Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135748
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la sentencia impugnada con el alcance indicado y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados y con la premura que las presentes actuaciones exigen, se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.748, "Gómez, Walter Cristian s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.098 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca, el 5 de junio de 2018, condenó -en lo que aquí interesa- a Walter Cristian Gómez a la pena de tres años de prisión y costas por resultar coautor del delito de coacción (conf. art. 149 bis, segundo párrafo, Cód. Penal; v. fs. 23/72 vta.).
A su turno, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 2 de julio de 2020, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 142/154 vta.).
Frente a ello, la defensa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 164/173 vta.) que fue admitido por el Tribunal de Alzada (v. fs. 190/193).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 212/213 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 215), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció arbitrariedad normativa por apartamiento injustificado de los fallos "Squilario", "García" y "Verbitsky" de la Corte nacional por ausencia de motivación en lo que respecta a la modalidad de cumplimiento de la pena de tres años de prisión, así como también errónea revisión del fallo de condena (v. fs. 165 y 166 vta.).
Luego de transcribir las sentencias de mérito y del Tribunal de Casación Penal, afirmó que en ninguna de ellas se expusieron fundamentos tendientes a justificar la modalidad de cumplimento de la pena impuesta a Walter Cristian Gómez (v. fs. 167/168).
De seguido, criticó la afirmación del Tribunal de Casación Penal consistente en que las penas están para ser cumplidas y que el órgano jurisdiccional no está obligado a explicar por qué deniega la ejecución condicional. Alegó que, de manera arbitraria, se pretendió fundar esa decisión en un precedente jurisprudencial de la casación del año 2005, anterior a los fallos "Squilario" (2006) y "García" (2010) del Máximo Tribunal nacional, todo lo cual descalificaba la sentencia recurrida como un acto jurisdiccional válido (v. fs. 168 vta./169).
De igual manera, puso en crisis la afirmación del sentenciante relativa a que la parte debió pedir expresamente que la pena se dejara en suspenso para que el órgano jurisdiccional se viera obligado a fundar la modalidad de cumplimiento efectivo. Sostuvo que tal exigencia no se corresponde con la jurisprudencia citada del Máximo Tribunal nacional ni se hace cargo de lo acontecido en el caso pues, de acuerdo al acta de debate de fs. 18, la defensa expresamente solicitó que la pena no fuera de efectivo cumplimiento en virtud de la ausencia de antecedentes penales del imputado (v. fs. 169).
Resaltó que "Ni la doctrina aludida por la Sala III del Tribunal de Casación Penal como regla (ausencia de obligación de fundar la denegatoria de condena condicional) ni la excepción (requerimiento expreso de la defensa)", motivaban adecuadamente la decisión atacada ni tenían entidad para contrarrestar la arbitrariedad denunciada (v. fs. 169 vta.).
Puntualizó que, en el fallo de primera instancia, pese a ser imprescindible, no se estableció la modalidad efectiva o condicional del cumplimiento de la pena de prisión de Gómez, configurándose un trato desigual con relación al coimputado Francia, a quien sí le impusieron una pena explicitando que debía ser de ejecución condicional con fundamento en la ausencia de antecedentes penales (v. fs. cit.).
Sentado ello, afirmó que, en razón de la pena individualizada, la ausencia de antecedentes condenatorios y su favorable informe socio ambiental, era necesaria una explicación fundada de cómo cumpliría la pena de prisión (v. fs. 169 vta. y 170).
Con base en los fallos "Squilario" y "García", aseveró que "...no solo debe fundarse la pena de prisión que se impone, sino que también debe explicarse por qué no se [hace lugar a] la modalidad condicional prevista en el art. 26 del Código Penal, para que el acto jurisdiccional pueda reputarse válido por ser derivación razonada del derecho vigente" (fs. 170/171).
Señaló que la sentencia impugnada también se apartó de lo resuelto en el fallo "Verbitsky" de la Corte nacional, donde se puso de manifiesto la grave situación de superpoblación de las cárceles y la necesidad de que los jueces ponderen la posibilidad de aplicar formas de ejecución de las penas menos lesivas, tal como sería en el caso, la ejecución condicional de la pena de tres años de prisión impuesta a Gómez (v. fs. 171).
Por último, insistió en que el fallo de primera instancia no determinó con precisión si la pena debía ser de efectivo cumplimiento o de ejecución condicional, lo que no fue debidamente advertido por el órgano revisor que, desnaturalizando el control del fallo y sobre la base de fundamentos aparentes, se apartó de las constancias del caso y de la doctrina de la Corte nacional e incurrió en arbitrariedad (v. fs. 171 vta./173).
Por todo lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíen las actuaciones al Tribunal de Casación Penal para que, debidamente integrado, dicte una nueva decisión conforme a derecho en la que se evalúe la necesidad o no de imponer una pena de prisión de efectivo cumplimiento (v. fs. 173).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso (v. fs. 212/213 vta.).
No coincido con lo dictaminado.
III. El recurso procede parcialmente (conf. art. 496, CPP).
IV. La denuncia de errónea revisión del fallo de condena por apartamiento de las constancias de la causa -por entender que el Tribunal de primera instancia no se pronunció sobre la modalidad de cumplimiento de la pena y ello no fue advertido por el Tribunal de Alzada- no procede (conf. art. 495, CPP).
Previo abordar el fondo del reclamo, resulta necesario efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. Tal como lo puso de manifiesto el recurrente, la defensa oficial en los alegatos de cierre del juicio oral señaló que la imposición de una pena de cumplimiento efectivo a Gómez resultaba irracional con sustento en que no tenía antecedentes penales y que el informe socioambiental era favorable para su asistido (v. fs. 18).
Por su parte, el órgano de mérito, en lo que aquí importa, resolvió que "...teniendo en cuenta los hechos que han sido probados [...] y que han sido atribuidos al coprocesado Walter Cristian Gómez, calificados como coacción, en los términos del art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal" correspondía aplicarle la pena de tres años de prisión y costas (v. fs. 70).
Frente a ello, la defensa oficial de Gómez dedujo recurso de casación en el que cuestionó, con sustento en el fallo "Squilario" de la Corte nacional, que no se hubiera fundado la improcedencia de la ejecución condicional de la pena de prisión, ni tampoco motivado la imposición de la condena de tres años de prisión de cumplimento efectivo (v. fs. 77/79).
El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, en la memoria del art. 458 del Código Procesal Penal, ratificó la impugnación sin agregar nuevos argumentos (v. fs. 131).
IV.2. La Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la especialidad.
Con remisión a un precedente jurisprudencial de esa misma Sala del año 2005, argumentó que "...‘la regla es que las penas se imponen para ser cumplidas y, por ello, los jueces no están obligados a dar las razones por las cuales deniegan el beneficio de una condena de ejecución condicional [...] salvo, como es el caso, donde constituyó una cuestión esencial introducida por la Defensa’..." (fs. 152 vta.).
Y, en base a ello, concluyó que "...lo decidido por la instancia no constituye una omisión de tratamiento de una cuestión esencial, en tanto el tópico nunca resultó sometido a su consideración (ver acta de debate a fs. 18), por lo cual tampoco el agravio se presenta como procedente y el recurso deviene ineficaz para alterar la decisión adoptada (art. 26, a contrario del Cód. Penal)" (fs. cit.).
IV.3. Ahora bien, de la reseña efectuada se advierte que el recurrente introdujo un matiz argumental novedoso en cuanto sostuvo que el órgano de mérito no se había expedido sobre la modalidad de cumplimiento de la pena cuando ello no fue planteado en tales términos en el recurso de casación.
En efecto, la defensa oficial de la instancia en el recurso de casación partió de la base de que Gómez había sido condenado a una pena de cumplimiento efectivo y, conforme ello, desarrolló los agravios. Más aún, dichos planteos, incluso, fueron ratificados en la oportunidad prevista en el art. 458 del ritual por el ahora recurrente, doctor Nolfi (v. fs. 131).
Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, de conformidad con los embates desarrollados por la defensa oficial y ratificados en la memoria, falló partiendo de la base de que Gómez había sido condenado a una pena de efectivo cumplimiento.
En función de lo expuesto, la manifestación de la parte referida a que el Tribunal de mérito no se expidió sobre la modalidad de cumplimiento de la pena, además de introducir un matiz argumental novedoso y por lo tanto tardío, se contrapone a lo oportunamente expuesto por la defensa oficial de primera instancia en el recurso de casación, reafirmado -incluso- en la memoria del art. 458 del Código Procesal Penal.
Así pues, el vicio que el recurrente reprocha al sentenciante -apartamento de las constancias de la causa- es en el que él mismo incurre.
A mayor abundamiento, de la lectura del fallo de primera instancia surge que, cuando el Tribunal de mérito quiso imponer una pena de prisión en suspenso lo aclaró expresamente -tal como lo hizo respecto del coimputado Francia-, de ahí que la interpretación del señor defensor oficial de la instancia y del Tribunal de Casación Penal de considerar que la pena impuesta a Gómez fue de cumplimiento efectivo parece razonable (conf. art. 481, CPP).
V. Distinta suerte corresponde a la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los precedentes "Squilario", "García" y "Verbitsky" de la Corte nacional, en tanto considero que este tramo del reclamo es procedente (conf. art. 496, CPP).
En efecto, lo resuelto por la casación deviene arbitrario en la medida que, tal como lo expuso el recurrente, efectuó afirmaciones que se contraponen directamente a la consolidada doctrina de la Corte nacional sobre el punto en discusión en los citados fallos -expresamente citados por la defensa oficial en el recurso de casación- sin aportar nuevos fundamentos que justifiquen su apartamiento (Fallos: 323:2322, en sentido parecido, Fallos: 324:324 y 481).
En tal sentido, la afirmación del tribunal revisor relativa a que las penas están para cumplirse y que el órgano no debe fundar por qué deniega la libertad condicional, se aparta de la doctrina de la Corte nacional correctamente citada por la parte, de la que surge que "...en casos donde la condenación condicional podría ser aplicada, la decisión denegatoria debe ser fundada, puesto que de otro modo se estaría privando a quien sufre el encierro de la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable, y los condenados se verían impedidos de ejercer una adecuada defensa en juicio ante la imposibilidad de refutar decisiones basadas en criterios discrecionales de los magistrados que la disponen" (Fallos: 329:3006, considerando 6°, por remisión al dictamen de la Procuración General en la causa G.772.XLIV, "García, José Martín s/ causa n° 97.999", sent. de 4 de mayo de 2010; "Gasol", Fallos: 327:3816).
En esa línea, es oportuno recordar que las decisiones jurisdiccionales deben estar debidamente fundadas y contar con una motivación razonable que permita entender a las partes las razones por las cuales se resuelve en ese sentido, máxime cuando lo decidido tiende a menoscabar o restringir la libertad del imputado. Sin embargo, ello no ha sucedido en el caso, pues no se brindaron motivos válidos para apartarse de la doctrina sentada en los precedentes de la Corte nacional citados por la parte, ni tampoco se explicó por qué en el caso concreto no podía proceder la ejecución condicional de la pena de tres años de prisión impuesta a Gómez.
A dicho déficit se agrega, tal como lo plantea el recurrente, un apartamiento del precedente "Verbitsky" del Máximo Tribunal nacional (sent. de 3-V-2005), en cuanto a la necesidad de que los órganos jurisdiccionales al momento de fallar tomen en especial consideración la imposición de penas lo menos lesivas posibles siempre que las circunstancias del caso lo ameriten. Cabe destacar que dicho criterio fue reafirmado recientemente por esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 83.909, caratulada "Verbitsky Horacio -representante del Centro de Estudios Legales y Sociales s/ Habeas corpus . Recurso de Casación" (resol. de 3-V-2022; ver en particular punto 4°.I. de la parte resolutiva).
Sumado a ello, también asiste razón al impugnante en cuanto denuncia que, contrariamente a lo expuesto por el Tribunal de Alzada, la defensa oficial en los alegatos de cierre del juicio oral expresamente había planteado la irrazonabilidad de aplicar en el caso una pena de prisión de cumplimiento efectivo, conforme surge de fs. 18 -que el propio órgano intermedio citó- (v. punto IV.1. del presente).
VI. En razón de lo expuesto, esto es la falta de debida fundamentación de la temática planteada a la luz de la jurisprudencia de la Corte nacional citada, y sin que ello implique abrir juicio sobre el fondo de la decisión, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y dejar sin efecto esa parcela del pronunciamiento recurrido, debiendo volver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que -con la debida integración- se dicte un nuevo fallo, con la premura que las presentes actuaciones exigen, en el que se brinde adecuado tratamiento a los planteos vinculados con la modalidad de ejecución de la pena impuesta a Gómez (conf. art. 496, cit.).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la sentencia impugnada con el alcance indicado y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados y con la premura que las presentes actuaciones exigen, se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:01:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 15:28:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 11:01:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 09:51:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2022 09:55:39 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:28:05 hs. bajo el número RS-55-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia