Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134725
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP)
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 134.725, "Marino, Javier Clemente y Marino, Carlos Humberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.574 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de agosto de 2019, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón que había condenado a Carlos Humberto Marino y a Javier Clemente Marino a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y la mitad de las costas, por ser coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causae agravado por haber sido cometido con la intervención de un menor de dieciocho años de edad; y, solo respecto del primero de los nombrados, también por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real con los demás delitos (v. fs. 1.170/1.186).
La señora defensora oficial adjunta ante esa instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.194/1.198), que fue concedido a fs. 1.215/1.216 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.224/1.227), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.233) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal, por considerar que la materialidad de los hechos solo permitía inferir la existencia de un plan entre los partícipes limitado a concretar un robo (v. fs. 1.195/1.196).
Bajo ese entendimiento, cuestionó las consideraciones del sentenciante que relacionaron la conducta desplegada por los imputados con la especial finalidad subjetiva exigida por el tipo agravado de homicidio, ya que -a su entender- la decisión de matar a la víctima del robo solo podía ponerse en cabeza del autor de los disparos, en este caso el joven M., quien portaba el revólver calibre 22 con el que se efectuaron los disparos que produjeron la muerte de la víctima Pannunzio. Insistió en que los restantes intervinientes en el hecho solo tuvieron la finalidad de apoderarse ilegítimamente de la moto que manejaba el policía (v. fs. 1.196 vta.).
Agregó que los disparos efectuados por el joven fueron producto de su propia y singular decisión, y no de un designio común en el que hubieran tomado parte Carlos y Javier Marino; por lo que la decisión de atribuir también a ellos la ultrafinalidad propia del delito de homicidio criminis causae importó una flagrante violación a los arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal, así como también al principio de culpabilidad por el hecho (art. 18, Const. nac.; v. fs. 1.197).
Adujo que, aun de considerarse que Carlos Marino hubiera efectuado disparos, no se evidenció que hubieran sido realizados para asegurar la impunidad del robo, sino que fue movilizado por un natural instinto de supervivencia al sentir su vida en riesgo ante la resistencia de la víctima al disparar su arma reglamentaria (v. fs. 1.197 vta.).
Por último, solicitó la aplicación al caso del art. 165 del Código Penal debido a que la muerte violenta se produjo en el marco de la perpetración de un robo, "con motivo o en ocasión" de aquel (v. fs. 1.197 vta. y 1.198).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 1.224/1.227), el recurso no prospera.
III. La Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...el 30 de diciembre de 2015, siendo alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Baigorria de la localidad y partido de Merlo, una banda integrada, al menos por Carlos Humberto Marino y Javier Clemente Marino, un varón aun no identificado, y un menor de dieciocho años de edad [...], a bordo de dos motocicletas [...] en cumplimiento de un acuerdo previo de voluntades y dividiendo roles, con el fin de apoderarse ilegítimamente del rodado interceptaron la marcha de la moto marca Yamaha [...], a bordo de la cual se desplazaba el Oficial de la Policía de esta Provincia Osvaldo Roberto [Pannunzio], efectuando varios disparos con las armas de fuego que, cuando menos, portaban en forma ilegítima el nombrado Carlos Humberto Marino y el varón menor de edad [...] impactando sobre la humanidad de la víctima, quien cayó del vehículo y no obstante ello resistió la injusta embestida identificándose como policía y efectuando varios disparos contra los asaltantes con la pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre 9 mm, serie nro. [...] provista por el Estado, quienes a su vez con el propósito de provocar su muerte y la impunidad del ilícito que por razones ajenas a su voluntad no habían podido consumar, dispararon nuevamente contra el nombrado Pannunzio, y se dieron a la fuga, causándole en definitiva heridas [...] que provocaron su deceso al 15 de enero de 2016..." (fs. 1.175 vta. y 1.176).
Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, el órgano revisor expresó que la queja vinculada a la falta de acreditación de la conexión subjetiva exigida entre la tentativa de robo y el homicidio, no lograba evidenciar el vicio de arbitrariedad ni el quiebre lógico que la defensa le atribuía (v. fs. 1.179 vta.).
Luego, compartió los fundamentos que sustentaron el fallo de la instancia de origen, esto es, que el homicidio se cometió con el fin de lograr la impunidad con relación al delito contra la propiedad que estaba en curso de ejecución y que no se consumó por razones ajenas a la voluntad de los intervinientes. También coincidió en que hubo un acuerdo previo y plan común llevado adelante por los imputados junto al menor y un cuarto sujeto, quienes se dividieron las tareas y ejecutaron roles diversos para concretar el plan común que perseguía la banda. Así, afirmó que el joven M. armado, junto a otro sujeto en una moto, tripulada por este último, y Carlos Marino armado, junto a Javier Marino que manejaba otra moto, participando todos ellos de un designio común, abordaron a Pannunzio para apoderarse ilegítimamente de su motocicleta y, ante su resistencia, tras ver frustrado su objetivo primario, para procurar su impunidad dispararon a la víctima y ocasionaron su muerte (v. fs. 1.180 y vta.).
De seguido, el tribunal intermedio sostuvo que existió "...un grupo que, previo acuerdo, actuando en común, con reparto de funciones, ejecut[ó] los delitos objeto del proceso, en supuesto que lleva a la ampliación del concepto de autor que significa la coautoría prevista en el artículo 45 del Código Penal" y, con cita de jurisprudencia, remarcó que "tan autor es el que infiere la lesión como el que lo ayuda con su acción, dándole oportunidad para que ella produzca su efecto, imponiendo a la víctima mayor terror, mayor peligro ante un doble ataque y debilitada su resistencia defensiva" (fs. 1.180 vta. y 1.181).
En conclusión, afirmó que en el caso se configuró una coautoría funcional ya que todos los intervinientes tomaron parte en el ilícito, con una incuestionable desmembración de roles; y mantuvo la calificación legal impuesta, en tanto el acuerdo previo y la ejecución de las acciones surgía sin hesitación de las pruebas ponderadas por el tribunal de origen (v. fs. 1.181).
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; e.o.).
La defensa no ha rebatido las concretas respuestas brindadas por la Casación en cuanto a que el homicidio se cometió con la finalidad de lograr la impunidad con relación al delito contra la propiedad que se hallaba en curso de ejecución y que no pudo consumarse por razones ajenas a la voluntad de los intervinientes, debido a la tenaz resistencia de la víctima. Tampoco ha refutado los argumentos vinculados a la división de tareas y ejecución de roles diversos por parte de los autores para concretar el plan común perseguido por la banda, ni mucho menos que la conjunción de tales aportes permita que se pueda atribuir a un sujeto las contribuciones de los demás intervinientes como si fueran propias (art. 495, CPP).
Así pues, resulta irrelevante precisar quiénes fueron los que efectivamente portaron las armas o quién fue el autor de los disparos, ya que existió una resolución común a realizar el delito, la cual se presentó como componente subjetivo de la coautoría y justificó la recíproca imputación de cualquier contribución causal a la ejecución del hecho efectuado en el marco del acuerdo.
En sintonía con ello, esta Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (conf. causas P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 133.465, sent. de 14-VII-2021; e.o.).
En síntesis, el planteo de la defensa se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP)
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/11/2021 15:19:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 17:11:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/11/2021 08:05:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2021 09:21:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2021 09:54:24 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/12/2021 13:51:38 hs. bajo el número RS-164-2021 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia