Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.089-RC, "Rolón Benítez, Rodolfo Antonio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 89.123 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a Rodolfo Antonio Rolón Benítez a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Contra esa condena, la defensa interpuso un recurso de casación y la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de mayo de 2018, lo rechazó (v. fs. 69/76).
La señora defensora oficial adjunta, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 113/117), el que fue admitido por el Tribunal de Alzada (v. fs. 118/120).
Esta Corte declaró la nulidad de la resolución por la que se concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y devolvió las actuaciones al Tribunal de Alzada (v. fs. 126/128), órgano que resolvió la admisibilidad de la vía articulada (v. fs. 134/136).
A fs. 141/143 vta. dictaminó el señor Procurador General, a fs. 145 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta ante la sede casatoria, doctora Ana Julia Biasotti, tachó de arbitraria la sentencia del tribunal revisor en lo que hace a la construcción del monto de la pena (v. fs. 114 vta.).
Señaló que se impuso al imputado Rolón Benítez una pena "...que supera el mínimo legal correspondiente al delito imputado, sin haberse computado en el fallo ninguna agravante en su perjuicio, a la par que se incluyó una circunstancia atenuante..." (fs. 115). En consecuencia, consideró que la pena impuesta era excesiva y violatoria de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y culpabilidad.
Sostuvo también que homologar por parte de Casación la pena fijada en la anterior instancia, afectaba los principios constitucionales antes mencionados y que, si bien la sanción aplicada se hallaba dentro de la escala legal contemplada para el delito enrostrado, la circunstancia de haberse excedido del mínimo legal hacía que no se correspondiera con la culpabilidad de su defendido por el hecho cometido y sólo pretende su neutralización por el tiempo de la pena (v. fs. 88 vta.).
Solicitó, en definitiva, que se case la sentencia impugnada, se declaren erróneamente aplicados los arts. 40 y 41 del Código Penal y se reenvíen los autos al Tribunal intermedio para que -previa audiencia con el imputado- imponga una sanción respetuosa de las garantías constitucionales citadas.
II. Al igual que el señor Procurador General estimo que la vía deducida debe ser rechazada.
III. El órgano revisor no encontró atendibles los reparos formulados por la defensa sobre el punto en análisis, al considerar que no había demostrado que se encontrara presente "...un vicio de arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de dosimetría de la pena, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, y habilitando de tal manera su control" (fs. 75).
Expresó que "...estando facultados los jueces de mérito a evaluar la incidencia que cada circunstancia tiene sobre el monto de pena a imponer sin que ello resulte un proceso matemático, debe rechazarse el reclamo que se limita a sostener que al momento de fijar el monto punitivo los jueces debieron aplicar el mínimo legal en el entendimiento de que fueron valoradas circunstancias atenuantes" (fs. cit.).
En tal aspecto, juzgó que "la sanción se encuentra dentro de la especie de pena y escala legal del delito por el que se condenó al imputado, y no constituye transgresión legal de las reglas que disciplinan el proceso de determinación judicial de la pena la imposición del mínimo previsto, desde que el plexo normativo no establece un punto de ingreso fijo a la escala legal, siendo la intensidad antijurídica del hecho, entre otros aspectos, los que deben determinar la cuantía sancionatoria sobre la que operarán en definitiva las atenuantes y severizantes que se computen en el caso" (fs. 75 vta.).
Concluyó que el fallo se encontraba fundado suficientemente en el extremo relativo a la determinación de la pena, que los jueces de mérito habían evaluado las pautas legales para su determinación y fijado una sanción "...que no luce desatendida de la magnitud del hecho enjuiciado ni las circunstancias que confluyen en el sub examine" (fs. 75 vta.).
IV. De lo antes reseñado se advierte que la decisión cuenta con fundamentación sobre lo resuelto y que el agravio traído se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Luego, la denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó, en su cariz federal, de manera genérica al no referirse concretamente a las constancias de la causa y no demostrar su conexión con la materia del pleito.
Con todo, basta señalar que los argumentos del Tribunal intermedio se compadecen con la doctrina de esta Corte, en cuanto a que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre la determinación de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 94.341, sent. de 31-X-2007; P. 81.143, sent. de 25-VI-2008 y P. 83.523, sent. de 22-IV-2009).
Así como se ha señalado que el digesto sustantivo no contiene un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 119.893, resol. de 24-IX-2014; P. 123.557, resol. de 12-XI-2014; P. 123.410, resol. de 10-XII-2014; P. 122.624, resol. de 26-VIII-2015; P. 125.780, resol. de 9-IX-2015; P. 125.542, resol. de 29-XII-2015; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 128.819, sent. de 23-X-2019; P. 131.436, sent. de 15-IX-2021; e.o.).
En consecuencia, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que -con pie en la insuficiencia recursiva- llevaron al Tribunal de Casación a sostener que la crítica que se limitaba a atacar el monto de la pena impuesto por excesivo, sin atender a las circunstancias de agravación tenidas en cuenta por el a quo , debía desestimarse.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/09/2022 16:18:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/09/2022 17:11:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2022 18:12:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2022 09:56:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2022 10:24:51 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/09/2022 13:52:24 hs. bajo el número RS-94-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia