Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de M. N. A., con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.301, "A., M. N. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.215 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Matanza -en el marco de un proceso de juicio abreviado-, declaró la responsabilidad penal de M. N. A. por ser coautor de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado, y lo condenó, luego de haber cumplido con el art. 4 de la ley 22.278, a la pena de diez años de prisión (arts. 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 -seg. párr.-, Cód. Penal; v. fs. 1/8 vta. y 9/13 vta.).
La defensa oficial de A. interpuso un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de octubre de 2019, lo rechazó.
Contra esa decisión, el entonces señor defensor oficial ante el tribunal referido, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/100), que fue admitido por el órgano recurrido (v. fs. 107/109).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 114/118 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 120) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial tachó la sentencia recurrida de arbitraria por inobservancia de los arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el fallo "Maldonado". Se quejó de revisión aparente del juicio de la necesidad de pena (art. 8.2."h", CADH), violación y errónea aplicación del régimen penal juvenil (v. fs. 95 vta. y 96).
En ese sentido, señaló que el fallo recurrido no alcanzó el estándar que impone el principio de especialidad en la revisión de sentencias, ya que no se fundamentó debidamente la revisión con relación a la necesidad de pena.
Consideró que la sentencia de revisión se limitó a reeditar los fundamentos de su par de la instancia, contrarios al derecho penal juvenil (v. fs. 98).
Denunció que se efectuó una interpretación ultra restrictiva y sesgada del fallo "Maldonado" haciendo hincapié en que no se prohíbe la valoración de la gravedad del hecho para evaluar la necesidad de pena; pero sin considerar otras circunstancias como el tratamiento tutelar y cumplimiento anticipado de los fines de la pena (v. fs. 98 vta.).
Mencionó que se desatendió la regla que indica que "...la mera 'gravedad del hecho' no puede fundar por sí sola la necesidad de pena, y que la respuesta que se dé al delito debe ser proporcionada no solo a sus circunstancias y gravedad, 'sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad'" (fs. cit.).
Concluyó que el fallo cuestionado no abasteció los estándares mínimos de revisión de todo pronunciamiento judicial de condena en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni los específicos que impone el sistema penal juvenil, lo que habría derivado en el apartamiento de la doctrina del precedente "Maldonado" de la Corte federal (v. fs. 99).
Peticionó que se case el pronunciamiento recurrido y se disponga el reenvío de la causa a Casación a efectos de que dicho órgano -integrado por jueces hábiles- dicte un pronunciamiento ajustado a derecho, solicitando asimismo la previa realización de una nueva audiencia de visu (v. fs. 99 y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 114/118), el recurso no prospera.
III.1. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, declaró la responsabilidad penal de M. N. A. como coautor de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado, y difirió el pronunciamiento relativo a la imposición de la pena hasta el día 20 de septiembre de 2017, fijando audiencia para esa fecha a efectos de resolver la pena acordada, en los términos del art. 4 de la ley 22.278. Asimismo, le impuso durante el tratamiento tutelar diversas reglas de conducta y medidas judiciales: a) que el encartado permanezca sometido a proceso a disposición del tribunal en arresto domiciliario en el domicilio sito en manzana 3, casa …, calle …, localidad Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con control policial. Dicha medida se hará efectiva el día 29 de octubre de 2016, siempre y cuando no se oponga el órgano jurisdiccional con el que se comparte la disposición del encartado y se certifique la ausencia de impedimentos legales; b) prohibición de cambiar de domicilio o salir del mismo, sin autorización de ese órgano; c) prohibición de tener-portar armas de fuego y de iniciar trámite para ello; d) someterse al control judicial que se disponga; e) derivación del joven a un Centro de Referencia o similar que funcione en el ámbito de residencia, a los efectos de abordar la problemática de la delincuencia juvenil, adicciones y otros aspectos que fortalezcan su reinserción social; f) prohibición de cualquier tipo de comunicación con familiares de la víctima, coautores y testigos de los hechos por cualquier vía y/o publicaciones en redes sociales en relación a las circunstancias del caso materia de juicio (v. fs. 1/8 vta.).
Posteriormente, dicho órgano judicial mediante sentencia de 15-VI-2018, fundamentó la necesidad de imponerle pena (v. fs. 9/13 vta.).
En primer término destacó que entre las reglas de conducta que se habían fijado durante el tratamiento tutelar se encontraba que el causante cumpla arresto domiciliario, lo que no pudo efectivizarse por la negativa del juzgado federal interviniente, ante esa imposibilidad, las partes reformularon lo acordado y, en consecuencia, se le impuso la obligación de cumplir los reglamentos institucionales del lugar de alojamiento y denotar buena conducta, hasta tanto se efectivice el arresto domiciliario dispuesto (v. fs. 9 vta.).
Luego de precisar que se encontraban cumplidos los requisitos del art. 4 de la ley 22.278 que habilitan la eventual imposición de una pena, analizó que la sanción resultaba necesaria. Si bien resaltó la buena impresión personal recogida del imputado en la audiencia y a lo largo del proceso, consideró la responsabilidad del joven demostrada en el veredicto, que de acuerdo a sus condiciones personales le resulta reprochable, es decir, le era exigible que actuara de otra manera de acuerdo a su comprensión del ilícito. Explicó que esa culpabilidad se encontraba atenuada por la minoría de edad de A. al momento de los hechos, quien, además, desde el inicio de la intervención judicial demostró apego al proceso y cumplió todas las medidas impuestas, lo que "...hace un buen pronóstico en relación a su resocialización a través de una pena justa y personal" (fs. 11).
Desechó, en el caso de A., la eximición de sanción penal (art. 4, ley 22.278) pues teniendo la oportunidad de realizar otra conducta, optó deliberadamente por tomar un camino altamente dañoso para los bienes ajenos, en este caso la vida de un semejante (v. fs. 11 vta.).
En ese discurrir tomó como punto de análisis los criterios generales de orientación fijados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "Maldonado" (Fallos: 328:4343) en cuanto a que "la necesidad de la pena" a que hace referencia la ley 22.278 no puede ser equiparada a la gravedad del hecho o a la peligrosidad y determinó que la conducta de A. es sancionable, por resultar responsable del delito que se le imputa, quien no ha demostrado responsabilidad en asumir las consecuencias de sus actos, ni capacidad reflexiva al respecto, por lo cual los fines de resocialización "...se hallan insatisfechos" (fs. 12 vta. y 13).
Estimó justa la pena de diez años de prisión meritando que no se valoraron circunstancias agravantes, las atenuantes establecidas, aunado a la reprochabilidad disminuida por tratarse de un menor de edad (art. 4, ley 22.278, que remite a la tentativa de homicidio agravado; v. fs. 13).
Finalmente señaló que la pena escogida guardaba relación con los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño; de la Convención Americana de Derechos Humanos; los arts. 4 de la ley 22.278; 6, 33, 56, 58, 81 y concordantes de la ley 13.634; 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 -segundo párrafo- del Código Penal (v. fs. 13 y vta.).
III.2. En el recurso de casación la defensa denunció falta de motivación en la imposición de la sanción penal e incumplimiento con los fundamentos específicos del fuero que son de raigambre constitucional como los principios de ultima ratio y excepcionalidad previstos en el art. 37 inc. "b" de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros. Destacó que al dictarse el auto de responsabilidad se sometió al joven a un tratamiento tutelar y se le impusieron obligaciones de conducta, pero la evolución alcanzada durante ese período no fue valorada por el sentenciante al momento de decidir la imposición de una pena. Destacó su progreso y desenvolvimiento favorable a lo largo del período de tratamiento de A.; que se trata de un joven dócil y adaptado al régimen institucional y que se percibió autocrítica por las conductas riesgosas que lo condujeron a su situación actual. Indicó que al resolver el tribunal dejó de lado sus propias apreciaciones y fundamentos y, sin dar motivo alguno, se inclinó por imponer una pena. Alegó confusión entre la gravedad del delito con la necesidad de la sanción penal, contrariando de ese modo lo decidido en el fallo "Maldonado" de la Corte federal. Solicitó la absolución del imputado (v. fs. 17/22 vta.).
III.3. Abocado a tratar las cuestiones presentadas, el tribunal revisor, en primer término, efectuó diversas consideraciones en torno a la tarea de individualizar la pena en aquellos supuestos en que se ha considerado necesaria la imposición de una medida privativa de libertad respecto de un menor de edad. Destacó que los criterios generales de orientación en el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 328:4343) facilitan la tarea de individualizar la pena, conforme al cual demarca que deben respetarse ciertos principios que diferencian el sistema penal de adultos del de responsabilidad penal juvenil (v. fs. 76 y vta.).
Indicó que debían atenderse los estándares para la aplicación de sanción, por el período más breve posible, previstos en la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad; así como que debía atenderse a lo receptado por el art. 4 de la ley 22.278 en cuanto prevé la posibilidad de reducción de la pena en la forma prevista para la tentativa (v. fs. 76 vta. y 77).
Dicho esto, efectuó un análisis integral de las circunstancias del caso concluyendo en que la sentencia recurrida no se hallaba desprovista de apoyo legal, no se habían vulnerado las previsiones del art. 106 del Código Procesal Penal, ni era el resultado de la mera voluntad del juzgador, sino que está debidamente motivado.
Destacó que además de la extrema gravedad de la conducta, se tuvo en cuenta la culpabilidad verificada en ese hecho que, si bien se consideró atenuada en función de la minoría de edad del causante al momento de cometerlo, no fue suficiente para tornar viable la exención de pena, sino que se plasmó en la imposición de la pena mínima posible de acuerdo a la escala atenuada de la tentativa, la cual fue inferior a la solicitada en el acuerdo de juicio abreviado (v. fs. 78).
Reseñó que el juzgador tomó en cuenta los resultados del tratamiento tutelar y la impresión adquirida en la audiencia de visu que mantuvo con el menor, de lo que surgió que -a pesar de sus avances- a los fines de las concretas necesidades de resocialización del joven, era insoslayable la imposición de una sanción penal para lograr que asuma su responsabilidad en el hecho y pueda transitar un proceso de resocialización (v. fs. cit. y vta.).
Resaltó que más allá de los aspectos positivos alcanzados durante el tratamiento tutelar, otras circunstancias y parámetros concurrían para tener en cuenta, que tornaban necesaria en el caso la sanción penal.
Concluyó que la decisión respecto a la necesidad de la pena aparece ajustada a los principios constitucionales que guían la justicia que rige en materia de jóvenes infractores, los que han servido de fundamento a la resolución cuestionada, en tanto el principio de proporcionalidad y de culpabilidad por el hecho resultaron factores decisivos para su elección, herramientas que habilitan restringir la punición y el merecimiento de pena que correspondería de acuerdo a la gravedad del delito y a las necesidades de prevención (v. fs. 78 vta. y 79).
Destacó que ello se tradujo en la aplicación de una sanción reducida conforme el principio de benignidad y de culpabilidad disminuida, garantizando la diversidad de medidas en materia de derecho penal juvenil de conformidad a lo establecido por la regla 6.1 de las Reglas de Beijing (v. fs. 79).
Adunó que la pena funciona también a nivel simbólico, en el sentido de que "...resultaría contradictorio con los valores de nuestra sociedad que una persona que comete un hecho con terribles consecuencias, como la muerte de una persona para procurar la impunidad en un robo, no responda por aquel acto" (fs. cit.).
Recordó que el fallo "Maldonado" toma en cuenta la "gravedad del hecho" como uno de los parámetros a medir, aunque no el único.
Coligió que el pronunciamiento en crisis cuenta con apoyo legal, no es el resultado de la mera voluntad del juzgador, sino que está debidamente motivado (v. fs. 79).
IV.1. De todo lo expuesto se advierte que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
El órgano revisor abordó los agravios de la defensa llevados en el recurso de casación y los descartó, confirmando el fallo de origen en cuanto consideró necesario aplicar una sanción punitiva de encarcelamiento, y que el monto de pena aplicado además de ser inferior a la solicitada por la fiscalía en el acuerdo de juicio abreviado, se estableció en el mínimo posible de la escala de la tentativa (art. 4, ley 22.278), a la vez que se lo consideró proporcionalmente racional al grado de injusto endilgado y ajustado a los principios y fundamentos del régimen especial aplicable al caso.
Las consideraciones que trae la defensa de A. no alcanzan para controvertir los fundamentos brindados por el Tribunal de Casación, en tanto se limitan a exponer una opinión discrepante con lo decidido, sin lograr evidenciar la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la pretoriana doctrina de la arbitrariedad (CSJN Fallos: 310:234), y ello conduce, sin más, a la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
El órgano intermedio recordó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Maldonado", toma en cuenta la "gravedad del hecho" como uno de los parámetros a medir, aunque no el único.
Yendo a los hechos concretos, quedó probado que "...el día 24 de octubre de 2014 siendo aproximadamente las 22:15 hs. el menor de edad M. N. A. alias piercing junto a -cuanto menos- tres sujetos de sexo masculino -previo acuerdo de voluntades y división de tareas- interceptaron en la calle Barros Pazos n° …, localidad Villa Celina, partido La Matanza, a Don Jorge Horacio Cuervo, a quien mediante violencia física ejercida apuntándole con un arma de fuego con el fin de apoderarse ilegítimamente de su automóvil propiedad y demás pertenencias -lograron apoderarse de un teléfono celular marca Apple Iphone modelo 5 color blanco y dorado, no pudiendo hacer lo propio respecto del rodado- y para lograr el fin propuesto y la impunidad le dispararon una vez produciéndole una herida de tal magnitud que provocó su deceso" (fs. 5 y vta.).
El elevado nivel de injusto que quedó acreditado en la sentencia de primera instancia (y ratificado por Casación) con los elementos probatorios ponderados, ha sido soslayada por la defensa, que insiste aquí -dogmáticamente- en que la necesidad de la pena no se encuentra motivada (art. 495, CPP).
IV.2. Por otro lado, tampoco prosperan los argumentos de la parte con sustento en el precedente "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343). En ese pronunciamiento el Alto Tribunal federal revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción punitiva que de modo facultativo prevé el art. 4 de la ley 22.278; lo hizo por cuanto a su entender la Cámara no había dado fundamentos suficientes para ello, pero no declaró que la norma citada sea inconstitucional, ni interpretó que la facultad referida pase a ser obligatoria en todos los casos (v. cons. 41°).
Diferente es el supuesto que se da en el caso de autos, si se tiene en cuenta la pena para el delito por el que fue encontrado responsable (prisión perpetua, arts. 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal), con la reducción contemplada en el art. 4 de la ley 22.278 (de diez a quince años de prisión, art. 44, Cód. Penal), se advierte que la pena de diez años de prisión impuesta es la mínima legal y resulta proporcionalmente racional al grado de injusto endilgado y ajustada a los principios y fundamentos del régimen especial aplicable al caso -ley 22.278-, sin advertirse la transgresión a los criterios de la lógica y la experiencia, de manera que en modo alguno se podría afirmar que en autos se desconoció la legislación especial -cuya aplicación reclama la defensa- en base a su personal interpretación.
En definitiva, las respuestas dadas por el tribunal revisor demuestran el abordaje llevado a cabo sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna de los agravios sometidos a su escrutinio, no logrando justificar el recurrente que en el caso no se encuentre abastecida la garantía prevista en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que lo decidido sobre el punto carezca de la fundamentación suficiente o haya vulnerado garantía o principio constitucional alguno tal y como refirió en el recurso (v. fs. 87 vta.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de M. N. A., con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2022 22:48:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2022 10:17:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2022 11:29:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:47:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 10:08:18 - MARTÍ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.