Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133628
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Gustavo Miguel, con costas (art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Alejandro Damián Pagnotta por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.628, "Miguel, Gustavo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.026 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, mediante el pronunciamiento del 26 de febrero de 2018, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular y confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental que aprobó el cómputo de pena practicado respecto de Gustavo Miguel (v. fs. 2/3).
Contra dicho pronunciamiento la defensa dedujo recurso de casación (v. fs. 6/11), que fue desestimado por improcedente por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante la resolución de fecha 13 de agosto de 2019 (v. fs. 29/35).
Frente a ello la defensa de confianza de Gustavo Miguel, ejercida por el doctor Alejandro Damián Pagnotta, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley "y en forma subsidiaria" recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 51/54 vta.); inicialmente, el órgano recurrido admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 55/58). Por resolución del 3 de agosto de 2020 esta Suprema Corte declaró la nulidad de la mencionada decisión sobre admisibilidad y devolvió las actuaciones a la Sala II del Tribunal de Casación Penal para que dicte una nueva (v. fs. 63/65 vta.). A su turno, el referido órgano, mediante pronunciamiento del 26 de octubre de 2020, completó la fundamentación contenida en la decisión anterior, declaró inadmisible el planteo de la defensa a través del cual denunció la vulneración a la "garantía de imparcialidad" y concedió los restantes agravios incluidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 72/74). Contra ello la defensa particular articuló queja ante este Tribunal, que fue rechazada por improcedente por resolución del 23 de junio de 2021 (causa P. 134.799-Q; v. fs. 98/102).
El señor Procurador General se pronunció a fs. 114/118 vta.; a fs. 120 luce la providencia de autos; posteriormente el imputado por derecho propio (v. fs. 123/127 vta.) y su defensa técnica (v. fs. 130 y vta.) solicitaron la suspensión excepcional del trámite del presente por lo que consideraron una situación novedosa, petición que fue rechazada por improcedente (v. fs. 144 y vta.). El 14 de octubre de 2021 el doctor Pagnotta, en representación de su defendido, presentó escrito que tituló "acción declarativa de certeza constitucional" y en subsidio planteó acción de habeas corpus reparador (v. fs. 106/107 vta.); en la misma fecha este Tribunal señaló que las consideraciones formuladas se tendrían presentes para resolver y estableció que no tenía competencia originaria en orden a lo que la parte denominó " habeas corpus reparador" (v. fs. 109). Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad (v. fs. 72/74) solo corresponde analizar los planteos por los cuales fue admitido el recurso extraordinario, esto es, arbitrariedad de la sentencia por falta de fundamentación (arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.2."h", CADH) al tratar los agravios casatorios dirigidos contra la aplicación al caso de la ley 27.362, que importó también la violación del art. 2 del Código Penal en tanto consagra el principio de irretroactividad de la ley penal. Con esos lindes serán abordados los agravios.
II. La defensa denuncia arbitrariedad de la sentencia por no haber respetado "...las exigencias de debida fundamentación" y sostiene que, con tal déficit, aparece inobservada la ley sustantiva, puesto que se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 52 y vta.).
Refiere que pidió la excarcelación de Gustavo Miguel en los términos del art. 169 inc. 10 del Código adjetivo y el tribunal de la instancia la denegó haciendo una particular interpretación de la decisión adoptada por la Sala II del Tribunal de Casación Penal el 15 de octubre de 2015 en el marco de la causa n° 72.466 -oportunidad en la que el Tribunal de Alzada se manifestó a favor de la aplicación del cómputo privilegiado contenido en el art. 7 de la ley 24.390-, "...entendiendo que el [...] Tribunal de Casación había resuelto que el cómputo privilegiado era únicamente aplicable al instituto de salidas transitorias y no [a] la totalidad de las incidencias e institutos susceptibles de ser impetrados en la especie" (fs. 53 vta.).
Aduce que esa decisión fue impugnada y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental ordenó revocar el fallo y realizar el cómputo de la manera alegada por la defensa, pero que luego, y sin jurisdicción alguna, la Sala III de ese mismo Tribunal de Alzada resolvió que debía fallarse conforme lo establecido en la ley 27.362, cuya vigencia comenzó en el año 2017 y que impone, para el caso, la no aplicabilidad del cómputo privilegiado, lo que -afirma- atenta contra las previsiones de los arts. 2 del Código Penal; 18 y 75 de la Constitución nacional (v. fs. cit.).
Indica que el órgano casatorio al momento de resolver ignoró el tenor de la impugnación -circunscripto a la aplicabilidad, o no, de la ley 27.362- y se abocó a decidir sobre cuestiones ya zanjadas y no discutidas ("...si el llamado cómputo privilegiado que emana del art. 7 de la ley 24.390 era en definitiva aplicable en la especie"; fs. 53 vta. y 54).
Denuncia violación a la prohibición de la reformatio in pejus y al derecho de defensa, pues lo que se venía reclamando era únicamente que se expida sobre la operatividad o no, en autos, de la ley 27.362 y no sobre la cosa juzgada o la aplicación del cómputo privilegiado.
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 114/118 vta.). Coincido con él.
III.1. Cabe señalar que Gustavo Miguel fue condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Martín (causa n° 2961), con fecha 17 de agosto de 2010, a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, cometido el 5 de junio de 2002. En esa oportunidad, se le impuso la pena única de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la mencionada y de la de diez años de prisión, accesorias legales y costas, que unificó el Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 22 de junio de 2006 (causa n° 460/76), que a su vez comprende la pena de ocho años de prisión como autor del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, acaecido el 19 de noviembre de 2005, pena impuesta en la causa n° 2291/2300, y la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento impuesta en la causa n° 256/2, como coautor del delito de robo agravado en grado de tentativa cometido el 16 de mayo de 1999.
Posteriormente, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, por sentencia del 3 de agosto de 2011, casó parcialmente el fallo recurrido y condenó a Gustavo Miguel a la pena de veintitrés años y seis meses de prisión por ser responsable del delito de homicidio en ocasión de robo y fijó la pena única en treinta y tres años de prisión, comprensiva de la impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Martín y de la pena única de diez años de prisión dictada por el referido Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 (v. fs. 7).
Luego, esta Suprema Corte desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa (causa P. 116.831, resol. de 16-X-2013). Y finalmente, el imputado desistió del recurso extraordinario federal presentado (conf. surge de causa P. 116.831, resol. de 20-IX-2017), por lo que la sentencia condenatoria adquirió firmeza.
III.2. Arribadas las actuaciones al tribunal de origen, el 22 de septiembre de 2017 se practicó cómputo de pena y se estableció que la sanción vencerá el 14 de noviembre de 2038, caducando a todos sus efectos registrales el 14 de noviembre de 2048. A su vez, se señaló que no resultaba aplicable la ley 24.390, pues si bien se había aplicado en el incidente de salidas provisorias, tal cómputo privilegiado solo se lo tuvo a sus efectos para ese beneficio (v. relato de fs. 31 vta. y 32).
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías departamental sostuvo, en lo que respecta a la aplicación de la ley 24.390 y en lo referente al argumento de que tal cómputo privilegiado había adquirido firmeza para el condenado, que "...no resulta aplicable dado que tal decisión ha sido tomada con anterioridad a la ley 27.362...". Añadió que "...Miguel no puede ser beneficiado con dicho cálculo doble en los actuados, dado que únicamente el hecho recaído en causa n° 256/2 del [...] 16/5/1999 fue durante la vigencia de la ley 24.390, que si bien fue unificado con la pena dictada en la presente causa, no superó los 2 años en prisión preventiva que estipulaba el derogado art. 7 de dicha ley, puesto que solamente permaneció 5 días en detención" (fs. 2 vta.).
Por su parte, el defensor de confianza interpuso recurso de casación agraviándose de la arbitrariedad del resolutorio. Sostuvo que en la causa n° 72.466 del Tribunal de Casación Penal se le concedió a su asistido el cómputo privilegiado previsto en la ley 24.390 y que, por tal motivo, al no aplicarse esa ley al cómputo definitivo se afectó la cosa juzgada material. En otro orden, sostuvo que la aplicación de la ley 27.362 implica violar el art. 2 del Código Penal, ya que afecta el principio de ley penal más benigna (v. fs. 6/11).
III.3. A su turno, el tribunal casatorio rechazó por improcedente el recurso de la especialidad. Para así decidir señaló que "...el tema de análisis en esta causa se circunscribe a evaluar si se han afectado los principios de cosa juzgada material y de aplicación de la ley más benigna" (fs. 32 y vta.).
Recordó que la garantía de cosa juzgada que se denunció vulnerada se asienta sobre la existencia comprobada de identidad subjetiva y objetiva. En esta línea, advirtió que el fallo casacional que la defensa de Miguel pretendía validar no se corresponde con la mencionada identidad objetiva, toda vez que al expedirse el órgano intermedio en la causa n° 72.466, la materia a tratar era la denegatoria del pedido de salidas transitorias, cuyo objeto consistía en la negativa de la aplicación del cómputo privilegiado de la ley 24.390 al tiempo de detención de Gustavo Miguel mediante la realización de un cómputo provisorio (v. fs. 33).
Concluyó sobre este punto que no advertía la eventual afectación de la cosa juzgada, toda vez que no existe entre lo resuelto en la invocada causa y la situación examinada en la presente la identidad objetiva propia del instituto mencionado, "...pues a la fecha nos encontramos ante la firmeza de una condena de prisión y la realización del cómputo definitivo del tiempo de pena impuesta a los fines de determinar el vencimiento de la misma" (fs. cit.).
Por otra parte, la casación efectuó algunas precisiones en referencia al agravio sobre la fundamentación realizada por el Tribunal de Alzada con mención de la ley 27.362.
Señaló que esta norma afirma que el cómputo privilegiado de la ley 24.390 no puede ser aplicado retroactivamente o ultraactivamente a quienes no estuvieron en prisión preventiva durante su vigencia. Estimó pertinente destacar que el art. 2 de la mencionada ley 27.362 reza: "El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por la ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley" (fs. 33 vta.).
Observó que de esta forma el Congreso nacional, mediante esta "interpretación auténtica", precisa la vigencia de dicha ley, y establece que no podrán verse beneficiadas con la aplicación retroactiva del cómputo privilegiado las personas que no estuvieron encarceladas preventivamente entre los años 1994 y 2001, período de vigencia de la ley 24.390.
Afirmó el doctor Mancini -en su voto que concitó la adhesión simple de la doctora Budiño- que "...resulta primordial resaltar en el caso que sin perjuicio de la solución que plantea hoy dicha norma interpretativa, el pensamiento de quien suscribe en cuanto a la interpretación y aplicación del cómputo privilegiado de la ley 24.390 ya ha sido plasmado, en particular en el presente proceso, con anterioridad en una petición de salidas transitorias formulada por [...] Gustavo Miguel, voto pronunciado en minoría en la sentencia del 15 de octubre de 2015, fallo que la parte recurrente, y que en lo que respecta a la decisión mayoritaria adoptada, quiere hacer valer en el presente" (fs. 33 vta. y 34).
Señaló que, por ello, "...no resulta necesario interpelar la validez de la aplicación de la ley 27.362 o si ella afecta el principio de ley más benigna con relación a la aplicación de la ley 24.390, pues tal como se expresara en atención a la postura que sostengo y sin limitación por inexistencia de cosa juzgada vinculante, no es relevante la discusión sobre la aplicación de la ley interpretativa, que, en el caso, no se aplica" (fs. 34).
Cabe agregar, tal como lo pone de resalto el señor Procurador General en su dictamen, que en el pronunciamiento dictado en el expediente n° 72.466 del 15 de octubre de 2015 el doctor Mancini sostuvo que "...en la causa n° 256/2, originada en un hecho anterior a la derogación del cómputo privilegiado de la mentada ley 24.390, Gustavo Miguel no excedió los dos años de detención sin sentencia condenatoria firme. Además no permaneció detenido preventivamente en dicha causa y en forma concomitante en otra, pues conforme emerge de los antecedentes reseñados padeció una única detención cuando en el proceso citado cumplía pena como penado, es decir cuando la sentencia dictada en el marco de la causa mencionada ya se encontraba firme" (fs. 117 vta.).
IV. Como se adelantó, el recurso no prospera.
De la reseña efectuada se desprende que el órgano intermedio abordó y se expidió sobre los motivos de agravio que habían sido llevados a su conocimiento sin cortapisas formales, otorgándoles un tratamiento completo e integral, con lo cual queda descartada la afirmación de la defensa de que se desoyeron sus cuestionamientos, así como la alegada falta de fundamentación del fallo en crisis.
Bajo el ropaje de la violación al art. 18 de la Constitución nacional y de diversas garantías constitucionales la parte insiste con los mismos planteos que fueron llevados al órgano revisor, desentendiéndose de las respuestas que le fueron dadas por aquella instancia (art. 495, CPP).
En efecto, le fueron explicadas las razones por las que no resultaba relevante interpelar la validez de la aplicación de la ley 27.362 o si ella afectaba el principio de ley más benigna con relación a la aplicación de la ley 24.390, dado que en autos no se aplica, teniendo en consideración que Gustavo Miguel no superó los dos años de privación de su libertad sin sentencia condenatoria firme en la causa unificada n° 256/2, originada en un hecho anterior a la derogación del cómputo privilegiado de la citada norma 24.390.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), circunstancia que no se advierte en el caso.
En este escenario, las denuncias de violación a las garantías constitucionales quedan huérfanas de sustento argumental y, por tanto, indemostradas (art. 495, CPP).
Tampoco prospera el agravio referente a la reformatio in pejus , puesto que resulta el fruto de una reflexión tardía, en tanto no fue llevado a conocimiento de la instancia casatoria siendo que, ya en tal oportunidad, contaba con actualidad (doctr. art. 451, tercer párr., CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Gustavo Miguel, con costas (art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Alejandro Damián Pagnotta por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/03/2022 20:11:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/03/2022 11:50:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2022 10:58:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/04/2022 10:40:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2022 09:15:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/04/2022 13:27:51 hs. bajo el número RS-22-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia