Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.864, "Fernández, Juan Carlos s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.522 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 12 de mayo de 2020, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial de Juan Carlos Fernández contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen que lo condenó a la pena de seis años de prisión, multa de cuatro mil pesos ($4.000,00), accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad (hechos cometidos el 15 de octubre de 2015 y 16 de septiembre de 2016 en la ciudad de General Villegas) y a la pena única de prisión perpetua, multa de cuatro mil pesos ($4.000,00), accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, comprensiva de la anterior y de la sanción de prisión perpetua, accesorias legales y costas, impuesta por el mismo tribunal el 29 de mayo de 2006, por ser autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y homicidio calificado por alevosía en concurso real -hechos perpetrados el 16 de enero de 2000 en la localidad de General Villegas- (arts. 12, 29, 45, 55, 119 segundo párrafo y 80 inc. 2, Cód Penal; 5 inc. "c" y 11 inc. "a", ley 23.737). Asimismo, revocó la libertad condicional que Juan Carlos Fernández venía gozando, y que fuera otorgada el 19 de agosto de 2013 por el Juzgado de Ejecución departamental n° 1 en el marco del incidente de libertad condicional 47/84 (art. 15, Cód. Penal; v. fs. 74/90 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/108 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio sólo por haberse denunciado la errónea aplicación de los arts. 11 inc. "a" de la ley 23.737; 15, 50 y 58 del Código Penal (v. fs. 109/110 vta.), sin que esa decisión mereciera objeción alguna de la parte (v. informe de fs. 124).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 126/134 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 136), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal (v. fs. 142/144 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Preliminarmente corresponde destacar que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley oportunamente deducido por la defensa oficial que asiste al imputado, dicha parte denunció -de un lado- la violación a la garantía de revisión amplia de la sentencia de condena respecto de los agravios añadidos ante el Tribunal de Casación (infracción a los arts. 8 inc. 2 apdo. "h", CADH; 14 inc. 5, PIDCP; 75 inc. 22 y 18, Const. nac.), y -del otro- arbitrariedad en la decisión por indebida fundamentación, con la consecuente desconsideración de los agravios vinculados a la errónea aplicación de los arts. 11 inc. "a" de la ley 23.737; 58 y 15 del Código Penal y la petición de inconstitucionalidad de la reincidencia (v. especialmente fs. 104/106 vta.).
Al realizar el juicio de admisibilidad, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, concedió la vía extraordinaria intentada solo en lo que hace a "...la errónea aplicación de los arts. 11 inc. a) de la ley 23.737, 15, 50 y 58 del Código Penal" (fs. 110), lo cual, según se anticipara en los antecedentes, no fue objetado por la parte.
Sentado ello, cabe señalar que si bien se han desarrollado argumentos que se enmarcan en la valoración de la prueba con la que se tuvo por corroborada la aplicación de la agravante contenida en el art. 11 inc. "a" de la ley 23.737, así como en la errónea aplicación de los arts. 15 y 58 del Código Penal, también se cuestionó la ausencia de fundamentación en tal decisión.
En tal contexto, si como en el caso los agravios alegados al deducir el recurso extraordinario, arbitrariedad e incorrecta interpretación de una norma de fondo, se hallan inescindiblemente ligados entre sí, la no concesión del tramo vinculado a la arbitrariedad implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante, lo que denota la necesidad de analizar conjuntamente los agravios admitidos en la órbita del derecho de fondo y el motivo de arbitrariedad desde la perspectiva conexa (conf. CSJN Fallos: 340:1149; causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.084, sent. de 15-XII-2020; e.o.).
I.2. De la lectura del remedio en trato se advierte que, no obstante lo establecido en el auto de admisibilidad del presente, la defensa no cuestionó la errónea aplicación del art. 50 del Código Penal sino su constitucionalidad (v. fs. 106 y vta. y 110) y este tópico quedó fuera de la concesión efectuada.
II. Entonces, en el marco de los planteos por los que fue admitido el remedio extraordinario, puede advertirse que la defensa reitera los agravios que oportunamente había llevado ante el revisor.
II.1. Respecto de la aplicación del art. 11 inc. "a" de la ley 23.737, considera -contrariamente a lo decidido- la falta de acreditación de todos los requisitos exigidos para su procedencia, específicamente la condición de menores de los compradores de la sustancia estupefaciente (v. fs. 104).
II.2. En cuanto a la pena única, denuncia la errónea aplicación del art. 58 del Código de fondo, pues estima en el caso improcedente la unificación efectuada atento la "...calidad de vencida de la sanción que pretende unificar, o con la que al menos hasta aquí se ha unificado" (fs. 104 y vta.).
En esa senda señala que la falta de oportuna unificación por parte de las autoridades estatales no puede serle reprochada al imputado y que "...al considerarse vigente la condena impuesta anteriormente y vencida la pena resultante de aquella [...] en modo alguno puede 'reelaborarse' una condena en la parte que ya se cumplió" (fs. 104 vta. cit. y 105).
II.3. Se queja, asimismo, de la revocación de la libertad condicional efectuada por entender que si bien el art. 15 del Código Penal no exige expresamente que la sentencia se encuentre firme, debe efectuarse una mirada integral de sus disposiciones, respetuosa del principio de inocencia, debiendo interpretarse de esta forma. En suma, solicita se deje sin efecto dicha medida (v. fs. 105 vta. y 106).
II.4. Por último, reedita la petición de que se declare la inconstitucionalidad de la reincidencia (art. 50, Cód. Penal), por resultar lesiva del derecho penal de acto y consecuentemente, del de culpabilidad, por tratarse "...la reincidencia aquí declarada de una reincidencia genérica" que no puede ser validada, sin mengua de las garantías constitucionales citadas (v. fs. 106 y vta.).
III. El señor Procurador General en su dictamen aconseja desestimar el recurso (v. fs. 126/134 vta.). Coincido con ello.
IV. La Sala V del Tribunal de Casación Penal indicó que se tuvo por acreditado que: "...una persona del sexo masculino identificado como Juan Carlos Fernández durante el transcurso del mes de octubre del año 2015 y hasta el día 15 de septiembre de 2016, ha comercializado en la ciudad de General Villegas, sustancias estupefacientes de uso prohibido -marihuana- mediante la modalidad menudeo, fraccionando cantidades de dichas sustancias que luego procedía a vender a ocasionales clientes -entre ellos a menores de edad en distintos puntos de la mencionada localidad o en su domicilio-, obteniendo con ello un lucro dinerario, utilizando algunas veces menores para concretar las ventas" (fs. 18 y vta., sent. de grado y 80 vta.).
A fin de descartar los planteos que la defensa formulara ante su sede, en lo que aquí interesa, señaló que la fundamentación de la autoría responsable se apoyó en la valoración conjunta de las tareas de investigación realizadas por la policía a partir de una denuncia anónima, que involucraban al imputado en la venta al menudeo de estupefacientes, el registro con resultado positivo efectuado al vehículo en que Fernández era transportado junto a otros sujetos, el resultado positivo del allanamiento realizado en su vivienda y diez testimonios coincidentes prestados por personas que lo conocían y que destacaron que vendía droga, debiendo enfatizarse que al menos ocho de ellos reconocieron haberle comprado marihuana en más de una ocasión (aludió a los testimonios de Ortiz, Bernetche, Bravo, Nievas, Acuña, Castro, Zabala y Rosales; v. fs. 80 vta. y 81).
Respecto a la aplicación de la agravante cuestionada del art. 11 inc. "a" de la ley 23.737, indicó que de las testimoniales brindadas por Marcos Ezequiel Moreno, César Melvin Bravo, Sergio Daniel Nievas, Camila Belén Castro, Kevin Zabala y Waldo Oscar Rosales, se desprendía claramente que el imputado vendía estupefacientes a menores de edad (v. fs. 81 vta. y 82)? sin que las críticas de la defensa lograran controvertir sus fundamentos ni demostrar quiebre lógico alguno ni absurdo en la valoración probatoria. Pues, indicó que la falta de acreditación de la edad de los compradores no resulta óbice para tener por comprobada la venta a menores de edad, en tanto la ley procesal no fija estándares probatorios en ese sentido, ya que el art. 210 del Código Procesal Penal sólo exige "...la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción", hallándose en el caso abastecido ese recaudo (v. fs. 82 cit.).
Para desechar los planteos referentes a la unificación de penas señaló que Fernández se encontraba gozando de libertad condicional (concedida el 29 de agosto de 2013) en ocasión de cometer el nuevo delito (el hecho aquí juzgado ejecutado desde octubre de 2015 hasta el 15 de septiembre de 2016) y antes de operar el vencimiento de la pena anterior (el 6 de noviembre de 2018), lo cual corrobora los extremos del art. 58 primera regla del Código Penal.
Destacó que la comisión de un delito por parte del encausado en el período de libertad en los términos del art. 13 implica per se su revocación y no importa, a tal efecto, la fecha del fallo ni la de su firmeza; determinando, en consecuencia, la revocación del beneficio concedido y la unificación de las sanciones impuestas; y que a los fines de la primera regla prevista en el art. 58 citado "...habrá de tomarse en consideración la vigencia de la primera condena y la fecha del nuevo hecho, de modo tal que, cometido el nuevo hecho antes de extinguirse la pena anterior por su cumplimiento ya rige la mencionada regla aunque el curso del proceso por el nuevo delito exceda temporalmente la duración de aquella pena" (fs. 82 vta.).
En otro orden, resaltó que la comisión por el imputado de un nuevo ilícito, mientras gozaba de la libertad condicional, autoriza a revocar la misma y a proceder del modo prescripto por el art. 15 del Código Penal pues, "...con independencia de la fecha en que se dicte o quede firme la segunda condena, la pena anteriormente impuesta no puede reputarse extinguida si, durante el plazo al que hace referencia el art. 16 del C.P., el imputado incurrió en alguna de las causales que imponen la revocación de aquél beneficio. La norma del art. 15 referida no exige para la acreditación de la comisión del nuevo delito la sentencia firme al respecto" (fs. 83).
Finalmente rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la reincidencia (art. 50, Cód. Penal), con cita de la doctrina de la Corte federal y de este Tribunal que han convalidado su constitucionalidad, en el entendimiento de que no se aportaron elementos que ameriten un nuevo test al efecto ni argumentos que permitan apartarse de lo decidido en el fallo de la Corte Suprema de Justicia "L'Eveque".
Explicó que no se trata de la consagración de un derecho penal de autor, sino que lo que la ley prevé es un tratamiento penitenciario más riguroso para el agente que, habiendo sido castigado con pena efectiva, vuelve a cometer delitos (v. fs. 83 vta./89 vta.).
V. Frente a lo así resuelto, el recurrente se limita a insistir con los mismos planteos llevados ante el Tribunal de Alzada, oponiendo a lo decidido su opinión contraria, desentendiéndose de los concretos argumentos que sobre el punto brindó aquel, sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (art. 495, CPP).
En efecto, la parte no hace otra cosa que discrepar con lo resuelto por la casación acerca de la interpretación del suceso fáctico y las pruebas que le dieron sustento para aplicar la agravante del art. 11 inc. "a" de la ley 23.737, desentendiéndose del análisis íntegro y razonado que llevó al tribunal a formar su convicción certera sobre su imposición.
En orden a la unificación de penas efectuada, cabe agregar que, conforme fuera señalado en la causa P. 126.665, sentencia de 6-XII-2017, la doctrina mayoritariamente ha interpretado esta cuestión del mismo modo en que lo han hecho ambas instancias, esto es, que la regla del art. 58 exige "...que la condena no esté cumplida o extinguida en el momento de la comisión del hecho por el que se debe juzgar nuevamente a la persona" (Núñez, Ricardo; Manual de Derecho Penal Parte General, 4ta. ed., 1999, Marcos Lerner Editora, Córdoba, pág. 268).
Ello resulta coherente con la propia letra del art. 58, "...que alude al caso en que después de una condena por sentencia firme deba juzgarse a la misma persona por otro hecho distinto, y no que se sentencie o condene por ese hecho. La obligación de juzgar nace con la comisión del hecho, en tanto que la de dictar sentencia surge una vez tramitado y concluido el proceso" (conf. Caramuti, Carlos S. en Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial. Coordinado por Marco Antonio Terragni; dir. Baigún y Zaffaroni, 2da. ed., Hammurabi, 2007, T. 2 B, pág. 65).
No parece lógico hacer depender el principio de unidad de la pena del momento en que se dicte la segunda condena como lo pretende el recurrente, pues ese momento "...es incierto, variable conforme a múltiples factores, e incluso supeditado a la eventual duración irrazonable del proceso. Más justo y razonable parece tomar como punto de partida para la unificación el momento de comisión del nuevo delito, que puede determinarse con precisión en el tiempo" (ob. cit.).
Estos sólidos fundamentos por los que la doctrina generalmente sostiene que la obligación de unificar pena surge desde la comisión del delito y no desde el momento en que se dicte la segunda condena, no han sido desvirtuados con la argumentación ensayada por el impugnante (art. 495, CPP).
Se advierte, finalmente, que la exégesis constitucional del art. 15 del Código Penal que ahora propone la defensa (mirada integral del ordenamiento jurídico, respetuosa del principio de inocencia; v. fs. 105 vta.), en tanto no fue sometida a la consideración oportuna del tribunal casatorio, es producto de una reflexión tardía (doctr. art. 451, CPP).
Así las cosas, el impugnante no ha puesto en evidencia la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento del fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la doctrina de la arbitrariedad que invoca (CSJN Fallos: 310:234).
Cabe recordar que el objeto de aquella "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Por ello, no habiéndose justificado tales excepcionales extremos, los reclamos decaen.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2021 14:06:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2021 15:40:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 20:52:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 07:39:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 08:31:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/12/2021 09:39:02 hs. bajo el número RS-184-2021 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia