Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135385
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Mario Fabián Milesi, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.385, "Milesi, Marcelo Fabián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 91.945 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes condenó a Marcelo Fabián Milesi a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con coacción (arts. 80 inc. 1 y 149 bis último párr., Cód. Penal; v. fs. 23/42 vta.).
Frente a ello, el entonces defensor particular del imputado interpuso recurso de casación (v. fs. 48/55), que fue rechazado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal el día 26 de septiembre de 2019 (v. fs. 119/123).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del imputado (v. fs. 124/139 vta.), que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio (v. fs. 144/148). Surge del informe efectuado a fs. 164 que la defensa no interpuso queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 167/169 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 171) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación y que del informe de fs. 164 surge que la defensa oficial no dedujo queja, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En dicho marco, el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 y la inobservancia del art. 81 inc. 1 apartado "b" en función del art. 82, todos del Código Penal, que conllevó al dictado de una sentencia arbitraria (v. fs. 124 vta.).
Luego de efectuar una reseña del trámite procesal de la causa (v. fs. 126 vta./128), alegó que, de acuerdo a la materialidad fáctica acreditada en el veredicto, la muerte no se produjo como inmediata consecuencia de las lesiones, sino que la víctima falleció cuarenta y dos días después a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático, cuya etiología no fue específica ni detalladamente explicada en la materialidad (v. fs. 128 vta.).
Adujo que la tesis sostenida por el órgano revisor requería que se compruebe, ex ante , que el inculpado desde un punto de vista objetivo podía prever las consecuencias disvaliosas de su obrar a nivel de comprometer la vida de la víctima por un paro cardiorrespiratorio traumático y, a pesar de tal representación, actuar; como así también de un exhaustivo análisis de la totalidad de cursos causales posteriores a la conducta de su defendido para identificar si era posible retrotraer la imputación desde el punto de vista normativo a su conducta (v. fs. 128 vta. y 129).
A partir de ello, señaló que el órgano intermedio no efectuó un examen integral con anclaje en sendos elementos probatorios y estimó que -a diferencia de lo resuelto- el fallecimiento de la víctima no resultó única ni directamente de la "magnitud" de las lesiones producidas (v. fs. 129).
De seguido, criticó los tres indicios a partir de los cuales el sentenciante tuvo por acreditado el "dolo de matar": un ataque dirigido a una zona vital, las lesiones constatadas en la víctima y las características de la damnificada conocidas por el autor (v. fs. cit.).
Con relación al primero, explicó que, de acuerdo al contexto e intensidad, el ataque podría constituir la acción típica del delito de lesiones sin llegar al resultado muerte y que, tratándose de un elemento ambivalente, se erige en condición necesaria pero no suficiente para integrar el dolo (v. fs. 129 vta.).
En cuanto a las lesiones constatadas en la víctima, dijo que el órgano revisor las enunció, pero sin explicar por qué denotaban que la muerte debió resultar objetivamente previsible al imputado en función de los golpes que le propinó a la víctima; en definitiva, consideró que no se había fundamentado de qué modo las lesiones constatadas determinaban per se un dolo de homicidio y sobrepasaban el dolo de lesión (v. fs. cit. y 130).
Respecto al tercer indicio, el impugnante alegó que para determinar la calificación legal la Casación no brindó fundamentos acerca de por qué la condición de persona discapacitada de la víctima impactaría en perjuicio del imputado, y que la mera declaración de que las afecciones eran "conocidas por el autor" estaba desprovista de un desarrollo respecto de cómo incidieron en el resultado letal y cómo debía ser valorado el elemento cognitivo en caso de comprobación de comorbilidades (v. fs. 130 y vta.).
Luego, cuestionó que el medio empleado por el imputado -golpes de puño con inusitada violencia- hubiera sido idóneo para matar. En tal sentido, afirmó que ex ante el medio empleado solo demostró idoneidad para lesionar gravemente a la víctima con independencia de sus comorbilidades, las que, ex post , incidieron negativamente hasta llegar a la producción del resultado conocido (v. fs. 131).
Expresó que el comportamiento ulterior del imputado no hacía más que abonar la tesis sostenida por esa parte, alegando que la conducta inmediatamente posterior fue la de acostarse y dormir, y que los actos subsiguientes "...denotan un comportamiento sin un hilo conductor claro en el que a la vez que intentaba curarle las heridas a su madre se oponía al auxilio de una ambulancia médica porque entendía [...] que no era necesaria" (fs. 132).
Concluyó que el órgano revisor eludió los planteos de esa defensa que versaban sobre la calificación legal al tener por configurado el dolo homicida, sin decir nada sobre el tipo de dolo ni del planteo referido al estado de ebriedad de su defendido (v. fs. 133).
Con relación a la inobservancia de la figura de homicidio preterintencional, adujo que el imputado, aun con sus facultades mentales disminuidas, pudo voluntariamente desistir de continuar golpeando a su madre hasta terminar con su vida, y que incluso horas después intentó curar sus heridas (v. fs. 134 y vta.).
Reiteró que su conducta configuraba un dolo de lesionar y descartaba la posibilidad de un dolo homicida por la imposibilidad intelectiva del acusado de tener cabal comprensión de la dimensión de su ataque en pos de provocar la muerte y de dirigir voluntariamente, dominándolo, un curso causal lesivo de muerte en el marco de su disminuida imputabilidad (v. fs. 135).
En resumen, estimó que en el caso se verificaban todos los recaudos típicos necesarios para subsumir la conducta de su defendido en el art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal, con sustento en que "...para Marcelo Milesi ex ante el medio empleado no debía razonablemente causar la muerte", de modo que no podía "...el juicio normativo extenderse más allá de lo que el involucrado podía en el caso concreto razonar, conocer y actuar a partir de dicho conocimiento", concluyendo que las comorbilidades de la víctima fueron las que determinaron el resultado muerte por paro cardiorrespiratorio (v. fs. 138).
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso, postura con la cual coincido (v. fs. 167/169 vta.).
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...en las primeras horas del 28 de diciembre de 2014, en el interior de la vivienda sita en la calle 31 N° 1085, de esta ciudad de Mercedes, partido homónimo, donde habitaba Berta Noemí Zunino, de [setenta y un] (71) años de edad, que padecía una discapacidad motriz, hipertensión arterial, diabetes y obesidad mórbida, por motivos que se desconocen en concreto, fue agredida con inusitada violencia por su único hijo, mediante golpes de puño, propinándole una feroz golpiza, a resultas de la cual sufrió lesiones equimóticas en ambos párpados y edema facial, compatibles con los denominados 'ojos de mapache', como así también edema bucal, hematoma en hombro derecho, y daño neurológico por traumatismos cráneo encefálicos, cuya gravedad demandaron su internación en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Nueva Cruz Azul, sita en calle 29 y 16 de esta misma ciudad, hasta que el 8 de febrero de 2015 se produjo el óbito de la nombrada por paro cardio respiratorio traumático". También tuvo por comprobado que "...ese mismo 28 de diciembre de 2014, dentro del mismo domicilio [...] transcurridas unas pocas horas de la agresión hacia Berta Zunino, la cónyuge del agresor, Adriana Silvia Mangoni, cuando intentó llamar a una ambulancia para que la agredida fuera asistida, su marido desconectó el cable del teléfono con el que pretendía comunicarse, para luego espetarle amenazadoramente: 'no vas a llamar a nadie, si llamás te degüello', tras lo cual recibió un golpe cuando intentaba ayudar a la anciana que se hallaba tirada en el piso, ello con el evidente propósito de impedir que su mujer lograra convocar a quien asistiera a su pariente política" (fs. 23 vta. y 24).
Dichos sucesos fueron calificados como homicidio calificado por el vínculo en concurso real con coacción (arts. 80 inc. 1 y 149 bis último párr., Cód. Penal; v. fs. 40/42 vta.).
En lo que resulta pertinente destacar, el tribunal de mérito descartó el reclamo subsidiario del entonces defensor particular del imputado por el que postulaba la aplicación de la figura de homicidio preterintencional porque -según su criterio- las comorbilidades que padecía la víctima resultaron un factor decisivo para el desenlace que condujo a su muerte. Sobre el punto, resolvió que "...Milesi, tratándose de su madre, tenía pleno y absoluto conocimiento de las afecciones que aquejaban a su progenitora (discapacidad motriz, hipertensión arterial, diabetes y obesidad mórbida), por lo que mal podía desconocer las nefastas consecuencias del brutal ataque al que la sometió y, aún cuando desconociera puntualmente y al detalle cómo podían incidir en la recuperación de su ascendiente l[a]s lesiones que le infligió, tampoco le importaron, dando rienda suelta a su furia contra aquella para luego, con absoluta indiferencia, se entregó al sueño en la habitación contigua, dejando tirada en el piso a la agredida", motivo por el cual rechazó la significación jurídica pretendida por la defensa particular (v. fs. 40 vta. y 41).
III.2. A su turno, en respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, el Tribunal de Casación Penal confirmó ese rechazo expresando que la calificación legal escogida por el tribunal de origen era correcta, ya que "Milesi mediante golpes de puño en el rostro y cabeza de su madre le ocasionó lesiones de tal magnitud -con fractura de la base del cráneo- que provocaron su muerte. El dolo de matar se encuentraínsito tanto en el accionar de Milesi, quien aplicó una feroz golpiza a su madre, en el rostro y en el cráneo, resultando esta una zona vital, como en las lesiones constatadas en la señora Zunino, sobre todo el signo denominado 'ojos de mapache', patognomónico de la fractura de la base del cráneo, no resultando un dato menor que aquélla era una persona discapacitada, con la limitación que ello implica, y padecía de comorbilidades -hipertensión arterial, discapacidad motriz y obesidad-, afecciones por demás conocidas por el autor" (fs. 121 vta.).
De seguido, el revisor aseguró que "...si el medio empleado fue idóneo para matar a quien se encontraba con las patologías indicadas, la pretensión de que se trató de un homicidio preterintencional es una petición de principios, pues en este homicidio atenuado la intención no es matar sino lesionar, y no fue esto lo que quiso Milesi, como además lo demuestra el comportamiento ulterior que igualmente se le reprocha" (fs. cit. y 122).
De esta manera, la Casación rechazó la pretensión de la parte de encuadrar el hecho cometido dentro de los parámetros del art. 81 apartado "b" del Código Penal, por lo cual concluyó que la figura penal escogida por el tribunal de grado debía permanecer incólume.
IV. Como se advierte, el tribunal revisor, lejos de limitar su competencia, abordó los reclamos de la defensa esgrimidos en el recurso de casación vinculados con la acreditación del dolo de homicidio en el accionar del imputado, así como la pretensión de que su conducta se encuadrara en el art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal (v. en especial fs. 52/54 vta.), se pronunció por su desestimación y brindó las razones que lo llevaron a mantener la subsunción jurídica escogida por el tribunal de juicio con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
Los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar aspectos vinculados con los hechos y la prueba valorada en las instancias anteriores, desarrollando a ese efecto una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta, con la finalidad de lograr un cambio en la calificación legal asignada a los hechos y con relación a la acreditación del elemento subjetivo de la figura en trato (dolo), cuestiones que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida nada más que en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación del dolo de homicidio en la figura aplicada, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
Es que, conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Ningún extremo se advierte en tal sentido en el fallo aquí recurrido (conf. causas P. 126.850, sent. de 19-IV-2017; P. 126.351, sent. de 28-VI-2017; e.o.).
La defensa no ha podido evidenciar que hubiera sido irrazonable concluir que el imputado tuvo dolo de matar en el marco de las condiciones apreciadas por las instancias anteriores; en definitiva, no logra desmerecer la aplicación al caso del tipo penal de homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1, Cód. Penal) por el cual su asistido viene condenado, junto con otro ilícito.
Por ello, y a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Mario Fabián Milesi, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2022 12:26:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2022 13:44:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2022 14:37:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/06/2022 10:53:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/06/2022 11:28:00 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/06/2022 14:58:52 hs. bajo el número RS-70-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia