Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133937
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.937, "Alonso, José Antonio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 14.928/15 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Juzgado en lo Correccional n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó a José Antonio Alonso -mediante juicio abreviado- a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, con costas y la imposición de reglas de conducta contenidas en el art. 27 bis del Código Penal, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (v. fs. 528/533 vta.).
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2020, rechazó el recurso de apelación deducido por el defensor de confianza de Alonso.
Frente a lo así decidido, el defensor particular, doctor José María López, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 542/560 vta.), siendo concedido el mismo por la Cámara (v. fs. 566 y vta.).
Este Tribunal declaró la nulidad de la resolución por la que se concedió tal vía extraordinaria y devolvió las actuaciones al Tribunal de Alzada para el dictado de una nueva decisión sobre el punto (v. fs. 575/577). En función de lo así decidido, el 16 de abril de 2021, la aludida Sala III declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular por contener planteos de pretensa índole federal (v. fs. 584/585).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 592/596 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 598), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el remedio extraordinario interpuesto, el defensor particular de José Antonio Alonso, doctor José María López, formuló -en lo que llega aquí concedido- los siguientes motivos de agravio.
I.1.a. En primer lugar, tachó de arbitraria la decisión de la Cámara por apartamiento del derecho a obtener la revisión de la condena conforme los parámetros establecidos en el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el extremo relativo a la autoría responsable de su asistido en el hecho (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 8.2.h y 25, CADH; v. fs. 548).
En síntesis, alegó que la respuesta del órgano revisor a los cuestionamientos sobre la acreditación de la autoría de su asistido fue una homologación vacua de las conclusiones del juzgador, con fórmulas dogmáticas sobre el alcance del recurso para prescindir del control integral demandado (v. fs. 548 y vta.).
Expresó que teniendo en cuenta las relaciones de parentesco y vecindad entre la víctima y los testigos de cargo [en referencia a Matías Ezequiel Muñoz y Villalba, hijo y vecino de aquella, respectivamente], resultaba imprescindible un análisis con base en las reglas de la sana crítica racional y en la crítica externa e interna de dichos testimonios, que -a su entender la sentencia de grado no efectuó- y la Cámara no corrigió (v. fs. 550).
Adujo que el órgano revisor al desechar los cuestionamientos aludidos reeditó literalmente las consideraciones del tribunal de mérito sin una crítica externa e interna de esa prueba testimonial, y sin sopesar las declaraciones entre sí, ni con otros elementos probatorios como las declaraciones de los funcionarios policiales o las de Cuevas Velázquez y Bolzan (v. fs. 550 vta. y 551).
Afirmó que la decisión impugnada consistió en una descripción meramente parcial de lo sucedido que omitió el cotejo de los dichos de los testigos de cargo con el resto de la prueba e indicios disponibles, sin valorar las pruebas que demostrarían la ajenidad de Alonso en el hecho (v. fs. 551).
Sobre el punto, trajo a colación las declaraciones prestadas por los funcionarios policiales, destacando que los policías Narsal y Pérez desvirtuaron la hipótesis de que Alonso ejerció violencia contra Muñoz con golpes de puño, patadas y una llave francesa, y negaron expresamente que hubiera habido un elemento como ese al momento de la agresión (v. fs. 551 y vta.).
Agregó que otra contradicción entre los testimonios se dio al momento de expedirse respecto de los vendajes que presentaba Julián Muñoz, quién negó presentar lesiones previas al hecho, y que todos los policías fueron contestes en señalar que tenía vendas en su antebrazo, muñeca y/o mano (v. fs. 551 vta.).
I.1.b. Como un segundo déficit estructural del fallo impugnado, denunció la falta de ponderación y confronte desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia (v. fs. 552).
Sostuvo que la Cámara prescindió de las declaraciones testimoniales desincriminantes respecto de su asistido que hacen a su inocencia (v. fs. 552 vta.).
Remarcó que se verifica un supuesto de fundamentación aparente ya que la decisión sustentó que la selección y valoración de los elementos convictivos recibidos con inmediación durante el debate resultaba irrevisable y privativa de los jueces de mérito, cuando en el caso, en virtud de haberse aplicado el trámite de juicio abreviado, no hubo inmediación con el material probatorio (v. fs. cit.).
Alegó que su defendido brindó una clara versión de lo sucedido, que fue corroborada por los testimonios de Cuevas Velázquez y Bolzan -la que reseñó brevemente-, de las cuales concluyó que fueron personas ajenas al imputado quienes agredieron a Muñoz, sin perjuicio del altercado de palabras, con un empujón de por medio, que tuvo lugar entre Alonso y la víctima (v. fs. 553 y vta.).
Postuló, en suma, que la decisión impugnada prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia y solicitó que sea revocada (v. fs. 554).
I.2.a. Luego denunció la arbitrariedad normativa del fallo en torno a la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, por sustentarse en meras afirmaciones dogmáticas (v. fs. cit.).
En concreto, reclamó que se aplicó arbitrariamente el sistema de atenuantes y agravantes, pues las circunstancias que se valoraron para alejarse del mínimo no son válidas ni resultan ajustadas a derecho (v. fs. 554 vta. y 555). Así, estimó que la agravante vinculada con la extensión del daño causado -violencia desplegada y poder ofensivo- ya se encontraba contemplada en el delito imputado, y su ponderación implicaría incurrir en una doble valoración prohibida (v. fs. 554 vta./555 vta.).
Por último, expresó que el derecho no lo es al mínimo legal, sino a que se brinde una justificación razonable de por qué no se aplica dicho mínimo, y siendo que -en su criterio- el revisor no sustenta la ratificación de la postura del sentenciante de grado en norma o criterio alguno, debería readecuarse la penalidad aplicable al mínimo legal por no existir agravantes, y si atenuantes (v. fs. 555 vta.).
I.2.b. Como último planteo, volvió a postular la arbitrariedad normativa de la decisión, esta vez en la fijación por el término de dos años de las reglas de conducta del art. 27 bis del Código Penal (v. fs. 555 vta.).
Tildó de auto contradictorio el fallo impugnado en cuanto, por un lado, afirmó que no resultaba susceptible de negociación entre las partes la imposición de las reglas de conducta que establece dicha norma y, por otro, que debieron hacerlo las partes, pero lo dejaron en cabeza del magistrado sentenciante. De lo cual, se interroga si se puede o no negociar, y si puede el juez sin más fijar las reglas (v. fs. 555 vta. y 556).
Además, adujo arbitrariedad por apartamiento del art. 399 del Código Procesal Penal, en el entendimiento de que admitir que el magistrado pueda decidir sobre las reglas de conducta si las partes no lo hicieron, importaría invalidar dicha norma en cuanto allí se establece que no se pueden incluir otras que las convenidas por las partes; y porque no existe una norma habilitante que pueda dar asidero a la interpretación ensayada por el decisor (v. fs. 556 y vta.).
Como refuerzo de lo anterior, adujo que el art. 398 del Código adjetivo expresa que deben extremarse los recaudos para establecer la libertad con que el imputado prestó su consentimiento, el conocimiento de las consecuencias del acuerdo y el asesoramiento eficaz que recibió (v. fs. 557).
Concluyó que, al imponerse estas reglas de conducta, el sentenciante está condicionado a que ellas sean -en el caso- adecuadas para cumplir un fin de prevención especial, y que examinadas aquellas dispuestas en el caso aparecen como notoriamente excesivas (v. fs. 557 vta. y 558).
En definitiva, requirió que se revoque el fallo en crisis y se deje sin efecto lo actuado disponiéndose el sobreseimiento del imputado; o bien, se modifique la pena imponiéndose el mínimo de la escala penal, declarándose la nulidad de la parte dispositiva que impone reglas de conducta, dejándose sin efecto las mismas (v. fs. 559 vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso traído (v. fs. 592/596 vta.). Coincido en que el remedio no prospera.
III. En cuanto al primero de los planteos reseñados, el recurrente no logra demostrar la transgresión de los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales que denuncia (art. 495, CPP).
En efecto, del contenido del decisorio cuestionado se advierte que el aludido tribunal intermedio dio respuesta a los reclamos de la defensa.
III.1. Veamos. El órgano de juicio tuvo por acreditado que "...el día 11 de marzo de 2015, aproximadamente a las 16.15 hs. en la intersección de las calles Larrea y Verdi de la localidad y partido de Lomas de Zamora, un sujeto del sexo masculino identificado como José Antonio Alonso, co-actuando con otros dos sujetos más no identificados, ejerció violencia contra Julián Muñoz, mediante golpes de puño y con la utilización de una llave francesa como así también con patadas, produciéndole a Muñoz una lesión contusa de color rojo-violácea en párpado superior derecho, excoriaciones lineales en región malar derecha, lesión cortante en arco superficial izquierdo con 5 puntos de sutura, deformidad a nivel de maxilar inferior derecho, fractura doble de maxilar inferior, lesiones estas de carácter graves desde el punto de vista médico- legal" (fs. 475 vta.).
Consideró a José Antonio Alonso autor responsable del delito de lesiones graves (art. 90, Cód. Penal).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante el voto del juez Bravo, que concitó la adhesión simple del doctor García Díaz, en respuesta a idéntico agravio llevado a su conocimiento, sostuvo inicialmente que la mera discordancia del defensor con respecto a una distinta valoración de los testimonios no transformaba en arbitraria a la sentencia; enfatizando que el juzgador había señalado y valorado cada una de las piezas procesales que lo habían llevado a probar con la certeza necesaria, la participación de José Antonio Alonso en los hechos (v. fs. 529 vta. y 530).
En lo concerniente a la apreciación de la prueba testimonial, sostuvo que no hubo un quiebre del razonamiento lógico del juzgador y que ese órgano tenía dicho que determinar si un imputado intervino o no en el ilícito investigado constituye una cuestión de hecho que, por sustentarse en la selección y valoración de los elementos convictivos recibidos con inmediación durante el debate, resultaba privativa de los jueces de mérito e irrevisable en sede casatoria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad en la formación de la convicción, lo que no sucedía si el recurrente sólo efectuaba una valoración personal de la prueba sin señalar algún vicio invalidante del razonamiento del sentenciante (v. fs. 530 y vta.).
Ahora bien, en este punto debo decir que la Cámara acudió a una fórmula incorrecta respecto al alcance de su competencia para examinar los agravios vinculados con las discrepancias sobre la ponderación de la prueba. Pues la afirmación respecto a que su examen se ciñe a verificar si hubo un "quiebre lógico" o parámetros similares que surgen de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias o del absurdo valorativo no se corresponde con el alcance amplio que corresponde brindar ante los agravios llevados a su sede.
De todos modos, más allá de esta incorrecta apreciación, estimo que en el caso ello no significó dejar de cumplir con la revisión del fallo en los términos que exigen los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es que, en efecto, se encargó luego de rechazar la crítica sobre la valoración de los testimonios referida al vínculo entre la víctima y ciertos testigos, aseverando que el mero hecho de que estos fueran parientes o vecinos de la víctima, no les hacía perder credibilidad o habilidad, pues por sí sola no afeblecía su credibilidad (v. fs. 530 vta. y 531).
Consideró en particular el relato de la víctima, que detallara la agresión de la que fue objeto por parte de Alonso y otros dos sujetos no identificados a la fecha. Ponderó que la víctima sostuvo que Alonso tenía puesta una camiseta de fútbol a rayas negra y azul, lo que consideró ratificado por los vecinos del lugar y el personal policial que concurrió al lugar a consecuencia de la pelea (v. fs. 531).
En definitiva, concluyó validando y confirmando el razonamiento del inferior para determinar la autoría y culpabilidad de Alonso respecto del delito de lesiones graves.
III.2. La crítica del impugnante no logra evidenciar un supuesto de excepción que justifique la intervención de esta Suprema Corte en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido.
Si bien la parte denuncia la existencia de un perjuicio como consecuencia de haberse vulnerado garantías constitucionales del procesado, lo cierto es que ello no viene demostrado.
Los reclamos que el letrado defensor de Alonso trae en el presente recurso resultan ser una reedición de los ya llevados y desestimados por la Cámara, y que en la generalidad, se dirige a confrontar de modo oblicuo la sentencia de primera instancia (v. en especial fs. 488 vta./494), con olvido de que esta Suprema Corte no conforma una tercera instancia a la cual pueda acudirse a los efectos de plantear cualquier disconformidad incoada bajo el ropaje de la supuesta conculcación de causales constitucionales.
Más allá de lo dicho respecto de la invocación de fórmulas erróneas para describir la tarea que le cabe a ese órgano (v. fs. 530 in fine y vta.), no se aprecia que pueda predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el de grado en el mérito que hizo de la prueba rendida. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia, no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056; cons. 6° y sus citas).
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
III.3. Con relación con el principio in dubio pro reo derivado del de inocencia (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.), la defensa no logra evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y la de revisión, no quedaron márgenes de duda alguno respecto a la acreditación de la autoría del imputado en el hecho.
Y si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí justificar.
En efecto, nótese que la alegada violación del principio antes señalado no trasciende de una dogmática afirmación, pues el recurrente, de la mano de su invocación, reitera cuestiones vinculadas con la denunciada revisión aparente y arbitrariedad del fallo de casación, sin que se encuentre esa normativa federal inmediatamente involucrada en los términos que esgrime.
En definitiva, el quejoso no logra poner en evidencia la existencia de graves defectos en la sentencia cuestionada a la luz del citado principio.
IV.1. Los agravios por los que se denuncia la arbitrariedad de la sentencia recurrida por falta de fundamentación en la determinación del monto de pena impuesto, tampoco corren mejor suerte.
Sobre el punto, la Cámara resolvió que "...la mera carencia de antecedentes no significa que debe aplicarse el mínimo de la pena [...] no existe un 'derecho' a la pena mínima [...] 'El sistema de atenuantes y agravantes establecido en los arts. 40 y 41 del C.P. , no se traduce en aumento o disminución de cantidades fijas de pena, de modo que -por ejemplo- si no existiera ninguna agravante, correspondería aplicar el mínimo de la escala y el máximo, y si fueran seis las agravantes, debería imponerse el máximo. Por el contrario, el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales, en las penas divisibles el Juzgador debe fijar la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes fijos', siempre que tal operación respete los límites impuestos por la escala"; y que "...el juez de grado, ha determinado la cantidad de pena a aplicar en el caso dentro de la escala penal establecida para el delito de lesiones graves, no observándose ni arbitrariedad ni absurdo en su fijación, siendo que el principio limitador de la facultad punitiva del Estado resulta ser la culpabilidad por el hecho que se ventila. Asimismo [...] tuvo en consideración como agravante la extensión del daño causado, lo que comparto. Por otra parte resulta menor la pena impuesta que la acordada entre la partes para abreviar el juicio" (fs. 531 y vta.).
IV.2. En virtud de lo reseñado, se advierte que los agravios de la defensa fueron revisados y se proporcionaron las razones por las cuales se los desestimó. El recurrente, sin reparar en lo resuelto, reedita la crítica en esta instancia extraordinaria, expresando sólo una visión diferente sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, limitándose a postular dogmáticamente el incumplimiento de requisitos de fundamentación, sin evidenciar en lo resuelto la concurrencia de la invocada arbitrariedad.
En cuanto a la agravante cuestionada (extensión del daño causado), el recurrente esgrime un mero disenso con lo resuelto en las instancias anteriores, pero no demuestra las transgresiones que invoca (art. 495, CPP).
Es decir, que la decisión puesta en entredicho cuenta, en este aspecto, con fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad por supuesto déficit motivacional (doctr. art. 495, CPP).
Cabe recordar, que es doctrina de esta Corte que el Código Penal n
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