Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134007
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.007-RC, "T., M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.634 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de junio de 2019, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa de M. T. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que lo había condenado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, por configurar para la víctima un sometimiento gravemente ultrajante por su duración en el tiempo, y por ser cometido por ascendiente aprovechando la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años. En consecuencia, casó el fallo recurrido en cuanto al monto de la sanción e impuso al imputado la pena de catorce años y once meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 53/61 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 70/76 vta.), que fue declarado parcialmente admisible por la aludida sala del órgano intermedio (v. fs. 78/80). Contra ello, el señor defensor oficial interpuso queja (causa P. 133.714-Q), que fue rechazada por improcedente por esta Corte mediante resolución del 19 de noviembre de 2020.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 96/100) dictada la providencia de autos (v. fs. 102), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación al caso del inc. "b" del cuarto párrafo del art. 119 del Código Penal.
Sostuvo que la existencia del vínculo entre su asistido y la víctima se tuvo por acreditada en función de los dichos de la niña y de la testigo Castro, pero no mediante la documentación exigida por la normativa vigente en materia civil.
Alegó que ni en la investigación penal preparatoria ni en el transcurso del debate oral se presentó la prueba documental correspondiente a fin de acreditar el extremo pretendido (el vínculo parental de padre e hija): certificado o partida de nacimiento de la niña, documento nacional de identidad, o constancia de los motivos por los cuales no se encontraba inscripta en el organismo respectivo (RENAPER).
Afirmó que lo señalado por el tribunal de casación para avalar la aplicación de la agravante resulta conjetural e insuficiente, ya que de la prueba rendida y valorada no surge que su asistido sea progenitor de la joven víctima, motivo por el cual considera que no puede aplicarse el inc. "b" -en relación al cuarto párrafo- del art. 119 del Código Penal.
Agregó que cuando la ponderación objetiva de la prueba deja subsistente una situación de duda en relación a una figura agravada, por estricta aplicación del principio constitucional de in dubio pro reo , esa situación debe jugar a favor del imputado y la agravante debe descartarse.
Por otra parte, consideró arbitraria la sentencia por haber prescindido del texto expreso de la ley. Con cita de los arts. 281 del Código Procesal Penal y 96 del Código Civil y Comercial denunció que, al no contar con la documentación exigida por la normativa especial, y al no poder regir en ese aspecto específico (estado civil de las personas) la libertad probatoria que impera en el proceso penal, no resulta posible -como se hizo- dar por abastecido el extremo de la agravante en cuestión con declaraciones testimoniales.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III.1. Preliminarmente, corresponde destacar que al realizarse el juicio de admisibilidad el tribunal de casación concedió parcialmente la vía extraordinaria intentada, en lo que hace a la inobservancia de la ley sustantiva (v. fs. 79 vta.). En el caso, dicho agravio se halla inescindiblemente ligado con el de arbitrariedad e incorrecta interpretación de una norma de fondo, lo que denota la necesidad de analizar conjuntamente los reclamos admitidos en la órbita del derecho de fondo y el motivo de arbitrariedad desde la perspectiva conexa, dado que -como lo ha sostenido esta Corte- la no concesión del tramo vinculado a la arbitrariedad implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante (conf. CSJN Fallos 340:1149; causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.084, sent. de 15-XII-2020; e.o.).
En tal contexto, el planteo mediante el cual se denuncia arbitrariedad por haberse prescindido del texto de la ley debe ser atendido por estar estrechamente conectado con el agravio sobre la aplicación de la norma de fondo.
III.2. Las instancias previas tuvieron por acreditado que "...en el período comprendido entre el mes de abril del año 2009 y el 19 de julio de 2015, en diferentes días y horarios, un sujeto de sexo masculino, de cincuenta y ocho (58) años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente en la vivienda sita en la calle … … … … …, entre sus similares J. … y … … …, de la localidad y partido de Moreno (B), procurando saciar sus apetencias sexuales desviadas, en reiteradas oportunidades abusó sexualmente de su hija, T. A. T., menor de edad, accediéndola carnalmente vía vaginal, luego de lo cual la amedrentaba para que no contara nada de lo sucedido" (fs. 11 vta. y 55).
El tribunal revisor, al analizar similar agravio al aquí traído, expresó que "...ha quedado claro en el pronunciamiento del a quo que por intermedio de otras vías derivaron en la certera convicción de que tal vínculo existe, y [...] de modo incontrovertido e incuestionable la participación de M. T. en los hechos en trato ya desde el inicio de la investigación" (fs. 57 vta.).
Agregó que "...T. fue sindicado certera e indudablemente por T. A. T. como el autor de los hechos, resultando la niña su propia hija lo que con claridad emerge al poseer víctima y victimario el mismo apellido. Corrobora dicha situación la vinculación reconocida por T. en la totalidad de las entrevistas que mantuvo durante todo el proceso, señalando a su progenitor M. T. como el autor de los abusos, estando ella a su cuidado y en el mismo domicilio donde ambos habitaban. Igual afirmación efectuó el propio encartado al momento de prestar declaración en los términos del art. 308 del [Código Procesal Penal], en el que se le dio a conocer sus circunstancias personales, y lo mismo sucedió en la oportunidad en que se le practicó la pericia psicológica, cuando el acusado hizo saber que ‘...sus hijos son A. (17), T. (15), víctima de autos, M. (13) y E. de 10 años...’" (fs. 57 vta. y 58).
Con esos elementos y los datos aportados por la denunciante, casación consideró que el cuadro probatorio ponderado por el tribunal de grado conducía razonablemente a sostener que M. T. abusó sexualmente de su hija.
IV.1. El agravio de la defensa en el que afirma que el material probatorio para acreditar el extremo discutido se encuentra fundado en "meras conjeturas", no puede ser atendido (art. 494, CPP y su doctr.).
Se sabe que, por regla, las cuestiones relativas a la determinación del hecho, junto con la valoración de los elementos de prueba que les da sustento, no son propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que no han sido evidenciados (art. 494, CPP). Pues, le está vedado al tribunal descender a la exposición, representación o valoración que de ellos hubiera realizado el a quo . Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisarlos, máxime cuando no se configura alguno de esos supuestos de excepción, y se ha satisfecho el derecho a la revisión del fallo de condena (conf. causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; P. 127.032, sent. de 17-V-2017; e.o.).
En el caso, la defensa expone su disenso con la valoración efectuada pero no realiza ningún desarrollo eficaz tendiente a evidenciar los defectos en que podía haber incurrido la decisión (art. 495, CPP). Y en cuanto a la invocación a la violación del in dubio pro reo , no solo dependía del éxito del planteo anterior, sino que tampoco fue llevada a la instancia previa (v. fs. 29/32 vta.), y por lo tanto resulta a todas luces extemporánea.
IV.2. El agravio referido a la arbitrariedad de la sentencia por prescindir del texto de la ley (arts. 281, CPP y 96, Cód. Civ. y Com.) tampoco prospera.
Tal como refiere el señor Procurador General, la defensa no explica cuál es el detrimento al derecho de defensa en juicio que le genera la prevalencia de la libertad probatoria que rige en el proceso penal por sobre aquellas formalidades que señala la ley civil a la hora de probar aspectos relacionados con el estado civil de las personas en delitos contra la integridad sexual y con claros contornos de violencia de género. Más aún, si -tal como lo vienen indicando las instancias ordinarias y no ha habido discusión sobre el punto- el propio imputado consintió que la víctima era su hija.
Ha sostenido esta Corte que el Estado argentino se encuentra comprometido en la protección de los derechos y la vida de los niños, debiendo extremar recaudos y medidas a tal fin, adaptando no solamente su legislación sino la perspectiva, el enfoque y el modo de abordar los casos con miras a lograr tal objetivo, cuando se trata de víctimas que, como en este caso, revisten una doble vulnerabilidad, por género y por ser una niña. Solo así podrá garantizarse tanto la adecuada protección cuanto la justicia del caso (Opinión Consultiva de la CIDH n° 17/2002, párrafo 87, "...los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, bajo los artículos 19 [Derechos del Niño] y 17 [Protección a la Familia], en combinación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales"; causas P. 126.132, sent. de 11-IV-2018 y P. 132.751, sent. de 14-XII-2020).
En consecuencia, y dadas las particulares circunstancias del caso -ya que las partes reconocieron expresamente la existencia del vínculo-, el señor defensor no ha demostrado por qué debe prevalecer el art. 96 del Código Civil y Comercial frente a las claras disposiciones de la ley 26.485, y por ello su planteo de arbitrariedad por prescindencia del texto de la ley es insuficiente (arg. art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2021 10:44:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2021 11:00:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 14:21:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2021 07:49:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2021 08:04:57 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/12/2021 11:58:33 hs. bajo el número RS-167-2021 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia