Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Nicolás Federico Mansilla, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.300, "Mansilla, Nicolás Federico S/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.406 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el 27 de diciembre de 2019, condenó a Nicolás Federico Mansilla a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (v. fs. 95/103 con relación a fs. 33/44 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 18 de febrero de 2021 lo rechazó, confirmando la condena indicada. En consecuencia, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia -doctora Ana Julia Biasotti-, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 105/121), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 122/123 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 133/136), dictada la providencia de autos (v. fs. 138), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora defensora oficial adjunta tachó de arbitrario el pronunciamiento casatorio por indebida fundamentación y afectación a la defensa en juicio, el debido proceso y el derecho al recurso (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 108 vta.).
Argumentó que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente al haber analizado de modo formal los agravios presentados, descartando de manera arbitraria la totalidad de los planteos, con indebida restricción de ese modo de la capacidad de rendimiento del recurso contra la sentencia de condena (v. fs. 109 vta. y 110).
Destacó que en la impugnación, como en la oportunidad prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal, la defensa había planteado la inconstitucionalidad -como último recurso- de la pena a perpetuidad, pues su confirmación implicaría convalidar una relación del autor con el hecho, estandarizada y estática, omitiendo las circunstancias particulares que pudieran atenuar el reproche.
En ese sentido indicó que su asistido -en atención al consumo de cocaína y alcohol previo al hecho- habría obrado bajo un acotamiento cognitivo y volitivo que, si bien no lo colocó en un estado de inimputabilidad, debió verse reflejado en un menor reproche penal, circunstancia que -según dijo- fue corroborada por algunas lagunas amnésicas e informes médicos, y consolidada a través de datos adicionales.
Insistió en que la pena de prisión perpetua vulnera los principios de igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, humanidad, prohibición de exceso y culpabilidad; refirió que por lo dicho había reclamado al tribunal intermedio la modificación de la pena, morigerándola en veinticinco años de prisión y tomando como parámetro la escala del art. 79 del Código Penal (v. fs. 111 vta. y 112).
Seguidamente, luego de efectuar una transcripción de lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal, destacó que, pese a haberse reconocido la culpabilidad disminuida, se concluyó con el rechazo -desde su punto de vista, arbitrario- de lo peticionado (v. fs. 113 vta./115 vta.).
Por lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada por ausencia de fundamentación en el tratamiento de los agravios de carácter constitucional vinculados con la vulneración de la defensa en juicio, debido proceso y culpabilidad por el acto, y se recalifiquen los hechos en el sentido propiciado (v. fs. 115 vta.).
I.2. De modo subsidiario, cuestionó el proceder sentencial adoptado por el Tribunal de Casación en lo concerniente a la determinación de la pena aplicada, en infracción a normativa nacional y supranacional (arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1, Convención contra la Tortura; 5.6, CADH; 10.3, PIDCP; 1, ley 24.660 y 57, Const. prov.).
Se refirió a la reprochabilidad por el acto y destacó que el art. 80 del Código Penal afecta el principio de culpabilidad, en tanto no permite diferenciar entre personas ni hechos de diversas características o envergadura (art. 16, Const. nac.). Trajo a colación el caso "Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; explicó que el mencionado artículo impone de manera mecánica y genérica una pena a perpetuidad para todo culpable de homicidio, contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, en tanto no permite individualizar la pena en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 116 vta./117 vta.).
Finalmente, argumentó sobre la posibilidad de otorgar una interpretación constitucional a la figura respecto a la pena a perpetuidad, asignándole una sanción numérica que no podría superar los veinticinco años de prisión, haciendo expresa mención del Estatuto de Roma; en su defecto que se declare su inconstitucionalidad (v. fs. 118/120 vta.).
II. La Procuración General aconsejó la desestimación del recurso deducido (v. fs. 133/136).
III. Coincido con lo dictaminado pues a mi juicio, la vía articulada no prospera.
IV. Ante análogos planteos llevados en el recurso de casación (v. fs. 57/68), el tribunal revisor los abordó y los descartó. En ese sentido, se lee en la sentencia atacada un despliegue de la competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, y una respuesta para cada uno de los planteos basándose en razones por las cuales se asumió tal temperamento decisorio. De tal modo no se aprecia que la función revisora haya contrariado los parámetros establecidos por los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En efecto, el Tribunal de Casación comenzó con una reseña del hecho acreditado y destacó que, si bien la materialidad y la autoría no habían sido materia de controversia, correspondía recrear ciertos testimonios claves a la hora de tener en consideración la fundamentación vinculada con la conducta del acusado y su grado de reproche (v. fs. 97).
En lo pertinente, hizo referencia al testimonio de Claudia Cristina Caratu -madre de la víctima-, al de su hija Candela Domínguez, y a los de los testigos Brian Farías y Yésica Díaz (v. fs. 97 vta. y 98).
Puntualizó que a partir de dichas probanzas el sentenciante de origen afirmó que Mansilla había sido perfectamente consciente de lo que hacía, pues dialogó con su suegra, le pidió dinero para comprar hamburguesas y cenar con la víctima, luego habló por teléfono con su pareja, fue consolado por su suegra, salió, se quedó cerca del portón de entrada, esperando y, cuando la damnificada estuvo ya cerca, la sorprendió con la agresión mortal. Y que al ser descubierto por los testigos del hecho escapó del lugar del crimen, denotando perfecta comprensión de lo sucedido.
Además, consideró que la autolesión fue otra muestra de su entendimiento respecto de lo acontecido.
Destacó que la defensa no discutía la inimputabilidad de Mansilla sino la menor capacidad psíquica de culpabilidad, la cual debió ser tenida en cuenta al determinar el grado de reproche.
Al respecto, se refirió al conflicto de interpretación y hermenéutica legal que la solución propuesta acarrearía respecto a una pena indivisible como la prisión perpetua; aclaró que no debía confundirse la diversa naturaleza de las penas divisibles e indivisibles, y señaló que estas últimas se encuentran sustraídas a la mensuración o individualización judicial al momento de su imposición.
Finalmente, afirmó que la prisión perpetua es una pena relativamente indeterminada pero determinable, y que no era posible especificar una fecha de agotamiento concreta de la sanción, que obedece a la mencionada característica de relativa indeterminación.
El impugnante se desentiende de lo efectivamente resuelto sin evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (conf. causas P. 106.222, resol. de 16-XII-2009; P. 109.893, resol. de 2-III-2011; P. 109.716, resol. de 9-V-2012; P. 116.266, resol. de 6-VI-2012; P. 112.272, resol. de 3-VII-2013; P. 126.812, sent. de 6-XII-2017; P. 126.933, sent. de 7-II-2018; e.o.).
En definitiva, lo que hace a lo largo de la impugnación es -en rigor- exponer su opinión personal y discrepante en torno a la imposición de una pena perpetua, sin rebatir los fundamentos dados por el tribunal intermedio, lo cual resulta un medio ineficaz para demostrar las violaciones a las garantías denunciadas (art. 495, CPP).
V. Por otro lado, en cuanto al planteo constitucional de la pena a perpetuidad, frente al rechazo por parte del Tribunal de Casación Penal el recurrente insiste con argumentaciones genéricas y dogmáticas, que no alcanzan para evidenciar el compromiso de los principios y garantías constitucionales que estimó conculcadas (art. 495, CPP).
Tal y como lo afirmó el tribunal revisor, es arraigada la doctrina de la Corte federal en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN, Fallos: 321:441; 327:831 y 328:4542, entre muchos otros).
Recordemos que, en el caso, tras el juicio oral y público llevado a cabo, se determinó que Mansilla con un cuchillo de unos 30 centímetros apuñaló al menos nueve veces en la zona del cuello y el tórax a su pareja Eliana Aylén Domínguez, causándole la muerte. Este hecho, calificado como homicidio agravado por el vínculo y por ser una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, recibió del binomio de sanciones posibles (prisión o reclusión perpetuas) la menos gravosa.
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, "Strada", "Di Mascio" y "Christou", a contrario sensu ).
Por último, la aludida pretensión de que la pena perpetua no podrá superar los veinticinco (25) años de prisión, o en su defecto -como se vio- declararse su inconstitucionalidad, no posee agravio actual en tanto el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena y de los fallos de la Corte Suprema de la Nación cabe inferir que -aun para el caso de las penas perpetuas- deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN, "Ibáñez", sent. de 14-VII-2006; SCBA, causas P. 84.479, sent. de 17-XII-2006 y P. 94.377, sent. de 18-IV-2007); por lo cual, no se advierte el interés actual que motiva el agravio (art. 421, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Nicolás Federico Mansilla, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/07/2022 12:33:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:45:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:35:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:42:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:49:23 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 15:47:56 hs. bajo el número RS-76-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia