Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133974
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.974, "Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 40.832 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala Segunda, del Departamento Judicial Mercedes", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de junio de 2020, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Juzgado Correccional n° 4 departamental que revocó la libertad condicional concedida a Ezequiel Alejandro Ledesma en el incidente de ejecución de pena 04441 del Juzgado de Ejecución Penal n° 2 de la misma jurisdicción, correspondiente a la causa 922/07-47 del juzgado correccional, y lo condenó a la pena única de doce años de prisión, accesorias legales y costas con declaración de reincidencia, comprensiva de la pena única de siete años y un mes de prisión impuesta en dicha causa y de la fijada en la causa 3.905 del Tribunal Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín a cinco años y seis meses de prisión (art. 58, Cód. Penal) -ver fs. 11/16 de estos autos, en relación a fs. 44/46 vta. del incidente de pena única-.
El señor defensor oficial, doctor Agustín P. I. Muga, interpuso contra el fallo del Tribunal de Alzada el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 22/32 vta., el que fue concedido por dicho tribunal por resolución de 20-VII-2020 (v. fs. 19 vta./20 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 39/47 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 49), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso en examen el señor defensor impugna, por varios motivos, la unificación de penas resuelta por la señora jueza correccional y confirmada por la Cámara.
I.1. Alega que se violó el derecho de defensa en juicio por no haberse celebrado ante el órgano revisor una audiencia de visu con lo cual su asistido no tuvo la inmediación necesaria con los jueces que lo condenaron lo que -afirma- acarrea la nulidad de la sentencia. Invoca jurisprudencia referida a la necesidad de tomar contacto con el condenado antes de la determinación de la pena y considera transgredidos los arts. 18 de la Constitución nacional y 41 inc. 2 in fine del Código Penal (v. fs. 25/26).
I.2. Denuncia que se aplicó erróneamente el art. 58 del Código de fondo en infracción de los principios de estricta legalidad y máxima taxatividad interpretativa (v. fs. 26 vta.).
Manifiesta que la segunda regla de dicha norma regula la unificación de sentencias firmes, y requiere pedido de parte pues no procede de oficio, pero objeta que no se encuentra presente el requisito de que tal solicitud sea oportuna ya que fue requerida por la fiscalía cuando la segunda sentencia se encontraba firme, a pesar de que debió ser instada -sostiene- al momento de dictarse la misma, ocasión en la que la fiscalía pudo haberlo hecho pues se sabía de la existencia de tal antecedente (v. fs. 27 vta. y 28).
I.3. Alega que la segunda regla de dicho art. 58 exige que la persona se encuentre cumpliendo pena y que, en cambio, la de siete años y un mes de prisión impuesta en la causa 922 del Juzgado Correccional n° 4 venció el 8 de marzo de 2017 de modo que al haberse agotado con anterioridad a la unificación, fallada el 27 de noviembre de 2019, no corresponde su unificación (v. fs. 28 vta.).
Argumenta que si bien Ledesma cometió el segundo delito mientras gozaba de libertad condicional en la causa del juzgado correccional, tratándose de una pena cumplida al momento de la unificación no era posible revocar la libertad condicional ni decidir una pena única. Entiende que es esta la interpretación del art. 58 del Código sustantivo que respeta el principio de legalidad, entre otros principios constitucionales, y que el dictado de una pena única que incluye una extinguida es ilegítima y arbitraria (v. fs. 28 vta. y 29).
Incluso señala que también se agotó, el 5 de julio de 2020, la impuesta en la jurisdicción de San Martín (v. fs. 29).
Según el punto de vista del señor defensor, la sentencia de la Cámara al confirmar la anterior, efectuó una exégesis que contradice lo dispuesto en el art. 16 del Código Penal en cuanto establece que, transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena queda extinguida. Postula que no puede pretenderse, sin incurrir en arbitrariedad y vulnerar el principio de legalidad, dejar sin efecto una decisión firme del juez de ejecución que tuvo por operado el vencimiento de la pena. Indica que dicha norma exige que la revocación debe producirse antes del vencimiento de la condena y añade que la circunstancia de que la duración del proceso sea incierta no es algo que deba reprocharse al imputado sino a la responsabilidad estatal (v. fs. 29 vta./30 vta.).
Detalla que, en el incidente 04441, el juez de ejecución de la pena impuesta por el juzgado correccional estableció que la misma quedó agotada el 8 de marzo de 2017 y, por esa razón, devolvió el incidente a ese último órgano. A partir de dicha premisa, la defensa sostiene que no podía revocarse legítimamente la libertad condicional pues la pena estaba extinguida (v. fs. 31 vta.).
II. El origen de los agravios de la parte se encuentra en la decisión de la titular del Juzgado Correccional n° 4 de Mercedes, doctora Bomaggio, quien de conformidad con lo peticionado por la fiscalía, emitió sentencia el 27-XI-2019 unificando en doce años de prisión, con declaración de reincidencia, las penas resultantes de los siguientes procesos seguidos a Ledesma:
a) Por un lado, la establecida por ese mismo órgano en la causa 922/07-47 en la que el 3 de abril de 2012 se impuso la pena única de siete años y un mes de prisión, comprensiva de la correspondiente a ese juicio y de la fijada en la causa 3.451 del Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Martin. La magistrada indicó que dicha pena única venció el 8 de marzo de 2017 y que el 12 de diciembre de 2014 había sido concedida la libertad condicional (v. fs. 44 vta., incidente respectivo).
b) Por otro lado, la de prisión de cinco años y seis meses, con declaración de reincidencia, a la cual fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Martin en la causa 3.905 el 17 de junio de 2015. La magistrada Bomaggio expuso que el hecho había sido cometido el 6 de enero de 2015 y que la pena vencía el 5 de julio de 2020 (v. fs. 44 vta. y 45).
La señora jueza fundó su decisión -recordemos, del 27 de noviembre de 2019- indicando: "...el hecho por el cual se encuentra Ledesma cumpliendo pena actualmente, fue cometido el 6 de enero de 2015 mientras cumplía pena en libertad condicional. Esta nueva realidad impone la revocación de la libertad condicional, unificar las penas y realizar un nuevo cómputo de la pena sin contar el tiempo gozado bajo dicho beneficio" (fs. 45).
III. En el recurso de apelación la defensa planteó infracciones legales y constitucionales (v. fs. 1/9, incidente respectivo).
Para justificar la improcedencia de la unificación sostuvo que de acuerdo con el art. 16 del Código Penal la pena queda extinguida si, transcurrido el término de la condena, la libertad condicional no es revocada (v. fs. 3); denunció la ausencia de pedido de parte en tiempo oportuno (v. fs. 4) y manifestó que Ledesma no estaba cumpliendo pena, porque la prisión de siete años y un mes se había agotado antes de la sentencia unificatoria del año 2019, por lo cual encontró que faltaba también este requisito (v. fs. 5 y vta.).
Sobre la base de sostener tal agotamiento, afirmó la infracción del art. 16 del Código Penal por haberse revocado la libertad condicional de una pena extinguida. En este aspecto invocó la resolución del juez de ejecución que consideró concluida esa etapa del proceso y devolvió los autos al órgano de juicio (v. fs. 6/7 vta.).
En subsidio, para la individualización de la pena requirió que se unificara la "...del nuevo delito con lo que reste por cumplir del primer delito" y la aplicación del método composicional (fs. 8 y vta.).
IV. La Cámara de Apelación y Garantías respondió que, en este caso, se configuró la segunda de las hipótesis previstas en el art. 58 del Código de fondo pues "...se dictaron dos fallos que adquirieron firmeza sin que la unificación de penas -a todas luces procedente toda vez que al momento de la comisión del segundo hecho el causante se hallaba incorporado al régimen de libertad condicional- se realizara cuando se dictó la segunda sentencia" (fs. 12).
IV.1. Explicó que esa segunda hipótesis "...se activa frente a la transgresión de las reglas propias de la unificación de penas", sin que importe el motivo de esa transgresión y que, tratándose de afectar la intangibilidad de la cosa juzgada, requiere de petición de parte lo cual habilita al Ministerio Público Fiscal a formularla en función de su deber de vigilar la estricta observancia del orden legal en la ejecución de las sentencias penales, según el art. 59 inc. 4 del Código Procesal Penal.
Por ello, desechó por falta de apoyatura legal que la fiscalía estuviera impedida de pedir la unificación por no haberla requerido antes de dictarse el pronunciamiento definitivo por el segundo delito, cometido mientras la primera pena se estaba cumpliendo (v. fs. 12 vta.).
IV.2. Luego desestimó el reclamo según el cual el dictado de la pena única resultaba improcedente por cuanto la impuesta por la primera sentencia estaba vencida cuando se pronunció la pena unificada (v. fs. 13 vta.).
Consideró que lo relevante consiste en que el imputado se encontraba cumpliendo pena al momento de la comisión del segundo hecho y que, además, la impuesta en ese nuevo proceso se estaba ejecutando cuando se procedió a la unificación. Por lo tanto, la Cámara afirmó que la defensa estaba exigiendo, también aquí, un requisito no previsto por la ley (v. fs. 14).
IV.3. Fue igualmente rechazada la pretensión de la defensa sustentada en que el art. 16 del Código Penal establece que la pena queda extinguida transcurrido el término de la condena sin que la libertad condicional haya sido revocada. La Cámara citó jurisprudencia según la cual la comisión de un nuevo delito mientras se goza de libertad condicional autoriza la revocación de la misma y a no computar el tiempo transcurrido (según art. 15, del mismo) con total independencia de la fecha en que se dicte o quede firme la segunda condena, ya que la pena anteriormente impuesta no puede considerarse extinguida si, durante el plazo previsto en dicho art. 16 se configuró alguna de las causales de revocación de dicha libertad (v. fs. 14).
IV.4. Finalmente, tampoco hizo lugar a los planteos sobre la individualización de la pena (v. fs. 14 vta.).
V. El recurso no puede progresar (art. 495, CPP), tal como lo propicia la Procuración General en su dictamen (en el cual, a pesar de haberse interpretado que el recurso se concedió parcialmente, se respondieron todos los planteos formulados).
V.1. No asiste razón al impugnante (conf. mutatis mutandi causa P. 126.664, sent. de 5-IV-2017) en el embate relativo a que la Cámara dictó sentencia sin tomar previamente conocimiento de visu del procesado, debido a que se dirige -en lo esencial- a poner en evidencia un supuesto déficit en el procedimiento anterior al fallo del tribunal intermedio que se vincula -en principio- con cuestiones típicamente procedimentales sin evidenciar adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en esta instancia, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que, al respecto, trae a colación ("Maldonado" y "Garrone").
Además, a contrario de lo que alega la recurrente, el Tribunal de Alzada no efectuó ninguna determinación de la pena sino que dejó incólume la ya fijada al no receptar los reclamos sobre el método empleado para su individualización (que resultó ser el composicional) y descartar que hubiera arbitrariedad en cuanto al monto (v. fs. 14 vta.).
A ello hay que sumar que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión en tanto no trasciende, en rigor, de un agravio meramente formal desde que no se han indicado los perjuicios que la omisión de haber convocado al procesado ante el órgano de revisión en los términos del art. 41 inc. 2 última parte del Código Penal, podría haber generado a sus derechos.
Cabe agregar que el recurso de apelación omitió cualquier tipo de requerimiento con relación a lo establecido en esa disposición, que ahora se trae a colación. El alcance de lo entonces requerido permite concluir que la objeción traída ante esta sede extraordinaria ha sido producto de una reflexión tardía que, también desde esta óptica, obsta a su atendibilidad (art. 442, CPP).
Por lo demás, resulta inaplicable a este expediente lo decidido por la Corte Suprema en los precedentes "Maldonado" (sent. de 7-XII-2005) y "Garrone" (sent. de 6-III-2007).
En el primero mencionado, en lo que es relevante, la importancia de la audiencia de visu a la que alude el art. 41 del Código Penal fue puesta de relieve en el contexto normativo del Régimen Penal de la Minoridad (conf. ley 22.278, esp. art. 4) y del escrutinio de la validez de una pena perpetua fijada en la instancia revisora a un menor punible en virtud de un recurso fiscal, agravando así la temporal (de catorce años de prisión) que había sido impuesta en origen.
En el segundo, la Corte Suprema (por remisión al dictamen del Procurador Fiscal) refirió a la necesidad de tomar conocimiento de visu del condenado antes de determinar la pena, pero teniendo en cuenta que en ese precedente la Cámara la había agravado. En cambio, en el presente la misma no fue modificada, por lo cual se advierte que se trata de un supuesto diferente de modo que no se ha justificado la pertinencia de aplicar tal criterio a estos autos.
El art. 41 inc. 2 del Código Penal condiciona la exigencia del contacto directo y de visu con el acusado, a través de la locución "en la medida requerida para cada caso" -esto es, conforme el razonable margen de apreciación del magistrado de estimar la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento (conf. doctr. causa P. 79.495, sent. de 15-III-2002)-, a lo que se aduna que, en el sistema de los arts. 439 a 447 del régimen procesal local, no se encuentra impuesta la presencia del procesado ante el estrado intermedio.
Ninguna de las circunstancias tenidas en cuenta por la Corte nacional en los precedentes de mención se advierte en la especie, toda vez que -en lo medular- no se trata aquí del juzgamiento de menores punibles sujeto a un régimen normativo específico, como en "Maldonado", ni se configura la situación del caso "Garrone" pues el Tribunal de Alzada provincial, lejos de modificar la pena, confirmó el fallo en todos sus términos.
V.2. Tampoco le asiste razón acerca de que la fiscalía haya perdido la oportunidad de pedir la unificación por no haberlo hecho en ocasión de la segunda condena.
Por un lado, también aquí se trata de un agravio de índole procesal respecto del cual cabe el mismo reparo formulado más arriba sobre este tipo de cuestiones y la competencia de esta Corte, y no se ha puesto en evidencia que involucre un asunto federal.
Por otro, porque no brinda argumentos normativos para oponerse al fundamento empleado por la Cámara según el cual no existe previsión legal que establezca una limitación en cuanto a la ocasión para requerirse la pena única.
V.3. Finalmente, la defensa no logra demostrar que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada incurriera en la arbitrariedad que le achaca ni que haya habido una errónea aplicación del art. 58 del Código Penal (en lo pertinente, de acuerdo con lo resuelto en causa P. 129.994, sent. de 3-X-2018).
La decisión objetada determinó que para la fecha en que se cometió el delito de la causa 3.905, el 6 de enero de 2015, Ledesma revestía calidad de penado, ya que le había sido otorgada la libertad condicional en el marco de una condena anterior (causa 922), cuyo vencimiento oportunamente se había fijado para el día 8 de marzo de 2017.
Así, se afirmó que al momento de cometer el hecho objeto de condena en la causa 3.905 se encontraba cumpliendo una pena anterior no vencida y que, por ello, correspondía el dictado de una pena única.
La insuficiencia de la impugnación radica, en este aspecto, en que se sostiene que una de las penas integrantes de la unificación se encontraba extinguida al momento de dictarse el fallo unificador, sin llegar a rebatir la tesis que ambas instancias establecieron, según la cual, para la procedencia del procedimiento unificatorio lo relevante es considerar el momento de comisión del hecho.
La doctrina mayoritariamente ha interpretado esta cuestión del mismo modo en que lo han hecho ambas instancias, esto es, que la regla del art. 58 exige "...que la condena no esté cumplida o extinguida en el momento de la comisión del hecho por el que se debe juzgar nuevamente a la persona" (Núñez, Ricardo; Manual de Derecho Penal Parte General , cuarta edición, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1999, pág. 268; conf. causa P. 126.665, sent. de 6-XII-2017).
Ello resulta coherente con la propia letra del art. 58 del Código Penal, "...que alude al caso en que después de una condena por sentencia firme deba juzgarse a la misma persona por otro hecho distinto, y no que se sentencie o condene por ese hecho. La obligación de juzgar nace con la comisión del hecho, en tanto que la de dictar sentencia surge una vez tramitado y concluido el proceso" (conf. Caramuti, Carlos S.; Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial , coordinado por Marco Antonio Terragni, dirección Baigún y Zaffaroni, segunda edición, Tomo 2 B, Hammurabi, 2007, pág. 65).
No parece lógico hacer depender el principio de unidad de la pena del momento en que se dicte la segunda condena o, como en este caso, el momento en que se dicta la pena única como lo pretende el recurrente, pues ese momento "...es incierto, variable conforme a múltiples factores, e incluso supeditado a la eventual duración irrazonable del proceso. Más justo y razonable parece tomar como punto de partida para la unificación el momento de comisión del nuevo delito, que puede determinarse con precisión en el tiempo" (ob. cit.).
Estos sólidos fundamentos por los que la doctrina generalmente sostiene que la obligación de unificar pena surge desde la comisión del delito y no desde el momento en que se dicte la segunda condena -ni tampoco el tiempo en que se falle unificando-, no han sido desvirtuados con la argumentación ensayada por el impugnante (art. 495, CPP; conf. causas P. 126.665, sent. de 6-XII-2017; P. 129.994, sent. de 9-X-2018; P. 129.995, sent. de 24-X-2018 y más recientemente causa P. 132.491, sent. de 28-V-2020).
V.4. En cuanto a la libertad condicional, es la segunda condena la que verifica la violación de la regla del art. 13 del Código Penal, puesto que es esa sentencia la que acredita procesalmente el incumplimiento de la obligación de no cometer nuevos delitos, circunstancia advertida en la sentencia unificatoria ahora impugnada al disponer la revocación de tal libertad.
V.5. La defensa pone el acento en el momento en el cual se solicitó la pena única cuando, en rigor, lo decisivo en el sistema legal vigente radica en el deber del penado de abstenerse de cometer delitos -entre otros deberes- cuyo incumplimiento acarrea, por disposición
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