Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135119
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.119, "Burgos Duarte, Ricardo Ramón s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 101.198 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de octubre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que condenó a Ricardo Ramón Burgos Duarte a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa y homicidio agravado por la relación de pareja, en concurso real entre sí (arts. 42, 45, 55, 79 y 80 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 72/77).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 79/89), que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 95/96 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 109/113 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 115) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, así como la infracción al principio constitucional de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal, respecto del hecho del que resultó víctima Gabriela Carolina Barrios (v. fs. 81/88 vta.).
Sostuvo que según los sucesos que se tuvieron por acreditados no se configuró entre el imputado y la víctima una "relación de pareja" de acuerdo al sentido que, en su opinión, corresponde atribuirle al término a los fines de la figura agravada del homicidio introducida en el referido inc. 1 del art. 80 por la ley 26.791 (v. fs. 81 vta.).
Señaló que esa parte había planteado ante la instancia revisora la necesidad de delimitar el alcance "...por demás amplio e indeterminado" de aquella expresión en función de las prescripciones del Código Civil y Comercial atinentes a las relaciones de familia, e hizo especial mención a la inexistencia de convivencia en el caso, así como de un proyecto de vida en común entre agresor y víctima. Sin embargo -dijo- el tribunal de casación desatendió el reclamo sin brindar una adecuada respuesta, realizando una interpretación arbitraria, fundada en su propia voluntad y no en el derecho vigente, que no logró delimitar de modo certero el punto cuestionado, circunstancia que atenta contra la seguridad jurídica y el principio nullum crimen sine lege certa (v. fs. 82).
Consideró esclarecedor lo sostenido por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en causa CCC 38.194/2103/TO1/CNC1 "E., D. s/ Recurso de casación", en cuanto a que debe alcanzarse una definición de relación de pareja que supere la multiplicidad de vínculos a los que se podría estar haciendo referencia y que "Hablar de pareja, de manera global e indeterminada, afecta el principio de máxima taxatividad legal, y puede permitir ampliar o reducir la gama de situaciones incluidas en la agravante, de acuerdo a la interpretación que los juzgadores efectúen a partir de su propia valoración cultural" (fs. cit. y vta.).
Alegó que hay que intentar desentrañar el espíritu de la ley apoyándose en otras normas del derecho positivo que permitan otorgar a esa interpretación un carácter armónico con el resto del ordenamiento jurídico, y no como lo hizo el tribunal revisor, sin un claro sustento en normas de la legislación nacional y de forma reñida con los principios que rigen la materia conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta" (v. fs. 82 vta.).
Expresó que la razón de ser de la agravante son las relaciones vinculares existentes entre víctima y victimario, sin determinar diferencias de sexo, y que con ello la ley procuró "... equiparar a los supuestos de agravación del inciso 1º del art. 80, CP, los casos de los concubinos o uniones del mismo sexo que por una cuestión normativa no estaban alcanzados por la agravante de 'cónyuge' aunque, de hecho, social y culturalmente tuvieran el mismo reconocimiento que los esposos, del mismo modo en que se produjo en el ámbito de la legislación civil " (fs. 83 vta.; cursiva en el original).
Tras efectuar una reseña de lo decidido por el tribunal intermedio, concluyó que la interpretación allí propuesta no permite delimitar con claridad las relaciones vinculares que se encontrarían abarcadas por la figura agravada del homicidio, convirtiendo a la norma prácticamente en un tipo penal abierto (v. fs. 85).
Con apoyo en el precedente de la cámara nacional de casación citado, refirió que solo podremos hablar de relación de pareja "...actual o pasada, a los fines previstos por el inc. 1ro. del art. 80, CP, cuando entre víctima y victimario exista o haya existido un vínculo afectivo de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, en el que mediare o hubiese mediado convivencia. Y además, de acuerdo a lo previsto por el art. 510 del CCyC, esa convivencia tiene que mantenerse por un período no inferior a dos años, siendo también exigible que los integrantes de la pareja sean mayores de edad" (fs. 87 vta. y 88).
En el caso, concluyó, la relación vincular que mantuvieron Barrios y Burgos no llegó a constituir una unión convivencial en el sentido antes indicado, dado que no reunió las características objetivas que exige el instituto referidas a la convivencia sostenida por el plazo de dos años. De hecho, ni siquiera existió convivencia, como el propio fallo reconoció (v. fs. 88 y vta.).
Por todo lo dicho, solicitó que se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 1 del Código Penal, y se encuadre la conducta del acusado en las previsiones del art. 79 del texto citado (v. fs. 89).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 109/113 vta.).
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...cerca de las 22:00 hs. del día 23 de diciembre de 2017, en el domicilio sito en la calle [...], un sujeto de sexo masculino -que previamente había mantenido una disputa con su padrastro y vecinos del lugar-, munido de un arma blanca tipo cuchilla le asestó sendas puñaladas en la cara y el pecho a M. G. F. con la inequívoca intención de causarle la muerte e inmediatamente después con la misma apuñaló a Gabriela Carolina Barrios, con quien mantuvo previamente una relación de pareja, provocándole la muerte como consecuencia de las heridas punzocortantes inferidas en la región supraclavicular derecha y en zona de los arcos costales del lado derecho" (fs. 28).
En lo que respecta a la calificación legal, se subsumió el hecho que damnificó a Barrios como homicidio agravado por la relación de pareja (art. 80 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 32/34).
Precisaron los magistrados de la instancia que en el caso "...tanto M. G. F. como Florencia Nerea González fueron contestes en manifestar que el imputado era la pareja de Gabriela Carolina Barrios, que se habían conocido alrededor de seis o siete meses antes del hecho y que en los primeros meses Barrios se había sentido apoyada por él, pero posteriormente la relación se volvió conflictiva porque Burgos la celaba. Era su novio dijo González. F. fue más específica, dijo que salían a comer, que iban al bingo, que él iba a la casa de ella y ella a la de él, aunque no convivían. Incluso el propio causante lo mencionó espontáneamente al momento de practicarse la pericia psicológica..." (fs. 32).
III.2. El órgano revisor desestimó la crítica esgrimida por la defensa sobre la aplicación de la agravante del art. 80 inc. 1, al considerar que, contrariamente a lo sostenido por la parte, sí se pudo acreditar la "relación de pareja" entre la víctima y el imputado (v. fs. 73 vta./76).
Luego de referirse a las dificultades que genera el concepto de "pareja" por ser excesivamente amplio e indeterminado, en un intento por precisar sus alcances señaló que "...las relaciones humanas signadas por el afecto y el amor se estructuran en un sistema escalonado de categorías o fases por las que transitan dos seres humanos que se encuentran en esa situación, donde van aumentando las perspectivas de vida en común. Cuando dos personas se conocen y nace entre ellos el afecto de neto corte amoroso, comienza un primer estadio como lo es la 'pareja' o 'noviazgo', que luego puede avanzar a una 'unión convivencial' o bien traslucirse en un 'matrimonio'. Ahora bien, los dos últimos tienen reconocimiento en la ley (art. 509 [...] y en el Libro Segundo, Título I [del Código Civil y Comercial] respectivamente) mientras que el restante concepto debemos labrarlo, por lo menos, en lo que en materia penal compete" (fs. 74).
En ese sentido, y después de resaltar que en el caso no se estaba frente a un matrimonio ni a una unión convivencial, el tribunal sostuvo que la relación de pareja debía entenderse como "...una relación signada por el afecto entre dos personas, que puede o no presuponer convivencia o vida en común. Pero esa vinculación debe considerarse conteniendo las notas que distinguen a una pareja como lo es el vínculo sentimental que es común a sus integrantes y que apunta a un proyecto común. Esto no quiere decir que esa proyección implique algún tipo de construcción de una familia o un hogar, mas sí el sostenimiento de la relación amorosa compartiendo momentos y circunstancias de la vida misma como integrantes de ese conjunto de personas. El término 'pareja' empleado sirve para distinguirlo de otras relaciones construidas desde el afecto (como pueden ser la amistad)" (fs. cit. y vta.). Sumó a lo anterior "notoriedad, cierta estabilidad y permanencia", aspectos extraídos del art. 509 del Código Civil y Comercial, y consideró a la "pareja" como un "estadio previo" a las uniones convivenciales; de allí -explicó- que se relativice la exigencia de estabilidad y permanencia (v. fs. 74 vta.).
Afirmó que la relación de pareja "...debe ser susceptible de ser conocida en general y tener trato propio de una verdadera relación basada en el amor entre dos personas que se comportan como parejas, presentándose así en público", y que no debe tratarse de una "...unión casual resultando que debe sostenerse en el tiempo, mas la intensidad del vínculo puede demostrar el ' affectio ' que resulte comprendido dentro de una 'pareja' alcanzada por el tipo penal en trato". Finalmente, dijo: "...la estabilidad relativa nos habla de cierta continuidad en el sostenimiento del vínculo, más allá de los alejamientos temporales por divergencias en la pareja" (fs. cit.).
Por otro lado, descartó la exigencia de dos años de convivencia para tener por configurada la "pareja", en tanto ello solamente es requerido para la "unión convivencial", que -según indicó- no es asimilable al concepto preceptuado en el inc. 1 del art. 80 del Código Penal. Añadió que la exigencia de dos años "...lo es solo a los efectos civiles y patrimoniales que pudieran derivar" de las uniones convivenciales, "...aspectos que no gravitan en lo absoluto en el ámbito penal, al menos para la configuración de la agravante en trato" (fs. 75).
Sentado lo anterior, notó que en el caso existían datos objetivos que daban cuenta del tipo de relación que mantuvieron víctima y victimario. Así, se refirió a los testimonios valorados en la instancia y consideró que ellos evidenciaban la existencia de una "relación de pareja", pública y notoria, con un cierto grado de permanencia en el tiempo, ligado a compartir una historia sentimental de vida, en el vínculo que mantenían los nombrados (v. fs. 75 y vta.).
IV.1. Ante la respuesta dada por el tribunal de casación al planteo llevado a su consideración sobre la aplicación de la ley sustantiva, y puntualmente en lo concerniente a la "relación de pareja" entre Gabriela Barrios y Ricardo Burgos, la defensa no controvierte adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, e insiste con una postura opuesta y discrepante a fin de justificar una errada aplicación de la ley penal y la vulneración de los principios que cita. Media, pues, insuficiencia (arg. art. 495, CPP).
Recordemos que el tribunal intermedio confirmó la decisión del de juicio al considerar que se tuvo por acreditada la relación de pareja; a su vez, precisó de un modo extenso el alcance del precepto legal de "pareja" puesto en discusión y lo diferenció de las "uniones convivenciales" que establece el art. 509 del Código Civil y Comercial.
La hipótesis del recurrente estuvo centrada en demostrar que entre su asistido y la víctima no existió una "relación de pareja" acorde al sentido de la figura agravada, a la par que achacó al órgano revisor la falta de delimitación en su alcance, cuando en realidad dicha cuestión fue zanjada por la casación al destacar las diferencias que existían entre uno y otro concepto -relación de pareja y unión convivencial-, acotando de tal manera la alegada "amplitud e indeterminación" de la norma.
La parte no intenta rebatir esos argumentos y limita su presentación a exponer una posición personal y discrepante con lo resuelto, sin lograr demostrar que la decisión del tribunal de casación, con sustento en las concretas circunstancias del caso, sea arbitraria o haya vulnerado alguno de los principios que estimó conculcados (arg. art. 495, CPP).
IV.2. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte en casos anteriores (causas P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018; P. 131.282, sent. de 24-IV-2019 y P. 133.662, sent. de 24-IX-2021) la delimitación que pretende la defensa del alcance del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no parece una hermenéutica sostenible, porque se desentiende de que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de sus requisitos la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "...unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80 inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que entre ellos "medie o haya mediado convivencia". Quien aquí recurre no aporta ninguna explicación que permita superar ese matiz diferencial a efectos de limitar el alcance del texto penal al del régimen civil, en virtud de las diferentes situaciones que se pretenden legislar y proteger.
IV.3. Cabe agregar acaso a mayor abundamiento, que al votar en la causa P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020), en la que la Suprema Corte se explayó con mayor amplitud sobre la interpretación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, además de compartir el minucioso análisis realizado por el doctor Soria, efectué algunos agregados que creo apropiado reproducir aquí.
En primer lugar, destaqué que la propia dinámica de sanción de la ley 26.791 -el cambio de redacción del texto que ocurrió en el Senado y la insistencia de la Cámara de Diputados con la redacción original, que fue la que finalmente se aprobó- constituye una prueba más de la verdadera voluntad de quienes legislan.
En segundo lugar, señalé que la protección del vínculo afectivo-sentimental, aun en configuraciones menos formales que el matrimonio y las uniones convivenciales, no responde solo a los deberes de respeto recíproco y no agresión que pueden emerger de estas relaciones sino también a que el delito se produce a partir de un abuso de confianza. Confianza que no está basada en cualquier tipo de vínculo sino, justamente, en el derivado de la relación de pareja.
De tal conclusión derivé que no cualquier relación quedará abarcada por la figura agravada: en atención a los parámetros delineados, corresponderá indagar sobre la existencia de un vínculo afectivo o sentimental, con cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo -no casual ni ocasional-, aunque no fuere continuo, en el que sus integrantes compartan o hayan compartido cierto ámbito de intimidad y confianza que, precisamente, haya dejado a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad.
Porque este tipo de relaciones, si bien no instauran obligaciones legales entre sus integrantes, sí funcionan como fuente de expectativas recíprocas y de confianza. Las personas que mantienen o han mantenido una relación de estas características se sienten racionalmente habilitadas a esperar ciertas conductas de su pareja -o expareja- que no esperarían de otros. Y tales expectativas y confianza, a su vez, causan que las prevenciones que se tomarían con una persona desconocida desaparezcan. Ante la pareja se "baja la guardia" (TSJ Córdoba causa "S., M. A.", sent. de 10-IX-2019, voto de la doctora Tarditti).
En tercer lugar, dije que aunque la redacción del art. 80 inc. 1 es neutral en términos de género, la incorporación de las relaciones de pareja vigentes o finalizadas se dio en el marco de una ley que buscó abarcar diversos contextos en que se producen femicidios y que quienes integran la legislatura tuvieron especialmente en cuenta que las mujeres son las principales víctimas de los homicidios consumados en el seno de las parejas o exparejas (Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios agravados , Hammurabi, Buenos Aires, 2017, págs. 67 y 74; v. también Pzellinsky, Romina y Piqué, María Luisa; "La incidencia de las recientes reformas del derecho civil en la interpretación del artículo 80 del Código Penal" en Zaffaroni, Eugenio Raúl y Herrera, Marisa [dir.]; El Código Civil y Comercial y su incidencia en el Derecho penal , Hammurabi, Buenos Aires, 2016, págs. 361, 362 y 366).
El alcance de estos vínculos ha de leerse atendiendo a tales circunstancias (conf. mi voto, causa P. 132.429, sent. de 12-XI-2020).
Evidentemente, el concepto "relación de pareja" tiene, a primera vista, cierta amplitud. Ello exige extremar los esfuerzos interpretativos, pero no autoriza a forzar, por vía de interpretación, una categoría diferente. Y debe partirse de -y nunca perder de vista- la significación convencional de las palabras, en su uso corriente, en la vida diaria, porque la ley penal busca inducir -o desincentivar- ciertos comportamientos y, a tal fin, emplea un lenguaje compartido con su destinataria, la ciudadanía.
En definitiva, el recurrente propone una interpretación distinta de la figura en cuestión, pero no demuestra su alegada errónea aplicación ni el quebranto de los principios de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal invocados (art. 495, CPP).
Por lo expuesto, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Concuerdo con la solución propiciada por el ponente, y me remito a las consideraciones oportunamente expuestas en el precedente P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020, voto del doctor Soria a quien adherí) cuyos fundamentos, para ser breve, doy aquí por reproducidos.
En consecuencia, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con la solución propiciada por el ponente, a tenor de las consideraciones que oportunamente expusiera al
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