Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133972
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.972, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.334 del Tribunal de Casación Penal, Sala I seguida a Cabañas, Walter Octavio y Helguero, Franco Pablo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Genoud, Violini.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de julio de 2019, rechazó sendos recursos interpuestos, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las defensas de los coimputados, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes que, en el marco de la causa n° 2769/2016, condenó a Franco Pablo Helguero a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego (art. 166 inc. 2 seg. párr., Cód. Penal), en relación con el denominado hecho I del 7 de septiembre de 2015; y a Walter Octavio Cabañas a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y desobediencia a la autoridad, todos en concurso material entre sí, en relación con el referido hecho I y el II acaecido el 24 de octubre de 2015 (arts. 55, 166 inc. 2 seg. párr., 189 bis inc. 2 cuarto párr., 239 y 277 inc. 1 apdo. "c" en función del inc. 3 apdo. "b", Cód. Penal; v. fs. 287/295).
Frente a lo así decidido, el señor Fiscal ante el tribunal intermedio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 307/316), el cual fue declarado admisible por Casación (v. fs. 317/321).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 354/358), dictada la providencia de autos (v. fs. 361), presentada la memoria por parte de la señora defensora oficial adjunta interinamente a cargo de la defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti (v. fs. 369/370) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Fiscal recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 166 inc. 2 segundo párrafo del Código Penal y la inobservancia del art. 165 junto con la agravante genérica del art. 41 bis del mismo cuerpo legal (v. fs. 310).
Luego de hacer un repaso de la materialidad ilícita y de las figuras penales aplicadas al caso por el tribunal intermedio, destaca el error en el que -a su criterio- aquel incurrió a la hora de la subsunción legal en tanto en el análisis de la plataforma fáctica escindió el hecho violento contra la propiedad del homicidio doloso que resultó en ocasión del primero (v. fs. 308 vta./310 vta.).
Sostiene que a la instancia revisora llegó firme el suceso según el cual Cabañas y Helguero participaron en calidad de coautores materiales del robo, portando armas de fuego aptas para el disparo y vistiendo chalecos blindados con la leyenda "policía", que irrumpieron en el domicilio donde se hallaba la víctima, y ejerciendo actos violentos contra las personas que allí se encontraban se apoderaron ilegítimamente de diversos objetos de valor, y en esa ocasión se produjo la muerte de Sergio Plazaola -según testimonios de Karina Giménez (esposa del fallecido y víctima del robo), Juan Plazaola, Viviana Robertt, Gabriela Arancibia, Jackeline Ingrid Plazaola-; por lo que -a juicio del recurrente- la conducta se adecuaba a las previsiones del art. 165 del Código Penal en virtud de un acuerdo para robar con armas, mediante una división de tareas acordada previamente, teniendo efectiva comprensión de que dentro de las posibilidades del acometimiento violento mediante el empleo de armas de fuego contra las víctimas, podía darse el desenlace fatal acaecido, aceptando la eventualidad de ese resultado (v. fs. 310 vta./311 vta.).
Considera que a partir de la violencia previa demostrada por los nombrados contra los habitantes de la morada, no cabe interpretar que la aplicación de la norma en cuestión vulneraría el principio de culpabilidad como lo sostuvo el tribunal casatorio, por cuanto si bien Cabañas y Helguero no realizaron el disparo mortal, su conducta quedó enmarcada a título de dolo eventual respecto del resultado acaecido, el que se presentó como la obra en conjunto de varios autores cuyos aportes para la ejecución resultan ser recíprocamente dependientes para la consumación exitosa del plan delictivo común (v. fs. 312).
Por último, en sustento de su postura cita distintos precedentes de esta Suprema Corte (conf. causas P. 128.932, sent. de 17-IV-2019; P. 130.203, sent. de 27-II-2019; e.o.; v. fs. 312/313).
I.2. A la par, denuncia que la sentencia recurrida incurrió en arbitrariedad por fundamentación aparente y contener afirmaciones dogmáticas; cuestiona que la decisión de Casación para no aplicar la figura del homicidio en ocasión de robo a los coimputados Cabañas y Helguero estuvo sustentada en el argumento de que "...cuando T. V. dispar[ó] contra la integridad física de Sergio Plazaola, los incusos se hallaban fuera de la vivienda" (fs. 313 vta.).
Puntualiza que los nombrados realizaron aportes concretos a un hecho en ejecución, posterior a su inicio y antes de su consumación, por lo que entiende que el Tribunal de Casación incurrió en absurdo al fundamentar su decisión en premisas alejadas de las constancias de la causa, mediante una evaluación parcial e ilógica del presupuesto fáctico que llegó firme a esa instancia. A juicio del recurrente, era irrelevante si Cabañas y Helguero no fueron quienes, de propia mano, ultimaron a la víctima, por cuanto ambos con su aporte al hecho consecuencia de un acuerdo previo de voluntades, tenían completo dominio del mismo y debían reputarse coautores de la totalidad (v. fs. 313 vta. y 314).
Cuestiona la duda beneficiante ante la falta de prueba de un acuerdo para "dar muerte a alguien durante el robo" argumentado por el a quo, toda vez que dicho extremo era innecesario a la hora de analizar la posible aplicación de la norma en cuestión, ya que lo juzgado en el caso era la presencia de dolo eventual en los encartados a la luz de la teoría de la coautoría funcional en el análisis de la participación criminal, y no un dolo directo de matar preexistente al hecho contra la propiedad (v. fs. 314 vta.).
I.3. Por último, vuelve a tachar el pronunciamiento de arbitrario por incongruente - citra petita -, al haber omitido el tratamiento de planteos conducentes y oportunamente propuestos por su parte con relación a la determinación de la pena impuesta, en tanto el tribunal revisor no abordó el reclamo relativo al exiguo monto de pena aplicado pese a la gran cantidad de pautas agravantes computadas (v. fs. 314 vta. y 315 vta.).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso interpuesto (v. fs. 354/358).
III. Por su parte, la defensa propició su rechazo y formuló otras consideraciones, aunque por exceder el marco impuesto en el art. 487 del Código Procesal Penal que autoriza la presentación de la memoria, no cabe ingresar aquí al análisis de estos planteos (conf., mutatis mutandi , doctr. causas P. 100.233, sent. de 8-VII-2008? P. 94.333, sent. de 23-VI-2010? P. 93.356, sent. de 28-V-2010? e.o.; v. memorial de fs. 369/370).
IV.1. Cabe señalar que, ante el Tribunal de Casación Penal, el agente fiscal y los defensores de ambos condenados dedujeron sendos recursos planteando diferentes argumentos, interesando aquí sólo lo relacionado con el primero de los indicados por ser la única parte recurrente.
Sentado ello, basta referir que el acusador denunció errónea valoración de las pruebas rendidas en el debate, concluyendo en una equivocada calificación de los hechos, abogando por la ya referida figura del robo con homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 41 bis y 165, Cód. Penal) y, asimismo, respecto de la determinación de la pena (v. fs. 3/8 vta., pie de página), a tenor del juicio de admisibilidad efectuado por el a quo merced a las prescripciones constitucionales y legales que rigen dicha vía impugnativa (arts. 161 inc. 3 "a", Const. prov. y 494, CPP).
IV.2. El a quo abordó el reclamo principal y lo descartó (v. fs. 287/295). De modo preliminar se refirió al suceso que el tribunal del juicio tuvo por legalmente acreditado y que llegaba indiscutido.
Conforme esa plataforma fáctica surge que: "...el día 7 de septiembre de 2015, alrededor de las 23 horas, cinco sujetos masculino -uno de ellos menor de edad-, portando [...] armas de fuego, vistiendo chalecos blindados con la leyenda 'policía', a fin de sim[u]lar tal función, irrumpieron en el domicilio de la calle Azcuénaga N° 4216 de Quilmes, en donde se hallaba Sergio Plazaola, quien opuso resistencia para que aquellos ingresen a su vivienda"; que tras lograr efectivamente ingresar y revisar el lugar "...se apoderaron ilegítimamente de varios relojes, teléfono celular y otros objetos de valor"; que "... [l]uego de consumar el desapoderamiento ilegítimo se retiraron del lugar, siendo que uno de ellos antes de retirarse efectuó un disparo contra Sergio Plazaola con claras intenciones de darle muerte, el que le impactó en el pecho ocasionando su deceso momentos más tarde" y, finalmente, que "...parte de los sujetos se retiraron en un vehículo Chevrolet Corsa de color gris que aguardaba en el lugar para darse a la fuga..." (fs. 289 y vta.).
Abocado a resolver el recurso fiscal, el tribunal revisor se refirió a las distintas valoraciones jurídicas de los hechos juzgados que había impulsado ese ministerio y adelantó -por mayoría- que no habría de tener acogida favorable (v. fs. 291 vta. y 292).
En primer lugar, dijo que no podía dejar de ponderar que el agraviado había inobjetado la materialidad ilícita reputada dirimente para la solución del caso y que -por eso- a tenor de las previsiones del art. 111 del ceremonial y demás argumentos que expuso, cabía refrendar.
En particular, destacó que se había acreditado en el juicio oral y público que cuando el por entonces menor T V. disparó contra la víctima Sergio Plazaola los encartados se encontraban fuera de la vivienda, en tren de huida, según lo determinado a fs. 216 de la sentencia agregada al legajo casatorio (v. fs. 292).
En ese punto, resaltó por categórico el testimonio de Jackeline Ingrid Plazaola, hija del fallecido, quien relató que " El que le disparó a su papá fue T. V.. Que Damián y Cabañas se fueron corriendo para el auto, no sabe quién se subió al mismo y desconoce cómo se fue Pablo. Y que T. después del tiro corrió hacia la esquina ". Muy especialmente destacó que cuando "Tommy" disparó ya "estaba solo, los demás se habían ido" (fs. 292 y vta., el destacado figura en el original).
Con base en tales determinaciones sostuvo que la tipicidad subjetiva exigida por el art. 165 del Código Penal, para ser debidamente imputada a todos los ejecutores del atraco, debía tener un mínimo correlato exteriorizado fácticamente a partir del cual el juzgador pueda desentrañar la subjetividad. Yendo al caso refirió que "... Cabañas y Helguero concurrieron junto con sus consortes de avería al lugar de los hechos, la casa de Plazaola, ingresaron a la misma y comenzaron a intimidar a los moradores y a solicitar plata y celulares, se generó forcejeos, golpes y posteriormente, ambos se retiraron del lugar, mientras que otro de los malvivientes a quien todos sindicaron como T. o T. V. le disparó a Sergio Plazaola hiriéndolo de muerte " (fs. 292 vta. y 293, el destacado figura en el original).
A partir de ello reputó la existencia de un corte temporo-espacial de singular relevancia para la subsunción del caso. Pues, entre el último acto de estos encartados, emprendiendo la huida del lugar y el acto en el que se cercenó la vida de la víctima, ha importado en los hechos la ausencia de actos exteriorizados por los nombrados que autoricen, con fundamento en ellos, imputar el dolo -aunque fuere eventual- requerido por el tipo penal del homicidio con motivo o en ocasión de robo (v. fs. 293).
Agregó, asimismo, que "[l]a violencia previamente desplegada por Helguero y Cabañas contra los habitantes de la morada damnificada, no permiten suscribir el reclamo fiscal, sin incurrir en una manifiesta violación al principio de culpabilidad, presupuesto de la pena (CSJN, in re 'Amarilla, Juan H.', Fallos 321:2558)" (fs. cit., el destacado figura en el original).
Por último, estimó que ese "manto de duda" respecto del acuerdo o la representación de que alguno de los miembros de la banda pudiera dar muerte a la víctima, debía jugar a favor de los imputados (conf. arts. 18, Const. nac. y 1, CPP; v. fs. cit.).
V. El recurso no es de recibo.
V.1. En primer lugar, la denuncia ante esta Corte relativa a la errónea calificación legal en la que habría incurrido el a quo al confirmar la sentencia de condena, con base en que arribó a esa conclusión merced a dividir arbitrariamente el suceso violento, tomando de un lado la violencia desplegada en el delito contra la propiedad de Plazaola por los aquí coautores, y como otra secuencia penalmente relevante la del homicidio doloso que resultó en ocasión del primero, trayendo a colación en sustento de su postura diversos testimonios brindados durante el debate (v. acápite I.1. más arriba), resulta impróspera.
Se advierte, sin ambages, que pese a alegar la errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva (arts. 166 inc. 2 seg. párr. y 165 en función del 41 bis, todos del Cód. Penal), en rigor, el impugnante dirige todo su esfuerzo sobre aspectos vinculados a los hechos y la prueba, para de ese modo, obtener un cambio en la calificación legal, lo cual excede per se el ámbito de impugnación previsto por el art. 494 del Código Procesal Penal.
V.2. Ello no se ve conmovido porque el recurrente postule ese reclamo de la mano de la doctrina de arbitrariedad de sentencia, con base en fundamentos aparentes y afirmaciones dogmáticas que -a su criterio- desatienden las concretas constancias de la causa.
El presentante le achaca ese vicio al pronunciamiento del a quo respecto de la ponderación de un corte temporo-espacial en el quehacer delictivo, sin advertir que esa convalidación de lo actuado por el tribunal de mérito reposa en atribuirle al acusador dejarlo incólume (conf. art. 111, CPP, que siquiera rebate). Tampoco se ocupa el interesado de desbaratar esa afirmación de cara a la doctrina de arbitrariedad invocada, en virtud de las comprobaciones del expediente. Menos aún, que, aunque terciaran esas circunstancias, igualmente deba adscribirse a todos los coimputados la calificación más severa. Media en ello una clara insuficiencia impugnativa (arts. 495, CPP y 15, ley 48 y su doctr.).
Entonces, resumiendo: i) enhiesta la parcela que la Casación reputó dirimente para convalidar lo actuado por el tribunal de grado sobre la inaplicabilidad de la figura del homicidio en ocasión de robo a los coimputados Cabañas y Helguero, por estimar que al momento que el menor T. V. -condenado por este delito en el fuero de responsabilidad penal juvenil- disparó contra Sergio Plazaola, los primeramente nombrados yacían fuera de la vivienda? ii) que ese corrimiento de la escena de estos sujetos impedía -según Casación, por el beneficio de la duda-, tener por justificado un mínimo correlato exteriorizado fácticamente a partir del cual era dable al juzgador desentrañar la subjetividad del quehacer común en ese plus de la empresa delictiva (que por la referida configuración fáctica el homicidio se imputó solamente a quien disparó)? iii) y que el despliegue violento previo propio del robo con armas por el que fueran condenados quedó desmarcado del obrar de V. por lo antes dicho e incuestionado, en el entendimiento de que la imputación extensiva reclamada contradeciría el principio de culpabilidad? el fallo da cuenta de un conglomerado argumental que, frente a la marcada insuficiencia impugnativa señalada, impide que pueda evidenciarse la arbitrariedad denunciada por el recurrente, sin que ello importe abrir juicio sobre el acierto de lo decidido (art. cit.).
Rememórese que de la prueba examinada se desprendía que V. disparó contra Sergio Plazaola -respecto de quien ya se había trabado en lucha, habiendo incluso la víctima llegado a herirlo con un arma blanca- cuando los aquí coimputados -según la parcela que se tuvo incuestionada- ya se encontraban afuera de la vivienda dirigiéndose hacia la esquina donde se hallaba el vehículo en el cual huyeron.
No se me escapa que todo el actuar de los imputados durante el periplo del desapoderamiento resultó sumamente violento, portando armas de fuego, habiendo sido incluso alguna usada de modo impropio contra una de las víctimas? y sin perjuicio de los móviles del atraco y el eventual emprendimiento delictivo de venta de estupefacientes en esa vivienda, de lo que dieron cuenta muchos de los testigos, algunos con idas y vuelta y contradicciones en sus deposiciones -en especial la afeblecida declaración de la hija del fallecido-, la coautoría en esa empresa resulta indudable. Siendo, además, doctrina arraigada que, por regla, es indiferente en el marco de un hecho de similares características quien ha sido el ejecutor del disparo letal, ya que en el marco de la coautoría les cabe a todos los intervinientes idéntico reproche en virtud del principio de reciprocidad que gobierna esa participación plural.
No obstante, las particulares circunstancias señaladas en las instancias previas, y habiendo sido V. herido con un arma blanca por el dueño de la casa, quien emprendió una férrea defensa contra los agresores, algunos conocidos del círculo familiar, frente al corte temporo-espacial aludido en el fallo por administración del principio favor rei que, por lo dicho se tuvo por incuestionado, cuando los coimputados Helguera y Cabañas ya se encontraban fuera de la vivienda, en un asunto que se estimó propio de V. contra la víctima, éste le dio muerte del modo antes indicado, atribuyéndosele el homicidio de Sergio Plazaola como obra exclusivamente suya, tras la justipreciación exhaustiva de la totalidad de los elementos de cargo. Y, ante este complejo entramado probatorio y de configuración de los hechos, la fiscalía ha dejado en pie argumentos que impiden incursionar a esta Corte en materia propia de los jueces de grado, salvo cabal demostración de absurdo o arbitrariedad del fallo que no ha logrado poner de realce (art. 495, CPP).
V.3. El agravio por el cual el recurrente cuestiona aspectos vinculados con la determinación de la pena impuesta (v. apdo. I.3. de la presente), al amparo de la doctrina de arbitrariedad de sentencias, con sustento en que el órgano casatorio omitió el abordaje de planteos conducentes y debidamente articulados sobre ese tópico, tampoco procede.
Como lo advierte el señor Procurador General, la denuncia de ausencia de tratamiento por parte del a quo de tal reclamo que formaba parte de la pieza impugnativa y sobre el que debió expedirse, resulta, por regla, ajena a la vía intentada y propia del carril impugnativo regulado en el art. 491 y siguientes del Código Procesal Penal (conf., por muchos, causas P. 75.545, sent. de 19-III-2008 y sus citas? también, P. 130.376, sent. de 20-II-2019).
Si bien esta Corte excepcionalmente ha avalado el encauzamiento por este carril, en la consideración de que también expresa un supuesto de arbitrariedad de sentencia en los términos de la doctrina elaborada al efecto por la Corte federal (arg. art. 18, Const. nac.)
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