Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134553
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.553, "Chacoma, Juan Carlos s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 90.252 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 11 de julio de 2019, hizo lugar al recurso homónimo deducido por el fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Morón y casó el pronunciamiento dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial que, a su vez, había revocado el cómputo de pena aprobado en el marco de la causa n° 2.403 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 2 y su acumulada n° 2.970, estableciendo que el vencimiento de la pena impuesta a Juan Carlos Chacoma sería el 17 de junio de 2020 y que la caducidad registral operaría el 17 de junio de 2030. En consecuencia, dispuso la remisión de los autos a la instancia de origen a fin de que efectúe un nuevo cómputo de pena teniendo en cuenta los lineamientos allí fijados (v. fs. 226/232 vta.).
Frente a lo así resuelto, se alzó el por entonces defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 240/248 vta., que fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del día 22 de octubre de 2020 (v. fs. 252/254).
Para arribar a tal decisión, con cita de diversos precedentes de esta Suprema Corte, indicó que "...el pronunciamiento que decide sobre el cómputo de pena '...es equiparable a sentencia definitiva dentro del régimen de los recursos desde que, integrando el proceso de ejecución de la sentencia y siendo posterior a ella, se agota en sí misma terminando la causa y haciendo imposible su continuación...'" (fs. 252 vta. y 253).
Añadió que, en el caso, también se hallaban reunidas las demás exigencias previstas en el art. 494 del Código Procesal Penal, tanto respecto del monto de pena como en cuanto a la ley que se denunció inobservada -art. 7 de la ley 24.390-, así como que se encontraba presente una cuestión federal al haberse denunciado la vulneración del principio de legalidad (v. fs. 253).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 264/268), dictada la providencia de autos (v. fs. 270), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 273/275) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. De modo liminar, y sin dejar de señalar el error del tribunal de casación al efectuar el análisis de admisibilidad del recurso extraordinario deducido, puesto que afirmó que su decisión era definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal cuando en realidad se trata de una sentencia incompleta en virtud del reenvío dispuesto, y al considerar abastecidos los recaudos del art. 494 del mismo ordenamiento, por lo que seguidamente se expondrá cabe adentrarse, de todos modos, al fondo de la cuestión.
II. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial denunció la infracción al principio de legalidad al sostenerse que la pena de reclusión no se encuentra derogada, y arbitrariedad al apartarse injustificadamente de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Méndez, Nancy Noemí", entre otros (art. 18, Const. nac.; v. fs. 245 y vta.).
Afirmó que la casación no brindó respuesta a las argumentaciones introducidas en su oportunidad, a lo que añadió que, contrariamente a lo resuelto, al no existir diferencia entre las penas de prisión y reclusión, ninguna distinción cabe efectuar en lo que hace a su modo de cumplimiento y ejecución. De allí que -según la defensa- el cómputo de la pena debe ser idéntico "más allá del nomen iuris de la pena dictada" (fs. 245 vta.).
Sostuvo que en el caso no existe obstáculo para aplicar a la prisión preventiva que viene sufriendo su asistido el cómputo privilegiado que contempla el art. 7 de la ley 24.390, con lo que la decisión adoptada resulta arbitraria e infundada y violatoria del principio de legalidad (v. fs. cit.).
III. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso.
No comparto tal opinión pues entiendo que el recurso procede con el siguiente alcance.
Veamos.
IV.1. El 8 de octubre de 2015, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón condenó a Juan Carlos Chacoma a la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas impuesta en dicha causa (n° 2.403), de la de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, aplicada en la causa n° 1.344 del Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza y de la de seis años de prisión, accesorias legales y costas, dictada en las ex causas n° 49.602 y 49.603 del entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 departamental.
IV.2. El 4 de agosto de 2017, el mencionado Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón aprobó el cómputo de pena practicado, por el que se resolvió que la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas impuesta a Juan Carlos Chacoma vencería el 11 de octubre de 2023 a las 24:00 hs., sin perjuicio de lo establecido en el art. 77 del Código Penal, y que la caducidad registral operaría el 11 de octubre de 2033 (v. fs. 175).
Para arribar a tal temperamento, expuso que en la causa n° 2.403, el 29 de junio de 2009 se condenó a Chacoma por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por violencia, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma, todos en concurso real entre sí, sucesos acaecidos el 29 de mayo de 2005 y el 25 de junio de 2005; agregó que dicha decisión fue impugnada y que finalmente, el 4 de septiembre de 2014, el imputado desistió de su voluntad recursiva, lo cual fue tenido presente por esta Corte el 10 de diciembre de ese mismo año.
En el marco del mencionado expediente se resaltó que Chacoma permanece detenido de manera ininterrumpida desde el 28 de octubre de 2005.
Asimismo, respecto de la causa n° 1.344 se recordó que fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por resultar coautor del delito de robo simple, hecho acaecido el 7 de diciembre del año 2000, y que por esa causa estuvo detenido desde el 20 de diciembre del 2000 al 30 de diciembre de 2004, lo que por secretaría se contabilizó como cuatro años y once días de reclusión.
Finalmente, en torno a la causa n° 49.602 y su acumulada n° 49.603 se resaltó que Chacoma fue condenado a la pena de seis años de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por efracción, robo simple cometido en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego, todos en concurso real, cometidos los días 24 de noviembre y 4 de diciembre de 1997, y que por esos hechos estuvo detenido desde el 24 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre de 1997, lo que en el cómputo practicado por secretaría se contabilizó como ocho días de reclusión, y del 4 de diciembre de 1997 al 30 de noviembre del 2000, tiempo que se computó como dos años, once meses y veintisiete días.
En definitiva, el tribunal estimó que teniendo en cuenta el cálculo de la prisión preventiva sufrida en los dos primeros procesos, que sumó siete años y dieciséis días, a Juan Carlos Chacoma desde el 28 de octubre de 2005 -fecha en la que fue detenido en la causa n° 2.403- le restaban cumplir doce años, once meses y catorce días de reclusión; con lo cual, como se dijo, se fijó la fecha de vencimiento de la pena única el 11 de octubre de 2023 (v. fs. 172/175).
IV.3. Impugnada tal decisión por la defensa oficial, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, el 27 de febrero de 2018, hizo lugar al recurso por entender que correspondía aplicar al caso el beneficio establecido en el art. 7 de la ley 24.390 -conforme art. 2, Código Penal-, esto es, que había que contar los dos primeros años de forma simple, y a partir de allí y hasta la firmeza de las sentencias, computar doble el tiempo sufrido en prisión preventiva.
Así "...es que contabilizado en forma simple los dos primeros años de detención en la causa nº 49.602 -24/11/97 hasta el 1/12/97 y desde el 4/12/97 hasta el 26/11/99-, y a partir de allí doble -27/11/99 hasta el 30/11/2000-, [Chacoma] cumplió 4 años y 6 días; en la causa nº 1344 -20/12/2000 hasta el 30/12/2004-, cumplió 6 años y 20 días; restándole cumplir entonces para agotar la pena única impuesta -reclusión perpetua = 25 años de prisión-, 14 años, 11 meses y 4 días, que computados a partir de la última detención en la causa nº 2403, esto es, el 13/7/2005, [...] llevan a concluir que la pena única impuesta a Chacoma vencerá el 17 de junio de 2020, operando la caducidad registral de la misma el día 17 de junio de 2030..." (fs. 181 y vta.).
IV.4. Deducido recurso de casación por parte del Ministerio Público Fiscal, la Sala V de ese órgano, el 11 de julio de 2019, acogió el reclamo. En ese sentido, el doctor Kohan, luego de efectuar un repaso de las diferentes condenas que posee Chacoma así como de los tiempos de detención sufridos, estimó que en el caso no existía conflicto en el análisis de la aplicabilidad del art. 2 del Código Penal, desde que los preceptos de la ley 27.362 brindaban precisión a los alcances de las leyes 24.390 y 25.430, constituyendo una norma interpretativa (v. fs. 228 vta. y 229).
Agregó que "Sin perjuicio de ello, [...] en el supuesto de autos, los períodos en los que Chacoma estuvo detenido, deb[ían] ser alcanzados conforme lo establecido en los art[ículos] 7 y 8 de la ley 24.390, esto es, por cada día de prisión preventiva sufrido, uno de reclusión (1x1), pues la pena de reclusión no puede ser equiparada a la de prisión y, conforme a ello, computarse de igual forma el tiempo que supere los dos primeros años de prisión preventiva, pues dicha normativa -que hoy se encuentra derogada por su igual 25.430- excluye el beneficio del cómputo privilegiado (2x1) al referido tipo de condena, y en virtud de ello no puede hacerse lo que la ley no dice" (fs. 229 y vta.).
Señaló que la pena de reclusión sigue contenida en el Código Penal, desde que su art. 5 la prevé y no ha sido derogada. También aludió a los arts. 13, 26, 44, 46 y 57 del mismo ordenamiento, resaltando que permanecen inalterables aun cuando la ejecución de la pena de reclusión en la práctica es idéntica a la de prisión (v. fs. 229 vta.).
En apoyo, transcribió parcialmente los fallos "Méndez" de la Corte federal y P. 68.706 y P. 102.332 de este Tribunal (v. fs. 230/231 vta.).
Así las cosas, concluyó que correspondía reenviar los autos a la instancia de origen a fin de que efectúe un nuevo cómputo de pena.
A dicho voto prestó adhesión el doctor Mancini dejando a salvo que no era necesario pronunciarse en el caso sobre el entendimiento de la ley 27.362 (v. fs. 231 vta.).
V. Como se adelantó, el recurso prospera parcialmente.
V.1. La arbitrariedad y afectación del principio de legalidad traído por la parte defensora a remolque de que la pena de reclusión se encuentra derogada no progresa.
Es que más allá del carácter genérico de su planteo, debe recordarse una vez más que esta Corte, a partir del precedente P. 102.332 (sent. de 22-IV-2009), sostuvo que la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Código Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y por ende de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno pone en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal.
El mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento, la existencia de normas que dan cuenta de las diferencias entre dichas clases de pena a los fines de acceder a diferentes institutos (por ejemplo los arts. 26, 44 y 46, Cód. Penal) y las múltiples reformas operadas en el Código Penal con posterioridad a la sanción de la Ley de Ejecución Penal mediante las cuales se conminó con pena de reclusión a diversos tipos penales (leyes 25.061, 25.087, 25.188, 25.601, 25.742, 25.816, 25.882, 25.886, 25.890, 25.892, 25.893, 25.928, 26.394, 26.524, 26.791, 26.842, 27.352 y 27.401) demuestran que, pese a la identidad en su ejecución, siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (conf. P. 126.413, sent. de 23-V-2017; P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; e. o.).
Esta Corte en el reciente fallo P. 133.869 (sent. de 5-VII-2021) afirmó que la reclusión es la pena más grave de las que componen el catálogo del Código Penal (art. 5), pues otros aspectos que no se relacionan directamente con las condiciones materiales en las que debe cumplirse, permiten distinguirla de la de prisión y acentúan ese cariz diferencial y más severo, sin que las alegaciones de la parte logren conmover dicha conclusión.
V.2. De otro lado, si bien no he tenido ocasión de pronunciarme expresamente sobre el punto con anterioridad, estimo que el criterio sostenido por este Tribunal en torno al modo en que debe ser computado el tiempo de prisión preventiva cumplido, en este caso, por Juan Carlos Chacoma con posterioridad a los dos primeros años de detención cautelar en virtud de lo previsto en el art. 7 de la ley 24.390 debe ser reconsiderado, atendiendo especialmente para ello a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Miranda" del 26 de diciembre de 2019 (Fallos: 342:2362).
En ese sentido, este Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del art. 24 del Código Penal en cuanto al modo de abonar el plazo de prisión preventiva en caso de condena a la pena de reclusión (conf. P. 68.706, sent. de 4-X-2006), y si bien ha desestimado planteos como el aquí efectuado (conf. en lo pertinente P. 102.332, cit.; P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, sent. de 1-IX-2010; P. 106.883, resol. de 15-VI-2011; e. o.) como se adelantó, un nuevo examen de la cuestión a la luz de los lineamientos formulados por la Corte federal en "Miranda" lleva a afirmar que en el caso las diferencias pautadas en el cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390 no deben aplicarse.
El Máximo Tribunal nacional, luego de efectuar un análisis etimológico y jurídico-evolutivo de la pena de reclusión, estimó que "...el cómputo diferenciado de la prisión preventiva, conforme fuera concebido por el codificador en 1921 (artículo 24), respondía directamente a la diferencia que existía en la ejecución penitenciaria entre ambas penas privativas de libertad. Mediante la fórmula incorporada en el citado artículo, se reconocía que un día de prisión preventiva se correspondía a un día de cumplimiento de pena de prisión, por tratarse del mismo régimen penitenciario, pero exigía dos días de prisión preventiva para dar por cumplido un día de pena de reclusión, en función a la mayor severidad que el Código Penal había previsto para la ejecución penitenciaria de la reclusión" (cons. 20).
Dicha diferenciación estaba dada porque la prisión preventiva se cumpliría en un régimen penitenciario que revestía mayor severidad para la pena de reclusión. Ello motivó que el ordenamiento prevea una compensación tendiente a equiparar esa circunstancia: se exigió dos días de encierro preventivo -cumplido bajo el régimen penitenciario menos severo propio de la pena de prisión- para tener por cumplido un día de pena de reclusión, porque esto último importaba estar sometido a un régimen penitenciario más severo que aquel cumplido en forma cautelar.
La Corte Suprema afirmó que "...dado que en la actualidad no se distingue legalmente el encierro del recluso del encierro del preso, pierde toda razón de ser la diferencia prevista para computar el tiempo cumplido en prisión preventiva por los penados a reclusión, y ello incluye las diferencias pautadas en el cómputo privilegiado del art. 7º de la ley 24.390" (cons. 21).
Como se ha dejado en claro, la prisión y reclusión como penas privativas de la libertad subsisten; pero esta última se ejecuta del mismo modo que la de prisión.
En definitiva, debe dejarse sin efecto la decisión del tribunal de casación, pues si bien fue dictada en coincidencia con el criterio expuesto por este Tribunal hasta la fecha, lo cierto es que, al no existir diferencias en el modo de cumplimiento y ejecución entre las penas privativas de la libertad previstas en nuestro ordenamiento, el cómputo privilegiado previsto en el art. 7 de la ley 24.390 debe aplicarse al caso.
Así las cosas, deberá remitirse la causa a la instancia anterior a fin de que, con la urgencia del caso, se efectúe un nuevo cómputo de pena teniendo en consideración que es criterio de esta Corte que las penas de reclusión y prisión no presentan diferencias en cuanto a su cumplimiento y ejecución, sea considerándose el art. 24 del Código Penal o sea teniendo en cuenta el art. 7 de la ley 24.390.
V.3. Finalmente, vistos los señalamientos del señor fiscal general adjunto en el recurso de casación (v. fs. 189 y vta.), en cuanto a la firmeza de la decisión dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón sobre el alcance de la unificación practicada, que fue consentida por ese Ministerio Público (v. fs. 1.217/1.221 de la causa n° 20.451) pese a que los hechos de la causa n° 2.403 (y su acumulada n° 2.970) ocurrieron durante la vigencia de la ley 25.892 (B.O. de 26-V-2004), propongo anoticiar de ello al señor Procurador General a los efectos que estime corresponder.
Voto parcialmente por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también parcialmente por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Coincido con la solución propuesta por mis colegas preopinantes, a tenor de las constancias del expediente que se exponen.
I.1. El 29 de junio de 2009, en el marco de la causa n° 2.403 (y su acumulada n° 2.970), de trámite por ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón, Juan Carlos Chacoma fue condenado a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por violencia, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma, todos en concurso real entre sí, sucesos acaecidos el 29 de mayo de 2005, en la ciudad de Castelar, partido de Morón (causa 2.403) y el 25 de junio de 2005, en la localidad de Altos de Laferrere, partido de La Matanza (causa 2.970) -punto I del resolutorio-.
A su vez, en el punto VI del fallo al que se viene haciendo referencia se dispuso que, firme que se encuentre la presente, se certifique el estado de la causa n° 1.344 del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, a fin de sustanciar, eventualmente, el procedimiento unificador que corresponda, en los términos de los arts. 58 del Código Penal y 18 del Código Procesal Penal (v. fs. 90/95).
Dicha decisión fue impugnada por la defensa, luego convalidada por la entonces Sala II del Tribunal de Casación Penal -sentencia de 9 de junio de 2011- e impugnada por esa parte ante esta Suprema Corte (P. 115.198, sent. de 6-VIII-2
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