción, y por tal motivo su comportamiento -la actividad o pasividad- debió ser analizada de manera contextual y mancomunada con su capacidad de dirección final de la voluntad (v. fs. 228).
Afirmó también que la no evitación de la lesión a los bienes jurídicos vida e integridad sexual de parte de la garante calificada -por ser la madre del damnificado- no debió ser equiparada a la realización activa, y que lo dicho por el órgano casatorio con relación a que la imputada no era víctima de violencia de género no necesariamente implica que pudiera intervenir para interrumpir el accionar lesivo de M. P.; por ello, solicitó su absolución (v. fs. 230 vta. y 231).
I.3. Subsidiariamente, denunció infracción a la ley sustantiva por cuanto el tribunal de casación rechazó de manera arbitraria los cuestionamientos realizados en torno a los arts. 47 y 133 del Código Penal (v. fs. 231 vta.).
Alegó la ausencia de conocimiento del tipo objetivo por parte de su asistida, y que a todo evento se debió aplicar el art. 106 primer párrafo del Código de fondo -abandono de persona agravado por el vínculo en los términos de lo dispuesto por el art. 107-, recalificación que -según dijo- fue rechazada de manera dogmática por parte del tribunal revisor (v. fs. cit.).
Consideró que si la imputada G. A. A. se desentendió de resguardar a su hijo -abandonándolo a su "suerte"- se estaría en presencia de una forma comisiva -en cuanto al abandonar- que se traduce oblicuamente en un no hacer penalmente reprochable ante el riesgo para la vida e integridad psicofísica de ese otro; esto último, en atención a la naturaleza de la norma prohibitiva -indirectamente, ante el mandato de no poner en peligro- que en su caso podría recriminársele a A.. En ese sentido, y a contrario de lo expuesto por el tribunal de casación, estimó que no puede legitimarse una interpretación extensiva de la punibilidad, pues el art. 106 del Código Penal tipifica un supuesto de comisión por omisión que debe y puede ser aplicado en el caso y así lo reclamó (v. fs. 231 vta. y 232).
Por otro lado, solicitó la aplicación de lo normado por el art. 47 del Código Penal, porque a su entender, ese era el supuesto que por especialidad y máxima taxatividad legal interpretativa correspondía emplear en orden al grado de participación que eventualmente le cupo a su defendida (v. fs. 232).
En cuanto a la alegada comisión por omisión, consideró que de convalidarse la estructura comisiva omisiva, solo podrían reprochársele las lesiones agravadas, pero no el resultado muerte, debido a que este no era previsible ni siquiera para el autor (v. fs. cit. vta.).
Afirmó que la imputada G. A. A. no debe responder por el exceso en el obrar del autor -sea en el resultado muerte o en el abuso sexual-, y de allí la insistencia de esa parte en demostrar la procedencia de la recalificación en los términos del art. 47 citado, descartada arbitrariamente -según dijo- por el tribunal de casación (v. fs. 232 vta.).
Seguidamente, consideró que al no haberse acreditado los elementos del tipo que fue aplicado al caso, correspondía hacer lugar al planteo de adecuación del grado de participación reprochable a su asistida, con la consiguiente modificación del encuadre legal bajo cualquiera de las modalidades descriptas precedentemente y de conformidad con lo normado en el art. 47 del Código de fondo (v. fs. 233).
Por otro lado, reclamó la aplicación del art. 1 tercer párrafo del Código Procesal Penal en línea con el art. 47 citado, pues "...en el contexto de maltrato infantil que se endilga, el resultado que a todo evento A. pudo conocer -y hasta inclusive podría sostenerse que en su caso 'quisiera', a través de su reprochada inactividad o impulso de un curso causal o acción salvadora- es el delito de lesiones graves calificadas por el vínculo de conformidad con el art. 90 en función de lo dispuesto por los arts. 92 y 80 inciso primero del CP" (fs. 233 y vta.).
A su vez, aclaró que dichos planteos no fueron abordados por casación al haberlos considerado un agravio extemporáneo, decisión que también cuestionó por este medio (v. fs. 233 vta.).
Por todo ello, insistió con que -de modo subsidiario- se aplique lo normado en el art. 47 del Código Penal y el hecho se encasille como abandono de persona agravado por el vínculo (art. 106 primer párrafo, con relación al art. 107, ambos del Cód. Penal; v. fs. cit.).
También de manera subsidiaria, solicitó la recalificación en los términos de los arts. 90 y 92 del Código Penal, en función del art. 80 inc. 1; en su defecto, pidió la aplicación de la figura de abandono de personas doblemente agravado, por el vínculo y por el resultado grave daño en el cuerpo o en la salud (conf. arts. 106 segundo párrafo y 107, Cód. Penal); y finalmente, el encuadre en la figura de abandono de personas doblemente agravado, por el vínculo y por el resultado muerte (conf. arts. 106 tercer párrafo y 107, Cód. Penal); todas consideraciones que -según adujo- fueron rechazadas por el tribunal de casación por aplicación del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 234 vta.).
En otro orden, consideró que el resultado muerte podría reprochársele a su asistida desde una estructura preterintencional, adjudicándole el dolo de lesiones y, mediante comisión por omisión, ser condenada en los términos del art. 81 inc. 1 apartado "b" en función de lo dispuesto por el art. 82, ambos del Código Penal (v. fs. 235 vta.).
Seguidamente, en cuanto a la conducta atribuida en virtud de lo dispuesto por el art. 133 del Código Penal, insistió con la absolución de A. y, subsidiariamente, pidió la inconstitucionalidad de esa norma; agravio que -dijo- si bien fue abordado por el tribunal revisor, no fue tratado con el alcance que le era debido, pues casación se limitó a analizar lo concerniente al planteo constitucional (v. fs. 235 vta./236 vta.).
Agregó a lo expuesto, la necesidad de desaplicar la norma cuestionada y absolver a G. A. A. en el ilícito contra la integridad sexual por la falta de acreditación del verbo típico "cooperar" o, en su defecto, encuadrar dicha figura en un concurso ideal (art. 54, Cód. Penal) con el abandono de personas agravado por el vínculo (v. fs. 236 y vta.).
Destacó que su defendida nunca supo que M. P. abusaría de su hijo, no lo previó ni advirtió en ese momento; por tanto, consideró que las conclusiones esgrimidas en ese aspecto por el tribunal de juicio y por casación fueron el resultado de meras inferencias que no pueden extraerse para condenar a G. A. A., por lo que corresponde su absolución o la declaración de inconstitucionalidad del art. 133 del Código Penal (v. fs. 237 vta.).
A modo de síntesis, la defensa pidió de manera liminar la absolución de G. A. A.; subsidiariamente, solicitó se recalifique el suceso en los términos del art. 106 primer párrafo del Código Penal (conf. art. 47 y agravado por el art. 107, ambos del Cód. cit.); en su defecto, y de mantenerse la estructura de comisión por omisión, reclamó que se encuadre el hecho como lesiones graves agravadas por el vínculo y por el resultado -peligro para la vida- (conf. arts. 90 y 92, Cód. Penal, el último en función de lo dispuesto por el art. 80 inc. 1 del digesto sustantivo); luego, retomó la línea argumentativa del delito de peligro (art. 106 segundo o tercer párrafo, agravado por el art. 107, ambos del Cód. Penal); en subsidio, solicitó la aplicación de los arts. 81 inc. 1 apartado "b" y 82 del Código Penal; finalmente, con relación al citado art. 47 del Código Penal, vinculado al agravio sobre la participación de su defendida y con lo dispuesto por el art. 133, requirió la absolución de A. o, en su defecto, la declaración de inconstitucionalidad del art. 133, o su desaplicación por estimación de lo normado por los arts. 54, 106 y 107, todos del Código Penal (v. fs. 237 vta. y 238).
Finalmente, aclaró que en todos los supuestos mencionados la pena a imponer debía ser idéntica o cercana al mínimo legal (v. fs. 239 vta.).
I.4. Por último, tachó de arbitrario el rechazo por parte del tribunal revisor del agravio vinculado a la pena de reclusión perpetua (v. fs. 238 vta. y 239).
En ese sentido, refirió que la defensa había requerido ante casación la adecuación de la pena, denunciado la irrazonabilidad de la reclusión perpetua por falta de proporcionalidad y su inconstitucionalidad, planteos que -según afirmó- tuvieron de parte del tribunal revisor una respuesta "general", "sin manifestar nada en concreto", al punto que ni siquiera fueron "referenciados" (v. fs. 239).
Solicitó que, ante la eventualidad de fijar una pena temporal de conformidad a la recalificación propuesta por esa parte, se imponga a A. una sanción de menor entidad adecuada a su culpabilidad, idéntica o cercana al mínimo de la escala penal aplicable; en su defecto, dejó planteada la inconstitucionalidad de la escala penal prevista en el art. 80 del Código Penal o su inaplicabilidad al caso (v. fs. 240).
Con relación a la pena de reclusión perpetua, agregó que una eventual resocialización sería alcanzada a una edad muy avanzada, por ende, carecería de virtualidad en los hechos e implicaría que la pena privativa de la libertad fuese un mero encierro (v. fs. cit.).
Consideró que una pena como la perpetua resulta desmesurada y configura una decisión arbitraria (conf. precedente de esta Corte, causa P. 81.527, sent. de 9-X-2003).
En cuanto a la inconstitucionalidad de la pena perpetua, señaló que aquella no permite a quien juzga diferenciar entre sujetos ni hechos de diversas características o envergadura, además de violar los arts. 16 de la Constitución nacional y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (casos "Hilaire, Constantine y Benjamin" y "Boyce", CIDH; v. fs. 241 y vta.).
Asimismo, reclamó una interpretación constitucional y a favor de la persona condenada del art. 80 del Código Penal, y propuso un máximo de veinticinco años de privación de la libertad tomando en cuenta el Estatuto de Roma (ratificado por ley 26.200), que impone un máximo de sanción para los delitos de genocidio y violación reiterada e indiscriminada a los derechos humanos de treinta años de prisión (v. fs. 241 vta./242 vta.).
Desde otro andarivel, refirió que la pena de reclusión se encuentra virtualmente derogada del sistema penal argentino conforme lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Esquivel Barrionuevo" y "Méndez, Nancy Noemí" (v. fs. 242 vta. y 243).
II. El señor Procurador General al emitir su dictamen aconsejó rechazar el recurso interpuesto (v. fs. 274/285).
III. De conformidad con el auto de admisibilidad que luce a fs. 254/258, el recurso extraordinario fue concedido de manera parcial a fin de abordar los agravios vinculados con la ley sustantiva, pregonando con ello la aplicación subsidiaria de otras figuras penales más benévolas (v. especialmente fs. 257 vta.).
IV. En el acotado marco de admisibilidad concedido, coincido con la postura del señor Procurador General y considero que el recurso no prospera.
V. En lo que importa destacar para el caso, el tribunal del juicio tuvo por acreditados los hechos que se describen a continuación.
Antecedentes de la muerte de R. M. A.: "Aproximadamente desde el mes de agosto del año 2014, las docentes de la Escuela Primaria n° 27, ubicada en calle 4 y 611 de La Plata observaron que el alumno R. M. A. de siete años de edad concurría al establecimiento, en el turno de la mañana, con lesiones en su cuerpo y diferentes clases de hematomas. Al ser citada en una oportunidad su madre, esta concurrió con su pareja y este último reconoció haberle pegado con el cinturón excusándose en que R. le había sacado dinero. Durante el transcurso del año 2014 y en el ciclo lectivo del 2015 continuaron apareciendo lesiones en el cuerpo del menor, por lo que las docentes nuevamente volvieron a citar a la mamá, quien manifestó que en su casa 'estaban todos bien y los nenes eran felices'. Finalmente, aproximadamente en el mes de julio del año 2015, R. M. A. ingresó al colegio con fractura de húmero y al poco tiempo con hematomas en la parte posterior y anterior del cuello, lo que ocasionó que la directora del establecimiento efectuara la denuncia penal el día 6 de octubre de 2015, y originó que R. y su hermano dejaran de concurrir por un tiempo al mismo. La última vez que R. concurrió a la escuela fue el día lunes 2 de noviembre de 2015. En dicha oportunidad estaba muy ojeroso pero no tenía marcas visibles de lesiones en su cuerpo" (fs. 29 y vta., sent. de condena, leg. cas. n° 94.752).
Muerte, lesiones y abuso del niño R. M. A.: "El 3 de noviembre de 2015, en horas de la madrugada, R. M. A. de 7 años de edad sufrió en el domicilio habitado por su madre y su pareja, ubicado en calle … n° … entre … y … de La Plata, un traumatismo abdómino pelviano cerrado producto de una patada o golpe de puño que le produjo un desgarro de la arteria mesentérica superior y plexos venosos pelvianos. También sufrió lesiones en el ano compatibles con penetración de elemento duro y romo como pene en erección. Además tenía un hematoma subdural parieto occipital izquierdo, producido por un traumatismo de cráneo grave producto de más de un golpe en la cabeza y 20 hematomas, todos ellos de menos de 24 horas de evolución, cuyo mecanismo de producción es de origen traumático. Esa noche, en el domicilio solo se encontraban presentes su madre, su padrastro y su hermano I. de 11 años de edad, y la música sonó fuerte durante la noche y parte de la madrugada. Aquel día, a las 07.00 horas aproximadamente, la madre de R. intentó que fuera al colegio. A pocos metros de su domicilio R. se tambaleó, comenzó a llorar, y se cayó en dos oportunidades, por lo que regresó a su casa. A las 11.15 horas de la fecha mencionada, su madre y su padrastro trasladaron en un remisse a R. M. A. al Hospital de Niños Sor María Ludovica, ubicado en calle 14 y 66 de La Plata. Al ingreso, su madre sostuvo que el niño se había desvanecido luego de tomar agua. Las médicas del hospital constataron que el menor ingresó sin vida y que el fallecimiento dataría aproximadamente de dos horas antes producto de un paro cardiorrespiratorio, cianosis generalizada y midriasis paralítica bilateral. R. tenía hematomas en diferentes regiones del cuerpo: en región frontal derecha y pabellón auricular derecho, ambos codos, antebrazos y muñeca derecha, en el tórax en la región esternal y costal izquierda, en espina ilíaca derecha y región tubo-inguino-escrotal y perineal, en ambas rodillas, en columna dorso lumbar. Además, presentaba distensión abdominal y cicatrices en ambos glúteos de antigua data compatibles con quemaduras de cigarrillos, como así en la pierna derecha y tumefacción en la rodilla derecha. Por último, observaron dilatación anal" (hecho I; fs. 29 vta. y 30, sent. de condena).
En cuanto a la participación de A. G. A., el tribunal de origen sostuvo que "A. fue la persona que, madre de los niños R. e I., y frente a los hechos de maltratos físicos puestos en conocimiento por la escuela en presencia de su pareja, escuchó cómo este admitía haber golpeado a uno de sus hijos con un cinturón. También se ha probado que no se present
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