Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133244
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.244-RC, "Berganza, Gastón Roberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.737 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Violini, Kohan, Mancini .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de julio de 2019, en lo que aquí interesa, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, que había condenado a Gastón Roberto Berganza a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de los delitos que, por mayoría, se encuadraron como homicidio simple agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego en perjuicio de Diego Ignacio Feinmann; homicidio simple agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego en grado de tentativa en perjuicio de Iván Skowronski y portación ilegal de arma de guerra atenuada en perjuicio de la seguridad pública, por los hechos ocurridos el día 20 de noviembre de 2015 a las 00:35 horas aproximadamente, en ruta 8 casi esquina San Martín de la localidad y partido de Pilar (v. fs. 479/506 –fallo del tribunal casatorio- en relación con fs. 204/347 vta. –veredicto y sentencia de la instancia de origen-).
Contra esa decisión se alzó el defensor particular de Gastón Roberto Berganza, doctor Fernando Díaz Cantón, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 524/586 vta.) que fue parcialmente concedido (v. fs. 592/598 vta.).
Deducida queja por parte de la defensa contra la denegatoria parcial de la vía extraordinaria promovida (v. fs. 1.027/1.082 vta.), el tramo de la impugnación previamente denegada fue concedido por esta Suprema Corte por resolución de 11-III-2020 –causa P. 133.182- (v. fs. 1.085/1.090 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 1.096/1.104 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.107), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 1.110/1.124), emitida la resolución de este Tribunal de fecha 1-XII-2020 en virtud de la cual no se hizo lugar a los pedidos efectuados en representación de la Asociación Civil La Cantora, la Asociación Civil Miguel Bru, la Asociación Civil Juana Azurduy y la Asociación Civil Mujeres Cotidianas –estas dos últimas lo hicieron en adhesión a las anteriores- de ser tenidas como Amicus Curiae del Tribunal, por los fundamentos allí expuestos (v. fs. 51/54, Anexo – Amicus Curiae que corre por cuerda) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa denunció -en primer término- el absurdo y la arbitrariedad del fallo en la valoración de la prueba del "dolo" de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego en perjuicio del chofer de taxi, Iván Skowronski, y la errónea aplicación a ese hecho de los arts. 41 bis, 42 y 79 del Código Penal, con la consecuente afectación de los arts. 210, 371 y 459 del Código Procesal Penal; 1 y 18 de la Constitución nacional; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los principios de inocencia e in dubio pro reo (v. fs. 553 vta.).
Alegó que no es verdadero que del recurso de casación no surgiera crítica concreta a las calificaciones legales adoptadas en relación con los ilícitos en reproche y, en ese entendimiento, indicó que bastaba con leer dicha pieza impugnativa para advertir que la parte hizo alusión al planteo por el cual el imputado Berganza había "...admitido" que disparó hacia el taxi en el hecho que damnificó a Skowronski, pues "...debía dejar fuera de juego 'al automóvil' para que no pudiera (por ejemplo) perseguirlo", como así también manifestó que nunca tuvo intención de matar al conductor de ese rodado dado que el disparo fue "...para dañar" al vehículo y entendió que la operatividad del principio in dubio pro reo incluye los elementos subjetivos del tipo penal actuado, de modo que la falta de certeza sobre estos últimos debería computarse a favor del encausado (v. fs. 554 y vta.).
Consideró que hubo un claro e inequívoco cuestionamiento a la aplicación del tipo penal de tentativa de homicidio calificado, es decir una pretensión de inaplicabilidad del art. 79 con la calificante prevista en el art. 41 bis -en función del art. 42- todos del Código Penal y reclamó, en sustitución de ese encuadre normativo, la aplicación del art. 183 del mencionado cuerpo legal referido a la figura de daño de una cosa mueble ajena o bien, subsidiariamente, la correspondiente a la de abuso de arma de fuego –art. 104 primer párrafo del Código Penal- (v. fs. cit. vta./555 vta.).
Insistió en que jamás podría sostenerse que el acusado al disparar al taxista Skowronski obró con dolo homicida, ya que no se habría producido prueba de tal voluntad y que lo único que podía afirmarse con certeza, con base en las pruebas reunidas, es que Berganza disparó hacia el automóvil causándole los daños constatados en el juicio (v. fs. 555 vta.).
De igual modo, adujo que no podía afirmarse con certeza que el acusado haya intentado dar muerte al taxista con los disparos efectuados, tal como se sostuvo en los fallos condenatorios dictados en las instancias previas. En ese marco, entendió que las circunstancias ponderadas en el fallo en revisión referidas a que el imputado Berganza "...estaba instruido y entrenado en el uso del arma de fuego que efectivamente empleó"; que había "...buena visibilidad en el lugar y al momento de los hechos" y que "...el taxímetro [en el que se encontraba la víctima] estaba [situado] a pocos metros de distancia [respecto del tirador]", las mismas no autorizarían a afirmar –con certeza fundada- que con esos disparos el acusado intentó dar muerte al taxista, puesto que de encontrarse verificadas las circunstancias apuntadas "...lo lógico [...] hubiera sido concluir que las trayectorias de los disparos hacia el taxi no alcanzaron al taxista por la sencilla razón [de que] quien disparó no se propuso nunca acertarle " (fs. 557 y vta.; el destacado figura en el original).
Criticó el empleo en las sentencias dictadas en las instancias precedentes de las expresiones: "milagro", "milagrosamente" o "[por] fortuna" para explicar por qué los disparos no hirieron al taxista Skowronski, por entender que son términos ajenos a la ciencia y porque su uso implicaría una renuncia a brindar una explicación racional acerca de los motivos por los cuales los disparos no alcanzaron –en este caso- a la víctima en cuestión. Bajo su óptica, a tenor de las trayectorias acreditadas de los proyectiles, los mismos "...no fueron dirigidos hacia donde él estaba, es decir, [e]l acusado no apuntó [...] al conductor del taxi" (fs. cit. vta.).
Indicó que si los disparos no hicieron blanco en la persona de la víctima no puede ser atribuible al azar o a que el taxista haya esquivado los proyectiles, dado que –a su modo de ver- si Skowronski no sufrió lesión alguna fue porque los disparos efectuados, en función de las trayectorias establecidas en la causa, "... no se dirigieron hacia aquél [...], porque la voluntad del acusado no fue la de impactar al taxista; por lo tanto, la dirección de sus disparos [...] aparece como elemento revelador de la ausencia del dolo de homicidio " (fs. 557 vta. y 558; el destacado figura en el original).
Se interrogó en un plano conjetural acerca del motivo que podría haber determinado a Berganza a intentar dar muerte al taxista siendo que para él era un desconocido y que no le representaba una amenaza y, frente a esa hipótesis, entendió que el fallo impugnado incurrió en "...una falta de [...] explicación razonada acerca de por qué el acusado habría de querer proceder con el taxista como lo había hecho [...] con Feinmann", puesto que –en su visión de los hechos- el imputado "...le disparó al taxi para que [éste] no lo cruce y tener una vía de escape, y en ningún momento le apuntó al taxista" (fs. 559 y vta.; el destacado figura en el original).
Por lo tanto, estimó que incurrieron en el vicio de absurdo -por falta de fundamentación adecuada- tanto el pronunciamiento condenatorio de primera instancia, que tuvo por acreditado el dolo homicida "...para el caso [que damnificó al] taxista [Skowronski]" y que se le atribuyó al acusado Berganza en calidad de autor responsable, como la confirmación que recibiera esa decisión de parte del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 560).
Adujo que no se puede vislumbrar qué concepto de dolo suscribe el órgano revisor y si es el mismo que el sostenido en su decisión por el tribunal de juicio. En este tramo, entendió que "...ha quedado claro" que en ambos fallos se suscribió el criterio del "...dolo directo" respecto del evento que culminó con la vida de Feinmann, mientras que con relación al ilícito llevado a cabo contra el taxista "...no ha quedado expresado [...] la especie de dolo con la que se afirma que el acusado obró en el hecho" (fs. 560 vta. y 561).
A partir de esa distinción, señaló que el tipo subjetivo correspondiente al art. 79 –actuado en función de los arts. 41 bis y 42, todos del Código Penal- exige que "...el autor haya querido matar –tanto si obró con dolo directo, como si obró con dolo eventual-. No basta que solo haya conocido la probabilidad de que alguien muera como resultado de la acción", pues este conocimiento de probabilidad –sin más- no permite distinguir el dolo evento al de la llamada culpa consciente o con representación del resultado, que en el caso conllevaría a la impunidad del acusado "...ya que no existe la tentativa del delito culposo de homicidio" (fs. 561 vta.; el destacado figura en el original).
Remarcó que todo dolo, directo o eventual, requiere de un elemento subjetivo volitivo y, por lo tanto, para que la sentencia cuestionada pueda ser considerada fundada debió explicar por qué estimó presente ese elemento. Bajo esa premisa, indicó que si el tribunal casatorio suscribió "...una de las teorías de la representación, prescindiendo del elemento volitivo en cualquier especie de dolo –o al menos en el eventual-, así debió exponerlo (algo que no hizo, pues del fallo no surge ninguna explicación sobre por qué el hecho que absurdamente se dio por probado se considera 'dolo' de homicidio)" (fs. 561 vta. y 562).
Postuló, seguidamente, que una interpretación de este tenor en cuanto conlleva a la expansión del concepto de dolo resulta lesiva del principio constitucional de legalidad (v. fs. 562).
Destacó que su agravio, lejos de tratarse de una mera discrepancia con la valoración del material probatorio, debe tomarse como una denuncia de que se ha violado flagrantemente el principio de presunción de inocencia y su derivado el de in dubio pro reo , al prescindirse mediante una infracción a las reglas de la sana crítica racional de la certeza necesaria para arribar a un fallo condenatorio y luego a su confirmación, de conformidad con los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. cit. vta.).
I.2. Luego planteó que resultaba errónea la decisión de la Casación de denegar la aplicación al caso del art. 35 del Código Penal, vinculado con la figura del exceso en la legítima defensa y recordó que su planteo había sido efectuado de un modo subsidiario en el recurso casatorio (v. fs. 565 vta.).
Criticó, a su vez, que el tribunal de juicio hubiera descartado la subsunción de los hechos en juzgamiento bajo la causal de justificación del art. 34 inc. 6 del digesto sustantivo referida a la legítima defensa, en razón de considerar que no había existido una agresión ilegítima en perjuicio del acusado o sus acompañantes y por la falta de necesidad racional del medio empleado (v. fs. cit.).
Entendió que el Tribunal de Casación asumió que podía ser correcto lo afirmado por la defensa en cuanto a la efectiva existencia de una agresión ilegítima por parte de Feinmann, en cuanto este incitó a Berganza a que "...se baje [de su automóvil para pelear", "...tildándolo de cagón", "...diciéndole hijo de puta", "...golpeándole el auto", que se "...[hubiera] presentado con un acompañante y llegado en un taxi con su respectivo chofer" y que haya "...planeado ello con una semana de antelación", y consideró que la única razón por la que en esa instancia se descartó la legítima defensa como causal de justificación consistió en que "...frente a la agresión ilegítima que sufrió [Berganza], no provocada por él (y que no le era exigible soportar o, alternativamente, eludir, huyendo del agresor) empleó contra éste un medio que no se advierte ex ante necesario y proporcional, por lo que no encuentra configurado el segundo requisito de la legítima defensa alegada (ya que no le advirtió a su agresor que estaba armado y porque aún pudo utilizar el arma de modo disuasorio )". En su opinión, expresó que tales expresiones "...son demasiado abstractas" por no haber descripto con mayor precisión a qué conductas alternativas del imputado pretendió referirse (fs. 566 vta./567 y vta.; el destacado figura en el original).
Efectuadas esas precisiones, adujo que su agravio vinculado a la calificación legal quedaba circunscripto "...no a la errada no aplicación por el Tribunal [intermedio] de la eximente del artículo 34, inciso 6 [del Código Penal...], sino [a] la exclusión [...] del artículo 35 del CP a los hechos que se consideraron probados", es decir contra la negativa a aplicar al caso la figura del exceso en la legítima defensa prevista en la norma último citada (v. fs. 568/569).
Tachó de irracional e inconstitucional la exégesis efectuada por el tribunal casatorio que condujo a descartar la aplicación al caso del mencionado art. 35 cuando "... la conducta ab initio [endilgada al acusado] no estaba en el marco de la justificante [prevista en el art. 34 inc. 6 del Código Penal]", importando ello una clara violación de los principios de ultima ratio y pro homine en el sentido que les fuera asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta" –Fallos: 331:858- (v. fs. 569 y vta.; el destacado figura en el original).
Estimó que esos argumentos -que consideró dirimentes- no fueron siquiera tratados en su fallo por el órgano a quo e indicó que quedó huérfano de respuesta el planteo a través del cual la defensa procuró poner en evidencia que, más allá de la secuencia con que se efectuaron los disparos, Berganza "...reaccionó ante un ataque actual ilegítimo que no provocó, en una situación de necesidad de defensa, obr[ando] con exceso en los términos del artículo 35 de[l] CP incluso de la conducta mediante la que reaccionó se juzgase [...] excesiva ab initio " (fs. 569 vta. y 570; el destacado figura en el original).
Cuestionó, en sintonía con lo expresado, que tanto pronunciamiento condenatorio como su ratificación en sede casatoria se hayan inclinado por no encuadrar el evento en juzgamiento dentro de los contornos del citado art. 35 del Código de fondo, en razón de entender que tal exclusión obedecía a que "...[el] autor inicialmente no ha obrado dentro de los límites del artículo 34 inciso 6 del mismo código, para superarlos posteriormente". A su criterio, el temperamento asumido no encontraría respaldo en el texto de la norma primero citada y resultaría contrario a los principios constitucionales que han sido objeto de mención, habiendo el fallo puesto en crisis incurrido en una afirmación meramente dogmática que no cuenta más que con el apoyo de la voluntad subjetiva de los magistrados intervinientes (v. fs. 570 y vta.).
Tajo a colación diferentes autores de doctrina en sustento de su postura proclive a entender que no resultaría correcta la interpretación que conduce a denegar la disminución de pena propia del "exceso" del citado art. 35 –como aconteció en el caso-, sobre la base de ponderar que "...no medió un estado inicial de legítima defensa" (fs. 570 vta./573).
Insistió en que devendría insostenible que el supuesto de autos no pueda quedar comprendido en el marco semántico de la ley sustantiva reclamada -art. 35 del Código Penal-, pues bajo su óptica dicha norma es aplicable cuando "...[el] exceso ab initio del que se defiende, de un modo desproporcionado, desde el comienzo de su reacción, de una agresión ya comenzada" , siendo esta la orientación interpretativa que debió preferirse en función de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que se hizo referencia y de los principios constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos que entendió ignorados por parte del tribunal revisor (v. fs. 573; el destacado figura en el original).
Coligió que el criterio del Tribunal de Casación que no se hizo cargo de las críticas postuladas por la defensa que han sido reseñadas, incurriría en el vicio de absurdo por apartamiento de la solución normativa prevista para el caso concreto, lo que redundaría –también- en la configuración de la causal de arbitrariedad, en el entendimiento de que las decisiones judiciales que excluyen la consideración de las disposiciones esenciales de la ley para resolver la causa, carecen de motivación y solo tienen una fundamentación aparente e inhábil (v. fs. 573 vta.).
Manifestó que no desconoce que su planteo resulta contrario a lo resuelto por esta Suprema Corte en diversos precedentes anteriores, pero que su propósito es además que se "...revea la posición" del Tribunal sobre el tema a la luz de las argumentaciones que expuso (v. fs. 574 y vta.).
Estimó, en esta misma parcela de su queja, que el ilícito que damnificó al taxista Skowronski encuadrado legalmente como tentativa de homicidio calificado por el empleo de un arma de fuego –arts. 41 bis, 42 y 79 del Código Penal-, debería quedar subsumido en la figura típica de "daño" a tenor de las previsiones del art. 183 del mencionado digesto sustantivo y extendió su reclamo favorable a la aplicación del art. 35 del Código Penal a dicho suceso (v. fs. 574 vta.).
Así, hizo extensivas todas aquellas consideraciones efectuadas que se refirieron a la aplicación de la figura del exceso en la legítima defensa contemplada en el art. 35 del Código Penal al supuesto fáctico que involucró al taxista Skowronski y aseveró que el mismo debería ser considerado como "...un supuesto de daño cometido con exceso de los límites de la necesidad ante la que el acusado [Berganza] reaccionó de modo desproporcionado (artículos 183 y 35 del C.P.), por lo que el suceso es impune (ya que no hay tipo culposo de daño del que puede extraerse pena alguna que aplicar al hecho). Esta es sin duda la solución que debe preferirse en observancia del principio de legalidad en materia penal (artículo 18 de la CN y normas complementarias de los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía conforme al artículo 75 inciso 22 de nuestra C.N.)" (fs. 575; el destacado figura en el original).
Consideró, de un modo subsidiario, que de rechazarse su agravio principal tal como ha sido reseñado precedentemente, se debería encuadrar normativamente el hecho enrostrado que tuvo por víctima a Skowronski como tentativa de homicidio cometido con el empleo de un arma de fuego y en exceso de la necesidad de la defensa, conforme las previsiones de los arts. 35, 41 bis, 42 y 79 del Código Penal, lo cual produciría que ese ilícito "...sería punible con la pena menor del art. 84 del CP" (fs. cit. vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.