Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134971
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.971, "L., N. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.728 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud , Mancini .
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, condenó a N. A. L. a la pena única de tres años de prisión, comprensiva de la impuesta en la causa 575 -que tramitó ante ese órgano- de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional en orden al delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa; y la fijada en la causa 4.809 del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental, de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de amenazas y daño, robo agravado por su comisión con escalamiento y efracción de lugar habitado en grado de tentativa y robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa (arts. 42, 166 inc. 2 párrafo primero, 149, 183, 167 incs. 3 y 4, 163 incs. 4 y 6 y 58, Cód. Penal; v. fs. 50/55 vta.).
Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 12 de diciembre de 2019, rechazó el recurso (v. fs. 87/93).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 113/119 que fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del 16 de marzo de 2021 (v. fs. 120/122 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 132/136), dictada la providencia de autos (v. fs. 138), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Ante esta Suprema Corte la defensa denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal en relación con el art. 55 del mismo (v. fs. 115 vta.).
Alegó que ninguno de los votos del fallo de Casación que conformó la mayoría logró fundamentar por qué el régimen general de unificación regulado por tales normas es aplicable cuando una de las condenas fue dictada en el fuero penal juvenil.
Consideró que el sufragio del primer término, del doctor Borinsky, invocó el principio de unidad penal sin explicar la razón por la cual serían aplicables tales disposiciones cuando una de las penas procede de la jurisdicción especial y que en este sentido no aporta a la fundamentación que haya expresado que volvió a delinquir siendo mayor pues este es un dato que sólo describe el problema. El recurrente planteó que, justamente, se trata de diferenciar los respectivos marcos jurídicos. En cuanto a la adhesión del doctor Carral, objetó que tampoco diera razones para sostener la unificación ni explicara cómo se salvaguarda la vigencia de los principios cuya vulneración se denunció (v. fs. 115 vta. y 116).
Luego se ocupó del art. 58 citado, planteando que su aplicación implica la violación de derechos constitucionales. Afirmó que, en tanto remite al art. 55 del Código Penal, la norma se refiere a hechos reprimidos con una misma especie de pena, como lo indica su texto, lo cual desde su punto de vista no sucede en este caso por cuanto -según lo sostiene- la naturaleza de la consecuencia penal es diversa para delitos cometidos por jóvenes infractores ya que, a diferencia de las penas previstas para los adultos, la privación de la libertad debe imponerse a los menores como última alternativa pues el régimen especial tiene como fin esencial la educación y resocialización. En todo caso -expone- no se trataría de una verdadera pena en virtud de su carácter tuitivo (v. fs. 116 y vta.).
Tras ello citó el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema en cuanto trató el asunto concerniente a la necesidad de imposición de pena en el régimen de la ley 22.278 (v. fs. 116 vta.).
La recurrente invocó también el art. 40 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y mencionó el derecho a la vida privada que debe ser resguardado mediante la confidencialidad de los registros de antecedentes, con la prohibición de que se utilicen en procesos de adultos subsiguientes o como base para dictar sentencia en esos procesos futuros, según las reglas 21.1. y 21.2. de Beijing y la Observación General n° 10 del Comité de Derechos del Niño. También refirió a aquellas reglas en lo que concierne a los fines de este tipo de procesos penales (v. fs. 117 y vta.).
En definitiva, entendió que si no es posible inscribir la condena de un joven en el registro de antecedentes condenatorios (más allá del especializado previsto por el art. 51 de la ley 13.364), mucho menos puede ser unificada con una de mayores en función de dos principios: el de especialidad en conjunción con la finalidad de la pena para las personas menores de edad y por la imposibilidad de registrar (como ya se explicó) el antecedente penal (v. fs. 118).
Remarcó que, en el caso de los niños, la respuesta del Estado es tuitiva, educadora y jamás retributiva, a lo cual añadió que las medidas derivadas de la comisión de un hecho ilícito deben ir siempre acompañadas "...de un permanente control por parte del órgano jurisdiccional de los fines de la aplicación de pena al menor infractor" (fs. 118 vta.).
Por todo lo cual postuló que la sentencia recurrida aplicó erróneamente el art. 58 del Código Penal y violentó el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, transgrediendo diversos principios propios del fuero de la responsabilidad penal juvenil (ibídem).
II. El agravio de la defensa se origina en el fallo de la magistrada a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Mar del Plata, doctora Darmandrail, quien el 6 de diciembre de 2018, a petición de la fiscalía consideró procedente la unificación que denominó tanto como "de penas" como "de condenas" (v. fs. 51/52) aunque, finalmente, aludió a la violación de las reglas del concurso real de delitos (lo cual encuadra en el segundo de los supuestos mencionados) (v. fs. 54 vta.).
Los procesos que motivaron su decisión fueron los siguientes.
Por un lado, la causa 575/2015 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 a cargo de dicha jueza, en la cual se condenó a N. L. el 20 de febrero de 2018 a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional, con reglas a cumplir en el mismo período, por un hecho cometido el 1 de julio de 2015. El fallo quedó firme el 9 de abril de 2018 y el cómputo estableció que las reglas de conducta vencían el 13 de noviembre de 2019 (v. fs. 1, 9, 54 y vta.).
Por el otro, la causa 4.809 y sus acumuladas del Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental, que lo condenó el 21 de diciembre de 2017 a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional con imposición de reglas de conducta por el mismo término, por hechos ejecutados el 16 de noviembre y el 21 de abril de 2016 y el 10 de septiembre de 2017. La sentencia adquirió firmeza y, según el cómputo realizado, las reglas de conducta vencían el 27 de junio de 2020.
A fs. 29 se dejó constancia de que, al 15 de junio de 2018, se hallaba detenido en una unidad carcelaria a disposición del Juzgado de Garantías n° 2 en la investigación penal preparatoria n° 10.033/18 (v. fs. 19/28 vta., 54 y vta.).
Al respecto, conviene dejar aclarado que por fuera de las causas objeto de unificación, L. registra la número 4.955 del Tribunal en lo Criminal n° 2, en la que fue condenado y privado de la libertad, pero que no fue incluida -por el momento, según lo aclaró la jueza Darmandrail en una resolución del 11 de octubre de 2019- junto a las dos penas unificadas (v. fs. 111 y 112). A fs. 105 consta que, al 18 de diciembre de 2019, estaba detenido a disposición del Juzgado de Ejecución n° 1 en dicha causa 4.955.
Volviendo al dictado de la pena única, la doctora Darmandrail brindó los argumentos en función de los cuales desestimó la oposición de la defensa a la aplicación del art. 58 del Código Penal (v. fs. 51 vta. y 52). Entre ellos explicó que lo que se unifica es "...la ejecución de dos condenas firmes vigentes, es decir, que el condenado no ha agotado aun y que viene cumpliendo en forma paralela..." sin que se estuviera valorando la primera para agravar la segunda ni para aumentar la pena única. Negó también que se hubiera acudido a un registro de antecedentes para dictar el fallo pues "...la coexistencia de diferentes penas surge y se acredita en el expediente al verificarse la situación real del condenado" (fs. 52).
Indicó que si, como lo pretendía la defensa, las penas se cumplieran paralelamente en el tiempo, una de ellas se licuaría además de vulnerarse el principio de unidad de respuesta penal. En cambio, si se sostuviera que el cumplimiento debiera ser sucesivo -una después de la otra-, se perjudicaría al condenado. Por lo tanto, la unificación por el método composicional -sostuvo- resultaba lo más favorable pues la pena única será menor a la suma de ambas (fs. cit.).
En cuanto a la naturaleza de la pena, afirmó que la impuesta en el fuero especial tiene características propias, pero no por ello deja de ser aplicación del derecho penal (v. fs. 53).
Aun así, consideró que el plus de derechos y garantías que corresponden al joven "...debe ser aplicado también en la etapa de ejecución de la pena; aun por órganos que no son parte del fuero especial..." e indicó que no existía obstáculo para asegurarlos, sobre todo porque en este caso resultaba competente la propia magistrada del fuero penal juvenil. De todos modos, advirtió que la mayoría de edad implicaba un cambio de status jurídico del individuo y que las posibilidades fácticas con las que se cuenta para la ejecución de la pena no son las mismas que las previstas para los menores, lo que en el caso de N. L. quedaba en evidencia por la circunstancia de que contaba con 21 años de edad, al momento de fallar la jueza, y cumplía prisión preventiva por una causa en trámite ante la jurisdicción ordinaria (v. fs. 53 vta. y 54).
En cuanto a las particularidades del juzgamiento de jóvenes infractores, dejó establecido que en el proceso en el cual intervino originariamente (causa 575) no se había requerido la sustitución, modificación o cese de la condena de conformidad con las reglas 17, 18 y 23 de Beijing y 84 de la ley 13.634, aunque podría haberse analizado su procedencia "...como paso previo a la unificación en curso -de haberse hallado mérito para ello- y que podrían analizarse aun con posterioridad a la misma " (fs. 54; el resaltado no es propio).
Luego aplicó el método de composición y determinó la pena única en tres años de prisión, invocando "...los principios que rigen el fuero penal juvenil, que imponen como criterio rector que la pena debe ser lo más breve posible...", por considerarla proporcional a la culpabilidad de L. y a las agravantes establecidas puesto que no se valoraron atenuantes. Con ello desestimó la pretensión de la defensa de que se impusiera una aún menor (v. fs. 54 vta. y 55).
En la parte dispositiva del fallo también dejó sentada "...la posibilidad de aplicar, si fueren procedentes, las medidas y alternativas a las que aluden los arts. 17, 18 y 23 de las Reglas de Beijing" (fs. 55 vta.).
III. La defensa dedujo un recurso de casación en el cual alegó, entre otras razones, que se afectó la garantía de trato especial en materia de pena, que el fin de la misma difiere de la que se impone a los adultos pues se orienta a la reinserción social, que el art. 58 del Código de fondo se interpretó analógicamente y compromete el principio de legalidad cuando se lo aplica en relación con una pena impuesta a un joven.
Postuló que no es irrazonable que el Estado renuncie a la ejecución de esa pena pues el art. 4 de la ley 22.278 permite que se declare que es innecesaria. Consideró que ni la Constitución nacional, ni la Convención sobre los Derechos del Niño y tampoco la ley 13.634 contemplan que puedan dictarse sanciones totales como la que objeta pues como indicó la Corte Suprema en el caso "Maldonado", al tratarse de hechos cometidos en distintas fases del crecimiento de la persona, "...por esa simple condición, son personas diferentes para el derecho penal", e insistió en la posibilidad de que se deje sin efecto la sanción aplicada en el fuero penal juvenil así como señaló que la privación de libertad es, en ese ámbito, el último recurso y que la pena en esa jurisdicción tiene un carácter tuitivo (v. fs. 60/78).
IV. El Tribunal de Casación, por mayoría, consideró que el art. 58 del Código Penal asegura el principio de la pena total, evitando que un individuo condenado reiteradamente en distintas jurisdicciones o en épocas sucesivas quede sometido a un régimen punitivo plural (v. fs. 88 vta. y 89).
A partir de esa premisa no encontró impedimento para que la pena impuesta a N. L. cuando era menor se unifique con la de hechos cometidos luego de alcanzar la mayoría de edad pues "...la unificación responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal adoptando las medidas que correspondan para que aquello no desaparezca por razón del funcionamiento de las distintas jurisdicciones, o lo que es lo mismo, que el interesado no se encuentre sometido a tareas de resocialización simultáneas que se ignoren mutuamente" (fs. 89).
El tribunal descartó que de ese modo se transgredieran principios que rigen en el fuero especial en cuanto a la diferente finalidad y naturaleza de las sanciones -reglas 8 y 21 de Beijing- "...en tanto nos encontramos frente a una persona que fue condenada como menor, y volvió a delinquir siendo mayor..." (fs. 89 vta.).
En su apoyo citó la decisión adoptada por esta Suprema Corte en la causa P. 123.476 (sent. de 31-V-2017; efectuando su propia interpretación de la misma; v. fs. 89 vta.).
V. El recurso extraordinario -concedido sin restricciones con invocación del precedente P. 119.282, resolución de 5-XI-2014, entre otros- no puede prosperar, tal como lo propone la Procuración General en su dictamen (art. 495, CPP).
V.1. Como sucedió, en lo que resulta análogo, en P. 132.439 (sent. de 10-II-2021), la defensa no pone en evidencia el modo en que se habrían producido las transgresiones legales que rigen el fuero penal juvenil, sin que -por otra parte- se advierta infracción a norma o principio constitucional alguno (doctr. art. 495, cit.; en lo pertinente P. 125.396, sent. de 18-X-2017; P. 126.356, sent. de 11-IV-2018 y P. 124.568, sent. de 20-III-2019; e.o.).
Al margen de lo que pudiera decirse sobre la sentencia de Casación, la misma no carece de la mínima fundamentación que la sustente.
En lo que concierne a los registros de menores delincuentes, lo que se busca es evitar que el uso de dicha información empeore la situación jurídica del joven en un proceso sucesivo. Y en el presente caso no se demostró que se haya realizado una comunicación de antecedentes contraria a la doctrina de la causa P. 114.153 (resol. de 4-V-2016) donde se estableció la imposibilidad de comunicar el resultado del proceso del menor al Registro Nacional de Reincidencia, toda vez que nuestra Provincia posee el específico Registro de Procesos del Niño (de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la ley 13.634).
Tampoco se alegó que la condena impuesta en el fuero de responsabilidad penal juvenil fuera utilizada como base para dictar la sentencia en los procesos de adultos o para agravarla.
En otras oportunidades esta Corte ha repelido impugnaciones que contenían argumentos de similar tenor a los aquí introducidos (v., entre muchas otras, causas P. 123.476, sent. de 31-V-2017; P. 125.396, sent. de 18-X-2017; P. 120.262, sent. de 13-XII-2017; P. 125.235, sent. de 13-III-2018; P. 126.316, sent. de 14-III-2018; P. 129.330, sent. de 4-VII-2018 y P. 131.029, sent. de 10-IV-2019) en la medida en que no se logra advertir con meridiana claridad que las específicas garantías que sustentan el fuero de responsabilidad penal juvenil invaliden de algún modo el sistema de reacción penal única que posee nuestro derecho interno.
Es que, justamente, el sistema de pena total impide que dos o más penas sean aplicadas simultáneamente a una misma persona o que esta deba cumplir paralela o sucesivamente más de una. Sin embargo, la parte impugnante no explica cómo administrar la coexistencia de dos penas a prisión, más allá de que una de ellas se asiente en parámetros, principios y fines específicos del juzgamiento especializado (conf. mi voto en causa P. 131.562, sent. de 15-IX-2020).
V.2. En ese aspecto, en cuanto se objeta la necesidad de imponer pena a la luz del art. 4 de la ley 22.278, y se pretende que, en función de esa norma y firmes ambas sentencias, L. pueda a esta altura ser eximido de la impuesta en el fuero de menores (v. fs. 77 vta.), se trata de una cuestión que no fue abordada por el tribunal intermedio y el recurrente no lo ha objetado articulando la vía pertinente (art. 491, CPP).
De todos modos, hay que señalar que la jueza de la responsabilidad penal juvenil, al fallar por la unificación dejó abierta la posibilidad -como se refirió más arriba- de que la condena fuera sustituida, modificada o que cesara, según las reglas 17, 18 y 23 de Beijing y el art. 84 de la ley 13.634, incluso con posterioridad a la unificación. En consecuencia, contempló que pudiera hacerse lugar, de algún modo, a la solicitud de la parte. Así fue reafirmado, también, en la parte dispositiva de la sentencia que impuso la pena única, por lo cual en este punto no se demostró que haya agravio actual (v. fs. 54 y 55 vta.).
V.3. Como puede verse, hay entonces una clara manifestación de la aplicación del principio de especialidad que la recurrente denuncia como vulnerado, lo que se suma al dato de que, justamente, fue una magistrada del fuero penal juvenil la que dictó el fallo cuya revisión aquí se analiza (en lo correspondiente, conf. P. 123.476, sent. de 31-V-2017).
V.4. Por último, no se ha justificado la aseveración de que la prisión impuesta por aplicación de las normas respectivas del Código Penal deje de ser una pena en sentido legal por la circunstancia de que recaiga sobre un menor punible ni tampoco que deba inferirse del fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la sanción que se fija a tales personas pierda la calidad de pena por la edad del individuo que la recibe.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Abro respetuosa disidencia, pues es mi parecer que el recurso intentado debe prosperar.
II. La defensa oficial denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal en relación con el art. 55 del mismo cuerpo de leyes, en tanto la sentencia de casación no logró fundamentar por qué el régimen general de unificación allí regulado es aplicable cuando una de las condenas fue dictada en el fuero penal juvenil (v. fs. 115 vta.).
Consideró que el sufragio del primer término, del doctor Borinsky, invocó el principio de unidad penal sin explicar la razón por la cual serían aplicables tales disposiciones cuando una de las penas procede de la jurisdicción especial, y que nada aporta a la fundamentación que el juez haya expresado que L. volvió a delinquir siendo mayor, pues este es un dato que solo describe el problema. La defensa planteó que, justamente, se trata de diferenciar los respectivos marcos jurídicos (v. fs. 115 vta. y 116).
En cuanto a la adhesión del doctor Carral, objetó que tampoco dio razones pa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.