Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de la particular damnificada, se casa el pronunciamiento recurrido y se devuelven las actuaciones a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
En virtud de la inobservancia por parte del tribunal de primera instancia de lo dispuesto en el art. 398, último párrafo, del Código Procesal Penal, como así también del incumplimiento de la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (conf. art. 7, resol. 216/09 SCBA), corresponde que se ponga en conocimiento de tal circunstancia a la Subsecretaría de Control Disciplinario a sus efectos.
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Gabriel Pablo Caldentey y Laura Andrea Abal de Caldentey por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.089, "Olivera, Beatriz -Particular Damnificado- s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.800 del Tribunal de Casación Penal, Sala III seguida a Gorvalán, Hugo Alfredo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de diciembre de 2019, desestimó por inadmisible el recurso homónimo interpuesto por la particular damnificada contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino -emitida en un juicio abreviado-, que condenó a Hugo Alfredo Gorvalán a la pena de cinco años de prisión, con accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso de legítima defensa (arts. 34 inc. 7, 35, 79 y 41 bis, Cód. Penal; v. fs. 152/156 y 112/118 vta.).
Ante lo así resuelto, la particular damnificada Beatriz Olivera, por su propio derecho, con el patrocinio letrado de los doctores Gabriel Pablo Caldentey y Laura Andrea Abal de Caldentey interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad a fs. 160/165 vta., de los cuales el tribunal intermedio concedió únicamente el primero de los referidos, mediante resolución de 16-III-2021 (v. fs. 168/171 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 187/189 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 191), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso concedido ante esta instancia la particular damnificada impugna la declaración de inadmisibilidad del de casación que dedujo ante el órgano intermedio. El agravio tiene los siguientes antecedentes.
II. El Tribunal en lo Criminal que intervino -integrado por sus tres miembros- consideró formalmente admisible el trámite de juicio abreviado en el cual se convino la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso de legítima defensa y la pena de cinco años de prisión (arts. 34 inc. 7, 35, 79 y 41 bis, todos del Código Penal; v. fs. 112 y vta.).
Indicó que de esa forma el Ministerio Público Fiscal mutó la calificación legal que había sostenido en la requisitoria de elevación a juicio, que fue la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma en concurso ideal y amenazas agravadas en concurso real (arts. 79, 41 bis, 104, 149 bis primer párrafo -segunda parte-, 54 y 55, Cód. Penal), "...tras una reevaluación de las constancias de la causa plasmadas en el acuerdo de juicio abreviado" (fs. 112 vta.).
El tribunal señaló que la pena pactada "...se condice con la escala punitiva prevista en la calificación legal elegida, la que por su parte se aprecia acorde con el factum que conforma el objeto procesal..." ( ibidem ).
Seguidamente, dio por probado el hecho según la versión sostenida por el acusado y los testigos que lo apoyaron y lo condenó en los términos del acuerdo al que arribaron las partes.
Durante la investigación penal preparatoria, en ocasión de dictar la prisión preventiva, el juez de garantías advirtió que "...la materialidad ilícita ha quedado planteada por el Sr. Agente fiscal y el defensor particular, de dos formas totalmente distintas, discrepancias que no se centran únicamente en si el imputado Hugo Gorvalán actuó amparado en una causa de justificación -legítima defensa- o no; sino que hacen a la forma en que ocurriera el hecho materia de investigación" (fs. 45 vta.). Pues, de acuerdo a lo sostenido por la defensa -y a contrario de lo postulado por la fiscalía y la particular damnificada-, el acusado había sido agredido mientras se hallaba en el patio de la casa de su exmujer.
III. En el recurso de casación la particular damnificada se ocupó, en primer lugar, de alegar sobre la concurrencia de algunos de los recaudos de admisibilidad de dicha vía (v. fs. 124 vta. y 125), para luego explayarse acerca de los motivos de su impugnación.
Argumentó que en el acuerdo de juicio abreviado se modificó no solo la calificación que la fiscalía (y el juez de garantías al dictar la prisión preventiva y la elevación a juicio) había sostenido durante todo el proceso, sino también el hecho mismo, sin fundamentación (v. fs. 125/128).
También formuló otros agravios: que el tribunal que dictó la condena se integró con sus tres jueces a pesar de que correspondía que fallara de modo unipersonal (generando dificultades para la eventual celebración de un juicio oral en una jurisdicción en la cual no hay otro órgano de ese tipo); y que se le desestimaron escritos por falta de firma de la patrocinada por lo cual se desecharon "...sin tratar las advertencias sobre el acuerdo sometido a juicio abreviado", porque si bien el art. 402 del Código Procesal Penal establece que no puede oponerse a la elección del procedimiento abreviado, no le impide opinar y exponer sus discrepancias con los términos del convenio, aunque no resulten vinculantes (v. fs. 128/129).
Aseguró que el acuerdo carece de fundamentación y que el tribunal cubrió tales falencias afirmando que tenía sustento en testimonios que, en rigor, no habían sido ofrecidos por la fiscalía en su propuesta de prueba para el debate, sino que correspondían a la defensa y que el propio acusador no los había considerado creíbles con anterioridad pues habrían sido desvirtuados, entre otros elementos, por el lugar de hallazgo de las vainas secuestradas (v. fs. 129/131 vta.).
Explicó que, advertidas desde la etapa de investigación las discrepancias acerca de cómo había ocurrido el hecho, es el debate el que hace posible echar luz sobre lo ocurrido, lo cual fue obturado por el cambio brusco de postura del representante del Ministerio Público Fiscal (v. fs. 132).
No obstante reconocer su imposibilidad de oponerse al trámite del juicio abreviado, abogó por un trato serio de la causa. En esa línea, añadió que el fiscal no tiene poder discrecional para modificar su acusación sin fundamento que explique ese cambio de postura y que el órgano que resuelve sobre tal trámite debe desestimarlo cuando hay discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada en el acuerdo, respetando el principio de congruencia (según el art. 398 inc. 1, CPP), lo cual -afirmó- no ocurrió en este caso ni tampoco se valoró debidamente la prueba, sobre la cual entró en detalles (v. fs. 132/134).
Volviendo sobre la prueba aseveró que es imposible que dada la gravedad de las heridas de la víctima (recibió ciento treinta y siete perdigones, según fs. 133 vta.), que entre otras perforaron su abdomen, no hubieran quedado rastros de sangre en la casa, ni en la vereda ni en el patio al que se refirió la defensa. Además, planteó que la víctima tenía un brazo totalmente inútil, lo cual descarta la pelea previa como motivadora de una legítima defensa (v. fs. 134 vta. y 135).
Por último, argumentó acerca de las consecuencias que la decisión adoptada le acarrea con relación a la acción civil que dedujo en el mismo proceso penal (v. fs. 135/136).
IV. El Tribunal de Casación, por mayoría, desestimó el recurso por inadmisible en virtud de la ausencia de un requisito legal para su concesión, "...esto es que la pena impuesta con motivo de la condena que se pretende recurrir no supere la mitad de la requerida por el acusador, pues de otro modo se presume que quien acusa ha obtenido un resultado satisfactorio o tolerable para los intereses que representa, aunque no se le hubiera concedido en el fallo todo lo solicitado, siendo esta la doctrina sentada por el Superior Tribunal Provincial en la causa P. 126.435", sentencia de 16-VIII-2017 (v. fs. 155).
En ese sentido, resolvió que, dado que se condenó en el marco del juicio abreviado a la pena pactada de cinco años de prisión, ésta obviamente "...no resulta inferior a la mitad de la requerida por el fiscal -en el caso acordada-...", por lo cual falló por la inadmisibilidad de la vía intentada ( ibidem ). En consecuencia, no ingresó al tratamiento de los agravios formulados.
V. Al recurrir por inaplicabilidad de ley la particular damnificada denuncia que la sentencia del a quo es arbitraria e invoca su derecho de acceso a la justicia y al debido proceso (v. fs. 160/163 vta.).
Considera que no se tomó "...en cuenta que el agravio no estaba fundado en la pena...", sino en habérsele vedado la participación en el juicio abreviado que se celebró (v. fs. 161).
También reputa configurada la arbitrariedad que denuncia, en tanto la pena acordada por el fiscal en el acuerdo cuya homologación objetó al recurrir en casación, es menor a la mitad correspondiente al mínimo de la figura por la cual el fiscal solicitó la elevación a juicio, y por la que el tribunal fijó en dos oportunidades fecha de debate (v. fs. 161).
Explica que "Tomando en cuenta que en reiteradas oportunidades (debidamente detalladas y transcriptas en el recurso de casación) el fiscal sostuvo que la figura por la que acusaba era « Homicidio agravado por uso de armas, abuso de armas en concurso ideal y amenazas agravadas en concurso real »...", la pena mínima por la que estaba acusado (aun considerando solamente la del delito más grave: el homicidio agravado, sin calcular las otras figuras en concurso), es de diez años, siete meses y veintisiete días, siendo claramente la convenida menor a la mitad (v. fs. 161 y vta.; el destacado figura en el original).
Indica, entonces, que "por aplicación de su propia regla", corresponde decretar la admisibilidad del recurso. Y refiere que al actuar del modo criticado, se le ha "...regala[do] al fiscal la capacidad para « cuasi absolver » al imputado «acordando» una condena ínfima...", y al ser acogida por el tribunal de mérito bajo tales contingencias, pese a las prevenciones de su parte, se le veda al particular damnificado "...el acceso al abrupto final del proceso, sin más contralor que el de un juzgado mal integrado, y cero posibilidad de «acceso a la justicia»" (fs. 161 vta.; el destacado figura en el original).
Alega que es inaplicable a este caso lo resuelto en el precedente P. 126.435 (sent. de 16-VIII-2017) porque en aquel sí se celebró un debate y la particular damnificada tuvo derecho a ser oída, a diferencia de lo ocurrido en este proceso ( ibidem ).
Objeta también que el voto que hizo mayoría expresara que resolvía según se venía sosteniendo de manera invariable pues, de acuerdo a lo que manifiesta la recurrente, la de este expediente no es una situación clásica ni puede resolverse mediante tal analogía. Insiste en que la razón por la cual se acudió ante Casación no fue la pena sino la actividad previa, es decir, la falta de escucha y participación de su parte en cuanto al juicio abreviado, entre otros reclamos, y pide que se haga lugar al recurso interpuesto y sean tratadas las anomalías denunciadas (v. fs. 161 vta./163). Invoca su derecho a recurrir y reitera que su impugnación no fue atendida con fundamento en la mera invocación de "...una convicción sostenida en el tiempo y de un fallo que trata una situación que no guarda conexidad..." con el presente caso (v. fs. 163).
Acerca del voto de adhesión "por sus fundamentos" para conformar la mayoría del pronunciamiento de la Casación, se agravia porque entiende que los mismos son inexistentes por lo cual califica al fallo de arbitrario y expone que persigue, en definitiva, que se revoque el del Tribunal en lo Criminal y se anule el "...juicio abreviado oscuramente celebrado..." y se realice el debate (v. fs. 163 y vta.).
VI. Como lo propicia la Procuración General, el recurso prospera por las siguientes razones.
VI.1. Aunque es doctrina de este Tribunal que los embates sobre cuestiones de índole procesal, como los dirigidos a impugnar el tratamiento dado, por ejemplo, a los arts. 452 y 453 del Código ritual, resultan ajenos al acotado marco de la vía intentada de conformidad con las prescripciones del art. 494 de la mentada ley ritual, ello debe ceder cuando la forma de interpretar las reglas de legitimación del recurso del particular damnificado pueden conducir a desnaturalizar su intervención en la etapa de revisión de la sentencia, aunque sea de condena, y de tal modo afectar el debido proceso y el derecho a la jurisdicción preconizado por los arts. 18 de la Constitución nacional, 8 -primer párrafo- de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo pertinente, causa P. 118.926, resol. de 28-V-2014).
Tal es la situación configurada en el presente caso, sin perjuicio de la confusión que se advierte en el recurso ante esta Corte entre los requisitos de admisibilidad de la vía ante casación establecidos, entre otros, en los arts. 452 inc. 2 y 453 del Código de forma -uno de ellos, el referido a la pena requerida y la impuesta- con los motivos de agravio de la misma regulados por el art. 448 de dicho Código -aquí, el concerniente a la intervención en el trámite del juicio abreviado- y que se replica de modo similar en el dictamen de la Procuración General (v. fs. 188 vta. y 189).
VI.2. Por ello, acierta la particular damnificada al atribuir arbitrariedad al pronunciamiento del a quo que -por mayoría- desestimó el recurso de esa parte por inadmisible en virtud de la ausencia de un requisito legal para su concesión, "...esto es que la pena impuesta con motivo de la condena que se pretende recurrir no supere la mitad de la requerida por el acusador, pues de otro modo se presume que quien acusa ha obtenido un resultado satisfactorio o tolerable para los intereses que representa, aunque no se le hubiera concedido en el fallo todo lo solicitado...", con cita del precedente de esta Corte, causa P. 126.435, sentencia de 16-VIII-2017 (v. fs. 155), tomando al efecto la pena pactada entre el fiscal y la defensa de cinco años de prisión, cuando entiende que debió considerarse la que surge de su adhesión al requerimiento de elevación a juicio del acusador, cuyo mínimo de la escala penal resulta superior al doble de la convenida (diez años y ocho meses; cfr. arts. 41 bis y 79, Cód. Penal).
Estimo, en virtud de la alegada doctrina de la arbitrariedad de sentencia (v. fs. 160/163 vta.), que la interpretación esgrimida por Casación en la aplicación del art. 452 inc. 2 del Código ritual contraría el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso de la recurrente, de manera que corresponde hacer lugar al planteo.
Si bien la damnificada reconoce que no podrá oponerse a la elección del juicio abreviado, tal como se expresa en dicho Código, reclamó ante el a quo que debió haber sido escuchada en cuanto a sus reclamos oponiéndose al acuerdo arribado, a su entender, bajo parámetros tan disímiles al requerimiento de elevación a juicio y la decisión judicial que dispuso su elevación.
La exégesis que la Casación efectúa de la imposibilidad de acceso de esa parte a recurrir en estos casos, echando mano a una previsión que no resulta específica para abordar la situación puntual aquí en ciernes -puesto que no refiere al supuesto del juicio abreviado-, a contracara de la amplitud que desde diversos ámbitos legales y jurisprudenciales se han consagrado a la víctima, más aún cuando estuviere constituida como particular damnificada, aparece dogmática y arbitraria a la luz de las constancias comprobadas del caso, en tanto no atiende a las circunstancias singulares que éste presenta.
A ello cabe añadir que tal interpretación de las previsiones legales -pese a no regular específicamente un supuesto como el que aquí nos ocupa- desconoce las pautas hermenéuticas que emergen de la Ley nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (ley 27.372, B.O. de 13-VII-2017), vigente por entonces (más allá de la posterior y particularmente regulada en el Código Procesal Penal por la ley 15.232, B.O. de 18-I-2021), en tanto dispuso entre los principios rectores que la gobiernan, el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos al acceso a la justicia y a ser escuchadas en todos aquellos actos fundamentales del proceso penal (cfr. arts. 3 y 5).
De modo que, al extender el tribunal intermedio, sin otra justificación, una regla que regula la habilitación del recurso de casación para un supuesto diverso a éste y, al asimilarlo al presente caso, lo hizo limitándolo a la interpretación más restrictiva de acceso al recurso para esa parte, frente a otra plausible más acorde a los estándares antes señalados. Entonces, su declaración de inadmisibilidad debe decaer frente a la arbitrariedad reprochada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que con esa doctrina "...se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 297:100; 311:948 y 2402)" ( in re C.525.XLIII. Recurso de hecho. "Cabezas, Daniel Vicente y otros s/ denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey", sent. de 17-X-2007, cons. 6°).
En este proceso, como se ha indicado, el fallo sólo satisface de manera aparente aquella exigencia constitucional (Fallos: 312:1635 y 1953; 313:751; 315:119; conf. Palacio de Caeiro, El recurso extraordinario federal , La Ley, Bs. As., 2002, pág. 125; causa P. 121.318, sent. de 9-XII-2015).
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado y devolver los autos a efectos de que se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
VII. Por otro lado, en virtud de la inobservancia por parte del tribunal de primera instancia de lo dispuesto en el art. 398, último párrafo, del Código Procesal Penal, como así también del incumplimiento de la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (conf. art. 7, resol. 216/09 SCBA), corresponde que se ponga en conocimiento de tal circunstancia a la Subsecretaría de Control Disciplinario a sus efectos.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de la particular damnificada, se casa el pronunciamiento recurrido y se devuelven las actuaciones a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
En virtud de la inobservancia por parte del tribunal de primera instancia de lo dispuesto en el art. 398, último párrafo, del Código Procesal Penal, como así también del incumplimiento de la reglamentación de esta Corte en materia de integración de los órganos colegiados (conf. art. 7, resol. 216/09 SCBA), corresponde que se ponga en conocimiento de tal circunstancia a la Subsecretaría de Control Disciplinario a sus efectos.
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Gabriel Pablo Caldentey y Laura Andrea Abal de Caldentey por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21)
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2021 1
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