Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135059
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.059, "García Prette, Juan Alfredo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.125 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 20 de diciembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por los señores defensores oficiales de Juan Alfredo García Prette contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, que lo condenó a la pena de veintiocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor y autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa -dos hechos-, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (causa n° 3.844) y homicidio agravado por el uso de arma de fuego -dos hechos- (causas n° 3.905 y 3.906).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de casación, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 69/109), el que fue concedido por el tribunal intermedio en razón de los agravios de pretensa naturaleza federal invocados (v. fs. 135/139).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 144/150 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, cabe señalar que la señora defensora oficial formuló tres agravios que portan como denominador común la errónea revisión de la sentencia de condena, con la consecuente afectación del "doble conforme", el debido proceso, la defensa en juicio y el principio de in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; CSJN causa "Casal").
Los dos primeros están vinculados con el tratamiento dado por el tribunal revisor a la verificación de la prueba de la coautoría y autoría de su asistido en los hechos en los que resultaron víctimas Pablo Pérez -causa n° 3.905- y Julio César Bulffo Ruiz Díaz -causa n° 3.906-, respectivamente; y el restante, con la denuncia de errónea aplicación de los arts. 80 inc. 7 y 166 inc. 2 segunda parte, ambos en relación con el art. 42 del Código Penal, así como con la aplicación del beneficio de la duda en favor del imputado en el hecho del que resultaron víctimas Aníbal de Jesús Martínez Cuenca y Benjamín Rafael Martínez Cuenca -causa n° 3.844-.
I.1. Sentado lo anterior, en el primero de los planteos la parte recurrente denunció la errónea aplicación del art. 45 con relación a los arts. 41 bis y 79, todos del Código Penal, en el hecho que originó la causa n° 3.905, a consecuencia de la aparente tarea revisora (v. fs. 81).
Luego de reproducir la materialidad ilícita que se dio por acreditada en la causa de referencia (v. fs. 81 vta.), reseñar los elementos de prueba sobre los que el tribunal de juicio edificó la coautoría de su asistido en el hecho (v. fs. 81 vta./85 vta.), y repasar los agravios de la defensa sometidos a revisión de la instancia intermedia (v. fs. 85 vta. y 86), alegó que el Tribunal de Alzada desnaturalizó su función revisora amplia garantizadora del "doble conforme" remitiéndose a la sentencia de condena para la conclusión incriminatoria de García Prette con apoyo en las declaraciones testimoniales de Eduardo Belizán y Darío Palma, de los testigos presentes en el lugar Julio Palma, Juan Alberto Belizán, Julio Tomás Palma y Sonia Banegas, "...argumentando que por haber sido prestadas en un debate oral, su valoración forma parte de las específicas facultades del órgano de juicio por los principios de oralidad e inmediación" (fs. 86 vta.).
En lo medular, adujo que si el tribunal revisor hubiera compulsado la totalidad de las constancias de la causa, se habría -cuanto menos- cuestionado cómo se arribó a la certeza de que la reunión con Pablo Pérez tuvo por objeto provocar su muerte, descartando otras hipótesis posibles, como por ejemplo una reacción momentánea motivada por la droga. En tal sentido, destacó que no se peritaron las vainas servidas para despejar si fueron disparadas por una, dos o tres armas distintas, y que tampoco se efectuó peritaje de "dermotest" a fin de acreditar si Pérez también efectuó disparos, o si los dos disparos que se atribuyen a su asistido realmente impactaron en el cuerpo del damnificado, o si el arma fue efectivamente disparada por "Juanchi" y no por el tercer sujeto, a quien "casualmente" no se logró individualizar -el "Hijo de Diente" Jorge o "Huevón"- (v. fs. 87 y vta.).
En suma, estimó que el tribunal intermedio se limitó a reeditar parte de lo decidido en la instancia de grado "...afirmando la existencia de un plan común entre los acusados y la consecuente división de roles para ello [...] pero sin expresar con sus propias consideraciones cuál fue el rol asignado a García Prette en el plan común de dar muerte a Pérez " (fs. 88 y vta.; el destacado figura en el original).
Concluyó que la violación constitucional y convencional denunciada se plasmó al convalidar la sentencia de condena, cuando -según su criterio- se debió haber absuelto a García Prette por este hecho, por errónea aplicación del art. 45 en relación con los arts. 41 bis y 79 del Código Penal (v. fs. 89).
I.2. En el segundo agravio, la defensa criticó la revisión efectuada en torno a la acreditación de la autoría de su asistido en el homicidio de Bulffo Ruiz Díaz -causa n° 3.906-, en el entendimiento de que se trató de una reedición de la valoración probatoria efectuada por el tribunal de juicio de la declaración testimonial de David Peralta (v. fs. 89 vta.).
Expresó que una amplia y exhaustiva compulsa de la totalidad de las actuaciones hubiera llevado al órgano revisor a examinar el acta que da cuenta de que el día de los hechos, el policía Carlos Esteban Jorge tomó conocimiento, por dichos del hermano de la víctima Héctor Rosepel Sequeira Ruiz Díaz, de que el autor del homicidio sería el "gordo Juanchi". Y a atender a que días después, el mismo hermano de la víctima testimonió que una vecina que vive en el fondo de su domicilio "...le dijo que seguramente fue Juanchi el que mató a su hermano, porque estaba saliendo con la mujer de Juanchi, 'la Piti'...", vecina a la que intentaría convencer para que declare porque "Juanchi" la amenazó de muerte si hablaba (v. fs. 90 y vta.).
Así, la defensa criticó la limitada tarea revisora al convalidar que ni la policía ni la fiscalía buscaran a esa vecina para que explicara cómo sabía lo que le contó a Sequeira Ruiz Díaz (v. fs. 90 vta.).
Luego de referirse a los elementos probatorios de cargo con los que la fiscalía sostuvo la autoría de García Prette (v. fs. 90 vta./92), nuevamente expresó que una amplia y exhaustiva compulsa de la totalidad de las actuaciones habría llevado al órgano intermedio a cuestionarse acerca de las diferencias que surgen en la descripción de la fisonomía del imputado en la causa n° 3.905 respecto de la causa n° 3.906, diferencias que, sin embargo, no ameritaron para la acusación pública realizar una diligencia de reconocimiento en rueda con el testigo de identidad reservada, para así despejar diversos interrogantes que mencionó (v. fs. 92 vta./93 vta.).
Concluyó que "...más allá que el art. 79 del [Código Penal] no exija móvil para su configuración, la relación sentimental entre víctima y victimario que no fue acreditada con certeza, fue la que llevó a la primera sindicación que hizo el hermano de la víctima a la policía a las 21 hs. del día del hecho que se tuvo por probado [...] y esa sindicación [...] fue porque una vecina le dijo que quien podría ser el autor de la muerte de su hermano sería la ex pareja de la actual pareja de Ruiz Díaz" (fs. 94 vta. y 95).
I.3. Por último, con relación al hecho de la causa n° 3.844, denunció que el órgano revisor se limitó a reeditar lo dicho por la judicatura de grado para concluir que con el análisis del plexo probatorio valorado en la instancia de grado se acreditó con certeza que el accionar delictivo del imputado fue para desapoderar de dinero a las víctimas y que, al no obtener ese resultado, su intención fue matarlas (v. fs. 95 vta. y 96).
Advirtió que cuando parecía que el tribunal revisor respondería al planteo de la defensa sobre las diferencias en los testimonios que la propia señora jueza que lideró el voto advirtió, nuevamente se remitió a lo que los sentenciantes explicaron, sin realizar un análisis propio y amplio de la totalidad de las constancias de la causa (v. fs. 96 vta.).
Sostuvo que, de haberse examinado todas las constancias, el Tribunal de Alzada debió cuestionarse cómo se soslayaron diferentes elementos probatorios con los que se contaba en los primeros estadios de la investigación, tales como la declaración testimonial del policía Jorge Peña, el acta de procedimiento donde se consigna que los efectivos policiales de la comisaría de José León Suárez se entrevistaron en el lugar con Vicente Benítez, así como las declaraciones testimoniales de Roberto Ferreyra Benítez, el nombrado Vicente Benítez, Aníbal Martínez Cuenca y de Benjamín Rafael Martínez Cuenca (v. fs. 97/99).
En aval de su postura, repasó -en lo pertinente- diversos pasajes del fallo condenatorio de primera instancia, destacando presuntos interrogantes e incertezas que abonarían su reclamo (v. fs. 100/102).
Argumentó que una completa revisión de la condena no se habría limitado a afirmar la falta de duda sobre la conexidad entre el despojo y el atentado a la vida por "...la mera circunstancia de que 'Juanchi' era conocido en el barrio por los hermanos Martínez Cuenca como así también por las otras víctimas de los hechos juzgados en las causas 3.905 y 3.906 que el [Tribunal de Casación Penal] revisó en la misma sentencia intermedia...", en tanto "...justamente esos otros testigos dieron cuenta que este no acostumbraba robar en el barrio, sino que se deslizaron situaciones vinculadas a comercialización de estupefacientes ..."; y que también debió explicarse "... cómo si García Prette efectuó un disparo en la nuca de Benjamín y otro hacia Aníbal que impactó finalmente en el hombro, sólo se halló una vaina servida 9 mm CBC y un proyectil encamisado 9 mm y una sola trayectoria de material hemático en la habitación, cuando el disparo a Benjamín lo fue en el patio , mientras la madre de éste estaba con su hijo en un[a] habitación y no escuchó disparos y sí los gritos de Aníbal, o por qué no es creíble la versión de Benjamín que estando en condiciones de declarar, se grabó en un CD oído en la audiencia oral por dificultades en el habla, pero que dio cuenta de la presencia de otro sujeto en su casa cuando regresó de trabajar esa mañana ..." (fs. 102 y vta.; el destacado figura en el original).
Por otra parte, señaló que en ninguna de las instancias anteriores se cuestionó por qué no se identificó a un sujeto -citado por Benjamín Martínez Cuenca- llamado Sergio, ni se procuró indagar sobre la existencia de otro sujeto distinto a García Prette en el lugar; o por qué tampoco se indagó cómo Aníbal Martínez Cuenca casualmente conocía a "Juanchi" del barrio, como también conocía a Pablo Pérez, víctima del hecho juzgado en la causa n° 3.905 (v. fs. 102 vta./103 vta.).
Adunó a ello que el órgano revisor no explicó la preferencia por la declaración de Aníbal Martínez Cuenca por sobre la de su hermano Benjamín, cuando los dichos del primero se contradicen con los de los hermanos Benítez y con otras constancias de la causa -que enunció- (v. fs. 103 vta. y 104).
Se preguntó cómo, si Benjamín estaba junto a Aníbal y en compañía de otras personas levantando una pared en la parte de adelante de la finca, la única vaina servida y el único proyectil se hallaron sobre el piso de la habitación (v. fs. 104 vta.).
Entre otros cuestionamientos que esa parte habría llevado ante la instancia intermedia y no fueron respondidos, mencionó la circunstancia de que el autor, no obstante haber visto frustrada su intención de robo a Vicente Benítez, ningún disparo le efectuó a aquel, ni que se haya dado a la fuga inmediatamente sin lograr la muerte de Aníbal, pudiéndolo hacer, o en qué lugar le disparó a Aníbal, esto es, si fue dentro de la habitación y a la altura del pecho y Benjamín se desesperó y el sujeto le disparó a la cabeza (v. fs. 105 y vta.).
Adujo, además, que el testimonio de Aníbal Martínez Cuenca en el debate oral fue -en partes- claramente distinto al brindado bajo juramento de ley en la etapa de investigación; y que cuando Benjamín Martínez Cuenca declaró en la IPP, previo dictamen médico de que estaba en condiciones de hacerlo, mencionó a "Juanchi" y a otro sujeto, respecto del cual el titular de la acción pública no adoptó ninguna medida (v. fs. 106).
Por último, en cuanto a la solicitud de aplicación del beneficio de la duda, dijo que el tribunal revisor "...no hizo otra cosa que recorrer e[l] fallo en crisis, de un modo genérico y superficial, abrevando en las mismas consideraciones del sentenciante de mérito, sin responder a los concretos agravios de la defensa en el recurso de casación, en especial en punto a la transgresión al principio 'in dubio pro reo' " (fs. 106 vta.); a lo que sumó diversas consideraciones generales sobre los alcances de dicho principio (v. fs. 106 vta. y 107).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto (v. fs. 144/150 vta.).
III. La decisión del tribunal de casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. El tribunal de juicio, en lo que concierne a la causa n° 3.905, tuvo por acreditado que "...el día 30 de junio de 2013, siendo aproximadamente las 03:00 horas en circunstancias en que Pablo Pérez se encontraba compartiendo un asado con amigos y familiares en la vereda del domicilio sito en la calle Diagonal 67 y calle P de la localidad de José León Suarez, partido de San Martín se presentaron en el lugar Juan Alfredo García Prette, alias 'Juanchi' en compañía de Luis Roberto Lázaro, apodado 'Cabrito' y un tercer sujeto no identificado hasta el presente y luego de intercambiar palabras con Pérez y movilizarse desde la puerta de ese domicilio hasta una de las esquinas con el objetivo de provocar la muerte de este sin interrupciones, 'Cabrito' le efectuó, por lo menos, seis disparos, con un arma de fuego calibre 9 mm y una vez que la víctima se hallaba en el piso, García Prette le disparó con un arma de fuego calibre 9 mm en dos ocasiones, conductas que produjeron la muerte de Pablo Pérez en tanto tuvo seis impactos de bala en su cuerpo" (fs. 11 vta.).
Con relación a la causa n° 3.906, dio por demostrado que "...el día 03 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 21:00 horas, en circunstancias que Julio César Bulffo Ruiz Díaz se encontraba caminando por la vereda y arribaba a su domicilio sito en la calle Diagonal 67 entre 3 y 4 de la localidad de José León Suarez, partido de San Martin, fue interceptado por Juan Alfredo García Prette, quien sin mediar palabra le descerrajó dos disparos de arma de fuego, con una escopeta recortada, impactando el primero de ellos en el cuello y el siguiente en su abdomen, produciendo su óbito en forma inmediata producto de las lesiones sufridas, para huir [en]seguid[a] del lugar" (fs. 19 vta.).
Y respecto de la causa n° 3.844, tuvo por acreditado que "...el día 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10:00 horas, en circunstancias que Aníbal de Jesús Martínez Cuenca y Benjamín Rafael Martínez Cuenca, hermanos, se hallaban en su domicilio sito en la calle Santa Brígida nro. 8095 de la localidad de José León Suarez, partido de San Martín, precisamente en la parte de adelante de la misma, trabajando en construir una pared y en compañía de otras personas fue que Juan Alfredo García Prette, alias 'Juanchi' ingresó al domicilio y exhibiendo un arma de fuego les solicitó dinero en efectivo en forma repetida y mediante amenazas que los iba a matar. Ante la respuesta negativa de los presentes y el pedido de que se llevara los bienes materiales que había en el lugar lo que fue negado por García en la idea de únicamente obtener plata, y por no haber logrado el objetivo de desapoderamiento fue que los obligó a arrodillarse y una vez en esa situación les descerrajó un disparo con un arma calibre 9 mm a la altura de la cabeza en primer lugar a Benjamín Rafael Martínez Cuenca, quien no perdió la vida por el rápido accionar de las personas que se hallaban en el lugar y el actuar en el establecimiento hospitalario, pese a las graves secuelas físicas y psíquicas que en la actualidad el mismo padece; para luego proceder a disparar con el mismo arma calibre 9 mm con intenciones también de darle muerte a Aníbal de Jesús Martínez Cuenca, impactando en el hombro izquierdo por el movimiento que hiciera la víctima, huyendo del lugar" (fs. 16 y vta.).
Este último suceso -tal como surge de los antecedentes- fue calificado como homicidio agravado criminis causae y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa -dos hechos-, y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
III.2. Al interponer el recurso de casación, la defensa de García Prette, con relación al hecho de la causa n° 3.844 cuyas víctimas resultaron los hermanos Martínez Cuenca, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal en el entendimiento de que no se había acreditado la existencia de dos hechos distintos, ni la conexión final que requiere dicha norma, como así tampoco la intención por parte del sujeto activo de desapoderar a los damnificados o de matarlos, por considerar que nada le impedía hacerlo, y que no existía ninguna prueba que permita inferir que haya apuntado a la cabeza de Aníbal Martínez Cuenca, y menos aún que un movimiento de aquel evitara la consumación del homicidio (v. fs. 28/30).
En lo que toca al hecho de la causa n° 3.905, centró su objeción en que no se acreditó la coautoría de su asistido esencialmente porque los testigos no pudieron ver si los disparos efectuados por él impactaron en la humanidad de Pablo Pérez, y además porque los que causaron la muerte de la víctima fueron los disparos que ingresaron por su pecho, que habrían sido efectuados por "Cabrito" según los testigos, y no por su defendido (v. fs. 30/31).
Finalmente, respecto del homicidio del que resultó víctima Ruiz Díaz -causa n° 3.906-, adujo que para conformar el cuadro de autoría la sentencia partió de una premisa falsa, a saber, la relación de noviazgo del imputado con una mujer apodada "Piki", vínculo que -sostuvo- no se encuentra acreditado. Adunó a ello que no se demostró que la persona indicada por el testigo Peralta como "Juanchi" fuera su defendido (v. fs. 31/32).
En el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal, la defensa reclamó con relación a la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código de fondo que no estaba probada la especial ultrafinalidad que requiere su aplicación, enfatizó la existencia de contradicciones entre los testigos Aníbal y Benjamín Martínez Cuenca en torno a la finalidad de despojo, y solicitó la absolución de su asistido por la duda beneficiante (v. fs. 40/41).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.