Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133348
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca parcialmente la sentencia impugnada en virtud de su arbitrariedad y, en consecuencia, se devuelven las actuaciones a la instancia anterior para que -con la integración que corresponda- sean tratados adecuadamente los planteos sometidos por la defensa a la revisión de la instancia intermedia de conformidad con lo aquí resuelto (art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Guillermo Juan Auruccio y Alejandro Freeland, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.348, "Romañach, Martin Gustavo s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa n° 90.989 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de julio de 2019, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por el particular damnificado e hizo lugar parcialmente al deducido por los defensores particulares en favor de Martín Gustavo Romañach, ambos articulados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo había condenado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. En consecuencia, casó la sentencia en el rubro correspondiente a las agravantes de pena, obliteró la relativa a la nocturnidad y, en función de ello, redujo el monto de la condena, que estableció, en definitiva, en once años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 276/294 vta.).
Contra lo así decidido, los defensores de confianza del nombrado, doctores Guillermo Juan Auruccio y Alejandro Freeland, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 299/311 vta.), siendo admitido solo el primero por el tribunal intermedio (v. fs. 316/326). Interpuesta queja por la vía denegada, esta Suprema Corte la desestimó mediante resolución del 13 de mayo de 2020 dictada en la causa P. 133.147-Q que corre por cuerda (v. fs. 50/52).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 362/369), dictada la providencia de autos (v. fs. 376) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Atento el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte -conforme los términos de la resolución de admisibilidad que luce a fs. 316/326, y el rechazo de la queja interpuesta por la parcela no admitida (v. fs. 50/52; leg. P. 133.147-Q)-, he de abordar sólo el agravio desarrollado en el primer motivo de impugnación del remedio extraordinario traído a estudio, concerniente a la violación al principio de congruencia (v. esp. fs. 300/304 vta.).
II. Los defensores particulares de Martín Romañach realizan preliminarmente una serie de consideraciones sobre la procedibilidad de la cuestión, el alcance del principio de congruencia y su incidencia constitucional en la violación a las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso legal (art. 18, Const. nac.), todo ello con apoyo en diversos precedentes de esta Corte (v. fs. 300/301).
Con relación al caso, alegan que existen diferencias entre el relato de los hechos que conforma la acusación y el que se dio por probado en la sentencia, que impactan directamente sobre la defensa en juicio y violan la correlación que debe existir entre ambos (v. fs. 301).
Al efecto, señalan que el hecho por el que el señor fiscal acusó a su asistido -que transcriben- obligaba a quien lo sostenía a probar los distintos sucesos que lo integraban y, a la defensa, a contestarlos; tales como que hubo una pelea en el lugar que se indica, que las "heridas de Martín" demostraban esa pelea, que había sangre de este en la terraza; que su asistido le pegó y dejó inconsciente a Ornella que, así inconsciente, cayó al piso; que ello fue por una discusión motivada en violencia de género (cuestión introducida por Chamorro); y que la arrojó al vacío con dolo directo homicida (v. fs. 301 y vta.).
Afirman que ninguno de esos extremos sobre los que versó la prueba ofrecida por las partes, su control, discusión, el debate y la acusación primigenia y final, fueron acreditados, según lo reconoce el tribunal de mérito (v. fs. 301 vta.).
Luego se ocupan de la descripción de la materialidad ilícita que dicho tribunal tuvo por probada y por la que se condenó a su asistido, de la cual denuncian que los sentenciantes "introducen libremente en el relato" hechos que no fueron motivo de acusación y que tampoco resultan análogos, similares, iguales, afines o equivalentes a aquellos por los que fuera intimado.
En ese discurrir, describen que ya no hay discusión ni pelea, sino un acto sexual violento, en un lugar específico de la sobreterraza que da al vacío, que fue ello lo que ocasionó la caída de la joven más no que su cliente la arrojara, por lo que ahora no se le endilga dolo directo sino eventual (v. fs. 301 vta. y 302).
Expresan que en el escrito de casación argumentaron acerca del carácter sustancial de tales diferencias, y no meramente accidentales o menores -de estilo o lenguaje-, así como su influencia en la adecuada estrategia de la defensa. Entienden que esas variaciones "...refieren a circunstancias, a hechos que pasan a integrar el relato y que se dan por probados (trato sexual violento, que transcurría sobre el murete, resultado caída que le resultó indiferente a Martín) y que se introducen allí donde antes no existían", importando una modificación sustancial de la base fáctica sobre los que prepararon su defensa, presentaron prueba, discutieron en el debate y alegaron (v. fs. 302/303).
Destacan que no existe identidad entre decir que Martín le pegó a Ornella, la desmayó, y la arrojó inconsciente por la terraza a afirmar que mientras tenían sexo violento sobre el murete de la sobreterraza (no subterraza) la chica se cayó o se le cayó habiéndose el nombrado representado esa posibilidad y sin que pueda importarle un comino (v. fs. 303 y vta.).
Alegan que el tribunal revisor nunca ingresó en el análisis concreto de la cuestión que se le planteó y que se limitó a repetir fórmulas genéricas (v. fs. 302 vta. y 303).
Añaden que el señor fiscal y la acusación particular hablaron alternativamente de una pelea o de una discusión entre los jóvenes por una cuestión de género (que jamás se explicitó) y que ahora parece que no discutían o peleaban, sino que tenían sexo, en forma violenta sobre el murete (v. fs. 303 vta.).
En suma, concluyen que la sentencia impugnada es nula porque los hechos y circunstancias que dieron sustento y sentido a la materialidad ilícita del fallo difieren, de modo sustancial, de aquellas ponderadas en el planteo acusatorio (v. fs. 304).
III. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo de la impugnación (v. en esp. fs. 364 vta./365 vta.).
IV. Disiento con su opinión.
IV.1. En principio cabe señalar que lo atinente a la afectación del principio de congruencia constituye una cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal.
Solo en razón de que el punto involucraría una cuestión federal, y a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (doctr. CSJN Fallos: 308:490 "Strada" y 311:2478 "Di Mascio") corresponde ingresar a su análisis.
IV.2. Sentado ello, estimo que asiste razón a los recurrentes en cuanto postulan que el a quo nunca ingresó en el análisis concreto que se le planteó.
Veamos.
Ante idéntico agravio al aquí traído por los defensores de Romañach (v. fs. 2 vta./13; leg. 90.970), el órgano intermedio mediante el voto del juez Borinsky, que -en este punto- concitó la adhesión de los doctores Violini y Maidana, luego de efectuar un repaso de la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada y de reseñar dicho planteo, adelantó que el veredicto respetaba el principio de congruencia (v. fs. 277 y vta.).
Expresó que "...el mentado principio impone que medie identidad entre el hecho imputado en las diversas etapas del proceso y el finalmente establecido en el veredicto y sentencia" y en coincidencia con la postura del señor fiscal, destacó que "...la violación al principio de congruencia tiene lugar cuando se amplían los límites de la base fáctica de la acusación, menoscabando el derecho de defensa del acusado, quien se ve impedido de probar, contradecir y alegar sobre las circunstancias que le atribuyen" (fs. 277 vta.).
Explicó que "[l]a congruencia no requiere exactitud ya que no se exige por amor a la simetría, sino para asegurar la defensa del imputado, para evitar que se lo condene por un hecho que no tuvo en cuenta (conc. Alfredo Vélez Mariconde 'Derecho Procesal Penal', editorial Marcos Lerner, Córdoba, Argentina, Tomo II páginas 236 y 237" (fs. 277 vta.).
Con apoyo en jurisprudencia de esta Suprema Corte sobre el tópico (v. fs. 277 vta. y 278), sostuvo que la defensa "...no puede alegar sorpresa por el hecho probado pues el recurrente tuvo posibilidades suficientes para probar, contradecir o alegar sobre el mismo" y que "...el veredicto y sentencia parten del respeto de la materialidad infraccionaria propuesta por el acusador" (fs. 278).
Concluyó refiriendo a "...inveterada doctrina pretoriana, conforme a la cual la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional no debe ser considerada por los jueces cuando quien la invoca no explica (circunstanciadamente y de manera puntual y objetiva) cuáles son las defensas o pruebas concretas de que se habría visto privado, ni la relación que media entre ellas y el resultado del proceso (vid. Corte Suprema, Fallos: 299: 307; 300: 178 y 500, entre otros)"? y que "...es deber de los jueces, cualesquiera fueren las peticiones de la acusación y la defensa o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado, precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley" (fs. 278 y vta.).
IV.3. Lo así resuelto por la Casación aparece dogmático y no ofrece respuesta concreta a los cuestionamientos postulados por los defensores, en cuanto pusieron en entredicho la necesaria correlación entre los hechos de la acusación y aquellos por los que finalmente se condenó a Romañach.
Los recurrentes denunciaron, en lo esencial, que la descripción de la materialidad ilícita objeto de condena contenía una "creación libre" por parte del tribunal, referida a que los hechos no acontecieron a partir de una discusión o pelea, sino durante un acto sexual violento, en un lugar específico de la sobreterraza que da al vacío, que fue ello lo que ocasionó la caída y muerte de la joven, ya no por el dolo directo de su defendido.
Explicaron que dicha descripción -conforme a su criterio- importó una variación sustancial respecto de la efectuada en la intimación fiscal con violación al principio de congruencia y, consecuentemente, al derecho de defensa, toda vez que se habría privado a esa parte de ofrecer pruebas, debatir, y argumentar conforme la hipótesis fáctica que surge de la materialidad ilícita aludida.
En respuesta a ello, el órgano revisor -en coincidencia con la postura del señor fiscal- sostuvo que la violación al principio de congruencia tiene lugar cuando se amplían los límites de la base fáctica de la acusación y -mediante cita de doctrina de esta Suprema Corte- descartó la existencia de sorpresa para la defensa respecto del hecho probado o menoscabo a la posibilidad de contradecir, probar o alegar sobre aquel.
Sin embargo, el tribunal no otorgó respuesta alguna que ofrezca una explicación suficiente a las concretas y circunstanciadas objeciones que se detallaran. De modo que permita vislumbrar si las diferentes determinaciones fácticas que fueran puestas de relieve por los defensores y sometidas al examen del órgano revisor, importaron -o no- una variación sustancial de las circunstancias del hecho intimado respecto de aquel por el que Martín Romañach resultó condenado, para así resolver con anclaje en las particularidades del caso.
Lo resuelto por la Casación implica una violación de la garantía constitucional que hace al debido proceso, y debe ser casada por constituir un pronunciamiento arbitrario, pues dicha garantía exige que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (CSJN Fallos: 301:978; 311:948 y 2547; 313:559; 315:29 y 321:1909).
Repárese en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado por arbitraria la sentencia que no ha dado un adecuado tratamiento a la controversia suscitada de acuerdo a las constancias de la causa, o si la decisión se apoya en afirmaciones dogmáticas que le otorgan una fundamentación solo aparente (conf., por muchos, doctr. CSJN Fallos: 331:1090).
V. De modo que, sin abrir juicio sobre lo que pueda resolverse sobre el fondo del asunto, corresponde acoger esta parcela del remedio bajo estudio, la que se deja sin efecto, y devolver los autos a la instancia anterior para que, debidamente integrado, dicte una nueva de conformidad con lo aquí resuelto (doctr. art. 496, CPP).
Con el alcance dado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se revoca parcialmente la sentencia impugnada en virtud de su arbitrariedad y, en consecuencia, se devuelven las actuaciones a la instancia anterior para que -con la integración que corresponda- sean tratados adecuadamente los planteos sometidos por la defensa a la revisión de la instancia intermedia de conformidad con lo aquí resuelto (art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Guillermo Juan Auruccio y Alejandro Freeland, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/06/2022 18:41:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/06/2022 09:59:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:15:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 09:38:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 09:51:01 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 11:12:16 hs. bajo el número RS-62-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia