Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135228
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Máximo Martín Alcaraz y Lucas Matías Casazza, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.228, "Alcaraz, Máximo Martín y Casazza, Lucas Matías s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.091 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón, el 16 de febrero de 2018, condenó -con integración unipersonal y mediante un juicio abreviado- a Máximo Martín Alcaraz y a Lucas Matías Casazza a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito previsto en el art. 170 inc. 1 del Código Penal, con más la declaración de reincidencia respecto del nombrado Casazza (v. fs. 1/16).
Frente a ello, las defensas de los imputados interpusieron recursos de casación (v. fs. 29/35 vta. y 39/44 vta.), que fueron rechazados por la Sala II del Tribunal de Casación Penal el 20 de diciembre de 2018 (v. fs. 63/73 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/97), que fue concedido por la aludida instancia a fin de abordar las cuestiones federales planteadas (v. fs. 106/108 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 114/117 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 119) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Inicialmente, cabe considerar que, de acuerdo con la resolución de admisibilidad dictada por el tribunal recurrido, el tratamiento de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada se halla ceñido a las cuestiones federales denunciadas (v. especialmente fs. 107 vta. y 108).
En dicho marco, la señora defensora oficial adjunta denunció que el órgano revisor incurrió en arbitrariedad y apartamiento de las constancias de la causa, ocasionando con ello la errónea aplicación del art. 170 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 91 vta.).
Afirmó que la decisión recurrida respondió los planteos de la defensa de ambos imputados mediante la reedición de la materialidad ilícita descripta en la sentencia de grado que llevó a la convalidación del encuadre jurídico dado en la sentencia de condena, el que se había convenido por las partes a los fines de la implementación del modo abreviado (v. fs. 92).
Luego de efectuar una breve reseña de los elementos de convicción en base a los cuales el tribunal revisor concluyó que, en el caso, la privación de la libertad había respondido a una decisión autónoma que cobró independencia frente al robo, la recurrente estimó que tal afirmación era dogmática y que el sentenciante se pronunció desatendiendo la totalidad de las constancias de la causa, limitándose a solo aquellas que citaba el fallo de grado (v. fs. 92 vta. y 93).
En ese discurrir, invocó el acta inicial citada por ambos fallos en el acápite de la materialidad ilícita, destacando que la descripción de los hechos allí efectuada -que repasó- se vio corroborada con los testimonios del policía Zalazar, de la víctima Jorge Cruz y de su hijo Diego Leandro Cruz (v. fs. 92 vta. y 93).
Continuó señalando que fue recién en el acta de procedimiento del 26 de abril de 2014 que se calificaron los hechos por la policía como secuestro extorsivo, y que dicha asignación jurídica no fue compartida inicialmente por el fuero federal que declinó su competencia a la jurisdicción común, siendo que el 6 de mayo de 2014 ya se encontraba sustanciando la instrucción de la IPP (v. fs. 93 y vta.).
Criticó, además, que el Tribunal de Alzada se apartara de las constancias de la causa acumulada n° 91.095 que daban cuenta de que la misma materialidad ilícita descripta por el fiscal para requerir la detención de Casazza fue calificada por el juez de garantías, al convertir su detención en prisión preventiva, como constitutiva del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada (v. fs. 93 vta. y 94).
Enfatizó que, al reeditar únicamente lo reseñado por el órgano de grado, el sentenciante se apartó de las primeras declaraciones de las víctimas que no daban cuenta de lo que luego dijeron haber sentido, en las que la jurisdicción de garantías había fundado su resolución para afirmar que en el caso no se reunieron los elementos objetivos y subjetivos, en referencia a la restricción de la libertad ambulatoria del joven y la intención de obtener un rescate por su libertad (v. fs. 94 y vta.).
En definitiva, la recurrente cuestionó la revisión efectuada por el tribunal intermedio por considerar que respondió los agravios de la defensa reeditando lo afirmado en la sentencia de condena y los testimonios brindados por las víctimas y la testigo Zarza Cáceres, en cuanto a que los damnificados "sintieron" que el joven Diego Cruz había sido secuestrado. Al respecto, indicó que las percepciones de las víctimas en modo alguno pueden sustituir los elementos típicos de la figura en cuestión. Luego, insistió en que la Casación afirmó dogmáticamente que en el caso la privación ilegal de la libertad excedió aquella medida razonable propia del apoderamiento, medida que aparece entonces como mera voluntad del juzgador (v. fs. 96).
De seguido, aludió a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con cita de precedentes de ese Tribunal (v. fs. 96 y vta.).
Finalmente, pidió que se case el fallo impugnado y se dicte un nuevo pronunciamiento que asegure el derecho del imputado al doble conforme de la sentencia de condena, la revisión amplia de la misma y la inexistencia de errores en la jurisdicción, el debido proceso y la defensa en juicio (v. fs. 96 vta. y 97).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo de los agravios formulados por la defensa (v. fs. 114/117 vta.).
III.1. Como veremos a continuación, la decisión del Tribunal de Casación cumple con la obligación de fundar los pronunciamientos y con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
III.2. La materialidad ilícita que tuvo por legalmente comprobada el tribunal de primera instancia da cuenta que "...el día 23 de abril de 2014, siendo aproximadamente la hora 16:15, en circunstancias en que Jorge Raúl Cruz circulaba a bordo de su vehículo [...] junto a su hijo Diego Leandro Cruz de 14 años de edad, fue interceptado en las calles Barcala y 33 Orientales de Ituzaingó por un vehículo marca Peugeot modelo 408 color blanco con al menos cuatro sujetos en su interior, del cual descendieron dos masculinos, -luego identificados como Lucas Martín Casazza y Máximo Martín Alcaraz- cada uno portando sendas armas de fuego tipo pistolas acercándose ambos a la camioneta y tras intimidarlo uno de ellos con el arma que llevaba hizo que abriera la puerta y lo sentó atrás juntamente con el otro sujeto [...], mientras que el primero [...] se puso en la conducción del vehículo siguiendo a su lado el joven Cruz.
Una vez arriba del vehículo obligaron a Jorge Cruz a llevarlos hasta su vivienda, mientras tanto durante el viaje le sustrajeron el reloj que llevaba puesto, dinero en efectivo, un teléfono celular marca Iphone 5 y otro celular marca Motorola. Que en viaje hacia el Barrio Campos de Álvarez [...], los sujetos hicieron bajar del automóvil al menor [...] y lo subieron al Peugeot 408 blanco que venía de apoyo y continuaron viaje hacia el barrio privado [...]. Durante el resto del viaje los sujetos amenazaron de diversas formas a Cruz y una vez en la puerta del barrio privado ingresaron los tres por la entrada de propietarios, quedando el joven Diego Cruz fuera del barrio retenido por sus captores [...].
Una vez en la vivienda Cruz fue obligado a entrar en su casa siendo acompañado sólo por Lucas Martín Cassaza, mientras que el otro sujeto quedó a bordo del automóvil de Cruz. Ya en el interior de la vivienda, fue reducida la empleada doméstica [...] y junto a Cruz fueron llevados por Cassaza hasta la planta alta, lugar donde Cruz le entregó una caja fuerte con diez mil dólares en su interior, dos relojes, un chaleco tipo pescador, un portafolio que contenía en su interior documentaciones varias tales como cédulas verdes de diferentes vehículos, registro de conducir, DNI, tarjeta de crédito, cuarenta mil pesos en efectivo, una chequera [...] todo ello a nombre de Jorge Raúl Cruz. Una vez obtenido el botín, subieron nuevamente a Cruz al volante de la camioneta BMW [...] y salieron del barrio privado dirigiéndose hacia el puente ubicado en la Autopista del Oeste conocido como 'La reja', lugar donde fue liberado el joven Diego Cruz y entregado a su padre, el cual había sido mantenido cautivo [...] con el fin de que Jorge Cruz entregue dinero y bienes de valor y así poder llegar la liberación de su hijo retenido" (fs. 3 vta./4 vta.).
El hecho descripto fue calificado en los términos del art. 170 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 14 y vta.).
En lo que importa destacar para la solución del caso, ambas defensas controvirtieron el encuadre legal ante la Casación con apoyo en argumentos similares a los que sustentan el recurso bajo estudio (v. en especial fs. 33 vta. y 40/42).
A su turno, el Tribunal de Casación brindó tratamiento conjunto a los recursos por contener planteos coincidentes y, en lo que aquí interesa, ratificó la calificación legal aplicada por el tribunal de origen bajo el entendimiento de que la privación de la libertad del caso había excedido la violencia propia del robo (v. fs. 69).
Precisó que "...si bien en los casos de robos cometidos con violencia sobre las personas [...] en cierta medida comportan una razonable privación de libertad que es puesta como exigencia de la mecánica del hecho, no puede desconocerse que existen determinados supuestos en los que se excede la medida, por lo que la privación ilegítima de la libertad se independiza del robo" y que, en el caso, "...la privación de la libertad del menor, configura un hecho que superó lo necesario para perpetrar el desapoderamiento, a lo que se aduna el propósito coactivo que tuvo la acción, ya que la liberación estuvo condicionada a la entrega de dinero y bienes de valor que le exigieron a cambio a su padre" (fs. cit.).
Tras relatar el desarrollo de los hechos, el revisor desestimó las alegaciones de la defensa que pretendían demostrar que solo se había tratado de un robo, ello no solo a partir de lo expresado por las víctimas, quienes dieron cuenta del despojo sufrido, sino también por el hecho de que el joven Cruz quedó retenido en otro auto y en las inmediaciones de la zona, en manos de otros de los integrantes de la banda, y de que su liberación se encontraba sujeta a la entrega de dinero por parte de su padre, según se lo manifestaron los propios agresores de diversas formas y en cada oportunidad a ambos damnificados (v. fs. 69 y vta.).
En tal sentido, señaló que Jorge Raúl Cruz "...dijo, en referencias a los atacantes que '...ellos me decían dónde vamos para que nos des plata y en camino hacia mi casa, llegamos [a] un lugar enfrente a una empresa [...] y ahí me dijeron que mi hijo me lo iban a dejar en otro auto y me lo iban a devolver cuando yo les de la plata y que no haya ningún problema' y que 'Cada tanto me remarcaban 'hagamos esto rápido, tu hijo está bien, pero no hagas boludeces', siempre me recordaban con frases semejantes la situación [...] que [a] mi hijo lo tenían otros.' Y que 'Yo todo el tiempo tuve claro que [...] lo tenían ellos para que les diera la plata y cosas de valor, que si no entregaba todo esto [...] no me lo devolvían. Siempre sentí, porque así me lo dijeron con otras palabras, que [...] lo secuestraron hasta que yo entregué dinero [...] De hecho a Diego no le sacaron nada, ni su celular, ni algo de dinero que tenía consigo'..." (fs. 70).
Adunó a ello el testimonio de su hijo Diego Leandro Cruz, en cuanto afirmó "...me decían que si mi papá pagaba me iban a soltar, que a mí me tenían para asustarlo', expresó su sensación de sentirse 'rehén' y 'secuestrado', explicando que se sintió así porque '[...] al principio cuando estaban todos en la camioneta se lo dijeron a su papá, de un modo fuerte, le dijeron que trajera plata y que lo devolvían' y 'Después, ya en el Peugeot volvieron a decírselo, pero de manera más calma, le decían 'vos tranquilo que tu papá trae la plata y nosotros te soltamos, volvés con tu papá'" (fs. 70 y vta.).
Estimó que tales testimonios fueron contestes con lo declarado por la testigo del hecho Jorgelina Zarza Cáceres, en el sentido de que "...Jorge Cruz le había pedido que se calmara y colabore para poder 'rescatar' a su hijo a quien tenían afuera" (fs. 70 vta.).
Por último, el órgano intermedio sostuvo que, en base a tales dichos y la plataforma fáctica enunciada, era indudable que la privación de la libertad respondió a una decisión autónoma que cobró independencia frente al robo, y agregó a ello la presencia del propósito coactivo de la acción que caracterizó el proceder de los acusados y los otros sujetos que intervinieron en el hecho. Finalmente, concluyó que "...si bien el concurso real entre la privación ilegal de la libertad y el robo (ambos agravados) permitiría mantener el monto de la pena, lo cierto es que en el marco de este juicio abreviado no hay espacio que justifique precisiones en la tipificación legal acordada" (fs. cit.).
IV. De la reseña efectuada se advierte que el tribunal intermedio dio respuesta conjunta al reclamo de las defensas contra la calificación legal aplicada y, lejos de limitar su competencia, se pronunció por su desestimación y brindó las razones que lo llevaron a mantener dicha subsunción jurídica con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
Así pues, cabe agregar, con fundamento en todo lo antes transcripto, que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni la recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso.
El tribunal revisor, lejos de apartarse de las constancias de la causa -como intenta plantear la impugnante-, rechazó los agravios llevados a su conocimiento a través de un análisis global de los elementos probatorios recabados, en particular, de lo declarado por las víctimas del hecho y la testigo Zarza Cáceres, en cuanto a que la liberación de Diego Cruz estuvo sujeta a la entrega de dinero y efectos por parte de su padre.
En rigor, los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal y, por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Por otra parte, la recurrente ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el órgano revisor a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; e.o.).
En otras palabras, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, la recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (conf. causas P. 130.851, sent. de 13-III-2019; P. 128.955, sent. de 21-XI-2018 y P. 120.296, sent. de 12-IV-2017).
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo condenatorio de Máximo Martín Alcaraz y Lucas Matías Casazza por el delito de secuestro extorsivo agravado por ser la víctima menor de dieciocho años de edad, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de los motivos que permitieron mantener la calificación legal escogida.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Máximo Martín Alcaraz y Lucas Matías Casazza, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/06/2022 18:41:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/06/2022 09:59:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:15:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 09:38:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 09:51:07 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 11:12:39 hs. bajo el número RS-63-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia