Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 135440
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.440, "Calvo Roldán, Walberto O Wilberto Amos s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 94.930 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de agosto de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Walberto Amos Calvo Roldán y acogió el articulado por el Ministerio Público Fiscal, ambos interpuestos contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón que había declarado inadmisible el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal y revocado la resolución de primera instancia estableciendo, por mayoría, en cuarenta años el plazo en que debía tenerse por cumplida la pena de prisión perpetua impuesta al nombrado. En consecuencia, casó el pronunciamiento impugnado y confirmó el cómputo de pena dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del mismo departamento judicial que estableció su límite en cincuenta años de prisión (v. fs. 74/77 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 83/95 vta.), que fue concedido por el tribunal recurrido (v. fs. 96/99).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 128/132), dictada la providencia de autos (v. fs. 134) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente inicialmente denuncia la violación del principio de progresividad de la pena derivado del postulado de resocialización (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.6., CADH; v. fs. 87).
Luego de repasar los fundamentos dados por el tribunal revisor para pronunciarse por el rechazo del recurso de la defensa y la procedencia del remedio fiscal, aduce que lo decidido vulnera el referido principio, pues el tope de cincuenta años establecido " transforma el retorno al medio libre en una ilusión, desentendiéndose de la condición humana de [su] asistido " (fs. 88 vta., el destacado figura en el original).
En aval de su posición reproduce diversos extractos del voto minoritario del entonces juez Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez" (v. fs. 89 y vta.).
Aduna a ello una descripción de la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que registra "...hacinamiento y malas condiciones materiales", trayendo a colación lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos "Lori Berenson Mejias vs. Perú" y "Masacre de la Rochela vs. Colombia" (v. fs. 89 vta. y 90).
Refiere al derecho a la vida, extractando definiciones que sobre el tópico realizó la aludida Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Niños de la Calle -Villagrán Morales y otros- vs. Guatemala", sosteniendo que privar de la libertad a Calvo por ese largo tiempo "...implica la anulación de toda posibilidad de elaborar y desarrollar un proyecto de vida" (fs. 90 vta.).
Expresa que, si bien no es posible fijar anticipadamente en determinada cantidad de años el cumplimiento del fin resocializador, encerrar a un sujeto cincuenta años de su vida "...deviene como mínimo difícil de sostener en términos constitucionales" (fs. 91).
A su criterio, el cómputo de pena de Calvo incorpora una especie de pena novedosa que habilita a que los jueces puedan afirmar que las penas perpetuas no existen en la Argentina por su incompatibilidad con la Constitución nacional y los tratados internacionales firmados (v. fs. 91 vta.), pese a las características de la establecida. Apoya sus argumentos en ciertos pasajes del voto concurrente del señor juez García Ramírez en el caso "Caesar vs. Trinidad y Tobago" del citado Tribunal Internacional (v. fs. 91 vta./92 vta.).
Por otra parte, critica los motivos por los que el tribunal impugnado construyó dicho monto de pena como límite de la prisión perpetua de su asistido.
Luego de referirse a la evolución legislativa de dicha clase de sanción en el Código Penal, así como a su incidencia frente al principio constitucional de legalidad y a la respuesta dada por el tribunal intermedio a la cuestión (v. fs. 92 vta./94), sostiene que el legislador estableció claramente que, en los casos de prisión perpetua, el agotamiento de dicha pena surge de los arts. 13, 14 y 16 del Código Penal (v. fs. 94).
En la inteligencia que les asigna a tales preceptos, estima que, cumplidos treinta y cinco años de encierro, con cinco años más de cumplimiento de pautas obligatorias, su asistido agotaría la pena de prisión perpetua impuesta. Por ello considera inatingente la remisión al art. 55 del Código Penal por parte del órgano revisor "...en tanto se aborda en el mismo una situación expresamente diferente", que concierne al máximo de pena para el concurso real de delitos (v. fs. 94 y vta.).
En consecuencia, reputa que el a quo equiparó erróneamente el aludido art. 55 a un supuesto que este no prevé "...pretendiendo de este modo salvar supuestas inconsistencias que el propio legislador dentro del articulado del Título II abordó y a la fecha no ha modificado" (fs. 95), y solicita, finalmente, que se deje sin efecto la decisión recurrida, ordenándose el dictado de una nueva ajustada a derecho.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso (v. fs. 128/132).
III. No comparto esa opinión.
Para una mejor comprensión del caso, corresponde que inicialmente efectúe una reseña del derrotero procesal de la causa.
IV.1. Del legajo casatorio n° 94.948 acumulado al presente, surge que el 4 de noviembre de 2008 el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón condenó a Walberto Amos Calvo Roldán a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego (cinco hechos), portación ilegal de arma de fuego de uso civil, disparo de arma de fuego criminis causae , violación de domicilio, resistencia a la autoridad y homicidio criminis causae cometido con arma de fuego, todos en concurso real entre sí, ocurridos los días 11 de septiembre, 24, 25 y 28 de octubre de 2007 (v. fs. 40/64).
IV.2. A fs. 3/10 del presente legajo obra copia de la sentencia dictada por esta Suprema Corte el 13 de diciembre de 2017 -causa P. 123.173-, que hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial del imputado contra el fallo de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, que -a su vez- había concedido parcialmente el recurso deducido por esa parte contra la sentencia de condena, dejando sin efecto la calificación por uso de arma de fuego en el delito de homicidio criminis causae , rechazándolo en todo lo demás, y manteniendo la pena referida (v. fs. 3 y vta.). En consecuencia, este Tribunal declaró extinguidas por prescripción las acciones penales respecto de los delitos de resistencia a la autoridad, violación de domicilio, disparo de arma de fuego criminis causae y portación de arma de fuego de uso civil por los que Calvo Roldán venía condenado, junto con otros delitos; y lo rechazó en todo lo demás por mayoría de fundamentos, con costas (v. fs. 3/10).
IV.3. El 10 de abril de 2018, el presidente del aludido Tribunal en lo Criminal n° 6 tuvo por firme la sentencia condenatoria y en condiciones de practicar el cómputo de pena, y tratándose de una pena de prisión perpetua, ordenó correr vista a las partes (v. fs. 12).
IV.4. El 29 de mayo de 2018, el aludido Tribunal en lo Criminal, integrado por los doctores Alejandro Omar Rodríguez Rey y Andrea Celia Bearzi, estableció que la pena impuesta a Calvo Roldán vencerá el 27 de octubre de 2057 y la caducidad del registro de la sentencia operará el 27 de octubre de 2067 (v. fs. 15/17).
Para así resolver, explicó que, al no encontrarse taxativamente establecido el monto punitivo de una pena de prisión perpetua en el Código de fondo, este debía hallarse mediante un andamiaje de artículos entrelazados del mismo cuerpo normativo. De lo cual, estimó que el art. 235 del Código Penal prevé la aplicación del "aumento al doble del máximo" previsto en el Título X, cuya pena resulta ser de veinticinco años de prisión conforme el art. 226 -segundo párrafo- de dicho ordenamiento, y concluyó que el máximo de pena impuesta por nuestra legislación resulta ser de cincuenta años (v. en especial fs. 16).
IV.5. Frente al recurso de apelación -en subsidio- interpuesto por la defensa de Calvo Roldán (v. fs. 19/23 vta.), la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, resolvió -por un lado- declarar inadmisible el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 55 del Código Penal, y -por otro- revocar el decisorio impugnado y -por mayoría- establecer en cuarenta años la pena de prisión perpetua impuesta al nombrado, la que vencerá el 27 de octubre de 2047 y caducará el 27 de octubre de 2057 (v. fs. 31 vta. y 32).
En esa línea, con relación al pedido de inconstitucionalidad, la Cámara argumentó -por unanimidad- que el auto atacado no había aplicado dichos artículos para establecer el vencimiento de la pena, pues lo hizo en los términos de los arts. 235 y 226 del Código Penal (v. fs. 26 y vta.).
Y en cuanto a la duración de la pena perpetua, estimó -por mayoría- que la solución no podía ser la adoptada por los jueces del tribunal en lo criminal, surgida al amparo de la interpretación de dos normas que tipifican conductas cuyas penas privativas de libertad son de naturaleza temporal, sino que antes bien debía serlo del juego armónico de los arts. 13 y 16 del Código Penal. En concreto, resolvió que aun cuando en el caso el imputado por su condición de reincidente no podrá obtener la libertad condicional (arts. 13 y 14, Cód. Penal), sí es posible que la recupere por agotamiento de la pena cuando transcurra el plazo de cuarenta años de prisión de efectivo cumplimiento, que es el mínimo que debe cumplir todo condenado por delitos sometidos a una pena fija, sólo que en estos casos los últimos cinco años deberá cumplirlos en encierro (v. fs. 27 vta. y 28).
IV.6. Contra esta decisión, el señor defensor oficial interpuso recurso de casación a través del cual denunció -esencialmente- que la decisión en ambas instancias en torno al vencimiento de la pena atentaba tanto con el límite penal punitivo introducido en nuestro ordenamiento por el Estatuto de Roma (treinta años de prisión), como con el fin de la pena como instrumento resocializador consagrado, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (v. fs. 43/51).
Lo propio hizo la señora Fiscal General Adjunta departamental, denunciando -en lo medular- la errónea interpretación de los arts. 13 -según ley 25.892- y 16 del Código Penal efectuada por la Cámara, pues entiende que corresponde hacer prevalecer la modificación de los diez años introducida por dicha ley, de forma tal que el agotamiento de la pena se alcanzaría a los cuarenta y cinco años de encierro, y no a los 40 como se decidió (v. fs. 83/87; leg. cas. n° 98.948).
IV.7. Así es que llegamos al fallo del Tribunal de Casación del 11 de agosto de 2020, que fuera reseñado en los antecedentes (v. fs. 74/77 vta.).
En lo que importa, dicho órgano jurisdiccional rechazó el recurso de la defensa destacando que no resultaba válido "...establecer el límite de mentas con fundamento en el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanas o Degradantes, pues no existe forma de establecer cuál monto de pena resulta compatible con el fin resocializador y cuál no, o desde qué momento la pena deja de abastecer tal fin de reinserción social para transformarse en un castigo cruel" (fs. 76).
Por otra parte, hizo lugar al recurso fiscal en cuanto advirtió la omisión legislativa en la que incurrió la Cámara al mantener el plazo de sujeción a las condiciones de la libertad condicional en cinco años que establece el art. 16 del Código Penal, pero agregó que el recurrente pasa por alto la reforma de la ley 25.928 al art. 55 del mismo Código, que fija en cincuenta años el máximo aplicable a un concurso real de delitos sancionado con penas temporales, concluyendo que "...el límite no puede ser otro, pues resultaría inconsistente que una pena perpetua tenga una duración menor que la suma de las temporales" (fs. 76 vta.).
V. Como lo adelantara, entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido con el alcance que expondré.
V.1. En primer lugar, cabe aclarar que la condena ha sido establecida en sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada.
Sentado ello, no es posible entonces entrar a discernir acerca de la constitucionalidad de las penas a perpetuidad, la especie aplicada (prisión), la declaración de reincidencia que pesa sobre el condenado y respecto de sus consecuencias (arts. 5, 50 y 14, Cód. Penal).
De igual modo llegó incontrovertido a esta instancia que, pese al calificativo de "perpetua" que el legislador le ha dado a algunas penalizaciones, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, lo que se compadece con la doctrina de esta Suprema Corte, que siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que aun para el caso de las penas perpetuas estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (causas CSJN "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
Con relación al planteo vinculado con que la pena perpetua pudiera impedir la resocialización del condenado, estimo que la defensa no logra rebatir eficazmente los fundamentos brindados en la sentencia que recurre, lo que determina la insuficiencia de su intento (doctr. art. 495, CPP).
Cabe mencionar aquí lo expresado por esta Suprema Corte en cuanto a que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Por lo demás, el cariz impugnativo ahora esgrimido de la mano de la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires y el derecho a la vida, en tanto extemporáneo, no puede ser atendido, siendo que recién fue articulado al interponer el recurso extraordinario bajo estudio y no en la primera ocasión propicia al efecto. Tal déficit resulta suficiente para su desestimación (conf. CSJN Fallos: 330:1759, sent. de 17-IV-2007 y las consideraciones vertidas en mi voto en causas P. 107.711, sent. de 6-X-2010 y P. 110.375, sent. de 21-IX-2011, entre muchas otras, a las cuales en honor de brevedad me remito).
V.2. Ahora bien, surge que ante la impugnación de la defensa y del fiscal, con pronunciamiento favorable a esta última parte por el Tribunal de Casación Penal, se estableció en cincuenta años de prisión el límite de la pena impuesta, la cual vencería el 27 de octubre de 2057 conforme la reseña efectuada.
Según se advierte, en las hipótesis barajadas el agotamiento de la pena impuesta al condenado no habría tenido lugar, pues su situación está lejos de cumplir la fecha más próxima, por lo que cabría apuntar que de momento el asunto no ofrece actualidad (conf. CSJN Fallos: 327:3532, entre muchos otros; arg. art. 421, CPP; doctr. causas P. 119.228, sent. de 19-IX-2018; P. 126.212, sent. de 6-VI-2018; P. 124.655, sent. de 25-IV-2018; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; entre muchos otros).
Dicho lo anterior, en lo que concierne al cuestionamiento sobre la construcción del monto de pena de cincuenta años como límite de la pena a perpetuidad, estimo que resultan de aplicación al caso las consideraciones que efectuara al emitir mi voto, mutatis mutandi , en la causa P. 131.026 (sent. de 18-V-2020).
Allí he sostenido que, por regla, se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). De lo contrario, su fijación ab initio en determinada cantidad de tiempo de privación de la libertad, podría avanzar sobre el arbitrio que compete a otros poderes del Estado, desoyendo el sentido de la misión del Poder Judicial, que exige observar escrupulosamente el ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben al legislador o al Ejecutivo (CSJN Fallos: 208:1848 y 2268; 310:1162; 311:2580; 316:2732; 326:2004; entre muchos). Ello, frente al amplio margen que la política criminal le ofrece precisamente al legislador para establecer las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso (CSJN Fallos: 311:1451, cons. 9°).
Entonces, una adecuada inteligencia del ya mencionado precedente "Giménez Ibáñez" (Fallos: 329:2440) que concilie con esos postulados no debe redundar necesariamente en la individualización de una pena perpetua, sino proporcionar un hito temporal que habilite el acceso al paulatino avance hacia su libertad, conforme los institutos de la ley de ejecución penal disponibles. Ello se impone en casos como el presente, en el que no procede la libertad condicional (art. 14, Cód. Penal), y tampoco la asistida, ante la imposibilidad de determinar la fecha de agotamiento de la pena perpetua, pues esta supone la existencia del dies ad quem para el cómputo de los últimos seis meses (art. 54, ley 24.660).
Estas circunstancias, de consuno con la finalidad resocializadora de las penas privativas de la libertad, conducen a la aclaración del panorama respecto de cuándo ello podría tener lugar, bajo una interpretación sistemática del orden normativo aplicable.
Se trata de ofrecer, incluso a la persona condenada con la pena más gravosa y condición de reincidente, la posibilidad de contar con la razonable expectativa de reinserción al medio social.
La situación de indefinida privación de libertad se genera en estos precisos supuestos ahora examinados de penas impuestas a perpetuidad con declaración de reincidencia (conf., a contrario sensu , causas P. 128.643, sent. de 10-X-2018 y P. 126.107, sent. de 31-VIII-2016).
Concretamente porque se enfrentan ante el obstáculo legal de un acceso a la libertad condicional y de la asistida. Por más que eventualmente puedan morigerarse con el sistema de salidas transitorias -arts. 15 a 17 de la ley 24.660- o por medio de otros institutos propios del período de prueba, estos refieren, en el mejor de los casos, a un egreso que no es definitivo o que carece de aptitud para convertirse en tal.
Considero que la solución dada, al concederle al condenado, en el modo antes expuesto, el derecho a que cumplidos cincuenta años de encierro se le dé por extinguida la condena, por la sola circunstancia de que a partir de la reforma de la ley 25.928, el art. 55 del Código Penal fija dicho monto como el m
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