Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133940
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes del doctor Fernando Roque Barrionuevo, por los trabajos realizados ante esta instancia, en 21 jus -veintiún- (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.940-RC, "Villaca Barral, Juan Fernando S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nro. 15.708 de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Juzgado en lo Correccional n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro condenó, el 7 de mayo de 2018, a Juan Fernando Villaca Barral a la pena de dos años de prisión y tres años de inhabilitación especial para poseer perros de raza peligrosa, con más el pago de las costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas graves, ocurrido el día 10 de abril de 2015 en la localidad de Pilar en perjuicio de Fabiana Belén Álvarez Muñoz. La defensa del imputado -a cargo del doctor Fernando Roque Barrionuevo-, apeló la condena y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento, mediante pronunciamiento del 29 de octubre de 2018, confirmó la sentencia, aunque revocó el modo de ejecución de la pena impuesta, sustituyéndola por la condenación condicional (v. fs. 10/22).
Contra esa decisión se alzó el defensor de Villaca Barral, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/7), que fue concedido (v. fs. 31/32 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 64/67), dictada la providencia de autos (v. fs. 87), presentada la memoria (v. fs. 91/92), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En virtud del incumplimiento del recaudo del monto de pena impuesto -conforme art. 494, Código Procesal Penal-, el margen de conocimiento de esta Corte ha quedado acotado únicamente al análisis de los planteos de cuestiones federales (conf. resol. de admisibilidad de fs. 31/32 vta.).
En ese marco, el doctor Fernando Roque Barrionuevo, defensor particular de Juan Fernando Villaca Barral, invocó un supuesto de arbitrariedad de sentencia, en el caso, por haberse realizado una interpretación fáctica viciada de "exceso ritual manifiesto y absurdo valorativo" dado que -desde su punto de vista- la prueba producida no permitía justificar la autoría de su defendido (v. fs. 3 vta.).
Luego de cuestionar el fallo de la Cámara por entender que "omitió la realización de un estudio profundo de los planteos y argumentos de descargo" y tildar de "ligera" a su actividad revisora (v. fs. 4), le asignó arbitrariedad al mismo por afirmaciones dogmáticas y violación a la presunción de inocencia en el rechazo de uno de los planteos sobre la autoría: puntualmente en lo referido a la apertura del portón del domicilio desde donde escaparan los canes que lesionaron a Muñoz (v. fs. cit. vta.).
De seguido, transcribió el agravio llevado a conocimiento del órgano revisor relativo a que el Ministerio Público Fiscal habría virado -vulnerando el principio de congruencia y la defensa en juicio- la descripción fáctica del hecho, dado que tanto en la requisitoria de elevación a juicio como en los lineamientos de apertura, la parte acusadora sostuvo que quien abrió el portón era el propio Villaca Barral, mientras que en los alegatos finales y en la sentencia se consignó que quien lo hizo fue la hermana de su asistido (v. fs. cit. y 5).
Estimó que ese embate no fue abordado correctamente toda vez que el revisor se limitó a rechazarlo bajo el argumento de que la hermana de su defendido -la señora Elizabeth Villaca Barral- ya había sido sobreseída por ese hecho con anterioridad (v. fs. 5 vta.), como así también por entender que la relación del imputado con los perros y su conocimiento de su peligrosidad justificaba de por sí el obrar negligente y la infracción al deber de cuidado (v. fs. 5 vta. y 6).
Alegó que, de contrario a lo concluido por el Tribunal de Alzada, no fue su defendido el que dio inicio al curso causal que terminó con las lesiones provocadas a Muñoz, en tanto no fue él quien abrió el portón que permitió el escape de los canes solicitando, por lo tanto, su absolución en esta instancia (v. fs. cit. y vta.).
II. El señor Procurador General propuso el rechazo del recurso (v. fs. 64/67). Coincido con esa postura pues considero que el reclamo es insuficiente (art. 495, CPP).
III. Corresponde previamente precisar que el Juzgado Correccional, tuvo por probado que el día 10 de abril de 2015, entre las 20:10 y las 20:30 hs. aproximadamente, en circunstancias en las que Juan Fernando Villaca Barral ingresaba al domicilio familiar a bordo de su camioneta (luego de que su hermana le abriera el portón de entrada), en clara violación a su objetivo deber de cuidado y actuando negligentemente dado su conocimiento de que dentro de la propiedad se encontraban tres perros mestizos de la raza pitbull, potencialmente peligrosos -conforme la ley 14.107-, actuando con indiferencia, no guardó las condiciones de seguridad necesarias para impedir que tales canes escaparan del domicilio ni se percató de su fuga.
En tales condiciones dichos animales se corrieron hasta la intersección de la ruta 25 y calle Houssay, y sin motivo alguno atacaron salvajemente en manada a la señora Fabiana Belén Álvarez Muñoz, quien caminaba por la zona y a resultas de dicho ataque la víctima sufrió herida contuso desgarrante a nivel del cuello con lesión en cartílago laríngeo, enfisema subcutáneo y compromiso en la tráquea, lesiones en rodilla izquierda y lesiones superficiales en parte externa del glúteo izquierdo y flanco izquierdo de abdomen, que fueron caracterizadas como graves (v. en lo pertinente, fs. 429/430 de la causa 2.510 del Juzgado en lo Correccional n° 6 de San Isidro, que corre por cuerda).
Si bien durante el juicio y luego ante la instancia de apelación la defensa formuló una serie de planteos exculpatorios (no vivir en el domicilio del que salieron los canes; no ser dueño de los mismos; otros perros fueron los causantes de las lesiones a la víctima), en esta instancia -tal como fuera detallado en el punto I- el recurrente adujo la arbitrariedad del fallo de la Cámara únicamente en punto a la validación de la autoría de su asistido. De modo tal que, tanto el escape de los canes de la vivienda de la familia del imputado, como las graves lesiones ocasionadas por estos a la víctima, no han sido cuestionados y arriban aquí firmes.
Entonces, y lo que aquí interesa, el argumento que la defensa esgrimió en ocasión de apelar el fallo de primera instancia consistió en que había habido una modificación fáctica, un "viraje" de los hechos en la imputación por los cuales se ponía en cabeza del imputado el haber abierto el portón, cuando en rigor de verdad fue su hermana Elizabeth quien lo hizo. Como consecuencia de ello se habría afectado el principio de congruencia y por ende la defensa en juicio.
La Cámara de San Isidro, en oportunidad de dar respuesta a los diferentes agravios dirigidos contra la construcción probatoria del extremo de la autoría, sostuvo que no se le atribuyó al imputado la propiedad de los perros sino su concreto dominio al momento de los hechos (v. fs. 77 del legajo cit.), pues conforme la prueba testimonial ventilada en el juicio era aquel quien detentaba el efectivo poder sobre los canes, y así se acreditaba cuando en otras ocasiones se había presentado ante los vecinos para buscarlos y llevarlos de nuevo al domicilio, o para ofrecer reparación ante daños ocasionados.
En cuanto a la pretensa responsabilidad de la hermana del imputado adujo que "...conforme se encuentra acreditado, la Sra. Villaca Barral ha sido sobreseída, razón que sella la posibilidad de que el juez haya considerado su accionar como pasible de una violación de un deber de cuidado. [...] Así pues de aquel relato que el juez efectúa de los hechos, a las claras se advierte que la violación del deber de cuidado se ciñe al obrar negligente de quien ha sido condenado, toda vez que ha quedado acreditado en autos que el mismo no sólo no desconocía la existencia en el lugar de los canes, sino que ejercía dominio y control sobre los mismos. También sabía que eran extremadamente peligrosos por su raza, sus condiciones de cuidado y comportamientos anteriores (todo ello ha quedado demostrado en autos con ataques anteriores de los perros, incluso a vecinos, los cuales no radicaron denuncia alguna ya que la familia Villaca se había hecho cargo de los gastos de medicamentos) [...] De tal modo, lo cierto es que existe un desarrollo lógico y coherente de la prueba obtenida que en modo alguno puede ser considerado arbitrario como indica la defensa" (fs. 77 y vta. del legajo cit.).
La defensa insiste aquí en que su asistido no fue quien abrió el portón por el que escaparan los perros. Sin embargo, se desentiende de la respuesta brindada por el juez de la instancia y ratificada por la Cámara, consistente en que, con la valoración conglobada de toda la prueba producida durante el debate, había quedado demostrado que era José Fernando Villaca sobre quien recaía el deber de cuidado de los canes pues era a quien estos obedecían, y que a su vez el propio imputado actuaba y se conducía socialmente como quien ejercía el dominio sobre estos.
La parte solo expone su opinión divergente a la del tribunal revisor y del órgano juzgador, pero no evidencia que la incumbencia de un deber de cuidado puesta en cabeza del imputado a partir de las evidencias reunidas y valoradas en ambas instancias sea irrazonable o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (art. 495, CPP).
En cuanto al pretenso viraje de la imputación cabe señalar que por regla constituye una típica cuestión procesal ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto podría involucrar una cuestión federal y a ese fin, para que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN Fallos "Strada" y "Di Mascio"), corresponde ingresar a su análisis.
En lo que aquí importa la defensa persiste en señalar que Villaca arribó al debate "...acusado de un hecho delictivo generado por una conducta activa, por el hecho de haber [causado] la apertura del portón que permitió el escape de los canes" pero al momento de formular sus alegatos, la Fiscalía "...viró en sus conceptos originarios modificando radicalmente la descripción fáctica del suceso" al establecer que el imputado ingresó al domicilio sin tomar ningún recaudo para evitar que los perros escaparan.
La cuestión escapa al ámbito de protección del principio de congruencia, pues en el caso no se advierte que haya habido una variación sorpresiva de la base fáctica oportunamente intimada a la defensa respecto de la que fue luego objeto de condena. En efecto, según lo relata el propio recurrente, tras finalizar la producción probatoria la propia Fiscalía, en base a las evidencias obtenidas, precisó que no fue el imputado quien abrió el portón para ingresar con el vehículo al domicilio, aspecto sobre el que el imputado y su defensa tuvieron oportunidad de responder y, bajo tales lindes, resolvió la jurisdicción.
Sin embargo, dicha cuestión no tiene la trascendencia que la parte intenta imprimirle desde la restrictiva óptica del agravio federal presentado. Pues tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, la conducta que se le intimó a lo largo del proceso y por la cual resultó luego condenado Villaca, no se circunscribió a determinar quién abrió el portón de la vivienda, sino quién violó su deber de cuidado. Y en tal sentido el juez de la instancia -y luego el órgano revisor- tuvieron por probado con las evidencias reunidas que, tal como lo postulara la acusación, hubo una intervención negligente de quien se encontraba en una especial posición normativa con respecto a los perros peligrosos, y este en el caso era justamente el imputado Juan Fernando Villaca Barral.
De modo que, conforme la doctrina de la arbitrariedad de sentencias elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para afirmar dicha arbitrariedad no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina indicada no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Y esas falencias, con los argumentos del recurrente, no vienen aquí demostradas (conf. causas P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes del doctor Fernando Roque Barrionuevo, por los trabajos realizados ante esta instancia, en 21 jus -veintiún- (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/04/2022 13:27:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2022 23:58:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 09:15:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2022 14:54:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2022 08:56:34 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/04/2022 12:35:39 hs. bajo el número RS-39-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia