Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134739
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por las patrocinantes de la particular damnificada, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.739, "Andrada, Claudia -Particular Damnificada-. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 90.649 del Tribunal de Casación Penal, Sala II seguida a Duarte, Cristian Daniel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata dictó veredicto absolutorio respecto de Cristian Daniel Duarte, en orden al delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el que había sido llevado a juicio. La particular damnificada, Claudia Andrada con el patrocinio de las señoras defensoras oficiales -doctoras Susana De Seta y María Raquel Ponzinibbio- presentó recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de julio de 2019 lo rechazó por improcedente (v. fs. 62/72 con relación a fs. 1/12 vta.).
Contra esta última decisión la misma parte dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 81/88), que fue concedido por el tribunal recurrido (v. fs. 94/96).
La Procuración General dictaminó a fs. 100/104, dictada la providencia de autos a fs. 106 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la particular damnificada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Corresponde como aclaración previa dejar asentado que de acuerdo con el auto de admisibilidad (v. fs. 94/96), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido solo en relación con los agravios de pretensa índole federal y es en dicho restringido marco que será abordada la vía impugnativa (en línea con la doctrina de las causas P. 117.199, resol. de 21-V-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021 y P. 133.392, sent. de 27-V-2021).
Entonces, en lo que resulta de interés, la particular damnificada denunció que el Tribunal de Casación realizó una valoración arbitraria de la prueba y formuló un análisis dogmático y aparente del recurso oportunamente interpuesto por esa parte (v. fs. 82 y vta.).
En su desarrollo sostuvo que en el caso no se había discutido la agresión ilegítima de la cual fue víctima el efectivo policial Cristian Daniel Duarte, sino que se había cuestionado la falta de valoración de la versión brindada por el imputado al declarar a tenor del art. 308 del Código ritual de la cual -según la recurrente- se desprendía que "...el principio de mal grave e inminente había cesado, y que se encontraban los autores de dicha agresión ya en retirada" (fs. 82 vta. y 83).
Argumentó que el medio utilizado no fue ni proporcional ni racional, tanto por la cantidad de disparos realizados como por la valoración del modo de actuar de Duarte, en tanto se trataba de un policía de "elite" y que por tal tenía una mayor exigencia por su función respecto de cómo debía actuar ante esos episodios (v. fs. 83).
Volvió a sostener que tanto Andrada como Perussato, ya se encontraban arriba de la moto en retirada y con la mochila -producto del atraco- encima, mientras que a cuatro metros de distancia el policía Duarte disparó al menos cinco veces, dos en la zona media alta de los dos sujetos fallecidos, una dio contra un auto que se encontraba estacionado, y otros dos impactaron en la vereda (v. fs. 83 vta.).
Mencionó que de la autopsia y de las pericias realizadas sobre la ropa de los fallecidos, se evidenció que el trayecto de las balas no fue de frente -aun siendo lateral- no pudiendo determinarse cuál habría sido de entrada y de salida; concluyó sobre el punto que los homicidios no se encontraban bajo la causal de justificación del art. 34 inc. 6 del Código Penal -legítima defensa- (v. fs. 84 vta./85 vta.).
Sostuvo que también se valoró de manera arbitraria la prueba al no haberse analizado la condición de policía de "elite" del imputado, circunstancia que lo ubicaría en un plano normativo distinto al de un particular (v. fs. 85 vta.).
Afirmó que el Tribunal de Casación reiteró el mismo razonamiento dogmático que el tribunal anterior para sostener la legalidad de la conducta de Duarte de conformidad con el art. 13 de la ley 13.482 (v. fs. 86).
Estimó que en el caso no se valoraron la cantidad de disparos efectuados; las zonas altas a las que fueron dirigidos afectando órganos vitales; el peligro corrido por otras personas como ser el testigo Galeano, al quedar en la línea de fuego generada por el imputado, conforme las improntas de disparos producidas en una pared y en el taxi que conducía el testigo (v. fs. 86 vta.).
Trajo a colación el caso "Chocobar" del cual diferenció la condición de "novato" de quien protagonizara aquel caso del aquí imputado, a quien volvió a mencionar que se trata de un policía de "elite" habiéndose omitido ponderar el entrenamiento específico con el que contaba conforme su propia declaración (v. fs. 86 vta. y 87).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso deducido por la particular damnificada (v. fs. 100/104).
III. Entiendo que el recurso no procede (arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Durante el juicio oral y público llevado a cabo en el mes de marzo de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, tuvo por acreditado que: " El 12 de febrero del año 2014, alrededor de la hora 21,30, en la calle 71 entre 23 y 24 de nuestra ciudad, cuando Cristian Daniel Duarte se hallaba caminando, fue abordado desde atrás por dos sujetos de sexo masculino -uno mayor de edad y otro de 17 años- que se desplazaban en una moto azul Suzuki AX-100. El más joven, Mauricio Eduardo Andrada, bajó de la moto con un revólver calibre 7,5 mm, lo insultó, lo pateó y lo tiró al piso mientras intentaba quitarle la mochila que llevaba. También lo golpeó en la cabeza con el arma. Y tras quitársela se dispuso a retirarse mientras lo apuntaba con el revólver. El conductor de la moto se desplazaba acompañándolo y le decía 'matalo matalo' mientras Duarte intentaba cubrirse. Duarte, cuando el joven lo apuntaba, se identificó como personal policial, dijo 'alto policía' y utilizando el arma reglamentaria que llevaba en la espalda, efectuó cinco disparos desde una distancia mayor a 50 cm de las personas que lo agredían. Dos de los disparos efectuados impactaron en el taxi dominio JMB 735, conducido por Rodolfo Oscar Galeano y que se encontraba detenido luego de ser sobrepasado por la moto impensadamente, uno en la llanta de la rueda delantera derecha, mientras que otro atravesó los vidrios de las puertas delanteras izquierda y derecha, e impactó en la pared de la vivienda ubicada al numeral 1432 de la calle 71, a 45 centímetros del piso. Otro disparo hirió al joven menor de edad que cayó en el lugar de la agresión desde donde fue trasladado al Hospital Gutiérrez donde falleció el 17 de marzo de 2014. También resultó herido el conductor de la moto, Ismael Sadi Perussatto, que se alejó del lugar y cayó luego de derrapar en las calles 72 y 19. Trasladado al Hospital San Martín falleció al llegar " (fs. 1 vta.).
Sobre la base de las evidencias producidas en el juicio con más los elementos convictivos de la investigación que se incorporaron por lectura, el magistrado del primer voto del tribunal de mérito -doctor Ernesto Domenech, a quien adhirieron sus colegas- explicó que Cristian Duarte efectuó los disparos que provocaron las muertes de Andrada y Perussatto al amparo del art. 34 incs. 4 y 6 del Código Penal, por lo que dichos homicidios resultaron justificados, consecuencia de lo cual, lo absolvió (v. fs. 10 vta./12 vta., tercera cuestión del veredicto).
Ya en el desarrollo de la sentencia se advierten las respuestas brindadas a los mismos planteos que alimentan el recurso extraordinario ante esta sede.
En efecto, el argumento de que los asaltantes -Andrada y Perusatto- ya habían cesado en su agresión y se retiraban del lugar cuando Duarte accionó su arma direccionando los disparos contra zonas altas del cuerpo de aquellos, como así también que los proyectiles impactaron en las espaldas de las víctimas, fue contestado y descartado por el tribunal de grado.
El órgano replicó a estos argumentos valorando principalmente los dichos del testigo presencial Galeano, quien afirmó que los atracadores seguían apuntando a Duarte mientras huían. En cuanto a que los disparos fueron por la espalda, también se rechazó esa posibilidad con base en que ninguna evidencia sustentó esa hipótesis: los médicos autopsiantes aseveraron que las heridas fueron en los flancos laterales de los agresores, y tanto las pericias balísticas como el examen de las prendas de vestir no aportaron elementos para sostener la tesis contraria propuesta por la parte acusadora.
Por lo demás, el tribunal de juicio adoptó similar temperamento respecto de cada uno de los argumentos planteados por las partes acusadoras durante los alegatos.
De todos modos, en ejercicio de la facultad legal que el Código Procesal Penal le concede, únicamente la acusación particular interpuso un recurso de casación en el que denunció arbitrariedad y absurda valoración de la prueba, errónea aplicación del art. 210 del Código Procesal Penal y cuestionó la aplicación de las causas de justificación de forma concurrente -el cumplimiento de un deber y el ejercicio de la autoridad- (v. fs. 16/25).
Como ya fuera dicho, el Tribunal de Casación Penal rechazó la impugnación por improcedente y confirmó el veredicto absolutorio de Cristian Daniel Duarte (v. fs. 62/72).
A través de su pronunciamiento, el órgano revisor ratificó el escenario fáctico acreditado en la instancia al expresar que no se advertían -a contrario de lo afirmado por la recurrente- vicios o defectos que importaran una vulneración a las reglas consagradas en los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, sobre las que insistía la parte acusadora (v. fs. 65 y vta.).
Entre otras cosas, el órgano revisor ponderó la valoración llevada a cabo por el tribunal de mérito respecto de las declaraciones de los testigos Galeano, Casabona, Albino, las de los peritos Zamudio y Tinto y la del imputado Duarte, además del acta de procedimiento, aprehensión y secuestro, los anexos fotográficos, las pericias planimétricas, las pericias balísticas, los resultados de las autopsias y las pericias químicas (v. fs. 65 vta.).
Consideró que el cuadro probatorio había sido valorado de manera acabada y razonable a fin de tener por probado los eximentes de responsabilidad, hallándose presentes todos elementos que permitían afirmar que la conducta de Cristian Duarte estuvo amparada por el art. 34 incs. 4 y 6 del Código Penal (v. fs. 66 y vta.).
En particular, sostuvo que en el caso se tuvo por probado que el robo llevado adelante por Andrada y Perussatto no había concluido, sino que estaba en curso, de manera violenta e intimidatoria.
Ratificó que la agresión que recibió Duarte fue "...súbita, nocturna, de espaldas [...] que inicialmente soportó golpes sin reaccionar y que solo atinó, cuando era golpeado por Andrada [...], a protegerse con sus manos".
Indicó que Perussatto instigaba a Andrada para que le diera muerte. A su vez determinó que el primero ofreció el lateral izquierdo a quien disparaba y Andrada se encontraba en posición lateral a Duarte y con el brazo extendido cuando recibió los disparos.
Se confirmó que el orificio encontrado en la parte posterior de la campera de Perussatto se debió a que la prenda estaba suelta y no sobre la espalda, y respecto de Andrada se coincidió en que la pericia determinó que fue "con prendas plegadas" y no adheridas al cuerpo, rechazando así las críticas alimentadas en base a una supuesta impronta del disparo por la espalda.
Asimismo, se analizaron las pautas de procedimiento de la policía y se concluyó en que, en el escenario probado con las evidencias producidas en este caso, la reacción desplegada por el imputado se enderezó a repeler una agresión ilegítima actual, dando cuenta de las razones por las que entendía que, en el supuesto analizado, la actuación de Duarte fue llevada a cabo al amparo del art. 34 incs. 4 y 6 del Código Penal.
Por todo ello se concluyó en la ausencia de absurdo o arbitrariedad en el proceso de obtención de la convicción que el fallo se encargó de explicar, por lo que el hecho analizado resultaba exento de reproche penal por descartarse su antijuricidad (v. fs. 71 y vta.).
IV. Como adelanté, en el acotado margen competencial habilitado ceñido a la denuncia de arbitrariedad (v. fs. 94/96 auto de admisibilidad), el recurso no prospera en tanto los argumentos desarrollados por la particular damnificada Claudia Andrada, son manifiestamente insuficientes.
Ello por dos motivos. En primer lugar, porque del confronte realizado entre los agravios llevados en oportunidad de presentar la teoría del caso durante el juicio, con los introducidos en el recurso de casación y con los finalmente expuestos en esta tercera instancia extraordinaria, se advierte el déficit de repetición: se reeditan similares planteos sin rebatir las respuestas oportunamente dadas.
En segundo lugar, porque en su desarrollo los agravios evidencian ser inconsistentes: no demuestran incorrección sino una mera discrepancia sin revertir los fundamentos brindados y que ya se reseñaron (doctr. art. 495, CPP; causas P. 130.775, sent. de 12-VI-2019; P. 130.614, sent. de 20-III-2019; P. 120.729, sent. de 21-XI-2018; P. 121.364, sent. de 11-VII-2018; P. 122.967, sent. de 28-VI-2017; P. 120.912, sent. de 14-XII-2016; e.o.).
En definitiva y frente a lo expuesto, las críticas de la recurrente (v. reseña de agravios, acápite I de la presente) se encuentran dirigidas a poner en duda el valor otorgado a las pruebas ponderadas en las instancias anteriores, ofreciendo una interpretación ciertamente particular de lo sucedido, todo lo cual constituye una materia ajena a la potestad revisora de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria intentada (art. 495, CPP).
Por lo demás, en virtud de lo dicho, la alegada "incongruencia por omisión" en el abordaje de aspectos centrales del caso (v. fs. 82 vta.), carece de todo sustento (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por las patrocinantes de la particular damnificada, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:00:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:23:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:00:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:20:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:25:56 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 11:58:02 hs. bajo el número RS-16-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia