Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134862
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de Darío Leandro Martínez Torres, con costas (conf. arts. 495, 496, y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.862, "Martínez Torres, Dario Leandro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 89.188 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de septiembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia unificatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que impuso a Darío Leandro Martínez Torres la pena única de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo su condición de reincidente, comprensiva de la de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, pronunciada en la causa n° 1.031-10 por ese tribunal, al haber sido hallado coautor responsable de los delitos de secuestro extorsivo calificado por el número de intervinientes y por haber logrado su cometido, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y/o de utilería, manteniendo su declaración de reincidente; y de la de seis años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, dictada en causa n° 075.891-09/2 por el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental, en orden al delito de robo calificado por el empleo de arma, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento, más declaración de reincidencia (v. fs. 100/104 vta. con relación a fs. 63/70).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/124), el que fue declarado inadmisible por el a quo (v. fs. 125/127). Ello motivó la interposición de queja ante esta Corte, la cual fue resuelta de modo favorable a la defensa (v. fs. 144/146 vta.). Devueltas las actuaciones al tribunal intermedio, dictó nueva resolución y declaró la admisibilidad del recurso extraordinario deducido (v. fs. 151/154).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 171/176), dictada la providencia de autos (v. fs. 177), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denuncia la violación al derecho a ser oído de su asistido, ello por haberse confirmado una pena única que fue impuesta sin haber tomado previamente conocimiento de visu del condenado (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac.; 8 inc. 1, CADH; 14 inc. 1, PIDCP; 41 inc. 2 in fine y 58, Cód. Penal; v. fs. 117).
Aduce que lo dispuesto por el art. 41 inc. 2 del Código Penal, por ser una norma reglamentaria dentro del citado digesto de fondo, obliga a los jueces a mantener dicha audiencia con el imputado con el fin de garantizar el derecho a ser oído previo a la imposición de pena. Aclara, no obstante, que si bien los jueces del Tribunal Criminal n° 8 de Lomas de Zamora ya habían tenido contacto de visu con su pupilo con prelación, lo hicieron en otro contexto frente a una escala penal diferente, y no a los efectos de valorar las distintas condenas y las consecuencias de proceder a su unificación (v. fs. 417 vta. y 418).
En sustento de su postura trae a colación los Fallos "Maldonado" y "Pin" de la Corte nacional, a la par que destaca que el tiempo transcurrido entre el dictado de las diferentes condenas y el pronunciamiento que resolvió el proceso de unificación, justificaba la necesidad de tomar contacto de visu con Martínez Torres (v. fs. 118 vta. y 119).
De conformidad con lo expresado por esta Suprema Corte en consonancia con la Corte federal, sostuvo que las circunstancias otrora ponderadas de modo disperso en las diferentes condenas necesariamente debían ser revaloradas el dictar la pena única (conf. causa P. 88.303, sent. de 25-III-2009; v. fs. 120).
Cita como precedente análogo lo decidido por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en causa n° CCC12.616/2012, "L., E. y A. s/ homicidio simple" y solicita que al resolverse se tenga en cuenta lo resuelto por esta Suprema Corte en el caso "Arancibia Raúl", causa P. 69.196, en donde se destacó la importancia del derecho a ser oído en el proceso de unificación de penas del art. 58 del Código Penal (v. fs. 121).
Finalmente, considera que no solo la falta de inmediatez al unificar las penas resultó gravoso, sino también que de dicha unificación bien pudo haber resultado un monto menor, siendo que así lo había solicitado el imputado al notificarse de la sentencia recurrida (v. fs. 123).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso extraordinario (v. dictamen de fs. 171/176). Postura que comparto.
III. El embate relativo a que el órgano casatorio confirmó el dictado de un pronunciamiento que impuso pena única sin tomar previamente conocimiento de visu de Darío Leandro Martínez Torrez, en infracción -según lo afirma la parte- a los criterios establecidos en la materia por este Tribunal y por la Corte federal, no es de recibo.
III.1. Conforme surge de la reseña de antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora decidió atender el pedido fiscal de fs. 56, y unificó las sentencias dictadas respecto de Martínez Torres, imponiendo la pena única de veinte años de prisión, accesorias legales y costas (v. sentencia de fs. 63/70).
III.2. En el recurso de casación, la defensa oficial denunció la violación al derecho a ser oído y a una defensa técnica eficaz del imputado durante el trámite de unificación; argumentó que luego de la designación de la letrada particular, el condenado Martínez Torres se encontró en un estado de indefensión durante dicho trámite por falta de acción en resguardo de los intereses del nombrado; también alegó la inobservancia de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 41 inc. 2 in fine del Código Penal, al considerar que antes del dictado de la pena única los jueces debieron haber tomado conocimiento personal del imputado; finalmente, alegó la errónea aplicación del art. 58 del mencionado digesto de fondo (v. fs. 74/82 vta.).
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal abordó el recurso deducido por la defensa y lo desestimó (v. fs. 100/104 vta.). Puntualmente, desechó el agravio vinculado a que el tribunal de origen debió haber tomado contacto con el imputado antes del dictado de la sentencia unificadora, en el entendimiento de su eventual influencia en el quantum punitivo finalmente aplicado. Al respecto dijo que "...las circunstancias a ser valoradas por el órgano que unifica deben ser las mismas que se valoraron oportunamente en las condenas dispersas -lo que efectivamente realizó el Tribunal a fs. 68-, pues como bien señala el Fiscal, los límites de la cosa juzgada únicamente ceden lo necesario para lograr la unificación" (fs. 101 vta. y 102).
Seguidamente, se refirió a las disposiciones del art. 58 del Código Penal las cuales -según dijo- tienen por finalidad completar la regla de lo que se conoce como el principio de la unidad penal, según el cual cuando medie concurso real de delitos debe aplicarse una pena total conformada por el sistema de aspersión dentro de la escala prevista en los arts. 40, 41 y 55 del citado cuerpo legal. Agregó a ello que "[c]uando el dictado de sentencias independientes provoca la violación a dichas normas, corresponde que las penas impuestas en cada pronunciamiento se compongan en una pena única, determinada en una nueva sentencia por el juez o tribunal que impuso la pena mayor"; y así "...el segundo supuesto de artículo 58 del Código Penal, cuando prevé una sentencia única comprensiva de pronunciamientos firmes anteriores dictados sin observar las reglas del concurso real de delitos, constituye una norma aseguradora del principio de la pena total, según la cual se pueden unificar a pedido de parte condenas recaídas en distintos procesos penales donde no se hubiesen observado las normas del concurso real, no obstante tratarse de hechos unidos materialmente" (fs. 102 y vta.).
Finalmente, en respuesta al agravio de la defensa, indicó que según la doctrina de esta Suprema Corte -compartida por dicha Sala del órgano casatorio- "...en los casos de violación a las reglas del concurso, no constituye óbice a la unificación el hecho de que las condenas impuestas se hubieran agotado..." (conf. SCBA causa P. 117.966), y que nada podía objetarse sobre el método empleado por el Tribunal para fijar el monto de pena, pues "[p]artiendo de la premisa que la ley no establece un sistema específico de determinación de la pena a imponer, el proceso de unificación dentro de los parámetros fijados en ella, resulta del juego armónico de los artículos que se dicen han sido violados, y que en el caso se respetan" (fs. 102 vta. y 103).
III.4. Como lo adelanté el planteo no prospera, en tanto se dirige -en lo esencial-, a poner en evidencia un supuesto déficit en el procedimiento anterior a la sentencia del tribunal que dictó la pena única, que se vincula con cuestiones típicamente procedimentales sin adecuada demostración del compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en esta instancia, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al respecto, trae a colación (Fallos: "Maldonado" y "Pin").
Además, la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión en tanto no trasciende, de un agravio meramente formal desde que no se han indicado los perjuicios que la omisión de haber convocado a Martínez Torres ante el tribunal que dictó la sentencia unificatoria en los términos del art. 41 inc. 2, última parte del Código Penal podría haber generado a sus derechos, más que alusiones genéricas y conjeturales.
Por otro lado, cabe agregar que, ante análogo agravio llevado por la defensa en el recurso de casación, el Tribunal revisor lo abordó y descartó de conformidad con lo reseñado supra , en los acápites III.2. y III.3.; fundamentos a los cuales el recurrente opone su propio criterio discrepante, circunstancia que constituye un mecanismo inidóneo de disenso, ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Asimismo, resultan inaplicables a este caso lo decidido por la Corte Suprema en los precedentes "Maldonado" y P. 1.659. XL, "Pin, Hugo; Correa, Ángel y otros".
En el primero mencionado, en lo que es relevante, la importancia de la audiencia de visu a la que alude el art. 41 del Código Penal fue puesta de relieve en el contexto normativo del Régimen Penal de la Minoridad (conf. ley 22.278, esp. art. 4) y del escrutinio de la validez de una pena perpetua fijada en la instancia revisora a un menor punible en virtud de un recurso fiscal, agravando así la temporal (de catorce años de prisión) que había sido impuesta en origen.
En el caso "Pin", la Corte federal remitió a los considerandos 18 y 19 de "Maldonado" al advertir que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (que revocaron la absolución dispuesta en primera instancia e impusieron pena) no tomaron conocimiento de visu del condenado antes de individualizar la sanción.
Ninguna de las circunstancias tenidas en cuenta por la Corte nacional en los precedentes de mención se advierte en la especie, toda vez que -en lo central- no se trata aquí del juzgamiento de menores punibles sujeto a un régimen normativo específico (como en "Maldonado") ni se configura la situación del caso "Pin" pues el órgano casatorio provincial -lejos de revocar una sentencia absolutoria- rechazó el recurso deducido por la defensa y confirmó la sentencia que impuso pena única.
A la vez, coincido con el señor Procurador General en que tampoco resultan aplicables al caso los precedentes P. 88.303 y P. 69.196 dictados por esta Corte que fueron citados por el recurrente. En el primero se reparó en la excesiva dilación que llevó el trámite de la causa, y se decidió que debía incluirse como modulación atenuante el devenir vinculado a la demora judicial, correspondiendo en ese trazado realzar la actitud procesal del imputado, sus actuales condiciones de vida y demás presupuestos, y destacando la relevancia de la manda contenida en el art. 41 in fine del Código Penal. El otro, estaba referido a la posibilidad de unificar pena por parte del Tribunal de Alzada, quien impuso una pena única sin haberle otorgado previamente oportunidad cierta de pronunciarse al procesado sobre ese extremo, en vulneración a las reglas de la bilateralidad y el debido proceso.
Se advierte así, que las circunstancias de autos resultan muy diferentes a la de los precedentes citados, por lo que no se demuestra su atingencia para la adecuada solución de este caso.
Por último, en línea con lo resuelto por el Tribunal intermedio en cuanto a que las pautas que inciden en la pena única a aplicar en el marco de un concurso real, deben ser las mismas que se valoraron en su oportunidad en cada sentencia dictada (v. fs. 102), esta Corte ha resuelto que no viola lo dispuesto por el art. 58 del Código Penal la sentencia unificatoria que se remite a las circunstancias agravantes y atenuantes declaradas en las condenas a unificar. Pues, dado que esas circunstancias son hechos -por ejemplo, el buen concepto vecinal, la pluralidad de víctimas, etcétera- no podría la sentencia unificatoria alterarlos y sostener que el imputado tiene un mal concepto vecinal o que la víctima ha sido una sola. Lo que sí puede hacer el fallo de unificación es dar un peso distinto a esas circunstancias (conf. causa P. 129.738, sent. de 27-II-2019).
Por todo lo expuesto, no habiéndose demostrado los déficits atribuidos al fallo en crisis, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Coincido con la solución que propicia el doctor Daniel Soria.
En particular, en cuanto destaca la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen, puesto que, vistas las características del caso, la parte no indicó los perjuicios que la omisión de convocar a Martínez Torres generó a sus derechos, más que alusiones genéricas y conjeturales, lo que conduce a la ineficacia de la pretensión.
También, con relación a la ineptitud del agravio para conmover lo decidido por el tribunal de casación como respuesta a idéntico planteo (v. puntos III.2. y III.3. del voto del colega), porque la defensa se limitó a oponer su criterio discrepante (art. 495, CPP).
Por último, el recurrente no logró demostrar que las circunstancias del presente sean asimilables a las que motivaron las decisiones recaídas en los fallos "Maldonado" y "Pin" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni en las causas P. 88.303 y P. 69.196 de esta Suprema Corte, a tenor de las diferencias apuntadas en el sufragio del ministro ponente.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de Darío Leandro Martínez Torres, con costas (conf. arts. 495, 496, y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 19:59:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:43:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 07:55:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:20:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:24:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/12/2021 12:37:21 hs. bajo el número RS-172-2021 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia