Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134121
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.121, "Avalos, Matías Ezequiel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 56.501 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 21 de agosto de 2013, hizo lugar -parcialmente- al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín que, en el marco de un juicio abreviado- dictó veredicto absolutorio respecto de Matías Ezequiel Avalos en orden al delito calificado como robo cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, reiterado en tres oportunidades. En consecuencia, lo condenó a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haberse cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, reiterado en dos oportunidades (hechos I y III; v. fs. 68/79).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial ante la aludida instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 101/105 vta., registrado como causa P. 122.783).
Esta Suprema Corte, el 30 de marzo de 2016, en el referido legajo, por aplicación del mecanismo revisor sentado in re "Carrascosa" (causa P. 108.199, resol. de 24-VI-2015), dispuso remitir la causa a la Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo a los lineamientos trazados en dicha resolución, efectúen la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 111/113).
En virtud del reenvío ordenado por este Tribunal, el aludido defensor oficial contestó la vista conferida (v. fs. 132/174 vta.).
El 3 de abril de 2018, la Sala I del Tribunal de Casación Penal -con otra integración- rechazó por improcedente el recurso de casación interpuesto en favor de Matías Ezequiel Avalos, con costas (v. fs. 183/195).
Lo así decidido motivó la deducción de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 213/280 vta.), que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 284/288 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 315/323 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 325) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En primer lugar, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denuncia la violación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal orgánicamente superior, y la renuncia a los controles de constitucionalidad y convencionalidad al haber sido declarada novedosa por el a quo (v. fs. 253).
Expresa que dicho planteo no pudo deducirse con anterioridad a la vista otorgada a la defensa luego del reenvío de esta Corte debido a que se trataba de una "sentencia compleja" integrada por tres decisiones sucesivas, de las cuales las dos primeras no podían ser impugnadas con fundamento en el agravio que aquí se porta, y que "...la primera oportunidad de plantear esa cuestión federal [...], fue, precisamente, el memorial presentado en la nueva radicación de la causa en sede casatoria que ese reenvío había originado"; de modo tal que la afirmación utilizada para rechazar el agravio -a su entender- carece de sustento (v. fs. 254/255).
Afirma que, si bien el agravio aparece incompatible con lo resuelto por esta Suprema Corte, no ha implicado proponer un alzamiento contra lo allí decidido, sino una vía para canalizar respecto de lo fallado por este Tribunal: "...la introducción de nuevos y fundados argumentos" que ameriten apartarse de esa solución (v. fs. 258).
Refiere que el hecho de que el tribunal intermedio se haya negado a analizar el planteo llevado con base en la interpretación que los órganos de aplicación hicieran de los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, merced a su contrariedad con lo actuado por esta Suprema Corte acerca de esas cláusulas en el auto de reenvío (v.gr., aplicando su doctrina "Carrascosa"), ha implicado una lisa y llana renuncia a efectuar el control de convencionalidad al que está obligado (conf. arts. 2, CADH; 26 y 27, Convención de Viena; v. fs. 260 y vta.).
A modo de resumen sostiene que "...la sentencia casatoria ha dejado sin respuesta el agravio referido a que la primera sentencia de este mismo órgano aplicó erróneamente el art. 460 del CPP e inobservó su art. 461, como mecanismo frustratorio del derecho a que la condena que eventualmente recaiga en un proceso sea revisada por uno orgánicamente superior"; lo que deriva en su nulidad absoluta (conf. arts. 1.1 y 2, CADH; 26 y 27, Convención de Viena; 5, 31, 116 y 123, Const. nac.; todos en función de los arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 261 vta.), lo que así solicita que se resuelva (v. fs. 262 vta.).
I.2. En segundo término, denuncia la violación a la garantía de "juez natural" por parte del tribunal revisor y la invasión de facultades propias del legislador provincial en infracción al sistema republicano de gobierno por parte de esta Suprema Corte, agravio que -dice- también fue declarado extemporáneo por el Tribunal de Casación (v. fs. 263).
Sostiene que la negativa a tratar el agravio implicó una renuncia al apego al bloque de constitucionalidad, además de infracción al principio de buena fe en la interpretación y aplicación de dichas normas (v. fs. 263 vta.).
Solicita que se anule el primer pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal por haber ejercido competencia positiva y se ordene el reenvío a primera instancia (v. fs. 263/264).
I.3. En tercer término, alega que el agravio vinculado con la infracción al ne bis in idem llevado a casación fue desestimado en forma arbitraria, con excesivo ritualismo y prescindencia de las constancias de la causa, en vulneración al derecho de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.; v. fs. 264 y vta.).
Agrega que, al revisar su propia primera sentencia, el Tribunal de Casación falló en contra del sentido y alcance que la Corte federal le otorgó a la protección contra el bis in idem ; por tal motivo solicita que se anule la primera sentencia casatoria por constituir la conclusión de un segundo riesgo de condena finalmente concretado (v. fs. 267 vta. y 268).
I.4. En cuarto lugar, nuevamente a remolque de los artículos que garantizan el derecho al recurso, denuncia que tal faena se llevó a cabo en infracción al principio in dubio pro reo y con arbitrariedad en la afirmación de la plataforma fáctica que dio lugar a la condena (v. fs. 268).
Alega un tránsito aparente por la instancia revisora, en afectación al doble conforme, al estado de inocencia, el derecho de defensa en juicio, derecho a ser oído y la razonabilidad republicana.
Refiere que se sometieron a conocimiento del tribunal intermedio las siguientes circunstancias: "...los vicios atribuidos al pronunciamiento absolutorio en realidad no existieron, y que la sentencia condenatoria se ha limitado a compartir el análisis de la prueba que propusiera la recurrente [...] en infracción al in dubio pro reo "; "...no se encuentra acreditado que Avalos haya descendido del rodado Volkswagen Fox sustraído en el hecho I, pues si bien la testigo Lozano así lo afirmó por haber reconocido al nombrado como uno de los sujetos que en horas de la noche del día anterior había desapoderado a su esposo, tal reconocimiento se basó en las características de las prendas que vestía el sujeto, y esa descripción no coincide con las prendas que tenía Avalos en ese momento"; "...Lozano y Pugliese nunca describieron ni dieron precisiones acerca de las características físicas de los sujetos"; "...tampoco pudo acreditarse que mi asistido Avalos haya sido identificado como uno de los autores del hecho I"; "...la única circunstancia tenida en cuenta por la Sala I para arribar a tal conclusión fue que Zorrilla al ampliar sus dichos en sede judicial (fs. 96/97) recordó respecto del conductor del rodado Renault 18, el que era más bajo, que cree pero no está seguro que algo brillaba en su ceja como si tuviera un arito..."; agregó que se realizó un reconocimiento en rueda con resultado negativo, y que además ninguna prueba avaló la existencia del piercing o arito (v. fs. 269/272 vta.).
Señala que, frente a ello, el a quo reiteró las razones dadas en el fallo condenatorio y descalificó -de forma inmotivada- los planteos de esa parte. Asimismo, destaca que no era obligación de esa defensa acompañar las constancias de las divergencias que existieron en la descripción física y de vestimenta del acusado, siendo que las mismas se encontraban en el expediente, y que el trámite abreviado, permitía la posibilidad fáctica de evaluar la prueba en forma idéntica a la que tuvo el tribunal de condena (v. fs. 273 vta. y 274).
I.5. Por último, denuncia que al fijarse la pena se omitió tomar conocimiento de visu del imputado de conformidad con el art. 41 in fine del Código Penal; afirmó que el perjuicio concreto que ello ocasionó fue que no se impuso el mínimo legal de pena y que, al ser Avalos una persona primaria, la pena fijada en el mínimo de la escala podía incluso ser fijada de manera condicional (v. fs. 278 vta. y 279).
Trajo a colación lo decidido por la Corte nacional en los fallos "Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex, S.A." y "Descole" (v. fs. 279 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 315/323 vta.).
III.1. Los agravios vinculados con la violación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal orgánicamente superior y al juez natural, así como al ne bis in idem (v. acápites I.1., I.2. y I.3. de la presente), no son de recibo.
III.1.a. Preliminarmente cabe referir que la denuncia de la mano de la errónea aplicación del art. 460 e inobservancia del art. 461, ambos del Código Procesal Penal, con el sentido ahora esgrimido -que la casación debió reenviar y no asumir competencia positiva a efectos de no frustrar el derecho a la revisión de la eventual condena por un tribunal orgánicamente superior- no fue postulada al recurrir ante esta Corte en la causa P. 122.783.
La interpretación que postula sobre "tribunal superior" en relación con el derecho al recurso, a la luz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Mohamed vs. Argentina" (sent. de 23-XI-2012, caso n° 11.618), ya había sido dictada en ocasión de articular el primer recurso de inaplicabilidad de ley contra la primera sentencia de condena -deducido el 14 de marzo de 2014- sin ninguna consideración sobre el punto. El único reparo formulado reposaba en que, habiendo asumido el tribunal revisor competencia positiva, lo cual -reitero- no se discutió, debió al momento de determinar la pena y por respeto al principio de inmediación, realizar la audiencia de visu con el imputado reglada en el art. 41 inc. 2 del Código Penal. Allí ya se exhibe la primera oportunidad en que debió reclamarse con los contornos que tardíamente ahora propone.
III.1.b. Por lo demás, el Tribunal de Casación, al rechazar, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de abril de 2018, por improcedente el recurso destinado a la revisión de la sentencia de condena impuesta a Matías Ezequiel Avalos, sostuvo que los agravios relativos a la conculcación del derecho a la doble instancia y a la revisión ante un tribunal superior y la garantía de juez natural resultaban "antagónicos" a la sentencia dictada por esta Suprema Corte de Justicia, en tanto cuestionaban los alcances y efectos de lo allí decidido (v. fs. 187).
Expuso que "...los planteos introducidos por la Defensa, de eminente naturaleza federal, debieron ser oportunamente articulados por la vía pertinente, pues con ese fallo se originó el presunto agravio que ahora intenta subsanar, sin que este Tribunal se halle facultado para atender la pretensión de la Defensa, lo que implicaría desoír la decisión adoptada por [esta] Suprema Corte -basada en los lineamientos expuestos por la Corte Federal en el precedente in re 'Duarte'- que fuera oportunamente consentida" (fs. cit.).
Frente a ello, en concordancia con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 318 vta. y 319), se advierte que la decisión de esta Suprema Corte del 30 de marzo de 2016, que -con sustento en la aplicación del precedente P. 108.199, resolución de 24-VI-2015- dispuso la remisión de la causa a casación a efectos de proceder a través de jueces hábiles a la "revisión horizontal" de la sentencia impugnada, la defensa de Matías Ezequiel Avalos no interpuso recurso extraordinario federal para enmendar los supuestos agravios de esa índole a los que refiere (art. 14, ley 48). En su lugar, presentó un escrito en el cual solicitó que se le corriera vista una vez que la causa se radicara en la Presidencia del Tribunal Casatorio (v. fs. 119 y vta.), lo que ocurrió a fs. 132/174 vta. De tal modo, consintió la decisión de esta Suprema Corte dictada en su oportunidad, sin cuestionar lo allí resuelto, por lo que su postulación resulta fruto de una reflexión tardía (doctr. art. 451, CPP).
Si bien la parte arguye sobre la ausencia de definitividad de tal pronunciamiento (v. fs. 254 vta./255 vta.), lo cierto es que -en la lógica de su reclamo- esa constituía la oportunidad adecuada frente a una decisión final emitida por quien reputa un tribunal inhábil (que, según dice, contraría la garantía del juez natural), no ya en relación con la actuación de un magistrado en una causa determinada, sino en cuanto pone en tela de juicio el diseño de revisión horizontal a efectos de que el tribunal estatuido legalmente al efecto proceda a ese cometido también cuando la decisión -como primera sentencia de condena- que deba fiscalizar emane de un par. Por ello, se devela ineficaz a los fines de cuestionar la respuesta del Tribunal intermedio, quien desestimó los planteos por haberlos interpuesto de manera extemporánea (art. 495, CPP).
III.1.c. También la invocación de arbitrariedad por la desestimación de la denuncia de infracción al bis in idem , decae en razón de la intempestividad del planteo tal como lo decidiera el a quo a la luz de arraigada doctrina de la Corte federal, que cita.
A la par, la casación añadió que la defensa "...no demuestra que la cuestión planteada en el sub lite con relación al ne bis in ídem resulte sustancialmente análoga a la juzgada en los casos resueltos por la C.S.J.N. que invoca, omitiendo referirse a aquellos aspectos particulares de esos pleitos que llevaron al máximo Tribunal de la Nación a decidirlo con el alcance con que lo hicieron y que se reeditarían en el presente caso (para su correcta inteligencia, cfr. S.C.B.A., causa P. 129.069, caratulada 'Puig, Lucas Manuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 75.647 del Tribunal de Casación Penal, Sala V', de fecha 25/10/17, e/o)" (fs. 187 vta. y 188).
Respecto al caso de autos, sostuvo que tampoco se había utilizado el procedimiento de reenvío (conf. art. 461, CPP), sino que la primera sentencia condenatoria fue dictada directamente por el Tribunal de Casación (art. 460, CPP), cuya jurisdicción fue excitada por el acusador y en la que el órgano revisor estaba en paridad de condiciones con el Tribunal a quo , en función del procedimiento abreviado elegido por las partes. De modo tal, consideró que la defensa tampoco había explicado acabadamente que la garantía que dice infringida tuviera el alcance que pretende ni que los fallos que cita pudieran ser trasladables al supuesto de autos (v. fs. 188).
Por último, refirió que la defensa no ofreció ninguna línea argumentativa que contemplara una explicación acerca de que la ausencia de firmeza del fallo absolutorio no obstaculiza la operatividad de la garantía, desde que "...tanto la CADH (arts. 8.4), como el PIDCP (14, inc. 7°), hablan de 'sentencia firme', PIDCP; 18 y 75, inc. 22°, CN), es más, '...la Corte Interamericana ha sostenido de manera reiterada que entre los elementos que conforman la situación regulada por el artículo 8.4 de la Convención, se encuentra la realización de un primer juicio que culmina en una sentencia firme de carácter absolutorio, como también ha señalado que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia (cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso «Mohamed vs. Argentina», sentencia del 23 de noviembre de 2012, párr. 122 y las citas allí expuestas)' (TCPBA, Sala VI, c. 59.617 'De Nardis, Natalio; Ponti, Mauro; Acuña, Luis; Steingruber, Rubén y Brandan, Leonardo s/ Recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado', Reg 400 de fecha 14/7/16; e/o)" (fs. 188 y vta.).
Como bien señala el señor Procurador General en su dictamen, este reclamo deviene extemporáneo pues recién fue articulado en el memorial de fs. 132/174 vta., por lo que cabe aquí reiterar las mismas consideraciones expuestas en el apartado anterior, siendo doctrina reiterada la que predica sobre la oportunidad de ese planteo y la equiparación a definitiva del pronunciamiento que originaría ese agravio, sin que la parte lo formulara en esa ocasión útil.
III.2.a. En el siguiente tramo de la queja el recurrente denuncia infracción a los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violación al in dubio pro reo y arbitrariedad en la afirmación de la plataforma fáctica que dio lugar a la condena (v. acápite I.4. más arriba).
Sobre dicho punto, el Tribunal de Casación se refirió -de modo preliminar- a la elección del procedimiento especial de enjuiciamiento en donde se acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del art. 395 y concordantes del Código de rito (v. fs. 189).
Seguidamente hizo una reseña de la materialidad ilícita del siguiente modo: a) "A las 03.00 horas, dos sujetos se presentaron en la estación de servicio sita en calles Gaspar Campos y Saavedra de la localidad y Pdo. de San Miguel, donde uno de ellos, mediante intimidación con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, sustrajo a Iván Matías Zorrilla las llaves y documentación de su rodado Volkswagen Fox (dominio FHA928), tarjetas de crédito, dinero ($300) y un teléfono celular y lo obligó a ascender al automóvil, para liberarlo a pocas cuadras de allí y darse a la fuga en el vehículo, del que pudo disponer libremente" (hecho I); b) "A las 22.30 hs., frente al domicilio sito en Blandengues 671 de la misma localidad (Barrio Frino), cuatro sujetos sustrajeron a Gabriel Alejandro Pugliese mediante intimidación con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, un teléfono celular y el vehículo Volkswagen Bora dominio JUS222, dándose a la fuga en el rodado, del que pudieron disponer libremente" (hecho III; fs. 189 y vta.).
Sostuvo que la defensa había efectuado un análisis parcializado de la prueba, y que con ello había intentado demostrar la insuficiencia del plexo probatorio como para sustentar la participación de su defendido en los hechos reseñados; agregó que contrariamente a lo argumentado "...a partir de la valoración global de cada elemento en particular [...] permitió tener por acreditada la participación responsable de Avalos en los hech
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