Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133634
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.634, "Angelosante, Rubén Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.316 del Tribunal de Casación, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de julio de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Rubén Fabián Angelosante contra la sentencia del Tribunal de Jurados -habilitado para resolver en la causa 1441-2017 de trámite ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca-, que dictó veredicto de culpabilidad por mayoría de diez votos, tras lo cual, y celebrada la audiencia de cesura de juicio, la jueza del citado órgano condenó al nombrado a la pena de treinta y ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple y homicidio calificado por el uso de armas en concurso real (arts. 41 bis, 45, 55 y 79, Cód. Penal; v. fs. 149/154 vta. con relación a fs. 1/46 vta.).
Contra ello la defensa particular del encartado, doctor Mariano Jara, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/179), que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 445/448 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 462/467), dictada la providencia de autos (v. fs. 469), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, el recurrente se agravió por entender que el Tribunal de Casación Penal no dio respuesta a la denuncia de afectación al derecho de defensa en juicio que se habría producido a partir de las instrucciones impartidas por la jueza al jurado tras la finalización del debate. A su entender, se configuró un caso de "gravedad institucional" por haberse cargado sobre su asistido la omisión de su anterior defensa de impugnar tales instrucciones (v. fs. 164 vta. y 165).
Refirió que el mero "procesalismo" o "rigorismo formal" al que hizo alusión el Tribunal de Casación para rechazar su agravio debía ceder, de conformidad con el art. 202 inc. 3 del Código Procesal Penal y su vinculación con los principios de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.), frente a un supuesto nulificante como el que había denunciado, esto es, el haber impedido a los miembros del jurado valorar una prueba esencial como fueron las declaraciones del imputado en la audiencia de debate (v. fs. 165/166).
De seguido, aludió al derecho del imputado a ser asistido por un defensor de su elección y al carácter irrenunciable del mismo (arts. 8.2 "d" y "e", CADH y 14.3, PIDCP); y explicó que el derecho de contar con una defensa técnica no se satisface con la simple intervención formal o nominal, sino que debe ser asistido con un mínimo de eficacia y que además abarca la actividad impugnativa que en el caso se encontraba vulnerada debido a que no se había llevado a cabo una revisión amplia del fallo condenatorio (v. fs. 166/167 vta.).
I.2. Por otro lado, el impugnante alegó defectos de fundamentación y motivación en la sentencia casatoria, que -a su criterio- la descalifican como acto jurisdiccional válido (v. fs. 167 vta.).
Denunció absurdo valorativo de los elementos probatorios y criticó el método de valoración de prueba característico del jurado ("íntima convicción"), afirmando que el modelo de la "sana crítica" es el único compatible con el principio constitucional de racionalidad de actos de gobierno y la adecuada fundamentación de las sentencias (v. fs. cit. y 168).
Insistió en que las instrucciones impartidas al jurado eran el principal objeto de impugnación por falta de precisión, falencia que privó al veredicto de motivación y lo convirtió en nulo. Afirmó que la Casación rechazó el planteo de esa parte según el cual el jurado no pudo -porque así se lo indicaron en las instrucciones impartidas- ponderar en la sentencia de condena una prueba esencial como lo era la declaración de su asistido; concluyendo que tal actitud resultó arbitraria y afectó el debido proceso (v. fs. 168 vta./169 vta.).
Tras realizar una transcripción del audio en el que la jueza del tribunal oral brindó las instrucciones iniciales y finales al jurado haciendo las recomendaciones de rigor, explicó quiénes eran las partes del juicio y cómo debían valorar la prueba y lo que estaba incluido en ella, el recurrente denunció nuevamente que la magistrada omitió agregar en su explicación la declaración del imputado como parte integrante del plexo probatorio y solo mencionó como ponderables lo dicho por los testigos y peritos (v. fs. 170/174 vta.).
Finalmente, adujo que las instrucciones impartidas al jurado condicionaron su decisión y advirtió que las declaraciones del imputado -excluidas y no tenidas en cuenta por el jurado- servían, por un lado, de sustento para la postura de la defensa y, por el otro, como punto de partida en la destrucción de la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (v. fs. 175 vta./178 vta.).
Por lo expuesto, pidió que se case la sentencia impugnada y se decrete la nulidad del veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria dictada en consecuencia.
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. fs. 462/467). Coincido con esa postura.
III. Liminarmente cabe destacar que por tratarse de un pronunciamiento que fue dictado en el marco de un juicio por jurados, según la naturaleza propia de ese sistema, la fundamentación de los motivos sobre la materialidad ilícita, la participación del o los acusados y el derecho aplicable a la plataforma fáctica tenida por acreditada, no son exteriorizados en el veredicto del modo en que se expresa una sentencia emanada de jueces técnicos (conf. art. 210, CPP; doctr. causa P. 130.086, sent. de 6-XI-2019).
Conforme lo determina la norma que rige estos supuestos (art. 106, CPP), son las instrucciones del juez técnico que dirigió el debate las que constituyen "plena y suficiente motivación" del veredicto.
Y justamente, frente a los agravios llevados por la defensa particular de Rubén Fabián Angelosante, el Tribunal de Casación Penal emprendió su actividad revisora que, como podremos advertir, lo llevó a abordar los planteos de la parte y descartarlos.
III.1. El 2 de mayo de 2018, en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, se llevó adelante la selección de jurados en causa seguida a Rubén Fabián Angelosante de trámite por ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental, quien había sido acusado por los delitos de homicidio y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real. Cumplido con el trámite previsto en el art. 338 quater del Código de rito, el desarrollo del debate y el alegato final de las partes (arts. 357 y 368, CPP), la jueza técnica brindó las pautas para su reflexión, las cuales fueron consensuadas. Seguidamente, el jurado pasó a deliberar (art. 371 ter , CPP) y se pronunció por la culpabilidad del nombrado (v. fs. 1/15). Con posterioridad, el tribunal de juicio llevó adelante la audiencia de cesura (v. fs. 16/26) y, finalmente, dictó sentencia imponiendo pena (v. fs. 27/46 vta.).
III.2. Frente a ello, la defensa particular de Rubén Fabián Angelosante dedujo recurso de casación (v. fs. 52/99 vta.).
En síntesis, el impugnante denunció infracción al art. 106 del Código Procesal Penal por ausencia de motivación del veredicto de culpabilidad, debido a que -a su entender- las instrucciones impartidas al jurado resultaron nulas por "falta de precisión" al omitir brindar toda la prueba de la que podía valerse para dictar su veredicto (v. fs. 65 vta. y 68 vta.).
Afirmó que en el caso había recaído una sentencia condenatoria en la que el jurado no pudo -porque así se lo indicaron las instrucciones impartidas- ponderar una prueba esencial del debate, y destacó que la jueza prohibió expresamente al jurado valorar la declaración del imputado (v. fs. 70 y vta.).
Asimismo se agravió por entender que, debido a la arbitraria confección de las instrucciones denunciada, el veredicto de culpabilidad se apartó manifiestamente de la prueba producida en el debate (art. 448 bis inc. "d", CPP; v. fs. 72 y vta.).
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso deducido y confirmó el veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado (v. fs. 149/154 vta.).
En primer lugar, el órgano revisor refirió que las instrucciones cuestionadas por la defensa estuvieron delineadas en la audiencia del art. 371 bis del Código Procesal Penal tras la finalización del debate oral y, conforme surgía del acta que documentaba tal acto, habían sido consensuadas por las partes. Al respecto, destacó que la defensa del encartado había tenido una participación activa en la formulación de tales instrucciones, por lo que no podía señalarse -pues no se había hecho constar en el acta- que no hubiera estado de acuerdo con ellas o que las hubiera objetado (v. fs. 150 y vta.).
Seguidamente, refirió que el art. 371 bis del Código citado resultaba claro al precisar que en dicha audiencia las partes tienen la prerrogativa de presentar sus propuestas de instrucciones y que "...plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas..." y "...dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia...". Sin embargo, el órgano intermedio resaltó que, conforme el acta que documentaba la audiencia, nada de ello había ocurrido en el caso, dado que la defensa había guardado silencio, sin cumplir con la carga legal impuesta por la citada norma para poder impugnar la sentencia posteriormente (v. fs. 150 vta.).
Por otro lado, el tribunal revisor refirió que, si bien el impugnante había entendido que en el caso cabía aplicar la hipótesis del art. 448 inc. "c" del ritual, no compartía esa postura porque dicha norma establece como supuesto de revisión casatoria los casos en que "...se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieran condicionar su decisión", imponiendo una carga a la parte con la exigencia de una objeción de las instrucciones oportuna; que, en el caso, no había acontecido (v. fs. 150 vta. y 151).
A todo lo expuesto, sumó que la defensa de Angelosante estuvo presente cuando las instrucciones que había consentido fueron leídas al jurado previo a la deliberación final, oportunidad en que las pudo haber objetado, pero tampoco lo hizo. Por ello, consideró que el planteo resultaba inadmisible por extemporáneo (v. fs. 151).
Agregó que la parte tampoco se había encargado de explicar por qué debían dejarse de lado aquellos mandatos legales que ponían en su cabeza una carga procesal que -en el caso- había incumplido, lo que denotaba la insuficiencia del planteo (v. fs. cit.).
Por otra parte, descartó la queja apoyada en el art. 448 bis inc. "d" del ordenamiento ritual en cuanto establece como casable la sentencia condenatoria que se derive de un veredicto de culpabilidad apartado manifiestamente de la prueba producida en debate (v. fs. 151 vta.).
Luego de destacar las dificultades en la revisión de las decisiones dictadas en el marco de un juicio por jurados, refirió que en estos casos adquiere fundamental relevancia para delimitar la tarea de ese tribunal intermedio el vocablo "manifiestamente" utilizado por el legislador en el inc. "d" del artículo citado (v. fs. cit.). En ese contexto, afirmó que "...la prosperidad de un recurso de casación contra la condena derivada del veredicto de un jurado popular supone un grosero apartamiento de la prueba, de modo tal que resulte evidente (en el sentido de que su constatación no requiera más que la simple vista), es decir: manifiesto" (fs. 152).
A continuación, la Casación descartó que en el caso pudiera evaluarse un supuesto de excepción como el antes referido, pues el agravio de la defensa era insuficiente por limitarse a mencionar la declaración del imputado y de otros testigos para fundamentar su postura contraria a la asumida por el jurado, pero admitiendo también la existencia de un testimonio que inculpaba directamente a su defendido, lo cual -lejos de mostrar el manifiesto desajuste requerido por la ley- evidenciaba una mera discrepancia en orden al grado de convicción que se debió otorgar a cada declaración (v. fs. 152).
Adicionó que "...cuando se invoca dicha situación de excepción es insoslayable considerar la totalidad de la evidencia con la que contaba el jurado a la hora de decidir, para demostrar que todo ese cúmulo de probanzas, considerado integralmente, no era de ningún modo apto para arribar a la conclusión alcanzada"; mas ponderó que la propia parte reconoció que "...existió prueba testimonial directa en sentido diametralmente opuesto a las aspiraciones defensistas [...] que bien pudo ser determinante en la decisión final alcanzada en el proceso", concluyendo que las referencias a determinados testimonios, incluido el del inculpado, no alcanzaba para desterrar de plano el convencimiento del jurado popular (v. fs. 152 vta.).
Insistió en que el embate de la defensa en realidad parecía edificarse en la asignación de una mayor entidad convictiva a determinados elementos de prueba por sobre otros; y que ello, en el marco de un juicio por jurados, no constituye un mecanismo idóneo de impugnación del veredicto de culpabilidad (v. fs. 152 vta. y 153).
A su vez, indicó que lo antedicho no colisionaba con el derecho del imputado al recurso debido a que este había decidido de manera voluntaria someterse a ese tipo de proceso (art. 22 bis, CPP), en el que la revisión de la condena no puede realizarse con las mismas reglas y parámetros que en los casos sentenciados por jueces profesionales. Agregó que en estos supuestos la tarea revisora debe ser efectuada con extrema cautela, a fin de no invadir espacios exclusivos del jurado representativo, y debe tender más bien a concentrarse en cuestiones preponderantemente "de derecho", debiendo ceder -en lo que hace a los hechos- solo en casos de manifiesto apartamiento de la evidencia, que indefectiblemente debe ser probado por el impugnante con la suficiencia y carga técnica necesarias; aclarando que ello no sucede cuando queda fuera del análisis impugnativo una porción de la prueba producida en el juicio (v. fs. 153 y vta.).
En síntesis, concluyó que el caso en estudio no había quedado atrapado en el supuesto expresado en el inc. "d" del art. 448 bis del Código Procesal Penal, en tanto no se había comprobado que la decisión cuestionada resultara de un apartamiento manifiesto de las pruebas producidas en el juicio (v. fs. 153 vta.).
IV. Como adelanté, el recurso no prospera por cuanto el impugnante no refutó los fundamentos dados por el tribunal intermedio para rechazar análogos planteos llevados ante esa instancia (doctr. art. 495, CPP).
IV.1.a. En primer término, cabe resaltar que el recurrente bajo la denuncia de vulneración a garantías constitucionales y supranacionales, en rigor, postula embates que se refieren a cuestiones de índole procesal (art. 371 bis y concs., CPP), materia que resulta ajena a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte (art. 494, CPP).
Por otro lado, a partir de la reseña efectuada en el punto "III.3." de la presente, podemos advertir que el Tribunal de Casación se refirió a análogos planteos llevados ante esa instancia y puntualmente contestó: que las instrucciones impartidas al jurado habían sido consensuadas por las partes; que la defensa de Angelosante había tenido una activa participación en la formulación de esas instrucciones sin haber dejado constancia de desacuerdo en el acta labrada, por lo que había incumplido con la carga legal impuesta por el art. 371 bis del Código de rito; que la defensa del nombrado también había estado presente en el momento en que las instrucciones fueron dadas al jurado previo a la deliberación y las consintió; y que -por esos motivos- el reclamo resultaba extemporáneo.
De tal modo, podemos apreciar que el tribunal intermedio abordó los cuestionamientos efectuados a las instrucciones impartidas al jurado y los descartó sin que la parte se hiciera cargo de ellos, en tanto se limitó a reiterar iguales críticas a las llevadas ante aquella instancia revisora. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
IV.1.b. En otro orden, las pretensiones nulificantes del quejoso resultan meramente formales desde que omite señalar un concreto gravamen en perjuicio de su asistido, lo que conduce a la ineficacia de tal petición conforme la asentada doctrina de esta Suprema Corte que indica que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso (conf. causas P. 104.373, sent. de 11-XII-2013; P. 119.120, sent. de 20-V-2015; e.o.); extremos que no han sido debidamente invocados y acreditados en el caso.
En efecto, si bien la defensa de Angelosante plantea la nulidad absoluta de los actos procesales cumplidos en inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado (v. fs. 165/166), no se encarga en demostrar cuál fue ese perjuicio concreto ni qué defensas se vio privado de ejercer.
En definitiva, no se observa -ni tampoco la parte logra demostrar- que la decisión adoptada por el Tribunal de Casación haya sido arbitraria o infundada, ni tampoco que hubiese sido dictada en vulneración a la normativa supranacional y doctrina citada, en tanto como se dijo, los agravios de la defensa tuvieron un abordaje y una respuesta por parte del tribunal revisor, sin que el recurrente se hiciera cargo de ello.
En consecuencia, el agravio se devela insuficiente (art. 495, CPP).
IV.2. Por otro lado, frente a lo decidido por el Tribunal de Casación Penal en cuanto a la denuncia de inobservancia del art. 448 bis inc. "d" del Código Procesal Penal formulada por la defensa de Angelosante, el impugnante insiste con idéntico planteo al llevado en el recurso de casación (v. fs. 52/99), sin aportar nuevos argumentos que permitan conmover de manera idónea la suerte de lo decidido por la Casación (conf. art. 495, CPP).
En efecto, el recurrente vuelve a incursionar en contra de las instrucciones impartidas por la magistrada al jurado, por considerarlas carentes de precisión y privar al veredicto de una debida motivación que lo llevó a apartarse de la prueba rendida en el juicio y no ponderar prueba esencial como lo era -a su entender- la declaración del imputado (v. fs. 168 vta./169 vta.); pero, con ello, no logra evidenciar que ese agravio trascienda de una mera opinión discrepante con lo resuelto, sin demostrar ni las violaciones legales denunciadas ni la arbitrariedad invocada (art. 495, CPP).
De tal modo, al reeditar el agravio llevado en las instancias previas, no controvierte eficazmente la conclusión del Tribunal de Casación Penal en cuanto juzgó que en el caso no existió de parte del jurado un evidente apartamiento de la prueba, y que el agravio de la defensa era insuficiente porque se había limitado a mencionar la declaración del imputado y otros testigos para fundamentar su postura diversa a la asumida por el jurado popular, pero reconociendo la existencia de prueba directa en sentido diametralmente opuesto a las aspiraciones defensistas que bien pudo haber sido determinante en la decisión final alcanzada en el proceso.
La
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