Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135229
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.229, "Luna Calle, Nelson o Calle Chique Alan, Leonardo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.963 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de agosto de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Nelson Luna Calle o Leonardo Calle Chique Alan a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja que había mantenido con la víctima (art. 80 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 89/103 con relación a fs. 6/31).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular, doctor Néstor Osvaldo Verri, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 115/128), que fue declarado admisible por el mencionado tribunal (v. fs. 129/130 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 134/138), dictada la providencia de autos (v. fs. 140) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El defensor particular denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inobservancia de los arts. 80 último párrafo y 81 inc. "a", todos del Código Penal; también alegó absurdo, arbitrariedad e infracción a la doctrina del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP y 11 y 25, Const. prov.; v. fs. 115 y vta. y 127).
Sostuvo que a partir de las declaraciones bridadas por Nelson Luna Calle y su hermano José Luna Calle, y del peritaje psicológico realizado por la licenciada Gabriela Ojeda, aparecen como no acreditados los presupuestos exigidos por el tipo penal del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 119 vta.).
Señaló que el estrangulamiento de la víctima fue realizado con las propias manos del acusado y no con un cordel o cable como se afirmó, ello según el informe de autopsia realizado a la víctima; destacó la relevancia de esa cuestión toda vez que la acción manual de estrangulamiento aparece compatible con el estado emocional que describió su asistido (v. fs. 120).
La defensa afirmó que un correcto análisis echa por tierra el planteo "conjetural" con que viene condenado Nelson Luna Calle. Destacó que los sentenciantes valoraron los testimonios de Fernando Quispe Hallpa, Irene Condorí Quispe (tía de la víctima) y de Pedro Valencia Parra (hermano de la víctima), y que los últimos dos solo aportaron datos y manifestaron situaciones acaecidas tiempo atrás, sin agregar nada que aluda al hecho en cuestión. En suma, le pareció claro que quienes declararon lo hicieron para mejorar su propia situación procesal, o para no comprometerla (v. fs. 119 vta./123).
Seguidamente, expuso que el hecho debió haberse encuadrado como un homicidio atenuado por haber sido cometido bajo un estado de emoción violenta (conf. art. 81 inc. 1 "a", Cód. Penal); en ese sentido, explicó que la víctima tuvo una relación de pareja a escondidas con el hermano del imputado, de modo que la infidelidad y la atribución engañosa de paternidad se presentaron como un conjunto de emociones negativas con entidad suficiente como para desencadenar el resultado fatal (v. fs. 124/125 vta.).
Refirió que su asistido presentó baches compatibles con la amnesia lacunar propia del estado de emoción violenta, y que si bien se acuerda del momento del hecho no recuerda "...si utilizó una o sus dos manos para estrangular [a la víctima]", además de padecer "...mucha angustia y en sus posibilidades de expresión denota[r] claramente la caída de sus frenos inhibitorios provocada por la toma de conocimiento de la cuestión desencadenante", sin que sea un detalle menor que irrumpió en llanto (v. fs. 126).
En sustento de su postura citó jurisprudencia y puso de resalto que "...la violencia moral de grado, la lesión a su hombría (la comparación con su hermano), la lesión a su afectividad al ser anoticiado por Beatriz Parra sobre la paternidad que le atribuyó a José respecto del bebé..." suponen la repentina reacción que tuvo su defendido (v. fs. 126/127).
Argumentó respecto a la errónea valoración de su conducta posterior al hecho: "...embolsó y metió en una caja a Beatriz, y la llevó a un descampado, en un intento por eludir el accionar de la justicia"; a juicio de esa defensa, ello fue demostrativo de la ausencia de planificación, pone de manifiesto una maniobra burda propia de un estado de desesperación y no de un accionar calculado como se afirmó en la sentencia (v. fs. 127).
Por lo expuesto, solicitó la revisión integral de todo el esquema probatorio a la luz de la doctrina del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se encuadre la conducta de su defendido en el art. 81 inc. "a" del Código Penal.
De modo subsidiario, pidió que se contemple la aplicación de la atenuante prevista en el art. 80 último párrafo del Código citado (v. fs. 127 y vta.).
Por último, con relación a la mensuración de la pena y ante la posibilidad de fallar a favor de esa defensa, reclamó que se tenga en cuenta como atenuante la falta de antecedentes penales y el arrepentimiento de su asistido (v. fs. 127 vta.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 134/138).
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...entre el día 8 de octubre de 2016 a las 13:00 hs. y el 9 de octubre, en el interior de la vivienda sita en la calle Fresnos n° 22 segundo piso, departamento del fondo de la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, un sujeto masculino que había sido pareja de Beatriz Valencia Parra y con la cual tuvo hijos en común, con la utilización de un cable o similar, y sus propias manos procedió a estrangularla hasta provocarle hipoxia cerebral por compresión extrínseca que derivó en su muerte inmediata. Posteriormente la envolvió en una bolsa plástica de color negra y la colocó dentro de una caja de cartón que poseía la leyenda 'SIRUBA' con un logo de una máquina de coser, para trasladarla a un descampado -utilizado como basural- ubicado en las arterias Ramón Carrillo y Pablo VI de esa localidad" (fs. 7 y vta.).
El hecho fue calificado como homicidio agravado por la relación de pareja que el imputado había mantenido con la víctima, descartando la posibilidad de encuadrar el suceso como ocurrido en un estado de emoción violenta (art. 80 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 22 vta./29).
III.2. Ante análogos agravios a los aquí traídos (v. recurso de casación de fs. 37/51 vta.), el Tribunal de Casación Penal les brindó tratamiento y los descartó al considerar que las piezas reunidas durante la investigación penal preparatoria e incorporadas al debate, así como las pruebas producidas durante la inmediación, "...determinaron un plexo probatorio suficiente para tener por válidamente demostrado que la versión brindada por Nelson Luna en punto a procurar las mutaciones típicas requeridas, no encuentran asidero" (fs. 93).
En primer lugar, desechó la pretensión de encuadrar el suceso en el tipo penal atenuado previsto en el art. 81 inc. 1 del Código Penal. Al respecto, compartió la solución del tribunal de origen en cuanto a que "...la conducta de Luna, lejos de aparecer como un arrebato emocional, se advierte como una decisión libre y querida", ponderando cierto grado de preordenación que antecedió a su actuar "...asegurándose la ausencia de su hermano en el departamento", y lo que sucedió una vez que dio muerte a Beatriz, "...guardar el cuerpo en una bolsa y a su vez, en una caja de cartón, amenazar a su familiares y allegados para que no lo delataran y para que lo ayudaran en específicas tareas que les asignaba, así como el posterior traslado del cuerpo para dejarlo en un basural" (fs. 93 y vta.).
Analizó la figura atenuada a partir de sus elementos biológicos, psicológicos y jurídicos, a fin de determinar su potencial aplicación al caso (v. desarrollo de fs. 93 vta. y 94). Puntualmente, sostuvo que la versión tendiente a explicar la situación que habría generado la emoción violenta no encontró sostén probatorio conforme la explicación brindada por el juzgador de mérito, quien afirmó que "...no se probó en el juicio la causa provocadora alegada, y tampoco pueden entenderse comprendidos en ella el pretendido -y descartado probatoriamente- desconocimiento de la relación que mantenía la víctima con su hermano, ni que el imputado no era el padre del bebé recién nacido"; agregó que "En el fallo no se tuvo por acreditado un episodio del que pueda predicarse la existencia de los elementos requeridos para poder aplicar la figura penal atenuada que se solicita, en cuanto Luna no actuó impulsivamente frente a una situación sorpresiva ni se constató un estado de disminución de capacidad de autodeterminación referido por la defensa", y que "...en [esa] instancia revisora no se han ensayado nuevos motivos que pudieran demostrar falencias en el razonamiento expresado por los sentenciantes para adoptar la calificación legal asignada al suceso, en especial cuando se concluye que las circunstancias que rodearon la conducta del encausado no eran aptas para debilitar sus frenos inhibitorios", en tanto las alegadas situaciones "...no sólo llevaban tiempo, eran cotidianas y conocidas por el imputado y quienes lo rodeaban, sino que también se probó que Beatriz no era la actual pareja del imputado, sino de su hermano José Daniel", y "Previo al hecho, el imputado ya sabía que no era el padre del bebé". Afirmó que el órgano de mérito había acreditado que Nelson actuó por los celos que sentía y la negativa de Beatriz de retomar una relación afectiva con él.
A partir de todo ello, el Tribunal de Alzada descartó que el razonamiento seguido en la sentencia de condena haya sido arbitrario (v. fs. 94/95).
Por otro lado, consideró carente de eficacia desincriminante el cuestionamiento vinculado con la no utilización de parte del imputado de un cordel o soga -además de sus manos- para estrangular a la víctima, y dijo que tampoco aparecía jurídicamente trascendente en cuanto se desentendía de lo acreditado en el caso (v. fs. 95 vta.).
Seguidamente, se refirió a la prueba objetada por la defensa y afirmó que "El ahorcamiento se acreditó efectuado por la presión ejercida por las manos del imputado; Nelson Luna aludió a un llamado realizado a su hermano José Daniel, que apareció corroborado por el informe técnico respectivo; el accionar posterior a dar muerte a la víctima, muestra la intencionalidad de deshacerse del cuerpo, sin importar que por lo precario, permitiera aportar pormenores vinculados al hecho y su autor", y que "La derivación que realiza la parte en punto al escenario donde perdió la vida la víctima, ignora y no contrarresta la elaboración razonable hecha por el juzgador, en cuanto se trata de un dato aislado y sin otro acompañamiento que dicha pretensa interpretación" (v. desarrollo de fs. 95 vta./98 vta.).
Coincidió con el tribunal de mérito en que no podía decidirse la atenuación solicitada con exclusivo sustento en los particulares rasgos de la personalidad del sujeto activo (personalidad violenta -conf. peritaje practicado- y comportamientos violentos previos respecto de Beatriz), en tanto no advirtió que "...la particular estructura de la personalidad del imputado haya determinado una notable disminución en la comprensión de la antijuricidad o un menor grado de injusto"; "...la ley no otorga un privilegio a los sujetos accesibles a la cólera y no se encuentra ninguna circunstancia especial de conflicto que pudiera permitir afirmar la disminución de su responsabilidad" (fs. 98 vta. y 99).
Concluyó en la imposibilidad de incluir el suceso como un supuesto de "emoción violenta" como lo había pretendido la defensa, a la par que descartó absurdo o arbitrariedad (v. fs. 99 y vta.).
A continuación, abordó la crítica sobre la falta de tratamiento del planteo referido a las circunstancias extraordinarias de atenuación y también la desestimó. Al respecto, sostuvo que "...no se trata de caminos independientes sino de una posición defensista que, apoyada en un mismo escenario de episodios que entiende presentes, termina solicitando un pedido (emoción violenta) u otro (circunstancias extraordinarias de atenuación)", y que "Descartadas entonces por el fallo con corrección las circunstancias fácticas que como episodio central y singular servían de base al pedido plural, es obvio que dicho descarte que alude a la inexistencia de tal situación termina siendo respuesta única para el doble pedido (uno en subsidio) de eventual encuadre". Por si algo faltare, notó que cuando el tribunal del juicio aludió en la sentencia a "violencias anteriores" cerró el camino de la posible consideración de las circunstancias extraordinarias señaladas, por imperio de la propia letra de la ley en el último párrafo del art. 80 del Código Penal (v. fs. 99 vta.).
Agregó que "...la disposición atenuante contenida en el último párrafo del artículo 80 se incorporó al Código Penal en consideración a que la práctica judicial había demostrado que la pena fija amenazada en el art. 80 no siempre resultaba adecuada, ya que a menudo se presenta[ba]n situaciones que sin llegar a reunir los requisitos de las figuras privilegiadas ni las de justificación, merecían un tratamiento menos riguroso que el que le daba el código antes de sancionarse dicha reforma"; mientras que su fundamento "...encuentra arraigo en la calidad de los motivos que generaron en el sujeto activo una razonable o comprensible disminución del respeto hacia el vínculo que lo unía con la víctima, provocando un menor grado de culpabilidad y la consiguiente atenuación del reproche"; "Las 'circunstancias extraordinarias' a las que se refiere el inciso son aquellas cuya concurrencia genera en el agente un particular estado psíquico, con motivo del cual se ve impulsado a cometer el homicidio", y "Aun cuando no se encuentra equiparado a la emoción violenta, el estado psíquico o situación subjetiva permite la aplicación de la atenuante, ya que actúa como 'causa subjetiva' del crimen cometido" (fs. 99 vta. y 100).
Señaló que "...los factores determinantes del hecho invocados por el quejoso -lesión a su hombría por ser comparado con su hermano, y lesión a su afectividad por conocer que el bebé no era suyo-, concebidos como originadores de la pretensa emoción violenta y en subsidio, de una circunstancia extraordinaria de atenuación, no resultaron probados en el debate..."; de tal modo, concluyó en que ninguna circunstancia excepcional había sido acreditada en el caso como para subsumir la conducta del acusado dentro de dicho supuesto, ni tampoco advirtió particulares rasgos de la personalidad del sujeto que por sí mismos habilitasen la aplicación de la disposición pretendida por la defensa (conf. art. 80 último párrafo -a contrario-, Cód. Penal; v. fs. 100 y vta.).
Descartados los supuestos anteriores y acreditado que fue el carácter de expareja del imputado y la víctima, la Casación encontró "...que el hecho acreditado en la presente causa, cuya autoría responsable se le atribuye al imputado Nelson Luna, fue correctamente calificado en los términos del artículo 80 inciso 1 del [Código Penal], como constitutivo de homicidio agravado por el vínculo" (fs. 100 vta./101 vta.).
Finalmente, abordó el último agravio esgrimido por la defensa, vinculado con las pautas mensurativas de la pena; al respecto sostuvo que al contrario de lo afirmado por el recurrente, el sentenciante de origen valoró como atenuante "la ausencia de condenas penales" de Luna y descartó la posibilidad de ponderar su arrepentimiento, por cuanto si bien el imputado reconoció haber sido autor del hecho, intentó ubicarse en una posición procesal más favorable a través de una disminución del grado de culpabilidad, a la par que en todo momento justificó moralmente la muerte de Beatriz por la angustia que sintió en dicha ocasión (v. fs. 101 vta.).
El tribunal revisor indicó que "...no hay verdadero arrepentimiento sin previa confesión y ésta a su vez constituye un importante indicio de aquel y de la consecuente menor peligrosidad del sujeto en virtud de la internalización de aquellas pautas infringidas al cometer el ilícito" (conf. causa N° 3277, "M., J. s/ recurso de casación", sent. de 20-XI-2001); pero agregó que "...por sí sola la confesión no implica per se indicio de arrepentimiento" y que fue "...la ausencia de percepción de ese sentir de pesar..." la que llevó al tribunal del juicio a tener por no configurada la pauta reclamada (v. fs. 102).
IV.1. En primer lugar, cabe destacar que los agravios traídos bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración probatoria realizada en las instancias anteriores -dando cuenta de una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a fin de obtener un cambio en la calificación legal dada al suceso, en virtud de entender que no se acreditaron los presupuestos del tipo penal previsto por el art. 80 inc. 1 del Código Penal, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (conf. art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo los casos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido, causas P. 75.228, sent. de 10-IX-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
IV.2. En el caso, frente a la respuesta dada por el Tribunal de Casación ante análogos planteos llevados a su consideración sobre la aplicación de la ley sustantiva (inobservancia, errónea aplicación y apartamiento de los arts. 80 inc. 1 último párrafo del citado artículo y 81 inc. 1, Cód. Penal), el recurrente insiste con su postura y ha señalado su opinión diversa sugiriendo interpretaciones alternativas de la prueba, sin controvertir adecuadamente lo decidido por el revisor con arreglo a las circunstancias probadas de la causa; de tal manera, no ha conseguido demostrar con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Conforme se reseñó, el tribunal revisor desestimó la pretensión de la defensa de encuadrar el suceso en el art. 81 inc. 1 del Código Penal por compartir con el sentenciante de origen que la conducta de Luna, lejos de aparecer como un arrebato emocional, fue el resultado de una decisión "libre y querida", a la vez que destacó la ausencia de sostén probatorio en el planteo; por otro lado, desestimó las críticas respecto al no tratamiento de la eventual aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación, al considerar que se trató de una posición defensista que se apoyó en un mismo escenario de episodios y en ese marco solicitó su encuadre en un supuesto (emoción violenta) o en el otro (circunstancias extraordinarias de atenuación), por lo que el descarte que alude a la inexistencia de tal situación terminó siendo respuesta única para el doble pedido de eventual
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