Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134545
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.545, "Balbuena, Luis Alberto s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 82.049 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Genoud,
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de octubre de 2018, en lo que interesa destacar, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Luis Alberto Balbuena contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causae . En consecuencia, casó la sentencia impugnada y excluyó la agravante fundada en la suspensión de juicio a prueba del causante y mantuvo la pena de prisión perpetua impuesta a su respecto, accesorias legales y costas (v. fs. 157/186).
El imputado Luis Alberto Balbuena interpuso in pauperis recurso ante esta Corte (v. fs. 206/209 vta.), que fue mantenido y fundado técnicamente por la señora defensora de casación adjunta, doctora Susana E. De Seta, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 212/219 vta.), que fue declarado admisible por el citado tribunal solo respecto a los agravios relativos a la infracción a la ley sustantiva y a la constitucionalidad de la pena perpetua (v. fs. 234/240 vta.).
De otro lado, el revisor en la misma resolución declaró inadmisible el remedio de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial del coimputado Alan Gabriel Luna, lo que motivó la deducción de recurso de queja, que fue desestimado por resolución de este Tribunal el 18 de marzo de 2021 en el marco de la causa P. 134.392-Q.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 259/262 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 264) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad (v. fs. 234/240 vta.), solo corresponde abordar los planteos por los cuales fue admitido el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Luis Alberto Balbuena, esto es, los relativos a la infracción a la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) y a la constitucionalidad de la pena perpetua.
I.1. En ese marco, la señora defensora oficial planteó la vulneración del principio de proporcionalidad y de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haberse impuesto una pena perpetua a su asistido (v. fs. 216).
Señaló que la pena de prisión perpetua aplicada conlleva el encierro de por vida de la persona condenada, por lo cual se trata de una pena de eliminación social. Explicó que la persona se encuentra imposibilitada de desarrollar su vida social, laboral, familiar, de por vida, y que ello resulta incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como fin la reforma y readaptación social del condenado (v. fs. cit. y vta.).
Sostuvo que la dignidad humana consiste en que la pena tenga por finalidad el retorno de la persona a la sociedad, y que la eliminación social del sujeto condenado a una pena a perpetuidad -que solo culminará cuando se extinga su vida- vulnera el derecho a la integridad personal reconocido en el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por lo tanto, debe ser considerada contraria a la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad (v. fs. 216 vta. y 217).
Adujo que el principio de proporcionalidad resulta de interpretación para la compatibilización de las normas constitucionales en relación con las normas legales y penales en el caso concreto. Consideró que la sanción aplicada a su asistido no solo no es útil, sino que es desproporcionada (v. fs. 217 vta.).
En definitiva, solicitó que se formule una interpretación constitucional y proporcional y se determine que la pena impuesta en el caso concreto resulta desproporcionada y violatoria del principio de proporcionalidad (v. fs. 218).
I.2. Asimismo, la impugnante planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por apartamiento de las constancias probatorias de autos. Expuso que el tribunal intermedio se limitó a mencionar el dolo en el accionar de su defendido, sin tener certeza de cómo acontecieron los hechos, ni la presencia de dolo o culpa para poder confirmar una sentencia de condena (v. fs. 218).
Precisó que, en el caso, debido a la resistencia de la víctima, no hubo representación y aceptación de la posibilidad de matar; y que los disparos no se realizaron con la finalidad requerida por la norma en cuestión (v. fs. 218 vta.).
Cuestionó así la limitada tarea del tribunal revisor que, a su entender, solo convalidó una sentencia que reconstruyó la ocurrencia de un suceso sin testimonio alguno que acreditase la materialidad ilícita imputada (v. fs. cit.).
II. Tal como lo dictamina el señor Procurador General (v. fs. 259/262 vta.), los planteos antes reseñados no pueden prosperar.
III.1. En el caso llega acreditado que "El 9 de mayo de 2015, siendo aproximadamente las 19:00 hs., dos personas ascendieron al taxi licencia 341, que conducía Mario Enrique Riera, a pocos metros de la intersección de las calles Mateotti y Benito Lynch de esta ciudad. Se desplazaron en dicho vehículo por la calle Mateotti y a poco de iniciado el viaje, le exhibieron un arma de fuego intentando apoderarse ilegítimamente de bienes que pertenecían al taxista. Tratando de evitar el robo, Riera les arrojó 'gas pimienta' y el que iba en el asiento delantero, ante esa resistencia que le impedía obtener el fin propuesto, le efectuó dos disparos con el arma lanzando dos proyectiles, impactando uno en el abdomen del taxista produciendo una hemorragia masiva y la muerte consecuente. Tras ello, ambos sujetos fugaron a la carrera por calle Mateotti en sentido ascendente, dejando víctima y auto en esa misma calle a la altura 2935" (fs. 59 del principal n° 82.050, copias sent. de condena).
El suceso fue calificado como homicidio agravado criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 66 y vta., copias sent. de condena).
Para el tribunal del juicio, quedó acreditado que el imputado Luis Alberto Balbuena "...iba sentado en el asiento delantero, lado del acompañante, y fue quien disparó sobre Mario Riera causándole la muerte cuando ese estaba bajándose del auto o ya fuera del mismo, sin significar ningún peligro para los asaltantes. Concretó su voluntad homicida ante la frustración del plan criminal, por la resistencia opuesta por el taxista" (fs. 66 y vta.).
III.2. En lo que resulta de interés para el caso, al interponer el recurso de casación, la defensa cuestionó que no se había podido acreditar debidamente -en base a los testimonios ponderados- la autoría de Balbuena en el hecho descripto. Asimismo, impugnó la calificación legal atribuida al suceso al entender que si en el hecho que se intimó a su asistido "...y que se consideró probado hubo resistencia y defensa por parte de la víctima mediante el uso de gas pimienta y en ese contexto de resistencia se dieron los disparos, la conducta debe encuadrarse dentro de las previsiones del art. 165 del C.P." (fs. 91 del recurso de casación).
III.3. El Tribunal de Casación Penal -con voto del doctor Kohan, con la simple adhesión del doctor Mancini- describió la materialidad ilícita y brindó las explicaciones para tener por corroborada la participación de Balbuena en el evento delictivo, resaltando especialmente la importancia del testimonio brindado por Carlos Alberto Yansen por haber sido el único que observó a "Junior" Balbuena con el arma de fuego ubicado en la parte delantera del taxi en el asiento del acompañante, cuando luego incluso le apuntó en su fuga a su perro "Fatiga" (v. fs. 163/165 vta.).
En cuanto a la calificación legal, el revisor acompañó la decisión del órgano de grado de rechazar la pretensión de la defensa de encuadrar los hechos como constitutivos del delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal), al concluir que "...en el evento ilícito perpetrado Balbuena llevó adelante una acción enderezada a desapoderar al taxista Riera de bienes de éste, mediante el empleo de un arma de fuego, y que en ese trance encontró la muerte la víctima de marras, al intentar resistir al agresor, quien le descerrajó el disparo mortal" (fs. 169 y vta.).
Puntualizó que, a partir de las constancias de autos, había quedado demostrado que la conducta de Balbuena tuvo como propósito "...causar la muerte de Mario Enrique Riera" y que el medio empleado en el caso condujo razonablemente a ese resultado (v. fs. 169 vta.).
Concluyó que el accionar desplegado por el acusado -simple, inmediato, certero y feroz- imponía colegir que había mediado intención de dar muerte (v. fs. cit.).
Asimismo, consideró plenamente acreditado en cabeza del imputado el elemento subjetivo exigido por el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Luego de formular extensamente la distinción acerca de los requisitos distintivos del homicidio criminis causae y la figura del art. 165 del Código Penal, estimó que -en el caso- no había dudas acerca de la existencia del dolo homicida por parte de Balbuena, evidenciándose el desprecio por la vida humana demostrado por aquel (v. fs. 172).
Ponderó que, de conformidad con las pruebas discutidas en el debate, era incuestionable que el accionar del acusado fue doloso y dicho dolo fue directo de matar, queriendo el resultado típico de la muerte de Mario Enrique Riera, por lo cual consideró adecuada la significación jurídica atribuida (v. fs. cit.).
IV. Como lo adelantara, el recurso no prospera.
IV.1. La impugnación a la calificación otorgada al suceso que se le enrostra a Balbuena (v. punto I.2. del presente), no puede ser atendida.
En primer término, considero que, pese a la denuncia de errónea aplicación de ley sustantiva, la defensa trae argumentos que -en rigor- refieren al mérito asignado a los elementos de prueba y a la fijación de los hechos, ello a partir de considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), proponiendo una calificación alternativa, materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (doctr. art. 494, CPP).
A partir de la reseña efectuada, se puede advertir que la defensa insiste en su pretensión de mutar la calificación legal con sustento en una supuesta falta de acreditación de las ultrafinalidades exigidas por el art. 80 inc. 7 del Código Penal con argumentos desprovistos de relación con lo resuelto por el tribunal revisor, sin respaldo en una crítica idónea como para evidenciar que los hechos acreditados fueron justamente encuadrados en la normativa citada, y sin lograr demostrar la existencia de algún tipo de vicio en la decisión que pudiera descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido (art. 495, CPP).
Particularmente, con relación al art. 80 inc. 7 del Código Penal, cabe destacar que esta Corte ha dicho que para que resulte aplicable dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. doctr. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.), y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; P. 126.638, sent. de 25-X-2017; P. 122.106, sent. de 7-III-2018; P. 132.303, cit.; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; e.o.).
También cabe recordar, en lo que refiere a la actitud de resistencia asumida por la víctima, que esta Corte ha decidido reiteradamente que la posible coexistencia en el acusado del propósito de defenderse frente a la reacción de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé la norma citada (conf. doctr. causas P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 127.378, sent. de 28-III-2018; P. 122.858, sent. de 19-IX-2018; P. 129.796, sent. de 28-XI-2018; P. 129.566, sent. de 29-V-2019; P. 132.981, sent. de 14-X-2020; P. 133.519, sent. de 16-XII-2020; e.o.).
En mérito de lo expuesto, la parte no logra evidenciar que el razonamiento seguido por el Tribunal de Casación Penal al confirmar la condena de Luis Alberto Balbuena hubiese configurado una desacertada interpretación de los elementos de prueba al punto de arribar a conclusiones insostenibles o claramente contradictorias, a la luz de las circunstancias comprobadas de la causa (conf. causas P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 130.513, sent. de 11-IX-2020; entre tantas más).
Por lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de la defensa y mantener la significación jurídica del hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal conforme fuera establecida en las instancias previas, en tanto el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover eficazmente los argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
IV.2. Por último, en lo que hace a la queja reseñada en el apartado I.1. del presente, la perspectiva de tal reclamo -en cuanto señala la vulneración del principio de proporcionalidad por la aplicación de una pena de prisión perpetua que, a su criterio, acarrea el encierro de por vida y constituye una pena de eliminación social- es decisivamente novedosa, pues ha omitido llevar tal discusión -desde esa óptica- al conocimiento del tribunal encargado de la revisión (v. recurso de casación de fs. 71/93). Por consiguiente, ese agravio ahora deviene inaudible por extemporáneo (art. 451, CPP y su doctr.; conf. causas P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 96.980, sent. de 7-II-2007; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; P. 132.774, sent. de 14-X-2020; P. 133.301, sent. de 20-IV-2021; P. 131.436, sent. de 15-IX-2021; e.o.).
Así, al recurrir ante casación, el señor defensor oficial no efectuó cuestionamiento alguno vinculado con la determinación de la pena impuesta a su asistido. En efecto, habiendo sido aplicada la pena de prisión perpetua por el tribunal de grado, la defensa -como ya se adelantó- al momento de interponer el recurso de casación nada dijo acerca de la legalidad de las penas perpetuas, que ahora pretende traer -novedosamente- ante esta instancia extraordinaria. De tal modo, su reclamo deviene intempestivo (art. 494 y concs., CPP y su doctr.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2021 11:48:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2021 09:15:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2021 12:49:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:01:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:15:59 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/12/2021 09:43:49 hs. bajo el número RS-166-2021 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia