Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135627
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (conf. art. 495, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Sebastián B. Martínez por su labor ante esta instancia en quince (15) Jus (conf. art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.627, "Pera, Ricardo Javier s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 20.136 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, el día 29 de junio de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa particular de Ricardo Javier Pera contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 que lo condenó a la pena de un año y diez meses de prisión de ejecución condicional, como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves (dos hechos) en perjuicio de Sergio Massarella y Gustavo Javier Mandará en concurso real con amenazas del que resultó víctima el primero de los nombrados (arts. 55, 89 y 149 bis primer párr., Cód. Penal), según hechos cometidos el día 15 de enero de 2015. En dicho marco, rechazó los agravios relativos al pedido de prescripción de las acciones penales de los delitos por los que fue condenado; la denuncia por afectación de derecho de defensa durante la celebración del juicio; arbitrariedad por falta de prueba para demostrar los delitos reprochados y críticas relativas a la determinación judicial de la pena (v. fs. 43/58 vta.).
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Sebastián B. Martínez, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se agravió únicamente del rechazo del pedido de prescripción de la acción penal, tildando de arbitraria la sentencia del Tribunal de Alzada departamental sobre el punto (v. fs. 69/75).
La Cámara admitió la impugnación a efectos del abordaje de las cuestiones de pretensa índole federal postuladas en la pieza impugnativa (v. fs. 81/84).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 90/95, aconsejando que el recurso sea rechazado. Seguidamente, a fs. 97 se dictó la providencia de autos.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el doctor Sebastián B. Martínez tachó de arbitrario el rechazo de la prescripción de la acción penal (v. fs. 69 vta.).
Alegó que la Cámara no valoró la prueba colectada durante el proceso, omitió tratar cuestiones debidamente planteadas e incurrió en afirmaciones dogmáticas, afectando el debido proceso (conf. art. 18, Const. nac. -v. fs. 70 y vta.-).
Luego de reseñar la respuesta del fallo en crisis, afirmó que se rechazó la prescripción de la acción bajo el presupuesto de que -al momento de cometer los delitos reprochados- el imputado ostentaba la calidad de funcionario público (concejal), por lo que se configuró una causal de suspensión de la prescripción (conf. art. 67, Cód. Penal; v. fs. 70 vta.).
Sostuvo que el citado art. 67 no solo exige que el sujeto activo sea funcionario público sino también que cometa la conducta "en ejercicio de la función pública". En este punto, alegó la existencia de arbitrariedad pues -a su entender- se efectuó una incorrecta exégesis de la norma, así como de los hechos que quedarían abarcados en esa previsión (v. fs. cit.).
Recordó la materialidad ilícita que se tuvo por probada: "...el día 15 de enero de 2015, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, sito en calle Sarmiento n° 12 -esquina con la arteria Estomba- de la ciudad de Bahía Blanca, siendo aproximadamente las 13:30 horas, una vez finalizada la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes y estando en un cuarto intermedio a la espera del inicio de la Sesión Extraordinaria de ese día -atento la calidad de Concejal del encartado- el imputado amenazó de muerte al Concejal Sergio Massarella manifestando 'a vos también te voy matar, sos un hijo de mil puta te voy a matar' e inmediatamente le propinó un golpe con la cabeza en el rostro de Massarella, produciéndole lesión equimótica en subpalpebral del ojo izquierdo. Seguidamente, en las circunstancias de lugar señaladas precedentemente, el encartado le aplicó un puntapié en la pierna izquierda al Concejal Gustavo Javier Mandará, provocándole una lesión contuso excoriativa en cara anterior de la pierna izquierda en su tercio superior, ambas lesiones de carácter leve" (fs. 73).
Sentado ello, afirmó que, si bien su asistido era funcionario público al momento de comisión de los hechos, no estaba ejerciendo la función pública, más allá del lugar físico en el que se encontraba, por lo que corresponde revocar la decisión impugnada y declarar la prescripción de las acciones penales.
En su apoyo, citó los dichos de las víctimas (Mandará y Massarella) y de otros testigos que depusieron en el juicio (Vidal, De Caso Dupont) quienes afirmaron que en el momento de los hechos "...la sesión de 'grandes contribuyentes' ya había finalizado, razón por la cual, el encartado ya no se encontraba en ejercicio de su función pública [...] en el caso concreto Ricardo Pera al lesionar y/o amenazar a las víctimas no estaba desarrollando ni concretando ninguna actividad relacionada con el cargo público que ocupaba en aquel momento" (fs. 73 vta. y 74).
II. La denuncia de arbitrariedad resulta insuficiente (conf. art. 495, CPP).
La defensa se limitó a exponer un mero criterio discrepante con la interpretación de las leyes que regulan el instituto de la prescripción y con la valoración de los hechos y de la prueba sin hacerse cargo de controvertir de manera eficaz los fundamentos que dieron sustento al fallo en crisis.
Es sabido que a los efectos de franquear la vía intentada cuando el monto de pena es inferior al previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal, resulta imprescindible que el recurrente invoque y demuestre suficientemente agravios contra el pronunciamiento del tribunal intermedio susceptibles de comprometer alguna cuestión federal o algún supuesto de arbitrariedad, que en el marco de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sea admitida como medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas en la Constitución nacional (CSJN Fallos: 323:2510, cons. 10°, con cita de Fallos: 310:324, cons. 5°; Fallos: 330:4476; entre muchos otros).
Como se verá, en el caso, el planteo efectuado por la parte remite a la interpretación de una norma de derecho común, por regla, insusceptible de comprometer una cuestión de naturaleza federal. Por lo demás, tampoco demuestra que la sentencia no se encuentre fundada, acorde a una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias probadas de la causa. Esto es, que se hubiera actuado sobre la base de una exégesis irrazonable del texto legal o merced a un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso.
III. Veamos.
III.1. En lo que aquí importa, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de la revisión del fallo de condena, rechazó el pedido de prescripción de las acciones penales de los delitos de lesiones y amenazas.
En tal sentido, confirmó el rechazo de prescripción, aunque por fundamentos distintos a los oportunamente expuestos por el órgano de mérito. Recordó que el Juzgado Correccional computó como plazo de inicio de la prescripción el segundo auto de citación a juicio dictado con fecha 7 de febrero de 2019, en contra de lo postulado por la defensa particular que sostenía que el último acto que interrumpió el curso de la prescripción fue la primigenia citación a juicio (luego anulada) de fecha 8 de agosto de 2018 (v. fs. 45 vta. y 46).
Ante tal situación, la Cámara aclaró que el acto procesal anulado -en el caso, el primer llamado de citación a juicio- carece de validez y por lo tanto no es posible otorgarle poder interruptor, tal como lo pretende la defensa (v. fs. 46).
De seguido, señaló que ponderando únicamente las causales de interrupción del curso de la prescripción, la acción penal se encontraría extinguida porque "...desde el requerimiento de elevación a juicio (1-II-2017) hasta el llamado de citación a juicio efectuado por segunda vez (7-II-2019) -luego de anulada la primera citación-" había transcurrido el plazo máximo de duración de la pena respecto a cada delito (lesiones leves, arts. 89 y amenazas y 149 bis, Cód. Penal; v. fs. 46 vta.).
Sin embargo, aclaró, no correspondía efectuar en el caso esa declaración en tanto se configuró una causal de suspensión que opera de pleno derecho, pues los delitos cometidos por Ricardo Pera ocurrieron durante el desempeño de su cargo público (conf. art. 67 segundo párr., Cód. Penal; v. fs. cit.).
Destacó que la ley 25.188 (B.O. de 1-XI-1999) sustituyó el art. 67 del Código Penal y asignó un contenido más amplio a las causales de la suspensión puesto que dispuso que "...'La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los que hubieran participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. En consecuencia, en la actualidad esta causal no se limita a los delitos contra la Administración Pública, que taxativamente mencionaba el texto anterior, sino que se extiende a la comisión de cualquier delito durante el ejercicio de la función pública'" (fs. 47 vta.).
En función de lo expuesto, afirmó que el imputado Ricardo Pera al momento de los hechos "...era Concejal electo por el Partido de Bahía Blanca, por el período desde el 10 de diciembre de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2017 (certificado de fs. 4 del expte. 73.792, que tramita ante la Suprema Corte de Justicia y que, en copia, corre agregado por cuerda separada)" (fs. cit.).
Añadió, que "...[c]on fecha 22 de julio, mediante decreto del Concejo Deliberante de Bahía Blanca se dispuso la destitución del nombrado Pera en el cargo de concejal (fs. 20/24 del referido expediente que corre por cuerda). Posteriormente, la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante resolución de fecha 26 de agosto de 2015 suspendió los efectos del decreto referenciado precedentemente, por el cual se dispuso la destitución en cuestión, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (fs. 117/119 vta. del exp. 73.792 de la Suprema Corte de Justicia...). Consultada la Mesa de Entradas Virtual (MEV) del Poder Judicial [...] se constata que el 26 de febrero de 2018 aún no ha sido dictada resolución definitiva en este conflicto (v. fs. 39/42 del presente)" (fs. 47 vta. y 48).
En función de lo expuesto, reputó que debía tomarse como fecha de cese en el cargo de concejal la de culminación de su mandato: día 10 de diciembre de 2017 (v. fs. 48).
Por ello, explicó que "...al ser removida la causal de la suspensión, debe renovarse el término de extinción de la ley penal desde el 10 de diciembre de 2017 -fecha ésta del cese en la función pública de Pera-. Y si observamos que el posterior acto interruptivo de la prescripción es el resolutorio de citación a juicio de fecha 7 de febrero de 2019 [...], mientras que con el dictado de la sentencia condenatoria -no firme- de fecha 29 de diciembre de 2020, acaece el último acto interruptivo [...] se concluye que no ha transcurrido en relación a los delitos de lesiones leves -dos hechos (art 89, Cod. Penal)- y amenazas (art. 149 bis, Cód. Penal) el plazo máximo de duración de la pena, previsto en el art. 62 inc. 2 del Código penal" (fs. cit.).
III.2. Tal como adelantara, la parte no logra evidenciar la arbitrariedad que le atribuye al elemento normativo "ejercicio de la función pública" del art. 67 del Código Penal, en su aplicación al caso.
Conforme surge del hecho que se tuvo por probado -que el propio recurrente reprodujo en su recurso- los delitos se cometieron en el recinto del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, en un cuarto intermedio previo a dar inicio a la sesión extraordinaria de ese día.
Por eso, frente a tal estado de cosas, quien aquí recurre debió explicar de qué manera, atendiendo al espacio físico en que tuvieron lugar los hechos del caso, a la proximidad temporal de los acontecimientos con la finalización de una sesión anterior en la que intervino en calidad de concejal, sumado a que tanto el imputado como las víctimas -también con igual función- se encontraban en un cuarto intermedio previo a dar inicio a las sesiones extraordinarias, es decir, pese a todo ello, los delitos no se habrían cometido durante -y en- el ejercicio de la función pública.
En definitiva, la defensa particular no logró demostrar que la interpretación que realizó el a quo del art. 67 del Código Penal, a la luz del alcance de la reforma de la ley 25.188 a la que el sentenciante hizo especial referencia, haya configurado una exégesis irrazonable de la ley o haya prescindido de prueba decisiva como dogmáticamente afirma la parte sino que -por el contrario- evidencia un mero criterio divergente que -como tal- no resulta eficaz para conmover la decisión en crisis.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En conclusión, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por la Cámara y opuesto a su pretensión. Y como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014 y P. 134.713, sent. de 13-IV-2022).
Por ello, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (conf. art. 495, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Sebastián B. Martínez por su labor ante esta instancia en quince (15) Jus (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 14:38:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 15:23:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2022 10:00:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:33:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:39:46 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 13:54:14 hs. bajo el número RS-57-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia