Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134184
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.184, "Rotela, Jorge Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.618 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Maidana.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante pronunciamiento dictado con fecha 5 de abril de 2018, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Jorge Alberto Rotela con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 59, legajo CSJN 1088/2017/RH1).
En función de lo así resuelto y del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, por resolución del 7 de septiembre de 2018, declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto de Jorge Alberto Rotela en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva, en concurso real con robo calificado por su comisión con armas, en concurso real con complicidad primaria en el delito de violación, en concurso real con dos hechos independientes de homicidio agravado por alevosía y conexidad final con los demás delitos, cometidos en perjuicio de Aníbal Gabriel Ciancio y Andrea Teresa Villalba, según hechos perpetrados el 30 de septiembre de 1990 con comienzo de ejecución en la localidad de Moreno (en la presente causa); y también en orden a los delitos de robo calificado por el uso de armas en concurso real con violación, cometidos en el Departamento Judicial de Mercedes (v. fs. 63/66).
Frente a ello, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Morón presentó recurso de casación (v. fs. 82/85).
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 9 de abril de 2019, hizo lugar al recurso y casó el pronunciamiento, dejándolo sin efecto en cuanto declaró la prescripción de la acción correspondiente a los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva, en concurso real con robo calificado por su comisión con armas, en concurso real con complicidad primaria en el delito de violación, concurso real con dos hechos independientes de homicidio agravado por alevosía y conexidad final con los demás delitos, cometidos en perjuicio de Aníbal Gabriel Ciancio y Andrea Teresa Villalba, según hechos perpetrados el día 30 de septiembre de 1990, con comienzo de ejecución en la localidad de Moreno, y robo calificado por el uso de armas en concurso real con violación, cometidos en el Departamento Judicial de Mercedes, debiendo continuar el trámite de las presentes actuaciones según su estado (arts. 62 incs. 1 y 2, 67 -según ley 25.990-, Cód. Penal; 106, 448, 460, 532 y concs., CPP; v. fs. 98/106 vta.).
Ante ello, la señora defensora oficial adjunta de Casación penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 143/150), que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 157/161).
Oído el señor Procurador General a fs. 170/178, dictada la providencia de autos a fs. 180, presentada la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal por parte de la defensa oficial donde solicita la aplicación al caso de la doctrina sentada en los precedentes "Farina" y "Escudero" de la Corte federal (v. fs. 183/186 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la señora defensora oficial adjunta denuncia el dictado de una sentencia arbitraria por errónea interpretación de la ley sustantiva (art. 67 inc. "e", Cód. Penal), lo que -a su juicio- provocó la violación al principio de legalidad y al derecho a obtener un pronunciamiento definitivo sin dilaciones indebidas (v. fs. 143 vta.).
Aduce que el Tribunal de Casación Penal revocó la prescripción decidida por la Cámara de Apelación y Garantías de Morón efectuando una interpretación amañada de un fallo anterior de la Sala III del propio órgano casatorio que, mediante resolución del 12 de mayo de 2009, había decretado la prescripción del delito de rapto (v. fs. 145 vta.).
Recuerda que el tribunal de mérito declaró la prescripción de la acción penal de todos los delitos por los que venía condenado Rotela tomando como último acto con efectos interruptivos el pronunciamiento condenatorio de la instancia del 11 de septiembre de 1997, siendo que desde tal fecha transcurrieron más de quince años, teniendo en cuenta que la pena única impuesta fue la de reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado (v. fs. 146).
Indica que al revisar esta decisión, la Sala II del tribunal intermedio forzó la interpretación de lo decidido por la Sala III de ese mismo órgano en una oportunidad anterior sobre la cuestión de la prescripción, para agregar como hito interruptivo -en los términos del art. 67 cuarto párrafo inc. "e" del Código Penal- la sentencia dictada por la Casación con fecha 20 de junio de 2006, que confirmó la condena impuesta (v. fs. 146 vta.).
Solicita se deje sin efecto el fallo en crisis y se reestablezca la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Morón.
En subsidio, denuncia la errónea aplicación del art. 67 cuarto párrafo del Código Penal, en cuanto el Tribunal casatorio consideró que la sentencia dictada por ese órgano integra el pronunciamiento condenatorio cuya revisión se solicita, e interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal (v. fs. 147).
Entiende que incorporar a las sentencias revisoras de la condena dentro de la expresión " ...sentencia condenatoria, aún cuando la misma no se encuentre firme " implica una extensión analógica in malam partem de las causales -taxativas- de interrupción del curso de la prescripción de la acción y, consecuentemente, una infracción al principio de legalidad penal (v. fs. 147 cit.; el destacado figura en el original).
Trae a colación los precedentes "Podestá", "Salas Jara", "Tello" y "De la Torre" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirma que, en esos casos, tal como en el presente, el Máximo Tribunal nacional resolvió no tratar la queja y remitir el expediente para que se evaluara si había operado la prescripción de la acción penal. De ese temperamento la señora defensora oficial infiere que la Corte nacional considera que la primera sentencia de condena de la instancia es el único acto procesal capaz de interrumpir el curso de la prescripción (v. fs. 148 vta. y 149).
Por último, también subsidiariamente, requiere que se decrete la insubsistencia de las acciones penales correspondientes a los delitos imputados en virtud de la duración prolongada que ha tenido este proceso, ya que al momento de la interposición del recurso en trato los hechos databan de treinta años atrás y la etapa recursiva estaba a punto de cumplir veintidós años -como ya se dijo, la sentencia de mérito es del 11 de septiembre de 1997- (v. fs. 149).
Agrega que la duración de un proceso tan extenso, sin complejidad, sin maniobras dilatorias de parte del imputado y sin la debida diligencia de las autoridades, supera lo que debe entenderse como plazo razonable de duración del proceso en los términos del derecho convencional (arts. 7.5. y 8.1., CADH; 14.3. "c", PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 149 vta.). En su apoyo, trae a colación los precedentes "Mattei", "Mozzatti", "Casiraghi", "Kipperband", "Barra" y "Podestá" de la Corte nacional.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el reclamo (v. fs. 170/178).
Disiento con su postura, el recurso prospera.
II.1. Preliminarmente, reseñaré el derrotero de la causa.
De lo actuado surge que la Sala I de la entonces Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Morón, por sentencia del 11 de septiembre de 1997, condenó a Jorge Alberto Rotela a la pena de reclusión perpetua, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado a cumplir, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva en concurso ideal con rapto, en concurso real con robo calificado por su comisión con armas, en concurso real con complicidad primaria en el delito de violación, en concurso real con dos hechos independientes de homicidio agravado por alevosía y conexidad final con los demás delitos, uno de ellos en grado de autor; y en definitiva, a la pena única de reclusión perpetua, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado a cumplir, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de doce años de prisión, accesorias legales y costas, que el 3 de agosto de 1993 le fue impuesta en la causa n° 76.311 por el Juzgado en lo Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, por la comisión de los delitos de robo calificado por el uso de armas en concurso real con violación (v. fs. 1/12).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de junio de 2006, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial del imputado (v. fs. 16/35).
Contra ello, el señor defensor oficial de Casación presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por esta Suprema Corte, y mediante otra presentación solicitó que se declare la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de violación y rapto atribuidos al acusado en la presente causa.
La Suprema Corte resolvió suspender esa vía recursiva, y, sin más trámite, remitir la causa al Tribunal de Casación Penal a fin de que se expida sobre el pedido de prescripción (causa P. 99.522; v. fs. 36 y vta.).
Reingresados los autos, la Sala III del órgano casatorio declaró extinguida por prescripción la acción penal en orden al delito de rapto (art. 130, Cód. Penal) por el que fue condenado Jorge Alberto Rotela, con la consecuente absolución del nombrado (v. fs. 39/41 vta.).
Frente a dicho resolutorio el señor defensor oficial dedujo recurso extraordinario de nulidad, el que fue desestimado por inadmisible por la Corte (causa P. 99.522 y acum. P. 109.874; v. fs. 37/38 vta.).
Reanudado el llamamiento de autos para resolver, este Tribunal, por sentencia del 5 de noviembre de 2014, rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 42/51 vta.), decisión contra la cual la defensa dedujo recurso extraordinario federal, cuyo rechazo por inadmisible (v. fs. 55/57) motivó la interposición de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que, entre otros planteos, la defensa solicitó que se aplique el instituto de la prescripción de la acción penal.
En la instancia extraordinaria, en atención a que podría encontrarse prescripta la acción penal en los autos principales, se resolvió suspender el recurso de queja a las resultas de la decisión que al respecto tomen los jueces de la causa (v. fs. 59).
II.2. En función de ello, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, por resolución del 7 de septiembre de 2018, declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto de Jorge Alberto Rotela en orden a los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva, en concurso real con robo calificado por su comisión con armas, en concurso real con complicidad primaria en el delito de violación, en concurso real con dos hechos independientes de homicidio agravado por alevosía y conexidad final con los demás delitos, uno de ellos en grado de autor, cometidos en perjuicio de Aníbal Gabriel Ciancio y Andrea Teresa Villalba, según hechos perpetrados el 30 de septiembre de 1990 con comienzo de ejecución en la localidad de Moreno (en la presente causa); y también en orden a los delitos de robo calificado por el uso de armas en concurso real con violación, cometidos en el Departamento Judicial de Mercedes conforme se reseñó en los antecedentes (v. fs. 63/66). De este pronunciamiento surge que el imputado fue excarcelado por la Sala I el 19 de marzo de 2015, bajo caución juratoria, en los términos del art. 169 inc. 10 del Código Procesal Penal en función del art. 13 del Código Penal, libertad que se hizo efectiva ese mismo día (v. fs. 64).
Frente a ello, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Morón presentó recurso de casación (v. fs. 82/85).
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 9 de abril de 2019, hizo lugar al recurso homónimo y casó el pronunciamiento, dejándolo sin efecto en cuanto declaró la prescripción de la acción correspondiente a los delitos antes referidos, al tiempo que ordenó la continuación del trámite de las actuaciones según su estado (v. fs. 98/106 vta.).
Contra este pronunciamiento se alzó la defensa oficial mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (v. fs. 143/150).
II.3. Sin perjuicio de que la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; entre muchas otras).
Asimismo, se debe destacar que si bien los hechos por los que viene condenado Rotela en la presente por sentencia no firme datan del 30 de septiembre 1990, fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento se señaló que la citada ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
II.4. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
II.5. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el día 26 de diciembre de 2019 en la causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", por mayoría, instruyó a este Tribunal a fin de que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que los pronunciamientos de los tribunales penales de la jurisdicción se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67 inc. "e" del Código Penal y a la doctrina sentada en su jurisprudencia sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de los arts. 18, 31, 116 y 117 de la Constitución nacional.
En lo atingente a la interpretación de la mentada norma sustantiva, sostuvo que en el marco de incidencias provenientes del fuero penal ordinario de la Provincia de Buenos Aires (causas CSJ 572/2009 [45-S]/CS1 "Salas Jara, Carlos Patricio s/ causa n° 4646", de 26-II-2013; CSJ 133/2009 [45-S]/CS1 "Squillario, Adrián Rodolfo y otros s/ defraudación especial - causa n° 267/2001", de 26-III-2013 y CSJ 1586/2005 [41-F]/CS1 "Farías, Alberto J. s/ homicidio culposo" -voto de la mayoría- de 11-VII-2006; e.o.), se dispuso suspender el trámite de la queja a fin de que se resolviese en orden a la vigencia de la acción penal por considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en el art. 67 inc. "e" del Código Penal es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
En el considerando 13°, puso de relieve que la interpretación del art. 67 del Código Penal que se deja de lado se aparta de la finalidad perseguida por la sanción de la ley 25.990, modificatoria de esa disposición legal, que fue la de "...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su libre curso" (CSJN Fallos: 337:354, cons. 14°).
A su vez, en el considerando 14°, puso de resalto que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene estrecha vinculación con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (CSJN Fallos: 272:188; 306:1688; 310:1476; 316:2063; 323:982 y 331:600, cons. 7° y sus citas; e.o.), y recordó que el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) y, en definitiva, del principio de inocencia, sino que se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (arts. 8.1., CADH y 14.3., PIDCP).
Destacó que en la causa de referencia, los pronunciamientos dictados se habían apartado de las "claras y precisas" directivas emanadas de esa Corte Suprema en las reiteradas intervenciones que le cupo, en las que se había establecido que "...la única interpretación que salvaguarda el principio constitucional de legalidad en materia penal (consagrado en el art. 18 de la Norma Fundamental) es aquella según la cual se considera al dictado de la sentencia condenatoria como el último acto de interrupción de la prescripción". En ese contexto, coligió que era inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal imponer a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones.
Por otra parte, en el considerando 17° dejó en claro que el tema revestía trascendencia institucional, ya que no se limitaba a una falencia de acatamiento de lo resuelto por ese Tribunal en una causa singular aislada, sino que "...la cuestión en debate [...] se proyecta a numerosas causas [...], a punto tal de generar una afectación al funcionamiento de todo un fuero (Fallos: 156:283; 317:462 y 335:2379)", y aclaró que en este caso se trataba del fuero penal ordinario d
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