Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134715
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.715, "Rojas, Javier Oscar o Silvera, Federico Adrián o Silvero, Federico Adrián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.413 del Tribunal Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de mayo de 2019, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había condenado a Javier Oscar Rojas o Federico Adrián Silvera o Federico Adrián Silvero a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por haberse cometido con violencia contra las personas ejercida mediante el empleo de armas de fuego -hecho 1- y tentativa de robo simple -hecho 2-, ambos en concurso real (v. fs. 87/97 y 18/37 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial de casación -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 105/108 vta.), que fue declarado admisible (v. fs. 109/110).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 120/122 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 131) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la defensa oficial denunció la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado por apartamiento de las constancias de la causa en la desconsideración de la adicción del imputado Rojas como pauta atenuante de la pena, en infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal; 18 y 33 de la Constitución nacional (v. fs. 106 vta.).
Adujo que, si bien el órgano casatorio admitió que diversos testigos acreditaron las adicciones de su asistido, concluyó que el reclamo era insuficiente por no haberse demostrado de qué manera esa circunstancia influía en el hecho investigado (v. fs. cit.).
La impugnante consideró que tal afirmación carecía de razonabilidad, ya que la prueba testimonial rendida en el debate daba cuenta no solo de la situación de adicción y dependencia a las drogas que padecía Rojas, sino también de las conductas que habitualmente manifestaba cuando se encontraba bajo sus efectos. En ese orden, destacó que los testigos señalaron que "...andaba drogado y armado, que se peleaba con la gente en el barrio, que increpaba vecinos, entre otros episodios antisociales", agregando que ello además estaba corroborado por el informe producido en autos (v. fs. cit.).
De tal modo, razonó que, teniendo en cuenta que uno de los hechos atribuidos a Rojas presentó características similares a las descriptas por los testigos -ocurrió en las inmediaciones de su domicilio, medió una discusión previa y concluyó con la agresión armada con letal resultado-, no era razonable desvincularlo de las influencias que la drogadependencia habría ocasionado en sus capacidades, puntualmente en la reducción del espacio de autodeterminación y la capacidad de comprensión de desvalor del acto (v. fs. 108).
En consecuencia, solicitó que se declare erróneamente aplicada la ley denunciada, se anule el fallo recurrido y se reenvíen los autos a la instancia anterior a fin de que se dicte uno nuevo ajustado a derecho con la consecuente disminución de la pena (art. 496, CPP).
II. En su dictamen, el señor Procurador General propició la desestimación del recurso (v. fs. 120/122 vta.).
III. Coincido con esa opinión.
Ante similar planteo llevado por la defensora a conocimiento y decisión del Tribunal de Casación en el memorial obrante a fs. 82/84 vta., el órgano intermedio lo desestimó argumentando que "...Sin perjuicio de que varios testigos señalaron en el debate las adicciones de Rojas [...] lo cierto es que el Tribunal acertadamente explicó que no se acreditó cómo y por qué esa circunstancia debía computarse como atenuante, criterio que comparto" (fs. 94 y vta.).
De seguido, añadió que "...la adicción de Rojas por sí sola, sin mayores comprobaciones y consideraciones que lo vinculen al hecho investigado no implica necesariamente una disminución de su culpabilidad por dicho acto" (fs. 94 vta.).
Por lo tanto, concluyó en la insuficiencia del planteo porque, en lo fundamental, esa parte no se encargó de evidenciar cómo esas circunstancias habrían influido en el hecho concreto y tampoco de rebatir acabadamente los fundamentos dados por los jueces de origen (v. fs. cit.).
IV. La impugnante se ocupa de argumentar en el planteo ahora en examen que no se trata de reclamar que se valore la adicción como circunstancia atenuante en forma automática, sino que, demostrada su vinculación con el hecho concreto en juzgamiento, tal condición personal del imputado opere, por su incidencia en su grado de libertad y discernimiento, como atemperante de la sanción que le corresponda (v. fs. 108).
Sin embargo, las críticas de la defensa a lo decidido por el órgano intermedio se limitan a expresar su oposición a lo resuelto en sentido diverso a sus pretensiones. Tal como señala el señor Procurador General, esa parte no logra rebatir que en autos no se acreditó que, el día y hora en que se cometió el delito, Rojas hubiera estado bajo los efectos de estupefacientes -en este punto, lo declarado por los testigos carece de relación con el caso-; ni en qué medida ese consumo -si es que hubiera existido en el momento del evento- podría haber impactado en la decisión de llevar a cabo el delito.
En rigor, el planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Por otra parte, es menester recordar que, para atender el reclamo de la defensa, debería esta Corte introducirse en el análisis de cuestiones fácticas y su prueba y ello escapa a la competencia de esta instancia extraordinaria, pues la decisión sobre tales tópicos está reservada a los jueces de mérito, salvo que se indique y la sentencia evidencie la existencia de arbitrariedad o absurdo valorativo, nada de lo cual ha ocurrido en autos (conf. P. 68.910, sent. de 4-VI-2003; P. 65.451, sent. de 17-XII-2003; entre muchas otras).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2021 11:48:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2021 09:15:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2021 12:49:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:01:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:16:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/12/2021 09:44:01 hs. bajo el número RS-165-2021 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia