Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134713
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.713, "Gualtiere Durante, Walter Sebastián S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 89.897 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres , Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Walter Sebastián Gualtiere Durante a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae , por la condición de miembro de una fuerza de seguridad de la víctima y por el uso de arma de fuego, robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real entre sí. A su vez, le impuso la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la anterior y de la de seis años de prisión, accesorias legales y costas, aplicada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada y por tratarse de mercadería en tránsito, reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí (v. fs. 12/19, leg. casatorio de "Reconstrucción" n° 89.897).
La defensa particular de Gualtiere, presentó un recurso de casación contra la condena y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de octubre de 2018, lo rechazó.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 43/58 vta.), el cual fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del 26 de noviembre de 2019 (v. fs. 28/31).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 66/70 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 77, contestada la vista por parte del particular damnificado a fs. 79 y vta., y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial de Walter Sebastián Gualtiere Durante denunció que la Sala V del Tribunal de Casación dictó una sentencia arbitraria por afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales (en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.). También alegó infracción a los arts. 45, 55, 80 incs. 7 y 8, 165 y 166 inc. 2, todos del Código Penal y reclamó la inconstitucionalidad del art. 80 inc. 8 del Código citado (v. fs. 47).
En primer término, cuestionó la aplicación de la agravante del inc. 7 del art. 80 del Código Penal, pues -a su criterio- no se probó la ultrafinalidad que requiere la figura, y solicitó la recalificación en los términos del art. 165 del Código citado (v. fs. 47 vta. y 48).
Afirmó que el revisor desestimó los agravios de esa defensa al concluir que no sólo estaba acreditada la participación de su pupilo en los hechos, sino también la ultrafinalidad típica de la figura al considerar que sería la única explicación plausible acerca de las razones que guiaron a Gualtiere Durante a actuar del modo en que lo hizo; dijo además que casación se limitó a transcribir el suceso en los términos detallados en la sentencia de origen, con la sola indicación de las constancias obrantes en el fallo como respaldo probatorio del dolo requerido para la aplicación de la norma (v. fs. 48 vta. y 49).
Consideró que la interpretación constitucional que admite el tipo aplicado -frente a la inconstitucionalidad de una norma, como ultima ratio a la que debe recurrirse-, es la que postula esa defensa con la consecuente recalificación como homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal); en su defecto, requirió se aplique lo normado en los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 del mismo cuerpo legal, procediendo en consecuencia a la reducción de la pena impuesta.
Concluyó en que aplicar la figura en crisis en forma objetiva y sin tener en cuenta la ultrafinalidad alegada, violenta el principio de culpabilidad por el acto (v. fs. 51 y vta.).
Por otro lado, cuestionó la constitucionalidad de la agravante del inc. 8 del art. 80 del Código Penal por violentar la garantía de igualdad ante la ley; sostuvo que esa norma sólo debería aplicarse cuando se haga en forma independiente de cualquier otro delito, de modo que demuestre que el motivo radica exclusivamente en la calidad funcional de la víctima, del mismo modo que se puede matar pura y exclusivamente por cualquier otra "calidad" de esta (sexo, raza, religión; v. fs. 52/54).
Volvió a sostener que la única interpretación posible es la propuesta por esa defensa, y reiteró el pedido de modificación del encuadre legal como homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal), o en su defecto, de conformidad con los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 del citado cuerpo legal, nuevamente con la consecuente reducción del monto de pena impuesto (v. fs. 54).
Argumentó que la víctima no se encontraba en funciones, y que el desenlace mortal constatado en el marco de un ilícito contra la propiedad, no necesariamente puede tener cabida en función de esa calidad del sujeto (v. fs. 54 vta. y 55).
Advirtió sobre un direccionamiento para encuadrar los hechos en dicha figura penal, cuando -a su juicio- de conformidad con la totalidad de consideraciones expuestas, en modo alguno podría darse por certera e indubitablemente acreditada la calificación más gravosa de los hechos (v. fs. 55).
Volvió a denunciar la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley (art. 18, Const. nac.), y a destacar la inexistencia del dolo específico al no haberse acreditado la intención de su defendido de dar muerte a un funcionario policial por su mera condición de tal.
Seguidamente, hizo alusión a los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto consideró que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena, sin cumplir con los estándares fijados en los precedentes citados (v. fs. 56/57).
Por último, solicitó que, en caso de acoger favorablemente el agravio sobre la calificación legal, se ordene el reenvío de las actuaciones a fin de que el Tribunal de Casación se aboque al tratamiento de los planteos presentados oportunamente de conformidad con lo normado en los arts. 40 y 41 del Código Penal, e imponga una pena ajustada a los hechos y al derecho aplicable (v. fs. 57).
II. El señor Procurador General consideró que el recurso debía rechazarse (v. fs. 66/70 vta.).
III. El particular damnificado contestó la vista y argumentó -en igual sentido que el señor Procurador General-, que esta Suprema Corte debería rechazar el recurso interpuesto (v. fs. 79 y vta.).
Coincido con lo dictaminado por la Procuración General, la vía intentada no prospera.
IV. Liminarmente, cabe destacar que en virtud de los daños provocados en el presente legajo casatorio n° 89.897, a consecuencia del incendio ocurrido el día 25 de julio de 2020, el Tribunal de Casación Penal dispuso su reconstrucción (v. fs. 32/37, 42 y vta.).
V. Sentado ello, y a fin de comprender la solución a la que he arribado en el caso, habré de realizar una breve reseña del derrotero de las presentes actuaciones.
V.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, a través del juicio oral realizado, tuvo por acreditados estos hechos: "El día 16 de [e]nero de 2012 siendo aproximadamente las 00,00 hs., en el interior del domicilio ubicado en la calle Acasusso Nº 176, de la localidad de Isidro Casanova, de este Partido, al menos tres (3) sujetos del sexo masculino y una (1) femenina, mediante intimidación con la exhibición de armas de fuego, entre las que se hallaba una pistola calibre 9 mm. marca Bersa, modelo 'Thunder' Nº 11-527-456, que -cargada y apta para su función específica- portaban sin contar con la autorización legal a tal efecto, redujeron a los moradores del lugar, para apoderarse ilegítimamente de las pertenencias allí existentes, entre éstas una (1) Notebook marca 'Excel' de color blanco, una (1) cámara fotográfica tipo profesional marca 'Nikon', una (1) tarjeta de memoria de 2 GB de capacidad y siete (7) aparatos de telefonía celular. Que en el contexto antes reseñado al advertir que una de las víctimas, más precisamente Néstor Alejandro Valdez, prestaba funciones como efectivo de la Policía Federal Argentina, con claras intenciones de quitarle la vida, para consumar el injusto descripto y procurar su impunidad, le efectuaron diversos disparos con las armas de fuego que llevaban consigo, impactando al menos tres de éstos sobre la superficie corporal de la mencionada víctima, los que le produjeron heridas de tal magnitud que desencadenaron en su óbito, dándose posteriormente a la fuga todos los maleantes en poder del espurio botín" (fs. 2.338 y vta. de los principales).
El juzgador de origen también tuvo por probada la intervención de Walter Sebastián Gualtiere Durante en los hechos reseñados, a partir de los testimonios brindados por quienes se encontraban en el domicilio donde se suscitó el atraco y el homicidio: Néstor Toribio Valdez, Norma Luisa Campos, Deolinda Belén Valdez, Carina Beatriz Valdez, Carina Anabel Alegre y Lucas Ariel Valdez (v. fs. 2.339/2.345).
Sumó las declaraciones de los vecinos del lugar -Carlos Alberto Abaca, Ireneo Medina, Nélida Beatriz Braggio y Susana Beatriz López, entre otros-, quienes aportaron sus vivencias en forma coincidente con algunos de los miembros de la familia Valdez, en punto a la forma y el modo en el que se dieron a la fuga los malvivientes (v. fs. 2.345/2.347 vta.).
Por último, ponderó como de alto valor convictivo el resultado de la pericia de levantamiento de rastros y evidencias físicas en el escenario de los hechos (v. fs. 2.347 vta./2.348 vta.).
En cuanto a la calificación legal el tribunal afirmó no albergar duda alguna "...en cuanto a la motivación de los malvivientes, al atacar, con el claro propósito de dar muerte a quien en vida fuera Néstor Alejandro Valdez, tenía su razón de ser, en la condición de aquel, de ser miembro de una fuerza de seguridad" (v. desarrollo de fs. 2.354 vta./2.357). Por último, también descartó la crítica de la defensa en torno a la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 2.357/2.358).
V.2. En el recurso de casación, la defensa particular cuestionó la calificación legal y sostuvo que no se había acreditado que el homicidio hubiese estado relacionado con la condición de policía de la víctima, y por tanto había sido erróneamente aplicada la agravante del art. 80 inc. 8 del Código Penal; argumentó que Valdez no se encontraba de servicio, ni estaba vestido con prendas que pudiesen servir para identificarlo como policía; también denunció la errónea aplicación del inc. 7 del artículo citado, pues tampoco se había podido acreditar que el homicidio hubiese tenido por finalidad la de lograr la impunidad; peticionó la recalificación como homicidio en ocasión de robo; por último, cuestionó la autoría de Gualtiere Durante en el hecho y solicitó su absolución por aplicación del beneficio de la duda (v. reseña de agravios a fs. 13 vta. y 14 realizada por el Tribunal de Casación en su sentencia).
V.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal abordó el recurso interpuesto y modificó el orden de tratamiento de los agravios planteados -según dijo- por una cuestión metodológica (v. fs. 14 y vta.).
Comenzó por una descripción de la materialidad ilícita y afirmó que, para acreditar la autoría del imputado en los hechos, el sentenciante de origen había tenido en cuenta el reconocimiento en la audiencia de debate por parte del testigo Lucas Ariel Valdez y la descripción de las víctimas, quienes de manera conteste describieron las características físicas de los autores por imperio de la inmediatez.
Indicó luego que sin duda alguna, los jueces encontraron que las particularidades de uno de los sujetos descriptos se correspondían con las características físicas de Walter Sebastián Gualtiere Durante; tuvieron en cuenta las huellas dactilares levantadas en el interior de la vivienda, las cuales pertenecían al imputado de autos a la par que descartaron animosidad en la obtención de dichos rastros; también destacaron que algunas de las vainas servidas halladas en el lugar de los hechos, fueron disparadas por la pistola del mismo calibre, involucrada en el suceso ilícito cometido en la localidad de Colón, Provincia de Entre Ríos. En tal sentido valoraron el testimonio del Comisario Mayor Cotier, quien relató que ante la justicia de Entre Ríos había obtenido un juego de fichas dactiloscópicas de todos los aprehendidos en el hecho perpetrado en aquella localidad y que entre ellos se encontraba el inculpado Gualtiere, y que, al cotejarlas con las obtenidas en el lugar de los hechos aquí investigados, se comprobó la coincidencia entre las mismas.
Por último, se tuvo en cuenta el testimonio de Leonardo Raúl Ortiz Luna, a partir del cual se determinó que Gualtiere Durante tenía un automóvil Peugeot color negro similar al descripto por las víctimas el día del hecho, dato que fue apreciado como un indicio más a ponderar (v. desarrollo de fs. 14 vta./15 vta.).
Descartado el absurdo y con ello la posibilidad de modificar la materialidad infraccionaria, el Tribunal de Casación se ocupó de los agravios vinculados con la calificación legal (v. fs. 15 vta.).
En ese punto sostuvo que se hallaban verificados dos motivos que impulsaron al homicidio de Valdez: la condición de efectivo policial de la víctima y la finalidad de consumar el hecho y procurar su impunidad (v. fs. 16 y vta.).
El revisor indicó que a partir de la valoración de los testimonios de los familiares del damnificado, se pudo determinar que luego de que los autores del hecho tomaron conocimiento de que una de las víctimas del atraco era un efectivo policial, se pusieron nerviosos e interrogaron a Néstor Toribio Valdez del siguiente modo: "...vos sos poli?, vos sos el rati?...", y al responder éste de manera negativa, corrieron hacia la habitación principal donde se encontraba Néstor Alejandro Valdez, a quien le efectuaron varios disparos para luego correr todos hacia la puerta de acceso y darse a la fuga.
Señaló que de conformidad con la pericia de autopsia el sentenciante determinó que "...uno de los disparos se produjo a muy corta distancia" y a partir de ello infirió que "...el mismo se efectuó dentro de la habitación, habida cuenta de la mancha de sangre encontrada en el dormitorio y que los restantes disparos se efectuaron cuando la víctima intentó escapar por la ventana del dormitorio" (fs. 16/17).
Seguidamente, se refirió al homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) y afirmó que existía en el caso una conexión ideológica entre el homicidio y su resultado, que tiende a ocultar, preparar, facilitar, asegurar otro delito o bien lograr su impunidad ante la comisión de un ilícito. Explicó la diferencia respecto al robo con homicidio y puntualizó que "...a partir de la suficiente acreditación de los extremos fácticos, la escasa resistencia que pudo haber ensayado la víctima sin armas ante tres sujetos armados, no pudo configurar un homicidio en ocasión de robo, sino que este se llevó a cabo con la finalidad de asegurar el resultado del robo y procurar la impunidad del mismo ante la eventual huida de la víctima".
También apreció el tribunal revisor el evidente cambio de actitud de los autores del hecho al descubrir una gorra de las fuerzas de seguridad y enterarse así que uno de los moradores de la vivienda era policía, según lo refirió la testigo Carina Beatriz Valdez: "...todo estaba tranquilo, hasta que encontraron la gorra y se fueron corriendo todos para adelante...". A su vez, el resto de los testigos refirieron que se pusieron nerviosos y fueron corriendo hacia una de las habitaciones donde justamente se encontraba el efectivo policial, a quien le efectuaron por lo menos tres disparos para luego darse a la fuga (v. fs. 17 vta. y 18).
El Tribunal intermedio concluyó que "El tipo no requiere, como pretende el recurrente, que el efectivo policial se encuentra en funciones, sino el conocimiento de que el sujeto resulta ser miembro de las fuerzas de seguridad y que el homicidio tenga lugar por su función cargo o condición"; en el caso "Esta circunstancia fue verificada al observar un gorro de policía dentro de la vivienda, luego de ello a modo de advertencia uno de los sujetos comenzó a decir '...acá hay un poli, acá hay un rati...', luego de ello, indagaron al padre de la víctima a fin de averiguar si era efectivo policial, y por último, corrieron a la habitación en la que se encontraba Néstor Alejandro y dispararon" (fs. 18).
VI.1. Frente a todo lo expuesto, el recurso se devela ineficaz para conmover lo resuelto por el Tribunal de Casación, y con ello la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 incs. 7 y 8 del Código Penal, en tanto comparto lo expuesto por el señor Procurador General en que los planteos del recurrente son una reedición de los llevados a la instancia anterior, los cuales trae ahora bajo la denuncia de arbitrariedad y afectación a garantías constitucionales y convencionales.
Sin embargo, el fallo cuenta con fundamentación suficiente como para ponerlo a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
En efecto, de conformidad con lo reseñado en el apartado IV.3, el órgano casatorio afirmó que dos motivos habían impulsado el homicidio de Valdez, por un lado, la condición de efectivo policial de la víctima pues los sujetos luego de encontrar en la vivienda una gorra de policía, indagaron sobre ello al padre de la víctima y comenzaron a gritar "...acá hay un poli, acá hay un rati...", seguidamente corrieron a la habitación en donde se encontraba Néstor Alejandro Valdez y le dispararon (v. fs. 18); por otro, la finalidad de consumar el hecho y procurar su impunidad, siendo que la escasa resistencia que pudo haber ensayado la víctima sin armas ante tres sujetos armados no pudo configurar un homicidio en ocasión de robo -tal y como había peticionado la defensa-, sino que se llevó a cabo con la finalidad de asegurar el resultado del robo y procurar la impunidad del mismo ante la eventual huida de la víctima.
De conformidad con ello, y contrariamente a lo sostenido por la defensa, Casación confirmó lo actuado en origen en cuanto a que el hecho debía ser calificado en los términos del art. 80 incs. 7 y 8 del Código Penal.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: 310:234).
En definitiva, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por Casación y opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
De todos modos, cabe
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