Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134911
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.911, "Acosta Haab, Guillermo S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 31.201 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Juzgado en lo Correccional n° 4 de Mar del Plata, condenó a Guillermo Acosta Haab a la pena de tres años de ejecución condicional, siete años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica y tres años de reglas de conducta más el pago de las costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal). En el mismo pronunciamiento, por otra parte, absolvió a los médicos Gabriela Adriana Rodríguez Martín, Sixto Miguel Poggio, Adhemar Horacio García y Alfredo Miguel González, en orden al mismo delito por el cual habían sido llevados a juicio (v. fs. 656/682).
Las partes apelaron esa decisión y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial, en lo que importa destacar para la solución del caso, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de Guillermo Acosta Haab y confirmó la sentencia de condena (v. fs. 735/762 vta.).
Contra esa sentencia se alzó el defensor de confianza del imputado Guillermo Acosta Haab -doctor Juan Pablo Peralta-, mediante los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 772/820); el Tribunal de Alzada declaró inadmisible el primero y concedió el segundo de conformidad con la resolución de admisibilidad de fs. 821/823 vta.; contra ello, la defensa interpuso queja ante esta Corte que fue registrada como P. 134.614-Q (v. fs. 830), y desestimada a través del resolutorio del 4 de junio de 2021 (v. Sistema Informático Augusta).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 835/840 vta. y aconsejó el rechazo del recurso deducido; dictada la providencia de autos (v. fs. 842), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que de conformidad con el auto de admisibilidad que luce a fs. 821/823, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido solo en relación a los agravios de pretensa índole federal y es en dicho restringido marco que será abordada la vía impugnativa.
II. El defensor de confianza de Guillermo Acosta Haab, cuestionó la aplicación del art. 84 del Código Penal y denunció que la sentencia recurrida fue arbitraria por apartamiento de los preceptos de la Corte nacional, dejando de lado prueba trascendente para el caso (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 171, Const. prov.; 1, 106, 210 y 373, CPP; 293, Cód. Penal; 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 801/802).
Refirió que no se pudo probar la responsabilidad penal de su pupilo, ni tampoco la relación causal entre la acción desplegada y el resultado lesivo. Sostuvo que con base en la misma prueba con la que se absolvieron a otros cuatro médicos que atendieron a la paciente, se condenó a Guillermo Acosta Haab (v. fs. 802).
Afirmó que tanto la sentencia del juez correccional como la del Tribunal de Alzada, partieron de la idea de que "...la paciente tenía hidrocefalia, y que la única causa de muerte posible era el agravamiento de su patología de base", sin embargo -a su juicio-, no existió prueba alguna que pudiera afirmarlo.
Alegó que la paciente bien pudo haber muerto por "...un tumor cerebral, de un aneurisma, de muerte súbita, o de cualquier otra causa [...], pero el hecho de que haya muerto no significa que exista responsabilidad médica"; a la vez que consideró que una paciente que se encontraba estable en el piso de internación -no en una unidad de terapia intensiva-, sin síntomas de complicación de su patología de base, no era una persona que estuviera en un estado de urgencia o emergencia (v. fs. 806).
Refirió que ambas sentencias resultaron arbitrarias porque concluyeron en que "...el resultado de la T.A.C. [tomografía axial computada] sería la demostración de una complicación de la hidrocefalia congénita, y que luego de ello la paciente debería haber sido intervenida por un neurocirujano" (fs. cit.).
Señaló asimismo que se condenó a un médico en violación al principio de inocencia y el in dubio pro reo (v. fs. 807); y concluyó en que la sentencia criticada, no aplicó lo que establece el art. 84 del Código Penal porque no existió negligencia, impericia o incumplimiento de deberes, afectándose de ese modo la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (v. fs. 819).
III. Comparto la postura del señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 835/840 vta.).
IV.1. Tal como se relató en los antecedentes del caso, el juez en lo correccional, doctor Pedro Federico Hooft, tras el juicio oral y público llevado a cabo entre los días 26 y 29 de noviembre de 2019, condenó a Guillermo Acosta Haab a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y siete años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica, con más tres años de reglas de conducta y el pago de las costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal). En el mismo pronunciamiento absolvió a los otros médicos imputados por el mismo delito: Gabriela Adriana Rodríguez Martín, Sixto Miguel Poggio, Adhemar Horacio García y Alfredo Miguel González (v. fs. 656/682).
Contra ello, interpusieron recurso de apelación la defensa particular del condenado (v. fs. 689/702 vta.), la particular damnificada con relación a los cuatro médicos que fueron absueltos (v. fs. 708/712 vta.), y el agente fiscal (v. fs. 713/718 vta.).
IV.2. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, desestimó los recursos deducidos y confirmó en su totalidad el fallo pronunciado por el Juzgado Correccional (v. fs. 735/762 vta.).
Puntualmente con relación a la situación de Guillermo Acosta Haab, sostuvo que en el caso había quedado demostrado -más allá de toda duda razonable- que el fallecimiento de Diana Bonellis fue causado por negligencias y omisiones evidentes de las prestaciones médicas que, conforme los antecedentes médicos que se conocían y al cuadro que presentaba la joven, no fueron cumplidas; en particular al no haber ordenado la realización de un estudio complementario de T.A.C. de cerebro y no haber derivado a la paciente al EMSHA, establecimiento de mayor complejidad, adecuado para evaluar el correcto funcionamiento de la válvula de contención de la hidrocefalia congénita que padecía la víctima (v. fs. 744 vta.).
El juez revisor ponente -doctor Viñas, a quien adhirió su colega el doctor Riquert- sostuvo que "...es mi convencimiento que aquella inexistencia de un informe de autopsia, un estudio histopatológico o estudios neurológicos, no impiden concluir que la muerte de Diana Bonellis tiene una relación de causalidad con esas deficiencias de las prestaciones médicas de las que fue objeto la joven, que se reprochan al Dr. Guillermo Acosta Haab"; y que según el criterio que expuso, comprendieron: 1) "...la desatención de los antecedentes, signos y síntomas que presentaba desde su ingreso a dicha clínica el 27/07/2011, compatibles con una hidrocefalia activa"; 2) "...el descuidado control de su evolución, que incluyó la deficiente confección de historia clínica, lo que perjudicaba su seguimiento y la intervención de distintos profesionales"; 3) "...la omisión de efectuar una Tomografía Axial Computada y una minuciosa revisión neurológica"; 4) "...la omisión de derivación para Interconsulta al centro de mayor complejidad que dentro de la misma prestadora PAMI tenía la paciente -el Samhe- y al médico que le había colocado una válvula" (fs. 744 vta. y 745).
A continuación, se refirió a la plataforma fáctica y a la violación de los deberes de cuidado que se le atribuyeron al doctor Guillermo Acosta Haab. En ese marco, destacó que en la sentencia de mérito se había probado que tanto el personal de la clínica en general como los profesionales médicos en particular que asistieron a la paciente Diana Bonellis tenían "pleno y cabal conocimiento" de que padecía una hidrocefalia congénita. También sabían que ya había tenido diversas complicaciones e intervenciones quirúrgicas -incluso en la propia Clínica Mitre y por el propio Acosta Haab- siendo atendida por el imputado en varias otras ocasiones (v. fs. 745).
Se refirió a los dichos de la perito forense Ximena Vázquez, en cuanto definió y explicó el tratamiento de la patología conocida como hidrocefalia congénita, a la vez que hizo referencia a antecedentes de internaciones previas de la víctima (v. fs. 745/746); se ocupó de la declaración del imputado Guillermo Acosta Haab, y resaltó el no haber tenido en cuenta el tratamiento previo a partir del conocimiento de la patología que padecía la joven, la cual además se hallaba detallada en su historia clínica (v. fs. 746 y vta.).
Realizó una correlación de lo anterior con las declaraciones de la madre de la víctima -la señora Olga Adelaida Sánchez- y su hermana -Romina Natalia Sol Bonellis- (v. fs. 746 vta.); tuvo en cuenta el testimonio del doctor Sixto Miguel Poggio, del cual surgía que a pedido del imputado, aquel revisó a la paciente -que presentaba vómitos, y los cuales según Acosta Haab eran por cuestiones digestivas- pero igualmente -refirió- le iban a hacer una "T.A.C." por ser una paciente con hidrocefalia (v. fs. 746 vta.).
En el pronunciamiento atacado también se hizo alusión a los dichos de otro médico de terapia intensiva, el doctor Adhemar Horacio García, quien leyó en la historia clínica como primer diagnóstico de la joven "...hidrocefalia y disfunción del VVP" (fs. cit.).
Se ponderaron los dictámenes médicos que destacaron disensos en la valoración de las conductas médicas -y sobre los cuales asienta en buena parte su queja el recurrente-, empero se afirmó que ello no alcanzó ni a los antecedentes médicos ni al cuadro que llevó a la internación de Bonellis y, en especial, respecto a la necesidad de evitar y/o contener una hidrocefalia activa durante la internación, pues respecto de esos puntos los dictámenes médicos legales fueron unánimes (v. fs. 747).
A partir de lo expuesto, el Tribunal de Alzada concluyó en que frente a los antecedentes clínicos efectivamente conocidos y el cuadro de síntomas que presentaba la paciente desde hacía cuatro días -cefaleas, vómitos y alteraciones visuales- "resultaba imperioso, para descartar una hipertensión intra craneana que develara si estaba padeciendo o por padecer una nueva hidrocefalia activa, hacerle una T.A.C. y derivarla para que el Dr. Aldiño la examinara y determinara si la válvula peritoneo-craneal estaba funcionando adecuadamente".
Se concordó así con lo valorado por el magistrado de primera instancia y -en lo que interesa-, los camaristas sostuvieron que Acosta Haab concretamente omitió cumplir la orden médica impartida desde hacía 24 horas por la médica de internación, la doctora Gabriela Adriana Rodríguez Martín, a fin de que se le realizara una T.A.C. de cerebro y se la derivara en interconsulta al neurocirujano para una eventual intervención quirúrgica; postura que fue coincidente con la de los tres peritos médicos intervinientes (v. fs. 748/749 vta.).
Consideraron que el imputado tuvo un papel central en el desenlace fatal, en tanto era el médico de la paciente cuya situación clínica estaba comprometida y a su vez el director de la Clínica Mitre. En ese contexto, tenía el poder de viabilizar y concretar el estudio y la derivación que había sido ordenada por su colega Rodríguez Martín, quien a su vez dejó asentado en su declaración que "...esos estudios y derivación, que debían hacerse fuera de la Clínica Mitre S.R.L. -tanto porque no tenía tomógrafo, como servicio de neurocirugía (a lo que adunó también el Dr. Poggio)-, era responsabilidad de la Dirección y Administración del establecimiento sanitario aludido" (fs. 749 vta. y 750).
Por ende, según el tribunal revisor, de las evidencias plasmadas en la sentencia surgía sin dudas que "...la no realización de la T.A.C. y la no derivación de la paciente Diana Bonellis al EMSHA para ser evaluada por el neurocirujano Dr. Aldiño" era únicamente atribuible a la negligencia o desidia del acusado, tanto por su calidad de médico de la nombrada como por su carácter de director del establecimiento clínico, pues era sobre quien pesaba la función de activar los trámites administrativos y/o gestiones necesarias para cumplir aquel requerimiento (v. fs. 751 vta. y 752).
También se le atribuyó haber descuidado el control de la evolución de la paciente y la deficiente confección de la historia clínica que perjudicó el seguimiento por otros profesionales (v. fs. 752/753).
Cabe destacar que en el pronunciamiento puesto en crisis también se abordó la cuestión referida a la falta de realización de una autopsia; sin embargo, para los magistrados del Tribunal de Alzada, ello no fue óbice para poder determinar el proceso causal del deceso de la víctima, ratificando así la reconstrucción expuesta en la sentencia de primera instancia. Pues para los magistrados quedó comprobado que "...se trató en el caso de una paciente de alto riesgo, vulnerable, con una patología de base estrictamente neurológica congénita y que, a sus 33 años, ya había pasado por varios períodos de agudización de su cuadro ('hidrocefalia en actividad'), que originó sucesivas intervenciones quirúrgicas por parte de neurocirujanos para corregir deficiencias o en su caso reemplazar válvulas de drenaje de líquido encefalorraquídeo (la última en el año 2010)". A su vez, que "...la omisión de llevar a cabo dicho acto médico agudizaba la complejidad del cuadro de la paciente y eventualmente la colocaba en riesgo de vida" destacando que Diana desde su ingreso presentaba cefaleas, vómitos recurrentes y minutos antes de fallecer, convulsionó, todos síntomas propios de una "hidrocefalia activa" (v. fs. 753/755 vta.).
Tras respaldar la valoración de la información que los testigos expertos brindaron con inmediación al juez del juicio (v. fs. 756/758 vta.), la Cámara de Apelación concluyó en que el acusado había sido correctamente incriminado como autor responsable del delito de homicidio culposo de la paciente Diana Bonellis, en tanto que "...actuando en su doble rol de médico personal de la nombrada y Director responsable de la Clínica Mitre S.R.L., tenía evidente conocimiento de los antecedentes de la patología que padecía [...], la sintomatología y el diagnóstico presuntivo por el cual la médica del piso, Dra. Gabriela Rodríguez Martín había ordenado su internación: cefaleas, vómitos, alteraciones visuales, antecedentes de malformaciones intracerebrales por T.A.C.S y R.M. de 2010, como así también, la necesidad de cumplir con la urgencia del caso, a fin de descartar disfuncionalidades de la válvula VPP -también recomendado por la médica de piso- se le realizaran 'estudios por T.A.C. de cerebro y derivación al EMSHA para que la examine el neurocirujano Aldiño'".
Agregaron que el médico y director de la clínica, intentó cubrir esas prestaciones con un pedido de atención de "gauchada" de parte del doctor Sixto Miguel Poggio, quien sólo podía realizar un examen clínico neurológico ratificando la necesidad de realizar la T.A.C. y su derivación "...lo que finalmente el Dr. Acosta Haab nunca hizo cumplir, desencadenándose, casi inmediatamente después las convulsiones y complicaciones que llevaron al fallecimiento de la nombrada y que, sin duda, podrían haberse evitado", debido a que "...la inacción para concretar ese estudio y derivación ya ordenados por la médica de piso, el acusado incrementó ilegalmente el riesgo que corría la vida de la paciente, lo que era su deber profesional cautelar", y que "...sin duda que esta negligencia respecto del deber que le marcaba la 'lex artis', tiene una relación de determinación o causalidad con el resultado muerte que se produjo finalmente" (fs. 756/759).
De este modo la Cámara consideró que el decisorio recurrido por la defensa particular del imputado debía confirmarse y mantener su responsabilidad penal como autor del delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal).
V. Frente a todo lo expuesto, se advierte que las críticas del recurrente -arbitrariedad, falta de fundamentación, ausencia de responsabilidad penal de su pupilo por no existir relación causal entre la acción desplegada y el resultado lesivo, inexistencia de negligencia, impericia o incumplimiento de sus deberes, y afectación a principios y garantías constitucionales y convencionales (v. reseña agravios acápite II de la presente)-; se encuentran dirigidas a poner en duda el valor otorgado a las pruebas ponderadas en las instancias anteriores, ofreciendo una interpretación particular de lo sucedido, todo lo cual constituye una materia ajena a la potestad revisora de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria intentada (art. 495, CPP).
Tampoco el recurrente logra con tales críticas demostrar que en el proceder del revisor, hubo un vicio de arbitrariedad tal como el que le endilga ni el compromiso de las garantías constitucionales y supranacionales que estima vulneradas (doctr. arts. 494 y 495, CPP en función del art. 15, ley 48).
En efecto, no se advierte que las formulaciones de la Cámara resulten arbitrarias en tanto brindó respuesta a cada uno de los argumentos de la defensa (v. fs. 689/702 vta.), y expuso las razones por las que correspondía confirmar la condena; en ese derrotero se ocupó del cuadro de hidrocefalia congénita que padecía la víctima Diana Bonellis, indicó -con base fundada- el tipo de atención médica que demandaba esa patología y a quien le era atribuible el incumplimiento de las prestaciones que habían sido indicadas por la médica Rodríguez Martín en su diagnóstico presuntivo (la T.A.C. y derivación al doctor Aldiño), se refirió a la violación a los deberes de cuidado y la causal de muerte, a la estructura típica de los delitos culposos y concluyó en que el doctor Guillermo Acosta Haab, actuando en su doble rol de médico personal de la nombrada y director responsable de la Clínica Mitre, tenía el suficiente conocimiento de los antecedentes de la patología que padecía, la sintomatología y el diagnóstico presuntivo por el que se aconsejó la realización de los estudios "...por T.A.C. de cerebro y derivación al EMSHA para que la examine el neurocirujano Aldiño", lo que finalmente el imputado nunca hizo cumplir, desencadenándose, casi inmediatamente después de las convulsiones y complicaciones, el fallecimiento de la nombrada (v. fs. 756/759).
La parte sólo expone una opinión personal -divergente a la del tribunal revisor y a la del órgano juzgador- pero que no evidencia que lo concluido sea fruto de la mera voluntad de los jueces o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (art. 495, CPP).
Además, el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelación abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también invocados por el impugnante. Pues como ya fue dicho en los anteriores párrafos, los camaristas dieron respuesta a todos los planteos llevados, evaluando cada una de las afirmaciones fácticas y jurídicas del magistrado de primera instancia que fueron discutidas en el recurso de apelación. De ese modo, se verifica que mediante la aplicación de la doctrina de la
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