Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la ponderación de la pauta agravante indicada por errónea aplicación del art. 41 del Código Penal y, firmes las demás circunstancias, se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal a fin de que se determine nuevamente la pena a imponer a E. E. S. (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.158, "S., E. E.. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 99.501 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea el 15 de julio de 2019 condenó a E. E. S. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la menor de edad (art. 119, párrafo segundo con relación al párrafo cuarto, apdo. "f", Cód. Penal).
La defensa oficial de S. interpuso un recurso de casación y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de abril de 2020, lo rechazó por improcedente (v. fs. 52/55 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 61/72), el que -por mayoría- fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 74/76); esta Suprema Corte por resolución del 27 de octubre de 2020, declaró la nulidad de la resolución y ordenó devolver las actuaciones a Casación para que -con carácter de urgente- dicte una nueva decisión sobre el punto (v. fs. 80/82 vta.).
El Tribunal de Casación Penal, por mayoría, volvió a declarar la admisibilidad del recurso extraordinario incoado (v. fs. 89/92).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 103/107), dictada la providencia de autos (v. fs. 109), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la violación a la garantía de la doble instancia (art. 8.2. "h", CADH); por otro lado, alegó la arbitrariedad del fallo con relación al monto de pena y la vulneración al doble conforme con relación a este punto (v. fs. 63).
I.1. En primer lugar, sostuvo que esa defensa se había agraviado ante el tribunal intermedio por haberse valorado como circunstancia agravante de la pena la conducta de S. durante el proceso, ello por cuanto se había declarado su rebeldía y la consecuente detención, la que se efectivizó más de cuatro años más tarde en Tierra del Fuego; y frente a ello, el revisor omitió tratar el agravio y se limitó a confirmar dicha pauta señalando -exclusivamente-, que los sentenciantes dieron sobrados argumentos para su ponderación, afirmación que -a juicio de esa defensa-, no satisface la garantía en cuestión (v. fs. 63/64).
Agregó que, en un segundo momento, el Tribunal de Casación afirmó que "...la falta de intención de someterse a la justicia por parte del imputado, demuestra la mayor peligrosidad que prevé el art. 41 C.P."; proceder que -según esa parte-, resulta arbitrario y vulnera el derecho a la doble instancia pues transforma la agravante meritada de "conducta del imputado durante el proceso" -según el tribunal de juicio- a "mayor peligrosidad" -Tribunal de Casación-, sorprendiendo a esa defensa con un nuevo fundamento que la priva del derecho a recurrirlo (v. fs. 64).
Añadió a lo expuesto, que ponderar la conducta del imputado durante el proceso como pauta agravante de la pena, vulnera el principio de culpabilidad por el hecho, en tanto aumenta la sanción por una circunstancia que no se vincula con la reprochabilidad del autor por el suceso investigado, sino con una conducta posterior e independiente al mismo; en sustento de su postura trajo a colación los fallos "Gramajo" y "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 64 y vta.).
I.2. En segundo lugar, alegó la errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de la pena impuesta (conf. arts. 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 65).
Luego de hacer una reseña del agravio llevado ante el Tribunal de Casación Penal vinculado con la mensuración de la pena y de la respuesta brindada a ello, se refirió al "proceso lógico de la construcción de la pena" y al requisito de "fundamentación" de la misma (v. fs. 65/66).
Con relación al primer punto, señaló que en el caso no se advertía cuál había sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso concreto, ya que no se había explicitado la incidencia que las atenuantes y agravantes tuvieron en el proceso de construcción de las penas (v. fs. 66 y vta.).
Indicó que, extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir -llamado punto de ingreso- a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes (conf. art. 40, Cód. Penal), debiendo asignárseles un monto de punición para luego ser sumados y debitados y llegar así al monto fijo final que corresponde aplicar (v. fs. 67 y vta.).
Con relación a la fundamentación del monto de pena, refirió que el órgano casatorio no elaboró ningún tipo de análisis ni sobre la escala penal en sí, ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas, por tanto, el examen realizado fue -a su modo de ver- parcial y arbitrario, y no se condijo con una adecuada revisión integral del fallo (v. fs. 67 vta. y 68).
Además, consideró que esa práctica afectó la imparcialidad del juzgador puesto que el tribunal revisor se colocó en una única postura "...la de confirmar la labor efectuada por el tribunal de la anterior instancia", y ello afectó no solo el derecho al recurso contra una sentencia de condena sino también el debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 68).
Afirmó que el Tribunal de Casación debía verificar la ausencia o no de fundamentación de la pena calificada como excesiva e infundada, y al no hacerlo, provocó la desnaturalización del derecho al recurso de su defendido en un aspecto fundamental como lo es el monto de pena a ejecutar (v. fs. 68 vta. y 69).
De tal modo, sostuvo que el fallo recurrido afectó el debido proceso y la defensa en juicio, en su directa vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia de condena. En sustento de su postura citó el precedente "Ruiz" de esta Corte y los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluyó que el Tribunal de Casación al revisar la sentencia de condena debió aplicar los arts. 40 y 41 del Código Penal; 106 y 210 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución provincial, controlando que el tribunal de condena hubiera desarrollado lógica y razonadamente cómo había valorado los atenuantes y agravantes y de qué modo había llegado a la conclusión final al determinar la pena, atendiendo a los principios de culpabilidad, proporcionalidad y fin preventivo especial de la sanción penal (v. fs. 71).
Por lo expuesto, solicitó que se case la sentencia dictada y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que -debidamente integrado- dicte una nueva sentencia de conformidad con lo expuesto (v. fs. 71 vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó que el recurso extraordinario debía ser acogido favorablemente en esta instancia (v. dictamen de fs. 103/107).
III. Liminarmente, cabe destacar que el tribunal intermedio por resolución de 7 de agosto de 2020, por mayoría, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa (v. fs. 74/76).
Esta Suprema Corte por decisión de 27 de octubre de 2020, declaró la nulidad del auto de admisibilidad y devolvió las actuaciones a la Sala IV del Tribunal de Casación para que, con carácter de urgente, dicte una nueva resolución (v. fs. 80/82 vta.).
El tribunal de segunda instancia dictó nuevo auto, y, por mayoría, declaró formalmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley al considerar que el recurrente había invocado "...la errónea aplicación de la ley sustantiva [...], arts. 40 y 41 del Código Penal" y alegado la "...indebida ponderación de circunstancias agravantes" (fs. 89/92).
De modo que solo en lo referido al planteo por la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 en virtud del cómputo de una circunstancia agravante es que corresponde el análisis habilitado por esta Corte.
IV. Sentado ello, en lo que interesa destacar, ante la instancia intermedia, la defensa oficial denunció la errónea interpretación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, por haberse aplicado una pena "arbitraria y violatoria de los principios de culpabilidad y proporcionalidad". También cuestionó por arbitrario el argumento con el cual se había rechazado la atenuante de falta de hostigamiento, y criticó la ponderación de la única agravante propuesta por la fiscalía (la profuguez del imputado luego del hecho) por cuanto consideró que no cabía considerar a una conducta posterior al hecho como una pauta agravatoria.
Asimismo, afirmó que se afectó la proporcionalidad al determinarse -con base en una única circunstancia agravante- una pena seis años por encima del mínimo de la escala penal del delito reprochado (v. recurso de casación, fs. 32/37).
V. Frente a estos planteos, el magistrado del Tribunal de Casación, doctor Natiello (a quien adhirió el señor juez doctor Mario Kohan), descartó el agravio de la defensa sobre la no ponderación de la pauta atenuante relacionada con la falta de hostigamiento a la víctima.
Luego se ocupó de la queja sobre la única circunstancia agravatoria ponderada -la profuguez del imputado- y en tal sentido, la rechazó manifestando que había sido "...debidamente planteada por la fiscal" y "...rebatida por la defensa de S. en la discusión final previa a la sentencia".
A ello sumó que compartía lo señalado por el fiscal ante esa instancia en cuanto sostuvo que la conducta asumida por el acusado, prófugo durante varios años, evidenciaba la falta de intención de someterse a la justicia, demostrando de esa manera "mayor peligrosidad" traducida en los términos del art. 41 del Código Penal, y que ello no constituía una violación legal (con cita de la sentencia de esta Corte dictada en causa P. 39.337, de 16-II-1993; v. fs. 53 vta.).
En cuanto a la individualización de la pena aplicada, destacó su postura coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte sobre la inexistencia de obligación legal de partir siempre del mínimo de la escala penal o de que, ante la inexistencia de agravantes y concurrencia de atenuantes haya de modo obligatorio que imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (con cita de causas P. 56.481, sent. de 27-II-1996 y P. 38.661, sent. de 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (conf. causa P. 79.708, sent. de 18-VI-2003; v. fs. 53 vta. y 54).
Concluyó con una transcripción doctrinal y cita de fallos de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
VI. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso -si bien al límite de la suficiencia- prospera.
Conforme lo antes reseñado, la actitud de S. de evadirse de las autoridades judiciales después de cometido el hecho fue ponderada como una pauta para aumentar su reprochabilidad bajo el razonamiento de que ello evidenció una mayor "peligrosidad" por parte del autor.
Sin embargo, como lo sostiene la defensa, esa aislada invocación a la "peligrosidad" merece ser descalificada como fundamento legal, por cuanto si bien dicha expresión se encuentra contenida en el art. 41 del Código Penal, la profuguez en que incurrió el imputado no puede ser considerada un factor agravante del monto de pena si previamente no se explica de qué modo, tal aumentativa de la sanción sobre la base de una conducta posterior y ajena al particular reproche efectuado, podría compatibilizarse con el principio de culpabilidad por el hecho.
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, casar la ponderación de la pauta agravante indicada por errónea aplicación del art. 41 del Código Penal y, firmes las demás circunstancias, devolver al Tribunal de Casación a fin de que se determine nuevamente la pena (doctr. art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos que la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Como se señala en el voto de la ponente la competencia revisora de esta Corte -a tenor del juicio de admisibilidad de 30 de diciembre de 2020- se halla limitada a la objeción formulada por la defensa en el marco de lo actuado respecto de los arts. 40 y 41 del Código Penal "...por indebida ponderación de circunstancias agravantes"; y siendo que la única ponderada con ese cariz severizante se relaciona con "...la conducta de E. E. S. durante el proceso, en cuanto se lo declaró en rebeldía y se ordenó su detención, la que se efectivizó [...] cuatro años más tarde en Tierra del Fuego...", solo respecto de este reclamo cabe expedirse.
Sentado ello, concuerdo con la colega doctora Kogan, en coincidencia -en lo pertinente- con lo dictaminado por la Procuración General- que la actitud de S. de evadirse de las autoridades judiciales después de cometido el delito fue ponderada como una pauta aumentativa de su reprochabilidad bajo el razonamiento de que ello evidenció una "mayor peligrosidad" por parte del autor, sin ninguna explicación que sustente el valor así asignado en conexión o con debida contextualización a la luz de las circunstancias concretas del hecho bajo juzgamiento.
El mentado art. 41 del Código sustantivo prescribe entre las pautas que pueden ponderarse para la medición de la pena: "...las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad".
En el caso no se ha justificado que la declaración de rebeldía y el tiempo en que estuvo prófugo pudiera constituirse en ese factor agravante del monto de pena con especial consideración a algunas de las referidas circunstancias en vistas del suceso investigado que pudieran resultar demostrativas de mayor peligrosidad, dado que en rigor solamente se lo ha relacionado con una conducta posterior y ajena al reproche por el hecho. Así las cosas, por carecer de motivación suficiente, debe decaer.
Con el alcance dado, doy mi voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos que la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se casa la ponderación de la pauta agravante indicada por errónea aplicación del art. 41 del Código Penal y, firmes las demás circunstancias, se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal a fin de que se determine nuevamente la pena a imponer a E. E. S. (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:03:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:13:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:15:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:14:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:15:44 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 11:08:15 hs. bajo el número RS-79-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia