Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135369
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Gerardo Damián Orozco, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.369, "Orozco, Damián Gerardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° Rc-873 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Dolores, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
De las presentes actuaciones y de las partes digitalizadas se desprende que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, mediante el pronunciamiento dictado el día 30 de diciembre de 2020, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial y confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental, que -en el marco de un acuerdo de juicio abreviado- había condenado a Gerardo Damián Orozco a la pena de seis meses de prisión, declaración de reincidencia y pago de las costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, daño y amenazas, todos en concurso real entre sí (v. fs. 1/4 vta.).
El señor defensor oficial departamental, doctor Daniel Ignacio María Arias Duval, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 5 vta./9 vta.), el cual fue declarado admisible por la Cámara mediante resolución del día 8 de julio de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 14/15 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 17) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, el señor defensor oficial denunció la omisión de resolución del agravio planteado por esa defensa, ello al haberse fundado la sentencia en una situación distinta y ajena a lo observado en la causa y afectando el principio de congruencia y la sana crítica.
Alegó también la violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 15 y 171 de la Constitución provincial; 14 inc. 1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 incs. 1 y 2 apdos. "b" y "c" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 1 y 3 del Código Procesal Penal; en virtud de haber vulnerado el principio antes citado al variar la situación objeto de agravio (v. fs. 6 vta.).
Luego de una reseña de los antecedentes del caso, cuestionó la decisión del Tribunal de Alzada por considerar que "La jurisprudencia citada y base de fundamentación de lo resuelto [...], no se condice con el caso en estudio, ya que señala una situación incongruente con la que se está discutiendo"; y resaltó su falta de transparencia, la afectación del debido proceso, el principio acusatorio y la defensa en juicio (v. fs. 7 vta.).
Se quejó de que "...un juez, tercero imparcial en el proceso, de forma oficiosa, sin comunicación a las partes y sin incorporación de la supuesta información obtenida en el expediente (material o digital), fundó en la sentencia de condena de un acuerdo de juicio abreviado, que el encausado era reincidente"; y que "...el supuesto antecedente en el que se justifica la reincidencia, no contaba en el expediente de forma previa a la presentación del acuerdo de juicio abreviado" (fs. cit.).
Tras realizar una breve transcripción de lo decidido por el órgano revisor, volvió a criticar el fallo por utilizar un precedente que no se condecía con el caso de autos. Agregó que la declaración de reincidencia fue sorpresiva, dado que el antecedente utilizado para decretarla no era conocido por esa defensa, impidiéndole efectuar algún cuestionamiento o decidir si se continuaba con el trámite abreviado (v. fs. cit. y 8).
Además, afirmó que la Cámara rechazó los agravios de esa defensa mediante afirmaciones abstractas y dogmáticas, lo cual implicó -a su entender- una "...omisión de resolución de las cuestiones esenciales" llevadas en el recurso de apelación. Explicó que, luego de resumir los agravios, el Tribunal de Alzada les brindó un único tratamiento y se refirió al instituto de la reincidencia, impidiendo dar cabal satisfacción al derecho de recurrir la sentencia conforme los parámetros sentados en el fallo “Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con menoscabo al debido proceso y defensa en juicio por arbitrariedad en la decisión (v. fs. 8 y vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se declare la nulidad de la resolución en crisis y se reenvíen las actuaciones a fin de dictar una nueva en donde se efectivice la revisión plena de los puntos cuestionados por esa defensa (v. fs. 8 vta.).
II. El señor Procurador General, en su dictamen de fs. 14/15 vta., se pronunció por el rechazo del recurso.
III. Inicialmente, cabe destacar que esta Corte ha sostenido que la denuncia de que la declaración de reincidencia fue impuesta por fuera del marco del acuerdo de juicio abreviado y, por ello, en infracción de las disposiciones del art. 399 del Código Procesal Penal, resulta una cuestión ajena a la competencia extraordinaria en razón de su naturaleza preeminentemente procesal (doctr. art. 494, CPP; conf. causas P. 97.853, sent. de 14-IV-2010; P. 98.241, sent. de 31-VIII-2011; P. 131.493, sent. de 29-VII-2020; P. 130.063, sent. de 7-VIII-2020; P. 133.295, sent. de 13-IX-2021; e.o.).
Ahora bien, conforme surge del auto de admisibilidad dictado por el Tribunal de Alzada, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue admitido en virtud de las cuestiones federales invocadas, las cuales el recurrente vinculó con la decisión por parte del sentenciante de origen de declarar la reincidencia de Gerardo Damián Orozco de manera oficiosa en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, cuestionando que el antecedente tomado en consideración para ese fin no constaba en el expediente en tiempo y forma.
IV. Sentado ello, concuerdo con el señor Procurador General en que el reclamo no puede tener favorable acogida por su manifiesta insuficiencia (art. 495, CPP).
Veamos.
IV.1. De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, condenó a Gerardo Damián Orozco a la pena de seis meses de prisión, declaración de reincidencia y pago de las costas, por resultar autor responsable de los delitos de lesiones leves, daño y amenazas, todos en concurso real entre sí.
Al momento de dictar esa sentencia, el magistrado señaló que, el día 15 de abril de 2019, el titular del Juzgado de Garantías n° 6 departamental había condenado a Orozco a la pena de un mes de prisión por la comisión del delito de hurto (dos hechos cometidos el día 5 de abril en la ciudad de Villa Gesell, en concurso real entre sí), siendo privado de su libertad en esa misma fecha y habiendo recuperado su libertad ante el vencimiento de dicha condena el día 4 de mayo de 2019 desde la Unidad Penal n° 6 de Dolores por disposición del Juzgado de Ejecución departamental, conforme surgía de la copia de sentencia, cómputo del PP n° 03-03-1849-19 y el correspondiente informe actuarial.
En consecuencia, dado que Gerardo Damián Orozco había cumplido pena como condenado en la causa aludida y recibido tratamiento penitenciario efectivo, sin que hubiera transcurrido el plazo mínimo desde su vencimiento, declaró su reincidencia (conf. art. 50, Cód. Penal).
IV.2. Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de apelación a través del cual denunció la violación del principio acusatorio y las previsiones del art. 395 y siguientes del Código Procesal Penal.
En ese sentido, argumentó que, habiendo alcanzado la conformidad y declarada la procedencia formal del acuerdo de juicio abreviado, y cuando ya se encontraban vencidos los cinco días para dictar el veredicto, el juzgador de origen "sin foliar al momento de dictar sentencia" agregó información sobre la presunta existencia de una causa contra su defendido en el Juzgado de Garantías n° 6 de Villa Gesell, la cual -según dijo la defensa- no se encontraba en el expediente. Agregó que de ello no se corrió vista a esa parte, y luego se condenó a Orozco y se lo declaró reincidente, vedando de ese modo el derecho de ser oído y poder optar por un juicio oral.
IV.3. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, a través del pronunciamiento dictado el día 30 de diciembre de 2020, luego de una reseña de los agravios llevados por la defensa de Orozco ante esa instancia, adelantó que el recurso no iba a prosperar (v. fs. 1 vta./4 vta.).
En primer lugar, con relación a la queja sobre el plazo para dictar sentencia en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal de Alzada sostuvo que "...el art. 399 del C.P.P. no establece el plazo de 5 días bajo sanción de nulidad alguna, no evidenciándose además perjuicio alguno que sustente la aplicación de dicha sanción procesal (art. 201 ss y ccdtes. del C.P.P.)", motivo por el cual rechazó el planteo (v. fs. 3).
A continuación, abordó el restante agravio vinculado con la declaración de reincidencia por fuera del acuerdo de juicio abreviado. En esa tarea, indicó que "...en consonancia con la jurisprudencia imperante en la materia [...] la reincidencia resulta ser un instituto de orden público, reservado al juzgador y ajeno a la posibilidad de acuerdo entre las partes", y que además "...es materia regida por la norma de fondo (art. 50 del C.P.), debiendo interpretarse las disposiciones que regulan el juicio abreviado en consonancia con dicha normativa nacional" (fs. cit. y vta.).
Luego de una breve transcripción del precedente P. 130.063 (sent. de 7-VIII-2020), de esta Suprema Corte, refirió que en sentido coincidente se había pronunciado en acuerdo plenario el Tribunal de Casación Penal en la causa n° 77.660, "M. L., Manuel Alejandro s/ recurso de Casación", de 27-IX-2017 (v. fs. 3 vta. y 4).
Finalmente, y con sustento en los fundamentos expuestos, confirmó la sentencia de condena.
V. De la reseña efectuada se advierte que, frente a lo decidido por el Tribunal de Alzada sobre la declaración de la reincidencia por fuera del marco de un acuerdo de juicio abreviado, tal y como sostiene el señor Procurador General, el recurrente centró todo su esfuerzo en cuestionar la jurisprudencia citada por la Cámara tildándola de "incongruente" por no condecir con el caso en estudio, pero, en esa faena, no se encargó de rebatir la totalidad de los fundamentos brindados para desestimar el planteo y confirmar la sentencia de condena.
En efecto, la Cámara de Apelación y Garantías afirmó de manera precisa que "...la reincidencia resulta ser un instituto de orden público, reservado al juzgador y ajeno a la posibilidad de acuerdo entre las partes", y que, siendo una materia regida por una norma de fondo (art. 50, Cód. Penal), las disposiciones que regulan el juicio abreviado debían interpretarse en consonancia con dicha normativa nacional (v. fs. 3 vta.).
Sin embargo, el recurrente dejó sin una crítica concreta a dichos fundamentos que fueron los que -en definitiva- sellaron la suerte adversa del reclamo ante esa instancia revisora, y dirigió todo su esfuerzo en descalificar la jurisprudencia utilizada bajo el argumento de que no condecía en el caso (art. 495, CPP).
V.1. Por lo demás, tampoco llegó a demostrar que la decisión cuestionada haya significado una afectación del derecho al recurso conforme la doctrina y normativa supranacional que citó (arts. 8.2, CADH y 14.5, PIDCP), ni un menoscabo al debido proceso o la defensa en juicio, en tanto el agravio de la defensa –que, en rigor, estuvo dirigido a la aplicación de la reincidencia por fuera del acuerdo de juicio abreviado- fue revisado en su totalidad y se brindaron las razones por las cuales se lo rechazó, cumpliendo con su tarea revisora.
V.2. De tal modo, y de conformidad con lo expuesto, queda en evidencia el infructuoso intento de la defensa por evidenciar arbitrariedad en el pronunciamiento cuestionado (art. 495, CPP).
La impugnación se basa en generalidades y afirmaciones en torno a que el Tribunal de Alzada dio respuestas abstractas y dogmáticas, y que omitió brindar tratamiento a una cuestión esencial, pero lo cierto es que el recurrente se desentendió de lo dicho y expuso una opinión personal divergente a la del juzgador, más no plasmó con ello la concurrencia de la arbitrariedad denunciada, ni el compromiso de las garantías constitucionales invocadas.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Gerardo Damián Orozco, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/07/2022 12:33:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:45:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:35:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:42:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:49:23 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 15:47:58 hs. bajo el número RS-77-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia