Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134197
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.197, "Epul Cristian Eduardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 13.676 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca -Sala I-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El 16 de abril de 2018, el Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a Cristian Eduardo Epul a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de diez años con más las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso de armas (art. 104 -párrafos primero y segundo-, Cód. Penal).
La defensa interpuso un recurso de apelación y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del mismo departamento judicial, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2020, confirmó el veredicto y la sentencia dictados (v. fs. 656/670 vta., principal).
Frente a lo así resuelto, la señora defensora oficial, doctora Julieta Stordeur, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/10 vta., leg. RE IPP 13676/I), el que fue admitido por el tribunal intermedio a fin de abordar las cuestiones federales planteadas (v. fs. 76/79 vta., leg. cit.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 16/22, presente leg.), dictada la providencia de autos (v. fs. 24) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En primer lugar, a fin de alcanzar un adecuado entendimiento del presente proceso voy a realizar una breve reseña de los distintos estadios por los que atravesó el caso bajo examen hasta arribar a esta instancia extraordinaria.
I.1. El 13 de noviembre de 2015, el Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, dictó veredicto absolutorio en favor de Cristian Eduardo Epul respecto del hecho calificado en el requerimiento fiscal como constitutivo de abuso de armas (v. fs. 473/475 vta., principal).
I.2. El representante del particular damnificado, doctor Juan Pablo Lozano, interpuso recurso de apelación (v. fs. 482/486 vta.), al que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental hizo lugar mediante el decisorio del 7 de abril de 2017, disponiendo la nulidad del veredicto absolutorio y el reenvío de la causa a la instancia de origen para que -previa integración con juez hábil- se celebre un nuevo juicio oral y se dicte la resolución que se considere corresponder (v. fs. 511/516 vta.).
Para así resolver, estimó que la injustificada omisión del juez correccional de dar debido tratamiento a los argumentos brindados por la acusación respecto de pruebas producidas y otras incorporadas por lectura constituía un abordaje arbitrario de las cuestiones planteadas por la parte (art. 168, Const. prov.), como asimismo, que la omisión de valoración sin brindar ninguna justificación respecto de por qué se los excluyó, importaba un caso de arbitrariedad por incumplimiento del deber de fundamentación que afectaba la validez de la decisión adoptada (v. fs. 515 vta.).
I.3. En cumplimiento de ello, el 12 de abril de 2018 se celebró la audiencia de debate, y el 16 de abril del mismo año, el Juzgado en lo Correccional n° 1 del mismo departamento judicial, dictó sentencia y condenó al nombrado Epul a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de diez años con más las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de abuso de armas (art. 104 -párrafos primero y segundo-, Cód. Penal; v. fs. 563/568 y 569/577, respectivamente).
I.4. Contra esta decisión, la señora defensora oficial interpuso recurso de apelación a través del cual denunció la nulidad del debate oral y público, la violación a la garantía de la prohibición de doble juzgamiento, y la absurda valoración de la prueba e inobservancia de los arts. 18 de la Constitución nacional y 210 del Código Procesal Penal (v. fs. 583/590 vta.).
I.5. Ante la recusación efectuada por la defensa a los anteriores magistrados de la aludida Sala I (v. fs. 598/599 vta.), los jueces Barbieri y Soumoulou se excusaron de intervenir en la presente causa (v. fs. 600/602 y 603, respectivamente). El 17 de septiembre de 2018, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, por mayoría de opiniones, resolvió no aceptar las excusaciones formuladas, ante lo cual la señora defensora oficial interpuso recurso de casación (v. fs. 626/631), y el 28 de mayo de 2019, el Tribunal de Casación dispuso que siga entendiendo en la causa la mencionada Sala II (v. fs. 639/642).
I.6. Así, llegamos al pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2020 por la Sala II del mismo órgano jurisdiccional (integrada por los jueces Giambelluca -Sala I-, Petersen y Mones Ruiz -Sala II-) que fue reseñado en los antecedentes (v. fs. 656/670 vta.). Contra el mismo, la señora defensora oficial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que abrió la competencia de esta Suprema Corte (v. fs. 1/10 vta., leg. RE IPP 13676/I).
I.7. Por su parte, el señor Procurador General propició su rechazo (v. fs. 16/22, presente leg.).
I.8. A fs. 35 surge informe del Ministerio de Seguridad fechado el 12 de octubre de 2021, que da cuenta de la situación de revista de Cristian Eduardo Epul como funcionario policial, quien registra servicio activo.
II. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. La recurrente sostuvo inicialmente que la resolución impugnada vulneró la garantía de ne bis in idem (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.4, CADH; 14.1 y 14.7, PIDCP y 29, Const. prov.), el ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado y el principio de preclusión y progresividad (v. fs. 3).
Expresó que la existencia de vicios esenciales no atribuibles al imputado impedía que por la progresividad del juicio se retrotrajera el proceso a etapas precluidas. En apoyo de tal postura citó el precedente "Mattei" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 272:188) -ver fs. 4 vta.-.
Destacó que, si la primera persecución penal se agotó, tal como entendió que ocurrió con su defendido al obtener un veredicto y sentencia absolutoria, no era posible una nueva persecución penal de los mismos hechos, pero sobre la base de una valoración jurídica diferente (v. fs. cit.).
En sustento de su posición reclamó la aplicación al caso de diversos precedentes de la Corte federal, con expresa mención a lo fallado en "Polak", "Alcaraz" y "Kang, Yong Soo", entre otros (v. fs. 5 y vta.).
II.2. Luego denunció que el pronunciamiento impugnado vulneró la división de poderes del Estado, la garantía de imparcialidad del juzgador (arts. 18, Const. nac. y 8.1., CADH), y la ausencia de interés del titular de la acción penal en la persecución del hecho (v. fs. 5 vta.).
Señaló que, si bien la Cámara había descartado el planteo relativo a la nulidad del debate oral por considerarlo extemporáneo, tal pretensión fue realizada en la oportunidad concreta donde surgió el agravio, y, por ende, era absolutamente legítima su incorporación en la solicitud de revisión del fallo ante la Cámara departamental (v. fs. cit.).
Citó un fallo de la Corte federal que a su entender habilitaría el tratamiento de planteos extemporáneos (causa A.229.XXXIV "Recurso de Hecho Autolatina Argentina S.A. s/apelación", sent. de 18-VII-2002), y opinó que la regulación procesal no puede vedar la jurisdicción sin menoscabo del control de constitucionalidad (v. fs. 6).
Arguyó que la falta de voluntad de continuar la causa por parte del agente fiscal "...no puede ser suplida ni obviada" en tanto que la intervención del Ministerio Público Fiscal había cesado en esta causa (v. fs. cit.).
En definitiva, destacó que la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada comprometió la garantía de imparcialidad al suplir la voluntad y el rol del propio órgano acusador (v. fs. 6 vta.).
II.3. Por último, la recurrente denunció absurdo en la interpretación de aspectos fácticos en transgresión del criterio establecido en los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, e inobservancia del principio de in dubio pro reo y de inocencia, configurando una hipótesis de sentencia arbitraria (v. fs. 6 vta. y 7).
Sostuvo que se determinó la participación de su asistido en el hecho mediante una valoración arbitraria de los elementos de prueba, descartándose sin más la prueba de descargo (v. fs. 7).
Criticó el valor "indubitado e incuestionable" que el juzgador le brindara al testimonio del denunciante, Guillermo Said Cauquoz, a pesar de que sus dichos "...en más de una ocasión se contrapusieron con la evidencia objetiva recolectada a lo largo del proceso" (fs. cit.).
Dijo que, por otra parte, se descartó la versión de su asistido Epul quien pudo brindar un detalle pormenorizado del procedimiento policial, señalando que el mismo había sido "falaz e inverosímil", así como de su compañero Monteiro quien no solo estuvo presente en el momento del hecho, sino que también fue víctima de las agresiones por parte del denunciante (v. fs. 7 y vta.).
Alegó que tanto el denunciante, como el juzgador, parecen obviar la conducta previa del primero, quien dijo no recordar nada de un forcejeo con el oficial Monteiro, que en realidad según los dichos del nombrado fue una agresión por parte de Said Cauquoz, quien luego de propinarle dos golpes lo agarró del cuello e intentó sacarle el arma reglamentaria (v. fs. 7 vta.).
Afirmó que el relato de su defendido "...se encuentra corroborado no sólo por el relato del otro Oficial de policía allí presente, sino por el testimonio brindado por el Perito Daniel Lorenzo a través del sistema de videoconferencia" (fs. 8).
Con cita de diversas consideraciones efectuadas por el perito, referidas a la posibilidad de que se dispare el arma por error, señaló que al ser inquirido por el agente fiscal acerca de si pudo haber ocurrido ello en el caso, el perito dictaminó que era factible (v. fs. cit.).
Destacó que la arbitrariedad denunciada se evidenció al tener por cierto que Epul efectuó dos disparos intencionales con su arma reglamentaria contra la humanidad de Guillermo Said Cauquoz, dejándose de lado la existencia de pruebas y testimonios más allá de los dichos de la propia víctima y su progenitor (v. fs. 8 vta.).
A ello le sumó falta de certeza respecto de la mecánica de los hechos, duda que -a su juicio- en el debate oral no fue superada (v. fs. 9).
En suma, solicitó que este Tribunal revoque la condena impuesta a su asistido y lo absuelva por el beneficio de la duda (arts. 18, Const. nac. y 1, CPP).
III. El señor Procurador General dictaminó propiciando el rechazo del recurso.
IV. Desde mi punto de vista, los planteos no prosperan.
En cuanto al agravio sobre una pretensa violación de la garantía que protege contra la persecución penal múltiple ( ne bis in idem ), corresponde anteponer al mismo la objeción de extemporaneidad (art. 495, CPP).
La defensa se queja a través del recurso extraordinario presentado, de una decisión previa del tribunal revisor que no fue oportunamente impugnada. En efecto, sus quejas -en rigor- se dirigen contra el pronunciamiento por el cual la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, el 7 de abril del 2017, anuló el primigenio veredicto absolutorio obtenido por Epul y dispuso el reenvío de la causa a la instancia de origen para la celebración de un nuevo juicio (v. fs. 511/516 vta.).
Esa decisión no fue apelada por esa parte, cuando es doctrina ya consolidada de esta Corte que si bien esa clase de pronunciamientos (que anulan y reenvían) al no terminar la causa ni impedir su continuación, no pueden considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal, sí constituyen un supuesto de equiparación a ella, ya que, justamente a tenor del rendimiento propio de la garantía de ne bis in idem , la posibilidad de que el recurrente se vea sometido al riesgo de un nuevo proceso, de por sí constituye un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiere tutela judicial inmediata (conf. causas P. 110.158, resol. de 18-IV-2011; P. 119.833, resol. 19-II-2014; e.o.; y, CSJN in re "Alvarado, Julio s/ averiguación infracción art. 3 ley 23.771 (Anses)", sent. de 7-V-1998; "Polak, Federico Gabriel s/ violación de los deberes de funcionario público s/ casación -causa n° 174 -4/95-", sent. de 15-X-1998; "Olmos, José Horacio y otro s/ estafa", sent. de 9-V-2006; "Recurso de hecho denegado por la defensa de Yong Soo Kang s/ causa N° 5742", sent. de 15-V-2007; "Sandoval, David Andrés s/ homicidio agravado por ensañamiento", sent. de 31-VIII-2010; e.o.).
Expresamente la Corte federal estableció que "El pronunciamiento que anuló la sentencia absolutoria y dispuso el reenvío de la causa a otro tribunal oral para la realización de un nuevo juicio sin tratar el agravio vinculado con la violación del non bis in ídem, resulta equiparable a sentencia definitiva, pues en ese aspecto la garantía en cuestión está destinada a gobernar decisiones previas al fallo final, ya que, llegado el momento de la sentencia definitiva, aun siendo absolutoria, resultaría inoficioso examinar el agravio invocado por la defensa, pues para aquel entonces 'el riesgo' de ser sometido a un nuevo juicio ya se habrá concretado" (Fallos: 330:2265; Fallos: 333:1687; 321:2826).
A pesar de la extemporaneidad recién señalada, la Cámara -en el pronunciamiento ahora objeto de embate-, abordó y brindó una respuesta a dicho planteo.
De todos modos, el agravio no prospera por insuficiente. En primer lugar, corresponde señalar que de la simple lectura del recurso de apelación -ver en especial fs. 584 vta./586- surge que la recurrente reedita el planteo que llevó ante el órgano intermedio, sin refutar debidamente todos los fundamentos brindados por Cámara para su desestimación (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, en contestación a dicha crítica, el juez de primer voto -doctor Giambelluca-, luego de efectuar un pormenorizado repaso del trámite procesal de la presente causa (v. fs. 660/661 vta.), sostuvo que el segundo pronunciamiento de la instancia de mérito había obedecido al cumplimiento oportuno de los pasos procesales ordenados a partir de la declaración de nulidad decretada en su oportunidad por los jueces de la Sala I, doctores Barbieri y Soumoulou, sin advertirse vulneración de ningún derecho.
A su turno, el magistrado Petersen, adhirió a los fundamentos antes reseñados, los que complementó mediante una reproducción -en extenso- de diversos pasajes del precedente P. 126.713, sentencia de 5-VII-2017, de esta Suprema Corte y a cuyo contenido me remito por razones de brevedad (v. fs. 667/669).
Finalmente, el doctor Mones Ruiz adhirió tanto al voto primigenio como al ampliatorio, por iguales fundamentos (v. fs. 669).
Vale decir que los fundamentos traídos por el Tribunal de Alzada a remolque del precedente citado se corresponden con la doctrina vigente de esta Suprema Corte a través de la cual ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía del ne bis in idem , y la parte aquí recurrente no rebate.
Es que, frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. voto del doctor Soria en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016) hemos concluido que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. in re "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal, se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importa un bis in idem prohibido.
Dicho de otro modo: si bien corresponde tener presente la progresividad y preclusión, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar a privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal o del particular damnificado en los casos en que se pretende reeditar actos afectados por vicios que comprometen las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, cubiertos con igual rango (conf. fallo cit., P. 123.902; e.o.).
En ese marco, la defensa insiste en afirmar que la anulación con reenvío dispuesta por la Sala I -y no impugnada oportunamente por esa parte- respondió a un "...supuesto error en la valoración de la prueba" (fs. 4), cuando -en rigor- tal decisión se motivó en la injustificada omisión por parte del juzgador de dar debido tratamiento a los argumentos brindados por la acusación respecto de pruebas producidas y otras incorporadas por lecturas, lo que llevó a un abordaje arbitrario de las cuestiones planteadas (art. 168, Const. prov.).
Por lo demás, dado que el juicio anulado carece de efectos, mal podría afirmarse que su reedición implicó juzgar dos veces el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos, hay sólo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.).
En razón de lo expuesto, no se han demostrado las vulneraciones a las garantías constitucionales denunciadas (art. 495, CPP).
V.1. En lo que respecta a la crítica según la cual la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada comprometería la garantía de imparcialidad al suplir la voluntad del propio órgano acusador, el órgano intermedio resolvió que "...la normativa no prevé que se aparte a la acusación estatal en estas circunstancias, deviniendo así improcedente el planteo" y que "...ya el Sr. Juez [...] que dictara el fallo ahora recurrido ante esta Alzada, había dispuesto la realización de este juicio ahora en análisis, lo que fue consentido por la Defensa, tornando [...] así improcedente la petición deducida, [...] por ende no corresponde hacer lugar al apartamiento de la Fiscalía solicitado por la Defensa, pues, al haberse fijado fecha de debate, no se efectuó presentación ni impugnación alguna, por lo que el requerimiento deviene extemporáneo, y asimismo, al no haber formulado manifestación en contrario el Sr. Agente Fiscal, implícitamente demostró o evidenció su voluntad persecutoria al actuar en el debate llevado a cabo en la instancia de grado, a la vez que estimo no corresponde según su parecer, efectuar analógica aplicación de lo previsto en el artículo 334 bis del Código de forma desde que el Sr. Agente Fiscal practicó acusación tanto en el juicio oral anterior como en el presente" (fs. 659 vta. y 660).
Por su parte, el doctor Petersen, compartió los fundamentos de su colega, a lo que añadió con relación a la extemporaneidad del planteo, que en oportunidad de disponerse la designación de audiencia de debate por ante el Juzgado en lo Correccional n° 1, el juez José Luis Ares dejó a salvo su opinión en el sentido que aquí pretende la recurrente, lo cual fue debidamente notificad
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