Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.919, "Birriel, Nahuel Adrián y Coronel, Rodrigo Martín s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 86.988 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 6 de diciembre de 2018, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Nahuel Adrián Birriel a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, y a Rodrigo Martín Coronel a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por resultar coautores responsables del delito de robo calificado por escalamiento y por el uso de arma impropia (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 50, 166 inc. 2 primer párrafo y 167 inc. 4, Cód. Penal; v. fs. 57/62 vta.).
Contra lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de los imputados (v. fs. 92/101 vta.), que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida (v. fs. 103/105 vta.), lo que motivó la interposición de queja ante esta Corte por la parcela denegada, que la admitió, declaró mal denegado el recurso articulado y lo concedió en orden a la revisión aparente de la sentencia de condena con relación a la fundamentación del monto de pena y arbitrariedad (v. resol. de fs. 129/131 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 136/139 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 141) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial denuncia que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena en lo concerniente a la fundamentación del monto de pena, sin apego a las constancias de la causa, que sería configurativo de un supuesto de arbitrariedad, con frustración de la garantía de la revisión amplia. Invoca los arts. 8 inc. 2 apdo. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 95/101).
Alega que el recurso de casación quedó conformado con dos motivos de agravios respecto al proceso de determinación de la pena. Uno planteado en el recurso de casación referido a la conculcación del principio ne bis in idem al valorarse la condena anterior como agravante y como fundamento de la reincidencia y, el otro, esbozado en el memorial (v. fs. 49/52) referente a la desproporción entre la pretensión de la acusación y la magnitud de la sanción impuesta, pese a haberse ponderado una situación más favorable en cuanto a las agravantes y atenuantes (v. fs. 95).
Indica que, al resolver, luego de descartar la existencia de una violación a la prohibición de la doble valoración, el órgano intermedio se expidió en torno a la individualización de la sanción, y consideró que la pena discernida no resultaba desproporcionada en función de la escala penal aplicable, las circunstancias mensuradas en la sentencia de origen y los indicadores previstos en los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 95/96).
Asevera que para arribar a esa conclusión se partió de una premisa aparente al sostener que entre los baremos de los arts. 40 y 41 citados fueron sopesados como agravantes la "...nocturnidad y los antecedentes condenatorios", extremos que se apartan de las constancias de la causa toda vez que no surge ni fue peticionada la "...nocturnidad en estos autos, ni podría haberlo sido habida cuenta que el hecho se tuvo por acreditado como cometido aproximadamente 'a las 14.40 hs.'" (fs. 96).
Frente a ello, afirma, decae la conclusión alcanzada en cuanto a la proporcionalidad de la pena fijada a los imputados, que solo fue revisada de manera aparente ya que la nocturnidad no integró las pautas de dosimetría de la sanción para ninguno de ellos; y por otro lado los antecedentes condenatorios solo fueron meritados para Rodrigo Martín Coronel (v. fs. cit.).
En su opinión, se incluyó una circunstancia agravante ajena al trámite de la causa, y difusa, al no discernir en la situación individual de cada uno de los coimputados, frustrándose la operatividad de la garantía de revisión integral del fallo de condena y configurando un supuesto de arbitrariedad (v. fs. 96 vta.). Agregó que los conceptos vertidos por la Casación en cuanto entendió que las sanciones impuestas no constituían una pena desproporcionada, no abastecerían las exigencias de debido escrutinio que emergen de la garantía establecida en los citados arts. 8 inc. 2 apdo. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que fueron descartadas en el veredicto las dos agravantes requeridas por la fiscalía con relación a los dos imputados (comisión del hecho contra un vecino y violencia desmedida) y la valoración de una atenuante para Nahuel Adrián Birriel (carencia de antecedentes) que no había sido peticionada (v. fs. 97 y vta.).
Expresa que ninguna de las dos premisas en las que el órgano revisor basó su conclusión para rechazar los agravios (valoración de la nocturnidad y antecedentes condenatorios; y punto de ingreso a la escala penal por el mínimo legal) importan una verdadera revisión integral de la motivación de la pena (v. fs. 97 vta. y 98).
Acompaña su reclamo con la invocación del fallo dictado por esta Corte en la causa "Ruiz" (P. 83.260), también de los precedentes "Miara", "Squilario", "Casal" y "Martínez de Areco" de la Corte federal, y de los casos "Herrera Ulloa" y "Mohamed" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 98/101).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. fs. 136/139 vta.).
III. Para dar respuesta a los agravios traídos en la vía extraordinaria en examen, resulta oportuno reseñar lo siguiente:
III.1. El sentenciante de origen computó como pauta atenuante de la pena a favor del imputado Birriel su condición de primario (v. fs. 23 vta. y 24) y como agravante de la sanción respecto del encausado Coronel las condenas anteriores que registra (v. fs. 24/27).
III.2. En el recurso de casación, en lo que resulta de interés, la defensa oficial había cuestionado la determinación del monto de pena establecido para el coimputado Coronel por haberse meritado como severizante el antecedente condenatorio que registra, en transgresión al principio de prohibición de la doble valoración, puesto que la declaración de reincidencia importa por sí misma la agravación de la pena. Subsidiariamente solicitó se le imponga el mínimo legal (v. especialmente fs. 39 vta./41 vta.).
Por su parte, el señor defensor oficial adjunto en el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal, incorporó argumentos relativos al monto de la pena aplicada. Se quejó de falta de motivación y argumentó que fueron descartadas por el juzgador de origen dos circunstancias agravantes requeridas por el acusador (que el suceso fue cometido contra un vecino y la violencia desmedida desplegada) y con relación a Birriel que fue valorada como circunstancia diminuente la carencia de antecedentes penales, aunque, en su opinión, tales determinaciones no tuvieron impacto en la pena impuesta.
Entendió que el monto punitivo requerido por la fiscalía en los alegatos actúa como límite, y al haberse descartado dos severizantes e incorporado una atenuante con relación a Birriel, debió imponerse una pena sustancialmente inferior (v. fs. 49/52).
III.3. A su turno, el Tribunal del recurso abordó en el acápite "III" de su fallo el control sobre la medida de la pena con relación a los dos imputados (v. fs. 60/62).
Señaló, como doctrina de esa Sala, que "...resulta válida la valoración de las condenas anteriores a los efectos de discernir la sanción a imponer [...] no sólo en virtud de la expresa previsión legal, que las contempla (artículo 41 inciso 2° del Código Penal), sino porque además, el parámetro trasluce desprecio por la advertencia que supone la condena previa, reiteración en el delito, y en consecuencia, una mayor culpabilidad, configurando así una circunstancia 'personal' del encartado que justifica la imposición de una pena más severa, diferenciándolo así de quien ha cometido un hecho similar, pero que no posee condenas anteriores en su haber" (fs. 60 y vta.).
Destacó que Coronel cometió este nuevo hecho cuando ya tenía varias condenas unificadas por las que había sido declarado reincidente, y que "... si una de las condenas en las que el encartado Coronel cumplió pena como condenado por sentencia firme, sirvió de base para su declaración de reincidencia, no violenta la prohibición de doble valoración, que el resto de las condenas que le unificaran, fueran estimadas a los efectos de calibrar la pena" (fs. 60 vta.).
Indicó que "...la pena impuesta por el hecho que se les imputa a los inculpados, en función de la escala aplicable, con fundamento en las circunstancias mensuradas en el veredicto, y cuanto resulta de los indicadores de los artículos 40 y 41 del Código Penal ('nocturnidad y antecedentes condenatorios')" no constituye la imposición de una pena desproporcionada (v. fs. 60 vta. y 61).
En orden a la observación de la parte de falta de motivación en la individualización del reproche, a partir de que el sentenciante obliterara dos pautas agravantes y computara una atenuante en favor de Birriel, expresó que "...su criterio parte de que el punto de partida para la individualización de mentas debe ser el mínimo legal posible, lo que llevaría al Tribunal a fundamentar el apartamiento del mismo, desconociendo que los artículos 40 y 41 del Código Penal no establecen un sistema de sumas y restas de cantidades fijas de pena, ni determinan por dónde debe ingresarse a la escala penal" (fs. 61).
Con cita de precedentes de esta Corte, entendió que el fallo se adecua a los arts. 40 y 41 citados, sin que el apartamiento del mínimo legal de la escala constituya la arbitrariedad o irracionalidad denunciadas, dado que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 61 cit.).
IV. En virtud de lo reseñado, se advierte que la decisión en crisis cuenta con debida fundamentación y que, en rigor, el reclamo en análisis se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, particularmente en cuanto a la incidencia que el descarte de dos severizantes y la atenuante incorporada con relación a Birriel debieron tener -a criterio del impugnante- en la cuantía de la sanción finalmente impuesta.
En efecto, de los términos de la impugnación se advierte que la parte asentó su crítica evidenciando una posición distinta sobre el modo de efectuar el proceso de determinación de la sanción penal, técnica ineficaz para demostrar que la revisión encarada por el tribunal revisor fuese aparente o arbitraria (art. 495, CPP).
Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, en cuanto a la supuesta incorporación al encaje punitivo de la agravante "nocturnidad" (v. fs. 133 vta.), que se trata de un error material del órgano revisor, quien efectuó un amplio desarrollo de la aumentativa "antecedentes condenatorios" y nada argumentó respecto de la "nocturnidad", mencionándolo solamente casi al final del párrafo (v. fs. 60 vta.) de manera equivocada, lo que no empaña la validez del pronunciamiento.
Conforme quedó expuesto, la Casación abordó el tema relacionado con la selección del quantum de pena y confirmó el juicio efectuado por la instancia de origen, además de brindar fundamentos propios en sustento de su postura, citando para ello doctrina de esa instancia y de esta Suprema Corte.
Así entonces, resulta que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad denunciada y que, en rigor, la defensa ha desarrollado su reclamo poniendo en evidencia un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta, no logrando de ese modo demostrar la presencia de vicios ni de irrazonabilidad en la decisión a efectos de la pretendida descalificación (art. 495, CPP).
En este punto, es dable destacar que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el monto de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; entre muchas).
En ese sentido, vale recordar que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
Por otro lado, cabe decir que si bien el recurrente denunció que el fallo casatorio se habría apartado de la doctrina de esta Corte establecida en el precedente P. 83.260, "Ruiz" y de los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incurrió en la deficiente técnica de transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos con las concretas circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían parangonables con la situación aquí juzgada. Dicho déficit sella la suerte adversa del planteo (art. 495, CPP).
En suma, no se observa en lo decidido la restricción cognoscitiva que el recurrente endilgó a la sentencia casatoria (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2022 09:13:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 11:53:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 14:06:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2022 23:56:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 08:47:47 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/04/2022 09:25:50 hs. bajo el número RS-29-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia