Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134974
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.974, "Ludueña, Gladys de los Ángeles s/ Queja en causa Nº 90.462 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con fecha 28 de marzo de 2018, condenó a Gladys de los Ángeles Ludueña a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido mediante el empleo de un arma de fuego (conf. arts. 41 bis, 45 y 80, inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 6/27 vta.).
Frente a ello, la defensa oficial de la imputada interpuso recurso de casación (v. fs. 32/38 vta.), que fue rechazado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal el 3 de septiembre de 2019 (v. fs. 94/110).
En consecuencia, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/131 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio con el alcance parcial que precisó en la resolución de fs. 134/135, sin que esa decisión mereciera objeción alguna de la parte (v. informe de fs. 142).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 144/150 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Preliminarmente, corresponde destacar que el señor defensor oficial adjunto en oportunidad de presentar el recurso extraordinario, denunció -por un lado- la violación a la garantía de revisión amplia de la sentencia de condena respecto de los agravios añadidos ante el Tribunal de Casación, con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, al debido proceso legal, al principio de inocencia e in dubio pro reo y el derecho al recurso (arts. 18 y 75, inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.); y -de otro- se agravió del rechazo, por novedosos, de los planteos de la defensa incorporados en su memorial, denunció la revisión aparente del agravio vinculado con la errónea aplicación de la agravante prevista en el inc. 1 del art. 80 del Código Penal y, en subsidio, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 123 vta./130 vta.).
Al realizar el juicio de admisibilidad, la Sala V del Tribunal de Casación, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial que asiste a la imputada, solo en lo que hace a "...la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal" (fs. 134 vta.) y, como se relatara en los antecedentes, ello no mereció objeción de la parte.
En el caso, dicho agravio se halla inescindiblemente ligado con el de arbitrariedad, lo que denota la necesidad de analizar conjuntamente los reclamos admitidos en la órbita del derecho de fondo y el motivo de arbitrariedad desde la perspectiva conexa, dado que -como lo ha sostenido esta Suprema Corte- la no concesión del tramo vinculado a la arbitrariedad implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante (conf. CSJN Fallos: 340:1149; causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.084, sent. de 15-XII-2020; P. 133.631, sent. de 13-IV-2021; e.o.).
I.2. Sentado lo anterior, el señor defensor oficial cuestionó la respuesta del Tribunal de Casación frente al reclamo dirigido contra la aplicación de la agravante por el vínculo prevista en el art. 80, inc. 1 del Código Penal, porque -desde su óptica- el órgano revisor nada sostuvo o, si lo hizo, fue en apariencia (v. fs. 127 vta.).
Alegó que no existían constancias objetivas en la causa para demostrar con certeza la "relación de pareja" que la agravante -erróneamente aplicada, según su criterio- exige para su configuración (v. fs. cit.).
Señaló que los indicios valorados no resultaban plurales, inequívocos ni concordantes entre sí como para fundar el pronunciamiento condenatorio en esos términos, y que solo podrían dar cuenta de "...la duda que a su respecto debe estimarse para la no aplicación del tipo penal calificado..." (fs. 128, el destacado figura en el original).
Trajo a colación el art. 510 del Código Civil y Comercial de la Nación, con hincapié en que para el reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones convivenciales se requiere una convivencia no menor a dos años y que, recién luego de ese lapso, estaríamos frente a una "relación de pareja" en los términos exigidos por el art. 80, inc. 1 del Código Penal. Seguidamente, recordó que, a partir del testimonio de Silvia Lorena Ferragut -quien en referencia al vínculo analizado había declarado que estaban juntos "hace como dos años"-, alegó que "...no es lo mismo sostener como dos años que por más de dos años " (fs. 128 vta., el destacado figura en el original).
Continuó señalando que, en el caso, no se daban por satisfechos ni el recaudo temporal ni las características relativas a una vinculación prolongada, estable y notoria, y que "...más allá de la aparente revisión efectuada, lo que pudiera estimarse al respecto no es más que el resultado de meras afirmaciones dogmáticas que no se compadecen con las constancias de la causa, revistiendo un supuesto de arbitrariedad" (fs. cit.).
Argumentó que "...compartir ámbitos de intimidad o espacios de tiempo en común no resultan demostrativos ni suficientes para acreditar la supuesta relación de pareja", y que las declaraciones prestadas por su defendida durante el proceso corroboraban la falta de acreditación de ese tipo de relación (v. fs. 128 vta. y 129).
Destacó que la decisión de la casación omitió referenciar "...que ellos se conocieron en el gimnasio en 2015 -sin saber con precisión cuando exactamente- y la 'relación', obviamente, terminó -si es que existió como tal en algún momento- con el fallecimiento de Ferragut el 23 de enero 2016", de modo que -siguiendo su criterio- el hipotético cumplimiento del recaudo temporal no podía darse por acreditado (v. fs. 129).
Luego de recordar que la madre de Carlos Ferragut había declarado que, mientras su hijo estuvo internado, la imputada "...sólo lo fue a ver una vez", afirmó que una sola visita durante un prolongado período de tiempo -en relación a un total de 45 días- era demostrativo de la aludida falta de relación de pareja (v. fs. 129 vta.).
En ese discurrir, adicionó que la víctima estuvo en la Provincia de San Juan durante dos meses y que, entre el 27 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2016, vivió en la casa de la madre, retomando la relación con posterioridad a ello y que el hecho acaeció a escasos días de reanudar el contacto entre ambos (v. fs. 129 vta. y 130).
En definitiva, solicitó que se recalifique el hecho en los términos del art. 84 o, subsidiariamente del art. 79, ambos del Código Penal, con la consecuente reducción del monto punitivo a imponer a Ludueña (v. fs. 130).
II. El señor Procurador General al emitir su dictamen aconsejó rechazar el recurso interpuesto (v. en especial fs. 147 vta./149), solución que comparto.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 23 de enero de 2016, aproximadamente a las 13:20 horas, en el interior del dormitorio de la vivienda ubicada en la calle Tierra del Fuego n° 1731 de la localidad de San José, partido de Almirante Brown, una femenina mayor de edad, quien allí residía, con un arma de fuego, tipo pistolón calibre 22, marca Forasterio, de un solo cañón, con n° de identificación 7288, le efectuó un disparo en la boca a Alberto Carlos Ferragut, con el que mantenía una relación de pareja, causándole una herida de tal gravedad que ocasionó la muerte del nombrado" (fs. 7 y vta.).
El hecho fue calificado como homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido con violencia contra la persona mediante el empleo de un arma de fuego, conforme lo normado en los arts. 41 bis y 80, inc. 1 del Código Penal (v. fs. 22 vta.).
Puntualmente, sobre la agravante del art. 80, inc. 1 del Código Penal, el tribunal de origen sostuvo que "...quedó evidenciado que la encausada Ludueña y el occiso mantuvieron una relación de pareja. Que dicha relación se inició cuando se conocieron en un gimnasio en el año 2015 y terminó con la muerte de Ferragut. Quedó probado asimismo que, por la relación sentimental que tenían, el fallecido Ferragut pernoctaba periódicamente en el domicilio de la imputada..." (fs. 23 vta.).
Asimismo, estimó que la versión de Ludueña acerca de que no estaban juntos y que no había vivido con él, quedó desvirtuada con lo expresado en el juicio por los testimonios de Sergio Hernán Núñez y de la madre de la víctima, Teresa Lukchevis, corroborado además por los hermanos del fallecido, Silvia Lorena Ferragut y Miguel Alejandro Ferragut (v. fs. 23 vta. y 24).
Explicó que en los fundamentos de los antecedentes parlamentarios de la ley 26.791 se observa que la voluntad del legislador fue la de comprender, en el marco de la calificante en trato, a aquellas parejas entre las que no existiese ni hubiese existido convivencia; y agregó que no es acertado recurrir a una institución del derecho privado que, entre otros requisitos constitutivos, establece como ineludible a la convivencia (v. fs. 24).
De igual modo, estimó razonable que el legislador compute, como elemento de un más alto nivel disvalioso del homicidio, la circunstancia de que el autor se valga para la ejecución de la existencia, previa o actual, de una relación de pareja con la víctima, basado justamente en la confianza que el vínculo de intimidad e interrelación generó (v. fs. 24 vta.).
Bajo ese entendimiento, y tras afirmar que la imputada y el damnificado mantuvieron una vinculación prolongada en el tiempo, con cierta estabilidad durante su vigencia y notoria para terceros, concluyó que "...Ludueña vio facilitada la comisión del hecho, pues la agresión armada dirigida a F[e]rragut, se desarrolló en el interior del domicilio de la nombrada, más precisamente dentro del dormitorio, alrededor de las 13:30 horas del mediodía, todo lo cual pone de resalto que la relación de pareja que sin duda mediaba entre ambos, generó para Ludueña una situación que le facilitó el acceso a dicho ámbito de intimidad, a efectos de ejecutar su acción homicida" (fs. 25).
III.2.a. En lo que importa destacar para la solución del caso, la defensa controvirtió el encuadre legal ante la casación con apoyo en argumentos similares a los que sustentan el recurso bajo estudio (v. fs. 36 vta. -del recurso de casación-, y 49 vta./52 -del memorial presentado por la defensa-). Tal planteo resultó fundadamente desestimado por ese tribunal a partir de considerar que, a contramano de lo sostenido por la parte, sí se había podido acreditar la "relación de pareja" entre la víctima y la imputada (v. en especial fs. 100 vta. in fine /102).
III.2.b. En efecto, el tribunal revisor, al analizar similar agravio al aquí esgrimido, expresó con apoyo en los testimonios de los familiares de la víctima y de las personas allegadas, que "...tanto Teresa Lukchevis, madre de la víctima, como sus hermanos Silvia Lorena Ferragut y Miguel Alejandro Ferragut y la vecina Ramona Teresa Molina, coincidieron en señalar que entre imputad[a] y víctima existía una relación de pareja, que era conflictiva y que en varias ocasiones vieron a Carlos Ferragut con lesiones en el cuerpo, producto de los golpes proferidos por Ludueña. Que ésta ejercía una fuerte influencia sobre aquél, denotando una relación asimétrica donde la posición de poder era ocupada por Ludueña; y que si bien cuando se peleaban, Ferragut se volvía a la casa de su madre, luego se reconciliaban y volvían a estar juntos. Molina señaló que era vecina de Ludueña y que a Ferragut lo conocía de muchos años atrás, que vivían juntos y estaban en pareja, aclarando que esto se lo había contado Ferragut y que ella lo confirmó dado que cuando pasaba por la puerta de su casa, se los cruzaba juntos. Destacó que 'Carlitos' -en referencia a la víctima- le contó que tenía problemas con Ludueña, que él cuidaba a las hijas de Gladys. Recordó que en 2015 lo encontró sentado en la vereda, en la esquina, que como tenía sangre en la cabeza, le preguntó por qué se dejaba pegar y por qué se quedaba con ella, respondiendo que porque la amaba y la ayudaba a la nena de ella. Que varias veces lo vio con golpes en los brazos y que él le contaba que ella lo maltrataba, le golpeaba. Agregó que sabía que cuando se peleaba con Gladys, se iba a la casa de la mamá" (fs. 101 y vta.).
Añadió que "...Lukchevis señaló que su hijo se alternaba viviendo con ella y la imputada, ya que 'iba y venía', indicando que cuando iba a la casa de Ludueña, se quedaba por un mes o más. Que cuando volvía de allí, lo veía golpeado, como mareado y que su hijo reconocía que no se llevaban bien [...] que se enteró por personas del barrio que Ludueña le pegaba. Que cuando su hijo se quedaba junto a la testigo, Ludueña lo llamaba por teléfono y lo amenazaba con quemarles la casa si él no volvía con ella...". A su vez, destacó que el testigo Sergio Hernán Núñez declaró que la víctima le había contado que eran novios y estaban en concubinato; y aseguró que en ese sentido también habían declarado los hermanos de la víctima, confirmando la relación de pareja entre imputada y víctima y los malos tratos y golpes a los que Ferragut era sometido por Ludueña (v. fs. 101 vta. y 102).
Concluyó que "Los referidos testimonios, coincidentes y coherentes en la línea argumental, no presentaron fisuras ni indicadores de mendacidad, resultando justificación lógica y razonada de la relación de pareja entre Ludueña y Ferragut a los fines del encuadre legal en la figura del art. 80 inc. 1º C.P" (fs. 102).
IV.1. Como lo adelanté, el recurso debe ser desestimado.
IV.2. En primer lugar, no prospera la alegación sobre una errónea aplicación de la ley de fondo (art. 80, inc. 1, Cód. Penal).
Ante la respuesta dada por el Tribunal de Casación al planteo llevado a su consideración sobre la aplicación de la ley sustantiva, y puntualmente en lo concerniente a la "relación de pareja" entre Gladys de los Ángeles Ludueña y Alberto Carlos Ferragut, la defensa no controvierte adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, e insiste con una postura opuesta y discrepante a fin de justificar una errada aplicación de la ley penal y la vulneración de los principios que cita. Media, pues, insuficiencia (arg. art. 495, CPP).
Como lo ha sostenido esta Suprema Corte en casos anteriores (causas P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018 y P. 131.282, sent. de 24-IV-2019) la delimitación que pretende el recurrente del alcance del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no parece una hermenéutica sostenible, porque se desentiende de que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de sus requisitos la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80, inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que entre ellos "medie o haya mediado convivencia". Quien aquí recurre no aporta ninguna explicación que permita superar ese matiz diferencial a efectos de limitar el alcance del texto penal al del régimen civil, en virtud de las diferentes situaciones que se pretenden legislar y proteger.
Cabe agregar acaso a mayor abundamiento que, al votar en la causa P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020), en la que la Suprema Corte se explayó con mayor amplitud sobre la interpretación del art. 80, inc. 1 del Código Penal, además de compartir el minucioso análisis realizado por el doctor Soria, efectué algunos agregados que creo apropiado reproducir aquí.
En primer lugar, destaqué que la propia dinámica de sanción de la ley 26.791 -el cambio de redacción del texto que ocurrió en el Senado y la insistencia de la Cámara de Diputados con la redacción original, que fue la que finalmente se aprobó- constituye una prueba más de la verdadera voluntad de quienes legislan.
En segundo lugar, señalé que la protección del vínculo afectivo-sentimental, aun en configuraciones menos formales que el matrimonio y las uniones convivenciales, no responde solo a los deberes de respeto recíproco y no agresión que pueden emerger de estas relaciones sino también a que el delito se produce a partir de un abuso de confianza. Confianza que no está basada en cualquier tipo de vínculo sino, justamente, en el derivado de la relación de pareja.
De tal conclusión derivé que no cualquier relación quedará abarcada por la figura agravada: en atención a los parámetros delineados, corresponderá indagar sobre la existencia de un vínculo afectivo o sentimental, con cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo -no casual ni ocasional-, aunque no fuere continuo, en el que sus integrantes compartan o hayan compartido cierto ámbito de intimidad y confianza que, precisamente, haya dejado a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad.
Porque este tipo de relaciones, si bien no instauran obligaciones legales entre sus integrantes, sí funcionan como fuente de expectativas recíprocas y de confianza. Las personas que mantienen o han mantenido una relación de estas características se sienten racionalmente habilitadas a esperar ciertas conductas de su pareja -o expareja- que no esperarían de otros. Y tales expectativas y confianza, a su vez, causan que las prevenciones que se tomarían con una persona desconocida desaparezcan. Ante la pareja se "baja la guardia" (TSJ Córdoba causa "S., M. A.", sent. de 10-IX-2019, voto de la doctora Tarditti).
El alcance de estos vínculos ha de leerse atendiendo a tales circunstancias (conf. mi voto, causa P. 132.429, sent. de 12-XI-2020).
Evidentemente, el concepto "relación de pareja" tiene, a primera vista, cierta amplitud. Ello exige extremar los esfuerzos interpretativos, pero no autoriza a forzar, por vía de interpretación, una categoría diferente. Y debe partirse de -y nunca perder de vista- la significación convencional de las palabras, en su uso corriente, en la vida diaria, porque la ley penal busca inducir -o desincentivar- ciertos comportamientos y, a tal fin, emplea un lenguaje compartido con su destinataria, la ciudadanía.
En definitiva, el recurrente propone una interpretación distinta de la figura en cuestión, pero no demuestra su alegada errónea aplicación (art. 495, CPP).
V. Tampoco es de recibo -en el marco de conocimiento habilitado ante esta Suprema Corte- la denuncia de afectación del derecho a la revisión amplia en cuanto a la aplicación del art. 80, inc. 1 del Código Penal.
Lo decidido sobre dicho extremo (v. punto III.2.b.) se encuentra ajustado a las pautas establecidas por los precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del Máximo Tribunal nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente, sin que pueda afirmarse la inobservancia de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese senti
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