Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133549
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.549, "Rivarola, Ricardo Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.730 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de octubre de 2019, rechazó -en lo que aquí interesa- el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Ricardo Daniel Rivarola contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena de cinco (5) años de prisión, ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000) de multa, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por ser autor del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas a los consumidores (v. fs. 144/167).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 173/180 vta.), el que fue concedido por la Sala interviniente en razón de los agravios de pretensa índole federal (v. fs. 181/185 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 192/198 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 200) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la arbitrariedad de la sentencia casatoria por haber confirmado la aplicación -a su criterio- inconstitucional de los arts. 9 de la ley 27.302 y 5, primer párrafo, de la ley 23.737 -reformado por el primero-, con afectación de los derechos de defensa en juicio, debido proceso y los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad (arts. 1, 18, 19, 28, 31, 75 inc. 12, 76 y 99 inc. 3, Const. nac.; 9, CADH; 15.1, PIDCP; 25 y 57, Const. prov.; v. fs. 175 vta. y 176).
Para sustentar su postura, adujo que la normativa cuestionada viola el principio de legalidad al generar una delegación legislativa constitucionalmente prohibida, como así también los de razonabilidad y proporcionalidad dado el excesivo monto de multa impuesto, "...aspecto que terminó por convertirla en una pena cruel, inhumana y confiscatoria" (fs. 177).
Afirmó que se trata de una ley penal en blanco que hace depender la determinación judicial sobre la medida de la pena a la decisión del Poder Ejecutivo "...sin ninguna relación con los fines retributivos o resocializadores que contienen aquellas" (fs. cit.).
Consideró que, contrariamente a lo afirmado por el órgano revisor, "...la 'respuesta punitiva' no se encuentra 'suficientemente precisada' en la ley pues será una resolución del Poder Ejecutivo la que complementa la legislación penal modificándola en un aspecto sustancial de la misma" (fs. 177 vta.).
Alegó la irrazonabilidad de los argumentos brindados por la Casación sobre la ineficiencia del planteo de la defensa por entender que no había relacionado lo excesivo del monto de la multa con el caso en concreto, y estimó que "...si la justicia provincial encuentra limitada su competencia a los casos de 'menor cuantía', resulta ilógico imponer al imputado la demostración de su capacidad patrimonial y financiera" (fs. cit.).
En ese discurrir, recordó que en la presentación recursiva ante la instancia intermedia esa parte dio cuenta de la existencia en la causa de un informe socioambiental en el que se precisaba la ocupación de "changarín" de Rivarola y de su situación de "vulnerabilidad socioeconómica" sin acceso a pleno empleo e ingresos bajos que cubrían "...ajustadamente necesidades de subsistencia". De tal forma, señaló la contradicción en que incurrió el sentenciante al considerar que esa parte no había mencionado las "circunstancias particulares" del hecho o del autor (v. fs. 177 vta. y 178).
En suma, concluyó que la multa impuesta resulta desproporcionada, claramente confiscatoria y violatoria del principio de trascendencia mínima (v. fs. 178).
Por tales motivos, tildó de arbitraria la decisión recurrida por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Finalmente, a fin de explicar cuál es la extensión que debe tener el principio de legalidad en materia penal, enunció la fórmula " nullum crimen, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legale" y postuló que la noción de ley penal en sentido constitucional que se construye a partir de ella exige la máxima taxatividad de sus contenidos (v. fs. 178 vta.).
Con cita de autor, indicó que "...el plexo constitucional en estudio proscribe la interpretación analógica efectuada in malam partem ; o sea, en un sentido más extensivo de punibilidad. El principio de máxima taxatividad legal e interpretativa, como corolario del principio de legalidad, determina que la criminalización primaria desarrollada a través del proceso legisferante en materia penal, debe formalizarse en una ley escrita con la mayor precisión técnica posible" (fs. 179).
En definitiva, solicitó que esta Suprema Corte disponga la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, con la consecuente reducción del monto de la multa impuesta; o bien, por resultar la inconstitucionalidad de una norma la ultima ratio a la que debe recurrirse, que las desaplique y, a su vez, mantenga la ultractividad de la pena de multa anteriormente prevista para el art. 5 de la ley 23.737 (v. fs. 179 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 192/198 vta.).
III.1. Inicialmente cabe recordar que el presente recurso fue admitido por el Tribunal de Casación a efectos de tratar las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, conforme doctrina de esta Corte que invocó para asegurar el tránsito eventual del caso hacia la instancia federal (v. fs. 181/185 vta.). En dicho marco revisor, adelanto mi coincidencia con el dictamen de la Procuración General, en cuanto ha propiciado su rechazo.
III.2. En lo que interesa para resolver la impugnación extraordinaria, cabe recordar que, al momento de interponer el recurso de casación, la defensa de Rivarola -en similares términos a los aquí expuestos- denunció la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 27.302 (v. fs. 106 vta./110 vta.).
Dicho reclamo fue rechazado por el Tribunal de Casación Penal, argumentando que "...la actividad de la jurisdicción en temas de semejante importancia como es la declaración de inconstitucionalidad obliga, tanto al operador de grado como al órgano revisor, a tener bien en claro el objeto de la actuación interpretativa que a dichos órganos corresponde, con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, por lo que consecuentemente, resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza dicha actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma" (fs. 160 vta.).
En tal sentido, explicó que "...esta preocupación relativa a eventuales intromisiones en esferas de poder reservadas a otros sectores -que resulta plenamente válida como criterio general, según el cual la tipificación de conductas y los mínimos y máximos establecidos en las escalas penales emergentes resultan topes vinculantes para el juzgador- puede ser excepcionado en los casos en que se encuentre comprometida su constitucionalidad" y que "...para ello es imprescindible que dicho enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia, quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional" (fs. 160 vta. y 161).
Con relación al caso, adelantó que "...el planteo del impugnante no abastece la exigencia antes mencionada [...] desde que no se ha demostrado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada" (fs. 161).
Expresó que "...en esta situación particular, no ha sido puesto en evidencia que la pena de multa impuesta al encausado, en el marco de su escala legal (art. 5 inc. c, ley 23.737), sea desproporcionada o irracional, desde la óptica constitucional postulada por la defensa, con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida al acusado prevista en la norma aplicada y que le da origen" y que "...no puede soslayarse que la conducta juzgada, como casi todas -sino todas- de las reprimidas en el art. 5 de la ley 23.73[7], están acompañadas de una finalidad lucrativa derivada del comercio de la sustancia prohibida y, de ella se deriva que válidamente se prevea una sanción pecuniaria complementaria como respuesta punitiva" (fs. 161 y vta.).
Destacó además que "...el recurrente formuló su embate desde un plano puramente dogmático que en ningún momento abandonó desde que no fueron siquiera mencionadas en el recurso, circunstancias particulares [...] del hecho o del autor que habiliten la solución peticionada, todo lo cual evidencia la ineficacia del planteo" (fs. 161 vta.).
Enfatizó que "...no bastó con señalar en el recurso que los montos de la multa resultarían 'caras' o que superarían la capacidad económica de los eventuales obligados deviniendo de 'imposible cumplimiento' si ello no es relacionado con el caso en concreto, deficiencia que no queda subsanada con la mera referencia a que el imputado carecería de dinero para afrontar la multa, sin que se concrete, por ejemplo, cuál sería su realidad patrimonial y financiera, pues de esa forma la impugnación ha quedado inhabilitada para ingresar al procedimiento de excepción, como lo es la no aplicación de la pena cuestionada" (fs. cit.).
En cuanto a la crítica que aludía a que la multa resultaría confiscatoria, sostuvo que "...para transitar ese sendero debiera haber quedado cuanto menos evidenciado que su monto excedía la capacidad económica o financiera del obligado, y, como se indicó el recurso carece de la exposición de datos que ilustren sobre ella y, en definitiva de desarrollo argumental tendiente a demostrar la afectación constitucional que denuncia" y concluyó que "...no hay sumas dinerarias que en sí mismas puedan ser consideradas confiscatorias sino en relación a una situación patrimonial y financiera, particular y concreta" (fs. 162).
Asimismo, descartó que el planteo según el cual el mecanismo de remisión del art. 45 de la ley 23.373 violaría el principio de legalidad, con sustento en que "El art. 1 de la ley 27.302 (B.O. 8/11/16) sustituyó el artículo 5 de la ley 23.737 el cual actualmente reprime al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con una pena de prisión y una pena de multa de 'cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas'. A su vez, el art. 9 incorporó el art. 45 a la ley de estupefacientes estableciendo que 'A los efectos de esta ley, una (1) unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos'" (fs. 162 y vta.).
Resaltó que dicha ley "...vino a instaurar una nueva base de cálculo para la pena de multa, reemplazando las cifras que eran expresadas en moneda de curso legal por un sistema de 'unidades fijas'" y que "...si bien es cierto que del principio de legalidad, constitucionalmente consagrado en el citado art. 18 de la C.N., deviene lógicamente la indicación al legislador penal de fijar con estrictez tanto el hecho acriminado como la pena conminada, también es cierto que, tratándose de penas pecuniarias, resulta válido, incluso por temas de actualización de sus montos, que en dicho cometido se recurra a un sistema como el aludido, en el que la sanción es expresada en unidades fijas a las que se le asigna un valor de referencia que permite la cuantificación monetaria de la pena de multa" (fs. 162 vta.).
Continuó señalando que "Aun cuando pueda, o no, compartirse desde el punto de vista de su técnica legislativa, es evidente que el sistema previsto por las normas cuya impugnación se pretende, satisface los requisitos del art. 18 de la Constitucional Nacional, en la medida que la respuesta punitiva está prevista en el texto legal -ley en sentido técnico- y queda suficientemente precisada en tanto brinda inequívocas pautas para su determinación" (fs. 163).
Adunó a ello, que "...se estableció una escala penal delimitada para cada infracción con la fijación de un piso y máximo de unidades fijas. Estas unidades no resultan azarosas sino que tienen establecido un valor que se es fijado por la misma ley (una unidad equivale al valor de formulario). A su vez, el importe en pesos del formulario se determina por resolución Ministerial" y que "...la circunstancia de que ese valor se actualice por normas o disposiciones complementarias, en modo alguno deteriora el conocimiento del aviso punitivo al que se integra aquel complemento con la remisión puntual que la ley penal formula, ni importa envestir de facultades legislativas al órgano administrativo, desde que las consecuencias jurídicas del delito han sido definidas y por el legislador" (fs. 163 y vta.).
Sostuvo que "...los fundamentos con lo que se pretende cuestionar la constitucionalidad del precepto resultan insuficiente[s] a la luz de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que al respe[c]to tiene dicho que la garantía de 'ley anterior' y del principio nullum crimen, nulla poena sine lege , exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y un máximo (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, en fallos 328:940) y conforme la invariable interpretación que del art. 18 de la Constitución nacional ha efectuado la C.S.J.N. ('Fallos', 204:359; 237:636; 254:315; 257:89; 301:395; 304:892; 308:1224, 2043 y 2650, 312:1920, entre otros)" (fs. 163 y vta.).
Asimismo, descartó el reclamo según el cual la pena de multa impuesta implicaría una prisión por deudas prohibida constitucionalmente, con sustento en que ello, a todo evento, será materia eventual de análisis en la etapa ejecutiva de la sentencia, y que, en definitiva "...deviene precoz la consideración del planteo referido a la incompatibilidad constitucional del sistema de conversión de la pena de multa impaga en días de prisión prevista en el art. 21 del Código Penal" (fs. 164).
Concluyó señalando que tampoco prosperaba el pedido que atañía a la posibilidad de excepcionar, sin más, la previsión legal relativa a la multa y su monto, "...pues según se ha dicho los topes punitivos legislativamente impuestos resultan, en principio, vinculantes para los magistrados, y en el caso [...] la parte no ha demostrado la concurrencia de ninguna circunstancia que permita excepcionar dicha regla" (fs. 164 vta.).
IV.1. Como lo adelantara, el recurso debe rechazarse.
Según lo ha sostenido el Superior Tribunal federal, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas -esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental- gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (CSJN Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 300:241 y 1087 y 314:424).
En dicha dirección, el Máximo Tribunal nacional ha recordado que, en virtud de la facultad que le otorga el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (CSJN Fallos: 11:405; 191:245 y 275:89) y, asimismo, y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente. De tal suerte, el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental, sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN Fallos: 257:127; 293:163; 300:642 y 301:341).
Así pues, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 315:923; 321:441; 328:4542; e.o.).
En tales términos, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. causa P. 132.300, sent. de 25-VIII-2020).
En este orden de ideas, los cuestionamientos traídos por la defensa para confutar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la norma en trato, que no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional (art. 495, CPP).
Cabe tener presente que esta Corte ha tenido oportunidad de señalar que las conductas punibles pueden hallarse determinadas, en algún aspecto, de modo genérico en la ley, de forma de hallarse sujetas a la complementación o especificación de otra instancia legislativa o administrativa. Ejemplo de ello es la llamada «ley penal en blanco», categoría que se caracteriza por consistir en una norma-marco que, si bien determina la conminación penal, lo hace en modo tal que su configuración plena supone una cierta integración con otros preceptos a los que aquella remite, en cuanto a los presupuestos de la punibilidad, siendo factible lograr dicha integración con normas de índole variada (leyes o reglamentos, básicamente). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no siempre puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de ciertas atribuciones normativas al Poder Ejecutivo, libradas a su arbitrio razonable, en la medida en que la política legislativa haya sido claramente establecida de antemano. En tales supuestos, la salvaguarda del principio de legalidad se satisface con el requisito de una ley previa, conforme a la cual los bienes jurídicos que son merecedores de protección contra ciertas conductas que los afecten y el establecimiento de la medida que debe expresar la amenaza penal para garantizar una protección suficiente (determinación abstracta de la pena), han de estar en algún modo preconfigurados, más allá de que necesiten de alguna especificación ulterior. La fijación de
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