Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134630
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.630, "Altuve, Carlos Arturo - Fiscal ante el Tribunal de Casación - s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.656 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV seguida a D., M.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de febrero de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, que revocó la decisión del juez de Garantías del Joven, declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a M. D. en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual agravado con acceso carnal (v. fs. 301/310).
Contra ese pronunciamiento, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 338/348), que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 350/351 vta.).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. fs. 365/368), dictada la providencia de autos (v. fs. 370) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes se alzó el señor fiscal ante el tribunal intermedio denunciando arbitrariedad en la resolución dictada por fundamentación aparente. Entendió que, contrariamente a lo afirmado por el órgano casatorio, el representante del Ministerio Público Fiscal no había solicitado en el recurso de la especialidad la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.205 ( rectius : ley 27.206), como así tampoco había argumentado en esa oportunidad que el presente caso resultara equiparable al precedente "Funes" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 342 vta. y 343).
Señaló que aquello que solicitara el señor fiscal en su impugnación ante el tribunal revisor fue la revocación de la sentencia dictada por la Cámara departamental por considerar que las acciones penales emanadas de los delitos imputados en la presente no se hallaban prescriptas, en tanto "...el art. 72 del C.P. -en su redacción vigente al momento de los hechos- debe ser interpretado de forma armoniosa con las obligaciones internacionales emanadas de los tratados de derechos humanos que ya se encontraban vigentes, y de acuerdo al principio de razonabilidad que exige que para que la acción dependiente de instancia privada pueda ser instada, ello supone [...] capacidad en la persona de instar la acción, lo cual no se verifica en el caso porque la misma tenía entre 6 y 11 años" (fs. 343).
Insistió en que el acusador "...no solicitó la aplicación retroactiva de la ley 27.206" ni tampoco requirió la "imprescriptibilidad" del delito de abuso sexual, sino que pidió que se interpretara el Código Penal de manera compatible con las obligaciones internacionales y el principio de razonabilidad (v. fs. 343 y vta.).
En consecuencia, afirmó que el fallo del Tribunal de Casación Penal adolece de un vicio de incongruencia por no responder al planteo efectuado por la parte en razón de su falta de correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado, habiendo resuelto de modo citra petita y tornando anulable ese decisorio por arbitrario al haberse resuelto la impugnación planteada en base a fundamentos tan solo aparentes (v. fs. 343 vta.).
Puntualizó que, tal como se había puesto de resalto en el recurso de casación, "...las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarle el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, se hallan vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos que en autos se investigan, al momento de la denuncia efectuada por la víctima y se mantienen incólumes hasta la actualidad. Y tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CIDN y CADH) y supralegal (Convención de Belém do Pará)" (fs. cit.).
Adujo, en consecuencia, que una norma de inferior jerarquía como lo es en el caso el art. 62 del Código Penal, no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales a tenor de lo normado por el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (v. fs. cit. y 344).
Postuló que hacer prevalecer la prescripción de la acción penal conforme el citado art. 62 -como aconteció en el supuesto de autos- por sobre la obligación de investigar con la debida diligencia y, en su caso, poder sancionar a los responsables, implicaría vulnerar el principio de supremacía constitucional haciendo pasible al Estado argentino de responder internacionalmente por tales incumplimientos (v. fs. 344 y vta.).
Agregó que en los presentes actuados la investigación no se vio abandonada ni demorada por inactividad o desinterés estatal en la persecución del delito, pues el Estado tomó noticia de los hechos en el año 2016 y desde entonces se adoptaron diversas medidas investigativas tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales de averiguación de la verdad e identificación de los responsables de los ilícitos en análisis. También refirió que la "demora" de la víctima en realizar la denuncia no se debió a que hubiera dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (v. fs. 344 vta.).
Manifestó que si se mantiene la declaración de prescripción dictada se generaría una afectación constitucional al no reconocer a la víctima el acceso a la justicia (arts. 8 y 25, CADH; CSJN, causas "Otto Wald", "Santillán" y "Juri"), dado que aquella no tenía al alcance de manera visible y palpable el ejercicio de ese derecho (v. fs. 345 y vta.). A su vez, destacó que "...si no hay denuncia, no hay proceso, y si no hay proceso, la idea de plazo razonable se desdibuja, ya que no hay juicio y el plazo razonable debe tenerse en consideración para tramitar el juicio; no cuando éste no está iniciado por circunstancias tenidas en vista por el propio imputado: la extrema vulnerabilidad de la víctima" (fs. 345 vta.).
En sustento de su postura, citó el caso "A., J. s/ recurso de casación", sentencia de 22-III-2016, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, y el precedente "Ilarraz, Justo José s/ Promoción a la corrupción agravada - incid. de extinción por prescripción s/ recurso de casación", sentencia de 18-XI-2018, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (v. fs. 346/347).
En definitiva, concluyó que la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada, al confirmar la resolución que declaró extinguida la acción penal por prescripción en el caso, vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en base a fundamentos aparentes, por lo que solicitó se declare la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido, se deje sin efecto la declaración de prescripción y se ordene la prosecución de la investigación de los hechos denunciados que dieron lugar a la formación de la presente causa (v. fs. 347 y vta.).
II. El dictamen de la Procuración General propició hacer lugar al reclamo fiscal en todos sus términos (v. fs. 365/368).
III. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. El Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de Azul, mediante la resolución dictada el 3 de diciembre de 2018, desestimó -por prematuro- el planteo de prescripción de la acción penal realizado por el señor defensor oficial del joven M. D., con relación a los hechos cometidos entre los años 1999 y 2004, calificados en los términos del art. 119 del Código Penal, de los que resultara víctima L. P. B. (v. fs. 44/48 vta., pie de página).
III.2. A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través del pronunciamiento dictado el 2 de mayo de 2019, hizo lugar al recurso de la defensa, revocó la decisión anterior, declaró la prescripción de la acción penal en favor de M. D. y, consecuentemente, dictó su sobreseimiento en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual agravado con acceso carnal (v. fs. 217/237, pie de página).
III.3. Contra ello, el señor fiscal general departamental, doctor Marcelo A. Alberto Sobrino, impugnó el fallo del Tribunal de Alzada argumentando que se había aplicado e interpretado de manera errónea y arbitraria el principio de irretroactividad de la ley penal (art. 2, Cód. Penal) y el art. 18 de la Constitución nacional respecto de los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal con relación al art. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal, al declarar la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual agravado con acceso carnal, en contraposición con los principales Tratados y Convenciones de Derechos Humanos que el Estado argentino ratificó y por los cuales comprometió su voluntad de investigar y sancionar a los responsables (v. fs. 74/84, pie de página).
Expuso que, si bien los hechos acusados se ciñen entre los años 1999 y 2004, y por ende, desde esa última fecha al primer acto interruptivo de la acción penal (el llamado a declaración del art. 308, CPP, con fecha 14 de junio de 2018) ya habían transcurrido los doce años establecidos por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, consideró que los presuntos hechos de abuso sexual habían sido cometidos mientras la víctima de autos era menor de edad -la joven nació el 17 de agosto de 1993-, por lo que al momento de su ocurrencia (1999-2004) contaba con seis a once años de edad, alcanzando la mayoría recién con fecha 17 de agosto de 2011. A su juicio, esa doble condición de niña y mujer de la víctima, determinaba que las disposiciones legales aplicadas al caso debían ser interpretadas en consonancia con dos normas de derecho internacional vigentes al tiempo de comisión de los hechos: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -"Convención de Belém do Pará"- y la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 78 y vta.).
Precisó que, con la primera de las normas, el Estado argentino se comprometió a actuar con la debida diligencia y adoptar políticas orientadas a esos fines (prevenir, sancionar y erradicar), e incluir en su legislación interna la normativa y los procedimientos legales eficaces. Por su parte, apuntó que, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados integrantes se obligaron a adoptar "...todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo" (fs. 78 vta.).
También afirmó que las disposiciones legales aplicables al caso (arts. 62 inc. 2 y 72 inc. 1, Cód. Penal) debían ser interpretadas en armonía con la normativa internacional vigente al momento de los hechos, en salvaguarda a una efectiva protección del interés superior del niño y un acceso efectivo a la justicia para la mujer víctima (v. fs. 80 vta.).
Indicó que si se tiene en cuenta que el art. 72 inc. 1 del Código Penal establece que "Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 1. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91", solo se podría garantizar la protección del interés superior del niño y el acceso efectivo a la justicia por parte de la mujer, en la medida en que la presunta víctima cuente con la concreta posibilidad de ejercer la facultad otorgada por la ley para instar la acción penal; y agregó que "...la instancia de la acción penal, como acto jurídico válido, requiere de la víctima tenga capacidad para ejercerla", y que "Mientras ella es menor de edad, dada su incapacidad civil establecida por ley [...], se presume que no se halla en condiciones jurídicas de hacerlo", y ello se encuentra estrechamente vinculado con la posibilidad de "...acceso efectivo a la justicia" (fs. 81).
Explicó que resultaría absurdo que la ley concediera una facultad que el beneficiario no pudiera ejercer y, aunque la ley haga una delegación de la instancia de la acción al tutor, guardador, representante legal y Ministerio Público Fiscal, esa sustitución resultaría de carácter precario y provisoria por tratarse de una cuestión de índole personalísima; de tal modo, consideró que, aunque a la época de los hechos no estuviese previsto de un modo explícito en la ley, la interpretación armónica de la normativa relevante imponía sostener que la acción penal iniciada con la comisión de los delitos sexuales del art. 119 del Código Penal, se suspendiera hasta la adquisición de la mayoría de edad (v. fs. 81 vta.).
Refirió que declarar prescripta la acción computando el plazo desde que el hecho cesó de cometerse, sin tener en cuenta si en ese momento las víctimas estaban en condiciones jurídicas de poder hacerlo, impidió el acceso a la justicia para la promoción de la persecución penal contra el perpetrador de los abusos (v. fs. 82 vta.).
Por último, hizo alusión a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable -fundamento a través del cual la Cámara también había sustentado su fallo- y, en ese aspecto, señaló que el imputado no había presentado ninguna afectación a dicha prerrogativa, en tanto el proceso llevaba tres años de iniciado y el encartado no se encontraba detenido (v. fs. 83 vta.).
Por lo expuesto, solicitó se hiciera lugar al recurso y se dejara sin efecto la decisión del Tribunal de Alzada (v. fs. 83 vta.).
III.4. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, frente a los agravios llevados por el señor fiscal general departamental, consideró que la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul constituyó una "...derivación razonada del derecho vigente" (fs. 302 vta.).
Luego de hacer mención a los argumentos sobre los cuales el Tribunal de Alzada sustentó su pronunciamiento y recordar que los hechos investigados ocurrieron entre los años 1999 y 2004 (v. fs. 303 y vta.), indicó que la ley 26.705, que reformó el art. 63 del Código Penal, fue promulgada el 4 de octubre de 2011, mientras que la ley 27.206, que derogó la reforma anterior y, a su vez, modificó el art. 67 del citado Código, se promulgó el 9 de noviembre de 2015. Sentado ello, enfatizó que las normas que regulan la prescripción de la acción penal y también de la pena están alcanzadas por los preceptos del art. 2 del Código Penal, que define con certeza el alcance del principio de la ley penal más benigna y cuya redacción resulta semejante a la que establece la legislación internacional en los arts. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que transcribió- (v. fs. 304/305).
Adunó a ello que, en sintonía con los textos legales, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 305).
Pese a considerar que tales motivos eran suficientes para rechazar el planteo articulado, recordó que, si bien la parte denunciaba la violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, en ese instrumento no existe ninguna disposición referente a la prescripción ni al carácter imprescriptible de ciertos delitos; por lo que "...la inexistencia de una ley previa no puede ser suplida acudiendo a la interpretación que del art. 19 del mencionado instrumento del Niño se pretende..." (fs. 305 y vta.).
A partir de lo expuesto, el Tribunal intermedio consideró equivocado interpretar que la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 hubieran reglamentado lo dispuesto en el art. 19 de la citada Convención. Por un lado, por estimar carente de sentido que una ley reglamente algo que ya se encontraba expresamente previsto. Por el otro, porque con ello se encubría la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.206 en contra del principio de legalidad (v. fs. 305 vta.). Agregó -con apoyo en un precedente de la Cámara del Crimen de la ciudad de Buenos Aires- que en idéntico déficit se incurre cuando se pretende sustentar el pedido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En su apoyo, citó jurisprudencia (v. fs. 306/309).
Por todo lo expuesto, concluyó que la acción penal en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso agravado por acceso carnal se encontraba prima facie prescripta por haber transcurrido el plazo de doce años desde el año 2001, fecha en que se habría consumado el abuso sexual agravado por acceso carnal, y desde el 2004, año en el que habrían cesado de cometerse las conductas constitutivas del abuso sexual gravemente ultrajante, hasta el 27 de junio de 2018, oportunidad en la que se lo llamó al imputado a declarar (v. fs. 309 y vta.).
IV. No coincido con el dictamen de la Procuración General, pues -a mi juicio- el recurso interpuesto debe ser desestimado por insuficiente (conf. mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
V. La cuestión debatida se centra en establecer si, en el caso, resultan de aplicación las previsiones del art. 67 del Código Penal (texto anterior a la ley 27.206), que redundarían en beneficio del acusado, tal y como en definitiva lo decidió el Tribunal de Casación; o, por el contrario, si deben prevalecer -de acuerdo a lo peticionado por el recurrente- los derechos de las víctimas plasmados en Convenciones internacionales que el impugnante mencionó en su presentación recursiva, por entender que, al momento de la reforma de las leyes 26.705 (B.O. de 5-X-2011) y 27.206 (B.O. de 10-XI-2015), los principios jurídicos que las motivaron ya se encontraban vigentes a la época de los referidos ilícitos.
Es menester destacar que, mediante la reforma introducida en el año 2015 por ley 27.206, que -en lo pertinente- derogó los párrafos segundo y tercero del art. 63 y modificó el art. 67 -ambos del Código Penal-, se estableció un nuevo régimen de suspensión de la prescripción para determinados ilícitos.
Así, la norma mencionada en último término precisó que "En los delitos previstos en los arts. 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine- y 130 -párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima fuere menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad" (conf. art. 67, párrafos cuarto y quinto, Cód. Penal -texto según ley 27.206-).
En el caso que llega a estudio, el señor fiscal pretendió confrontar la dec
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