Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134584
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.584, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.645 del Tribunal de Casación Penal, Sala II seguida a Y. C., L. D.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal Criminal n° 2 de Lomas de Zamora absolvió a L. D. Y. C. en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal. El fiscal de la instancia articuló recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de noviembre de 2018 -por mayoría- lo rechazó y confirmó el veredicto (v. fs. 43/54 vta.).
Contra esa decisión el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 56/73), que fue concedido (v. fs. 76/77 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 81/86 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 98) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció la arbitrariedad y el absurdo del fallo casatorio por falta de fundamentación y por constituir un tránsito aparente con apartamiento de las constancias de la causa y déficit de motivación (v. fs. 63).
Alegó que el órgano de mérito desconsideró la hipótesis acusatoria y absolvió al imputado, por falta de pruebas suficientes para atribuirle la autoría del hecho investigado al considerar -a tal efecto- la relación problemática entre los padres de la menor víctima; que en el relato la niña no identificó concretamente al sujeto activo, ni especificó temporalmente lo acontecido; y que el imputado trabajaba en un lavadero de autos desde la mañana a la noche, quedándose allí a pernoctar; todo lo cual, a entender del revisor, permitía dudar sobre su participación (v. fs. 66 y vta.).
Sostuvo el recurrente que la posición mayoritaria del órgano casatorio convalidó las conclusiones de su inferior, pero en su examen se limitó a reproducir sus argumentos, sin hacerse cargo de los planteos deducidos en el recurso (v. fs. 66 vta. cit.).
Manifestó que ambas instancias jurisdiccionales tuvieron por probada la existencia del hecho bajo las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar que describiera la víctima en la cámara de observación -corroborada por su madre (y su pareja), por su abuelo y por la licenciada Onzari-, pero no así la autoría penalmente responsable del imputado (v. fs. 67).
Trajo a colación que la joven -de cuatro años de edad al momento del hecho- declaró que fue al baño y, detrás de ella, ingresó el padre de su amiga de nombre L., siendo que la niña le pidió si la podía limpiar y este le "metió la pitulina en la boca" -cursiva en el original- (fs. 67 y vta.).
Aseveró el impugnante que la narración que realizaron los casacionistas -tomando en consideración las referencias efectuadas por el órgano de origen-, respecto a la falta de identificación concreta por parte de la niña hacia su agresor "...aparece como una conclusión descontextualizada y sesgada del relato de la menor, lo cual tampoco se compadece con los dichos de su madre y sus allegados" (fs. 67 vta., cit.).
Destacó -en consonancia con el voto en minoría efectuado por la doctora Budiño-, que el abuso sucedió en la casa donde se domiciliaba el procesado y, que el marco temporal amplio (durante el año 2014) disipaba las dudas sobre su participación, sustentadas en que trabajaba y pernoctaba fuera de su domicilio.
Añadió que la autoría de Y. C. quedó acreditada por la declaración de la víctima -catalogada por el tribunal de mérito como coherente, espontánea, ordenada y fluida-; el testimonio de su progenitora E. K. C., quien manifestó las contingencias ocurridas luego de que sus hijos regresaran de estar con su padre, los problemas que surgieron en la personalidad de la niña y la confesión de la damnificada sobre los abusos sufridos por parte de "L."; los dichos del abuelo materno de la joven y de la pareja de su madre, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y verificaron los trastornos que sufría la menor; y lo declarado por la perito oficial licenciada Marta Gabriela Onzari, que intervino en la Cámara de observaciones, y reprodujo lo que contó la damnificada, aseverando la veracidad en sus dichos, sin advertir indicadores de que la menor hubiera sido inducida (v. fs. 68/79).
En otro orden, señaló que todos los testigos utilizaron en el debate la misma frase que mencionó la menor en la cámara de observaciones, quienes no la presenciaron ni pudieron ver posteriormente, indicando que la menor dijo "me puso la pitulina en la boca" , que los juzgadores no explicaron qué era lo que requerían en el relato de la víctima, siendo que M. fue sumamente clara en dar el nombre de su atacante (v. fs. 69 vta. y 70).
Manifestó que debió tenerse en cuenta la persistencia del relato a lo largo del tiempo frente a diferentes personas y contextos de evaluación.
Indicó también que los magistrados intervinientes centraron su atención en los problemas de pareja existentes entre los progenitores de la joven al momento de corroborar la hipótesis acusatoria, desviando el eje sobre el cual debió girar el proceso; y que la duda no debe ser el resultado de un examen superficial que fraccione la prueba, quebrando las reglas de la lógica y el correcto pensar, con grave desviación axiológica, como sucedió en autos (v. fs. 70 vta. y 71).
Esgrimió que en el presente caso debe apreciarse la particular doble vulnerabilidad de la joven reconocida constitucionalmente en tanto víctima y como niña (art .34, CDN), habiéndose creado un gravamen irreparable en relación a sus derechos como menor víctima, quebrantado su derecho a ser oída y a que su testimonio se considere válido, el cual fue avalado por una explicación de una experta en psicología (v. fs. 71 vta.).
Solicitó que se hiciera lugar a su reclamo, se case el fallo en crisis y se ponderen los dichos de la joven partiendo de su credibilidad, los cuales se sustentaron en prueba diversa que corrobora su veracidad (v. fs. 72).
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación y propició su acogimiento (v. fs. 91/97 vta.).
III. En mi opinión el recurso prospera.
III.1. El Tribunal Criminal n° 2 de Lomas de Zamora, con integración unipersonal, absolvió a L. D. Y. C. del siguiente hecho, por el cual el fiscal había acusado: "...que en día y horario no determinado, en al menos una ocasión, durante el año 2014, en el interior del baño de la finca sita en calle … n° …, de la localidad de Villa Domínico, Partido de Avellaneda, un sujeto de sexo masculino y mayor de edad, abusó sexualmente de la niña B. M. C. J., quien contaba con 4 años de edad, obligándola a que le practique sexo oral, introduciéndole el pene en la boca del menor" (fs. 8 y vta.).
Para así decidir, el juez Nicolás M. Plo estimó que, si bien se encontraba acreditada la materialidad ilícita, en función de la escasa prueba colectada no había podido arribar al estado subjetivo de "certeza apodíctica" respecto a la intervención del justiciable en el hecho aquí investigado (v. fs. 9 vta.).
En esa dirección, entendió que la defensa brindó razones plausibles relacionadas con el inicio de la presente denuncia que fueran evidenciadas en el marco del debate, referentes a la existencia de una severa problemática vínculo-parental de la cual dieron cuenta todos los familiares de la víctima.
Agregó que, si bien el relato de la niña era ordenado, coherente, espontáneo y fluido, "...lo cierto es que no hay una identificación concreta sobre el sujeto activo del delito aquí investigado; y, menos aún, una relación temporal de cuándo ello pasó" (fs. 10 y vta.).
Resaltó que el imputado Y. trabajaba en el lavadero de autos de su padre desde la mañana a la noche; incluso se quedaba en dicho domicilio después del horario laboral, "...lo cual permite dudar sobre su participación" (fs. 10 vta. cit.).
Explicó que en el momento de fallar se requiere certeza positiva de la materialidad del hecho y de la autoría del imputado, y que por lo tanto, la duda (la probabilidad) impide una condena y obliga a un fallo desincriminatorio.
Señaló que el in dubio pro reo como garantía constitucional, protege al imputado de un posible error judicial, por lo que el juez ante un caso de duda debe adoptar la posición que resulte más beneficiosa al encausado (v. fs. 11).
III.2. El fiscal de la instancia presentó recurso de casación por la valoración probatoria llevada a cabo, con fundamento en la arbitrariedad (v. fs. 18/29 vta.).
Aludió a la falta de motivación de la sentencia. Luego de reseñar los hechos que se tuvieron por acreditados, teniendo en consideración el testimonio del padre de la menor N. D. B.; lo declarado por la madre de la víctima K. E. C.; las juramentadas prestadas por el abuelo de la niña A. O. C.; por C. W. (pareja de la madre de la niña); y por la licenciada Marta Gabriela Onzari -quien efectuó la entrevista psicológica a la menor-; indicó que el decisorio se había adoptado a partir de la incorrecta apreciación de la totalidad del material probatorio, con valoración parcial y arbitraria de la prueba recepcionada en el debate, en tanto se hizo al margen de las reglas de la sana crítica.
Alegó que no podía perderse de vista que los hechos investigados ameritan una mayor flexibilidad en la apreciación de los elementos generadores de convicción, sopesando hasta el más mínimo indicio, para evitar la impunidad en delitos contra la integridad sexual que generalmente presentan dificultad en la adquisición de testimonios directos y presenciales (v. fs. 25).
En esa senda, destacó que la niña al declarar reconoció sin hesitación al imputado L. como autor de la conducta juzgada de manera concreta; siendo esta sindicación suficiente para generar la certeza necesaria para comprobar la autoría responsable.
Además, el fiscal objetó que el tribunal del debate no hubiera analizado el testimonio prestado por la licenciada Onzari, en su opinión valioso como aporte técnico, lo que implica dejar de lado prueba pertinente para comprobar los extremos sostenidos por la acusación sin que se hubiera dado explicación alguna al respecto (v. fs. 25 vta.).
Hizo hincapié en que la víctima siempre y en todos los ámbitos en que se expresó señaló a L., el papá de C. y no a otra persona, como la persona que con su actuar la afectara, circunstancia que fue dejada de lado por el juzgador (v. fs. 26).
En cuanto al tiempo en que habrían tenido lugar los hechos, refirió que el tribunal perdió de vista que si bien no se pudo precisar la fecha del suceso que se tuvo por probado, "...mucho menos puede asegurarse que en ese momento el imputado no podía encontrarse en la casa en la que vivía" (fs. 26 cit.). Entendió que se trata de un supuesto de arbitrariedad en la motivación de la sentencia que ha tornado errónea la aplicación al caso del art. 1, cuarto párrafo del Código Procesal Penal, solicitó se case la sentencia y se deje sin efecto la absolución del imputado (v. fs. 28/29).
III.3. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, confirmó el pronunciamiento de primera instancia.
En el fallo el juez Mancini -a cuyo voto prestó adhesión simple el doctor Kohan- estimó que "...el recurrente no se encarga de rebatir los argumentos expuestos por el 'a quo' para exhibir las dudas en el testimonio de M.C.J.B. respecto al autor del hecho probado, vértice de la acusación" (fs. 49).
Aludió a los extremos valorados por su inferior en grado para concluir en la absolución, en particular que "...si bien el relato de la niña fue ordenado, coherente, espontáneo y fluido lo cierto es que no hay una identificación concreta sobre el sujeto activo del delito aquí investigado, y menos aún una relación temporal de cuando ello pasó" (fs. 49 vta.).
Destacó que el imputado trabajaba en el lavadero de autos del padre de la víctima, desde la mañana a la noche, incluso se quedaba a dormir en dicho domicilio después del horario laboral, lo cual "permite dudar" sobre la participación de Y..
Resaltó como aspectos llamativos la severa problemática vínculo-parental del cual dieron cuenta todos los familiares de la víctima, "...cuestión que a su vez echa por tierra la hipótesis de haber omitido valorar el aporte de la perito Onzari" (fs. 49 vta., cit. y 50).
Indicó que dicho testimonio resultó veraz y contundente para probar la materialidad ilícita, pero no así la autoría, ya que no resulta indefectiblemente contrario a la razón "...que la versión de un deponente sea creída en parte y en parte no" (fs. 50, cit.).
Apuntó que estos datos, unidos, hicieron concluir al juez de la instancia que los elementos de cargo no le permitían sostener la participación del imputado en el hecho probado.
Desestimó un supuesto de absurdo valorativo o de arbitrariedad, en el entendimiento de que los cuestionamientos realizados sólo ponen de manifiesto discrepancias subjetivas respecto del valor y la conducencia que a la prueba le asignara el sentenciante.
Afirmó que, con el descarte probatorio llevado a cabo y la mención correcta de inexistencia de prueba independiente, el juzgador quedó alejado de la convicción certera de autoría (v. fs. 50 vta.).
Aseveró que conforme el principio de inmediatez entre la prueba y el juzgador propio del debate oral, con especial fuerza en el caso de la testimonial y bajo el tamiz del régimen de valoración probatorio (arts. 210 y 373, CPP), no advierte que el razonamiento del sentenciante, en virtud del cual se tuvo por no acreditada la autoría de Y. en el hecho ilícito achacado, transgreda las normas de la lógica, la experiencia o el sentido común como para permitir tacharlo de absurdo o arbitrario. Entendió que se meritaron en su conjunto todos los elementos convictivos ponderables, arribando a la absolución del imputado conforme la manda contenida en el art. 1 del Código Procesal Penal (v. fs. 51 y vta.).
IV. Estimo que -al igual que lo propiciara la doctora Budiño en su voto en minoría- le asiste razón al impugnante en cuanto denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba llevada a cabo, en tanto en ese proceder se ha apartado infundadamente de las constancias de la causa y ha incurrido en afirmaciones dogmáticas que descalifican el fallo como acto jurisdiccional (doctr. art. 18, Const. nac.).
Más allá de la excepcionalidad de aquella doctrina, no debe olvidarse que también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine (causa P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017).
Veamos.
IV.1. Como se reseñó en los párrafos anteriores, el fiscal de la instancia cuestionó el valor que se les dio a los dichos de la niña cuando indicó de manera concreta a L., el papá de su amiga C., como la persona que le "...puso la pitulina en la boca" y destacó que la licenciada Onzari había observado el discurso de la joven como verosímil.
Planteó que se había desconsiderado el testimonio brindado por aquella profesional y puso de relieve que los hechos investigados ameritaban una mayor flexibilidad en la apreciación de los elementos generadores de convicción para evitar la impunidad en delitos contra la integridad sexual que generalmente presentan dificultad en la adquisición de testimonios directos y presenciales.
Mas, frente al embate en esos términos planteado, la Casación se limitó a reiterar las observaciones del juez de grado en cuanto a la problemática existente entre los padres de la menor, la falta de precisión temporal en que ocurrieron y volvió a poner el foco en el testimonio de los familiares del imputado que indicaron que Y. C. trabajaba en un lavadero de autos desde la mañana a la noche, incluso se quedaba allí luego del horario laboral, pernoctando a veces. Sin embargo, no dio explicaciones acerca de porqué correspondía restarle veracidad a los dichos de la víctima vertidos en la cámara de observación exhibida en la audiencia de debate, referentes a la identificación de L., el papá de C., como el autor de los sucesos -como lo había puesto de relieve expresamente el impugnante, siendo que conforme quedó acreditado el hecho ocurrió en el baño del domicilio donde vive el nombrado, y que el marco temporal (año 2014) es por demás extenso como para justificar la duda sobre la participación del imputado sustentada en que trabajaba y pernoctaba, a veces, fuera de su domicilio- desde la perspectiva del especial análisis que cabe dar a la prueba en este tipo de delitos.
Es decir, el juez de la instancia no brindó razones por las cuales cabía descreer del relato de la niña. Por el contrario, de su lectura se trasluce la ambigüedad argumentativa puesta de manifiesto cuando, por un lado, valora como creíbles los dichos de la víctima para la acreditación del hecho, pero al mismo tiempo, proclama un estado de duda sobre la indicación directa que, en el mismo relato, formula respecto del autor. Si bien es claramente posible -como lo indició la posición que hizo mayoría del tribunal casatorio-, que un testimonio sea parcialmente creíble, lo cierto es que la duda que se exterioriza en la decisión, no puede ser puramente subjetiva, sino que debe surgir de la evidencia a los fines de poder ser explicada.
Es que, aun inmerso en un estado de vacilación, el juez penal no puede dejar de realizar una "...minuciosa, racional y objetiva valoración de todos los elementos de convicción..." (conf. CSJN Fallos: 307:1456; 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 315:495; 321:2990 y 3423).
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido consolidando la posición de determinar a los magistrados a fundamentar la duda en las evidencias reunidas (v. doctr. Fallos: 314:346 y 833; 321:2990 y 3423 y 324:1365), caso contrario, podrá descalificarse ese pretenso estado dubitativo. Es que convencimiento o duda deben estar "motivados", es decir, tienen que verse desarrollados en el cuerpo de la decisión para permitir a las partes conocer las razones que llevaron a esa conclusión.
Por otro lado, se ha dejado de lado el testimonio brindado por E. K. C. (madre de la menor) quien manifestó las contingencias ocurridas luego de que sus hijos regresaran de estar con su padre, siendo que la niña comenzó a tener actitudes raras como pesadillas por las noches, se empezó a comer las uñas y a morder papel, para finalmente contarle que L. había puesto el pene en su boca en el baño que compartían en el domicilio de …. Asimismo, aclaró que C. era prima y amiga de su hija, ya que iban juntas a la escuela; en tanto L. es el tío de la damnificada (esposo de Y. E. B., hermana del padre de la menor), y que su hija lo identificaba como el papá de C..
Tampoco se aludió al testimonio brindado por A. C. (abuelo de la menor) y C. W. (pareja de la madre de la niña) quienes tomaron conocimiento de lo sucedido a través de los dichos de E. C., verificando que la menor había tenido cambios de conducta, tenía problemas, estaba agresiva, que comía basura y masticaba papel, y con problemas de aprendizaje (v fs. 8 vta. y 9).
También se ha desconocido la opinión de la perito oficial licenciada Onzari, profesional interviniente en la cámara de observaciones, quien explicó lo que la niña le había contado, que advertía veracidad en sus
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