Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 135842
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.842, "Vázquez Cristian Leandro s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.590 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de febrero de 2019, revocó el auto que -en lo que importa destacar- había aprobado el cómputo de pena efectuado respecto de Cristian Leandro Vázquez, según el cual la pena de prisión perpetua impuesta al nombrado en el marco de la causa n° 3.752, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae , en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, debía vencer el 29 de noviembre de 2057, caducando la publicidad del registro el día 29 de noviembre de 2067. En consecuencia, por mayoría, estableció que la pena de prisión perpetua vencería a los cuarenta años de su efectivo cumplimiento, y que teniendo en cuenta que el nombrado se hallaba detenido de manera ininterrumpida desde el día 29 de noviembre de 2012, ello ocurriría el 28 de noviembre de 2052 caducando el 28 de noviembre de 2062 (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal y 500, CPP; v. fs. 65/72).
Frente a lo así resuelto, el señor fiscal general adjunto departamental interpuso recurso de casación (v. fs. 79/83).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 4 de junio de 2020, hizo lugar al recurso incoado y resolvió que la pena de prisión perpetua aplicada a Cristian Leandro Vázquez vencería a los cincuenta años de su efectivo cumplimiento (v. fs. 98/100).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, ante dicha instancia, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 109/119 vta.), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 120/123 vta.).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 150/154, y la señora defensora oficial adjunta, doctora Ana Julia Biasotti, ante el Tribunal de Casación, presentó la memoria del art. 487 del Código de rito a fs. 161/163, dictada la providencia de autos (v. fs. 156) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa oficial denuncia la violación al principio de progresividad de la pena derivado del postulado de resocialización (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.6., CADH; v. fs. 112).
Luego de una reseña de lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal, sostiene que lo decidido vulnera el principio de resocialización por cuanto el tope de cincuenta años establecido transforma el retorno al medio libre en una ilusión y se desentiende de la condición humana de su pupilo; destaca que las posibilidades de sobre vida resultan casi inexistentes vulnerando el derecho consagrado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 113).
Refiere que existe una vinculación entre el mencionado derecho fundamental a la vida y la prohibición de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; cita el fallo "Estévez" de la Corte nacional y destaca que al encierro de por vida se le suma la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires, donde su asistido deberá soportar condiciones materiales incompatibles con el concepto de dignidad (v. fs. 113/114).
Aduna a ello lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos "Lori Berenson Mejias vs. Perú" y "Masacre de la Rochela vs. Colombia" (v. fs. 114 y vta.).
Seguidamente, argumenta en torno a que el cómputo de pena realizado "...lo anula como ser humano, destruye el concepto de dignidad, se contrapone con el fin resocializador de las penas", con lo cual el Tribunal de Casación "...debió analizar concretamente los argumentos planteados"; considera que "...acceder al medio libre, con más de 70 años de vida, de los cuales más de 30 serán encerrado en una cárcel bonaerense, es establecer un argumento que en las formas acota el límite de las penas perpetuas, más en rigor de verdad implica una ilusión de soltura sin posibilidad alguna de reinserción, de vida y de inclusión" (fs. 114 vta.).
También alega que el cómputo de pena realizado por Casación incorpora una "especie de pena novedosa", en tanto permite al estado extraer durante cincuenta años a un sujeto que cometió una serie de delitos para devolverlo a la sociedad, de mantenerse con vida, en el último estadio de su existencia, sin posibilidad de formar un proyecto de vida (v. fs. 115 vta.).
Apoya sus argumentos en ciertos pasajes del voto concurrente del señor juez Sergio García Ramírez en el caso "Caesar vs. Trinidad y Tobago" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 115 vta./116 vta.).
Por último, analiza los motivos por los cuales el Tribunal de Casación construyó los cincuenta años como límite de la prisión perpetua y denuncia la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal por afectación al principio de legalidad.
Luego de referirse a la evolución legislativa de dicha clase de sanción en el Código Penal, así como su incidencia frente al principio constitucional de legalidad y a la respuesta dada por el tribunal intermedio (v. fs. 116 vta./118), sostiene que el legislador estableció claramente que en los casos de prisión perpetua el agotamiento de la misma surge del Título II, de las penas, de los arts. 13, 14 y 16 del Código Penal (v. fs. 118).
En la inteligencia que les asigna a tales preceptos, estima que cumplidos los treinta y cinco años de encierro -para el caso de no acceder al régimen liberatorio-, con cinco años más de cumplimiento de pautas obligatorias, su asistido agotaría la pena de prisión perpetua impuesta. Por ello, considera inatingente la remisión al art. 55 del Código Penal "...en tanto en el mismo se establece una escala legal en el caso de concurso de delitos" (fs. 118 y vta.).
En consecuencia, afirma que "La inconsistencia declarada por el T.C.P. para acudir el art. 55 del C.P. no es tal, por cuanto en primer lugar el límite de 50 años es el límite máximo para el caso de concursos de delitos"; por lo que solicita se revoque el fallo dictado por el Tribunal de Casación y se disponga el reenvío de las actuaciones para el dictado de una sentencia ajustada a derecho (v. fs. 118 vta. y 119).
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado (v. fs. 150/154).
III. La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria en los términos del art. 487 del Código Procesal Penal, y solicitó que se haga lugar al recurso y se rechacen las argumentaciones introducidas por el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 161/163).
IV. Liminarmente corresponde efectuar una breve reseña de lo ocurrido en las instancias anteriores.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, por sentencia dictada el 31 de octubre de 2014, en lo que importa destacar para la solución del caso, condenó a Cristian Leandro Vázquez a la pena de prisión perpetua y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio agravado criminis causae , en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todos en concurso real entre sí (arts. 54, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 tercer párrafo, Cód. Penal; v. fs. 2/35 vta.).
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 31 de mayo de 2016, rechazó el recurso de la defensa oficial contra la sentencia de condena (v. fs. 36/56 vta.); a su vez, esta Suprema Corte dictó sentencia el 29 de agosto de 2018 y rechazó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada contra el fallo del Tribunal intermedio (v. fs. 57/60 vta.).
Habiendo quedado firme la sentencia de condena, el tribunal de origen practicó el correspondiente cómputo de pena con relación al nombrado, y determinó que la prisión perpetua impuesta a Cristian Leandro Vázquez por resultar autor responsable de los delitos de homicidio agravado por ser criminis causae , en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todos en concurso real entre sí, ocurridos el día 24 de octubre de 2012, vencería el día 29 de noviembre de 2057, caducando la publicidad del registro el 29 de noviembre de 2067, ello teniendo en cuenta que Vázquez había sido detenido el día 29 de noviembre de 2012 convirtiéndose en prisión preventiva el 27 de diciembre del mismo año; dicho cómputo fue aprobado por resolución del 23 de octubre de 2018 (v. fs. 61/63 vta.).
IV.2. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, el 19 de febrero de 2019, abordó los recursos interpuestos por la defensa oficial y el propio condenado y determinó -por mayoría-, que la pena de prisión perpetua aplicada a Cristian Leandro Vázquez vencería a los cuarenta años de su efectivo cumplimiento, y teniendo en cuenta que se hallaba detenido de manera ininterrumpida desde el día 29 de noviembre de 2012, vencería el 28 de noviembre de 2052 caducando el 28 de noviembre de 2062 (v. fs. 65/72).
Para así resolver, a través del voto de la doctora Fernández al que adhirió la jueza Mingolo, luego de destacar que la materia convocante en el caso era la duración de la pena perpetua impuesta a Cristian Leandro Vázquez por hallarse impedido de acceder a la libertad condicional, en virtud de haber sido condenado -entre otros-, por el delito de homicidio agravado por ser criminis causae , se refirió a la inexistencia de penas realmente perpetuas o eliminatorias en nuestro sistema penal (v. fs. 65 y vta.).
Puntualmente indicó que "...el plazo a tomar es de 35 años más 5, hasta tanto el Poder Legislativo corrija el mismo por medio de la interpretación auténtica o reforma directa de la norma". Agregó que, en coincidencia con el criterio de la defensa, "la solución habrá que buscarla en el juego armónico del actual art. 13 y del antiguo art. 16, en virtud del principio de interpretación restrictiva en materia del poder coercitivo del Estado". Pues, dijo, "[l]a pauta temporal conforme el texto vigente al momento de la comisión del ilícito en trato, es de 40 años de pena privativa de libertad cumplida". En consecuencia "...partiendo de la base de que sólo es admisible la pena de prisión perpetua, en tanto y en cuanto, el condenado tenga alguna posibilidad de liberación, he de decir que si bien en el caso, Cristian Leandro Vázquez no puede obtener la libertad condicional al transcurrir los 35 años que exige la norma del art. 13 del C.P., ello en función de lo establecido en el artículo 14 del mismo ordenamiento legal, sí es posible que el mismo recupere su libertad por agotamiento de pena". Es decir, concluyó, "...cuando transcurra el plazo de 40 años de prisión de efectivo cumplimiento, que es el plazo mínimo que debe cumplir todo condenado por delitos sometidos a una pena fija, sólo que en estos casos los últimos 5 años deberá cumplirlos en encierro" (fs. 66 vta. y 67).
IV.3. Contra ello, interpuso recurso de casación el señor fiscal general agraviándose del plazo de cuarenta años sostenido por el Tribunal de Alzada en lugar de los cuarenta y cinco que había propuesto esa parte; solicitó que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 13, 14 y 16 del Código Penal y 500 del Código de rito (v. fs. 79/83).
Argumentó en torno a la actual redacción del art. 13 del Código Penal -según ley 25.892-, que establece que el condenado a prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones, y que regirán hasta diez años más a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional; aludió a la prohibición del art. 14 del mismo cuerpo legal para los condenados por el delito previsto en el art. 80 inc. 7, figura aplicada en el caso; por otro lado, se refirió a la inteligencia de que las penas perpetuas no existen como tales y que también adquieren vencimiento; concluyó en que la cantidad de cuarenta y cinco años resulta el cumplimiento obligatorio por parte de Vázquez (v. fs. 81 y vta.).
IV.4. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar al recurso fiscal y estableció que la pena de prisión perpetua aplicada a Cristian Leandro Vázquez, vencerá a los cincuenta años de su efectivo cumplimiento (v. antecedentes de la presente).
Para así decidir, luego de sostener que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que la pena privativa de libertad realmente perpetua es incompatible con el bloque constitucional federal (conf. G.239.XL "Recurso de hecho G.I., A.F. s/ libertad condicional", sent. de 4-VII-2006); afirmó -en coincidencia con los fundamentos expresados por el doctor Violini en varios precedentes- que "...ante la falta de una disposición expresa del Código Penal respecto al tope de las penas perpetuas de prisión y reclusión, es necesario acudir a una interpretación sistemática de sus normas y que, a partir de la reforma introducida por la ley 25928, resulta del juego de los artículos 13, 55 y 80 del Código Penal que ese límite máximo debe establecerse en cincuenta años" (fs. 99).
Consideró que ello es coherente con el criterio que se viene aplicando a los casos de delitos cometidos con anterioridad al año 2004, en tanto que "...según el juego de los artículos 13 y 55 del Código Penal -en sus versiones anteriores a las leyes 25.892 y 25.928 respectivamente que entraron en vigencia ese año-, si en el caso de los condenados no reincidentes era posible la obtención de la libertad condicional a los veinte años de cumplimiento de la pena, y las reglas de conducta se extendían por un período de cinco años más, entonces la pena, pese a su calificación de 'perpetua', tenía en realidad un plazo máximo de duración de veinticinco años" (fs. cit.).
Sentado lo anterior, afirmó que "...asiste razón al Fiscal recurrente en punto a que la interpretación de la Cámara no resulta razonada, pues, a pesar de establecer una relación entre las disposiciones de los artículos 13 y 16 del Código Penal, hace pie en la omisión legislativa que mantuvo el plazo de sujeción a las condiciones de la libertad condicional en cinco años en la segunda de esas normas mientras que, con la reforma de la ley 25.892, lo fijaba en diez en la primera, haciendo caso omiso de la inequívoca voluntad legislativa que, a un lado el evidente error, conduce a tener al artículo 16 por implícitamente reformado por la ley posterior"; y agregó que "...la diferencia que a partir de las respectivas reformas de las leyes 25.892 y 25.928, hoy existe entre los términos establecidos por los artículos 13 (según la interpretación sostenida precedentemente) y 55 del Código Penal no puede ser resuelta sino en favor del segundo, pues resultaría asistemático fijar el término de vigencia de una pena perpetua en uno inferior al máximo aplicable a un concurso real de delitos sancionados con penas temporales" (fs. 99 y vta.).
V. No coincido con el señor Procurador General y estimo que el recurso prospera parcialmente.
VI.1. En primer lugar, cabe destacar que la condena impuesta a Cristian Leandro Vázquez ha sido establecida en sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada.
Sentado ello, no es posible entonces entrar a discernir acerca de la constitucionalidad de las penas a perpetuidad y la especie aplicada al caso (prisión).
Por otro lado, se encuentra incontrovertido el calificativo de "perpetua" que el legislador le ha dado a ciertas penalizaciones, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, lo que se compadece con la doctrina de esta Suprema Corte, que siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que aun para el caso de las penas perpetuas, estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (causas CSJN "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
Con relación al planteo vinculado con que dicha pena perpetua pudiera impedir la resocialización del condenado, cabe destacar que esta Suprema Corte ha expresado que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
Por lo demás, el cariz impugnativo ahora esgrimido de la mano de la realidad carcelaria argentina y particularmente de la Provincia de Buenos Aires, en su relación con la advertencia de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme el comunicado de prensa n° 64/10 de dicho órgano, no puede ser atendido por extemporáneo, en tanto que de ese modo y con tales argumentos, recién fue articulado al interponer el recurso extraordinario en estudio (v. en lo pertinente, memorial de fs. 94/97 vta. y fs. 114 del recurso en estudio). Por lo que tal déficit sella la suerte adversa de esa pretensión (doctr. art. 451, CPP).
VI.2. Sentado ello, de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal y haciendo lugar al recurso fiscal, resolvió que la pena de prisión perpetua aplicada a Cristian Leandro Vázquez vencería a los cincuenta años de su efectivo cumplimiento (v. fs. 98/100).
Ahora bien, según se advierte del presente caso el agotamiento de la pena impuesta al condenado no habría tenido lugar, pues su situación está lejos de cumplir la fecha más próxima, por lo que cabría apuntar que de momento el asunto no ofrece actualidad (conf. CSJN Fallos: 327:3532, entre muchos otros; arg. art. 421, CPP; doctr. causas P. 119.228, sent. de 19-IX-2018; P. 126.212, sent. de 6-VI-2018; P. 124.655, sent. de 25-IV-2018; P. 127.696, sent. de 14-VI-2017; entre muchos otros).
Dicho lo anterior, en lo que concierne al cuestionamiento sobre la construcción del monto de pena de cincuenta años como límite de la pena a perpetuidad (v. agravio de fs. 116 vta.), estimo que resultan de aplicación al caso las consideraciones que efectuara al emitir mi voto, mutatis mutandi , en la causa P. 131.026 (sent. de 18-V-2020).
Allí he sostenido que, por regla, se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). De lo contrario, su fijación ab initio en determinada cantidad de tiempo de privación de la libertad, podría avanzar sobre el arbitrio que compete a otros poderes del Estado, desoyendo el sentido de la misión del Poder Judicial, que exige observar escrupulosamente el ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben al legislador o al Ejecutivo (CSJN Fallos: 208:1848 y 2268; 310:1162; 311:2580; 316:2732; 326:2004; entre muchos). Ello, fr
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.