Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134309
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.309, "Pereyra, Néstor Fabián y Maciel, Ramón Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.804 y acum. n° 93.807 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, el día 17 de septiembre de 2018, condenó a Néstor Fabián Pereyra y Ramón Alejandro Maciel a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de abuso de armas y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, en concurso real (arts. 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 104, Cód. Penal; v. fs. 14/33 vta.).
A su turno, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 13 de agosto de 2019, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las defensas de los imputados (v. fs. 110/124 vta.).
Contra lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Néstor Fabián Pereyra (v. fs. 133/141 vta.); por su parte, el doctor Daniel Aníbal Sureda, también defensor oficial adjunto ante el tribunal casatorio, dedujo igual recurso en beneficio de Ramón Alejandro Maciel (v. fs. 144/156 vta.). Tales recursos fueron declarados parcialmente admisibles por el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 162/165); y, según surge del informe efectuado a fs. 143, las partes no interpusieron queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General a fs. 175/181 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 183) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto de Casación a favor de Néstor Fabián Pereyra a fs. 133/141 vta.?
2ª) ¿Lo es el presentado por el señor defensor oficial adjunto de Casación a favor de Ramón Alejandro Maciel a fs. 144/156 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa de Néstor Fabián Pereyra denunció la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal y la vulneración de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), del debido proceso legal y del derecho de defensa (art. 18, Const. nac.; v. fs. 135 y vta.).
Recordó que los reclamos incoados ante la instancia intermedia estuvieron dirigidos a poner en evidencia la errónea aplicación de la norma referida y a reclamar la subsunción bajo la figura prevista en el art. 84 del Código Penal, ya que la plataforma fáctica sobre la que se había asentado el fallo no permitía -a su juicio- calificar el hecho que culminara en la muerte de Giselle Aguirre de acuerdo a las previsiones de la figura de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal), en tanto no había logrado acreditarse el dolo de matar (v. fs. 135 vta.).
Señaló que en aquella oportunidad se cuestionó la falta de acreditación del supuesto acuerdo previo para matar afirmado por los jueces en su sentencia, indicando que ese acuerdo ni siquiera fue planteado por la fiscalía (v. fs. cit.).
Apuntó que, a pesar de ello, el Tribunal de Casación entendió que la selección del tipo penal del art. 79 del Código de fondo era correcta en tanto se adecuaba a la conducta atribuida a Pereyra. Sin embargo, estimó que, de la lectura del fallo impugnado, surgía evidente que se había efectuado una errónea aplicación de dicha figura penal al afirmar -confusamente, según su juicio- que existió un acuerdo previo entre los imputados para provocar la muerte de alguno de los jóvenes del otro grupo "...al tiempo que describe disparos de arma de fuego dirigidos hacia donde se hallaban las víctimas, sin embargo, ninguna prueba respald[ó] tal conclusión", considerando que así también lo había entendido el tribunal, pues "...luego calificó esa secuencia como un abuso de armas, en donde el dolo homicida claramente no está presente" (fs. 136/137 vta.).
Opinó que el tribunal no erró en la calificación asignada a ese tramo del suceso, pero que "...necesitó mencionar que había existido un acuerdo homicida previo para justificar luego una calificación de homicidio doloso forzada que de otro modo no podría fundar" (fs. 137 vta.). Añadió que, más allá de mencionar esa voluntad común de dar muerte, no logró acreditar su existencia mediante ninguna prueba de las producidas durante el juicio (v. fs. cit.).
Relató que, continuando con la acción descripta en el fallo, se llegó a la secuencia en que Aguirre fue alcanzada por un disparo. Repasó que la materialidad ilícita describía que, mientras Pereyra y Maciel se encontraban amenazando y golpeando con la culata del arma a Axel Jiménez -quien fue en todo momento el real destinatario de la agresión-, este logró observar, luego de recuperarse del aturdimiento que le había provocado uno de esos golpes en la cabeza, a Giselle Aguirre caída; en consecuencia, argumentó que esa descripción no afirmaba de dónde provino el disparo mortal, ello en tanto "...en el debate no se logró establecer fehacientemente ese extremo", agregando que ningún testimonio ni ninguna otra prueba permitía afirmarlo "...con el grado de certeza que una sentencia condenatoria exige" (fs. 137 vta. y 138).
Adujo que la sola referencia del testigo Jiménez de recordar haber visto el arma humeante que esgrimía Pereyra, ni tampoco los dichos de Jazmín Aylén Mendoza -quien no pudo precisar cuál de las tres personas que integraban el grupo agresor disparó-, alcanzaban para concluir que el disparo mortal hubiera provenido del arma que portaba Pereyra. Explicó que, por ello, tal afirmación empleada en el fallo resultaba arbitraria (v. fs. 138 y vta.).
Finalmente, alegó que todas las actitudes de su defendido evidenciaban su voluntad de amedrentar a Jiménez, quien era el destinatario de sus agresiones, pero que de ningún modo surgía su intención homicida. Reflexionó que ello conducía nuevamente a la arbitraria afirmación del fallo sobre la existencia de un acuerdo previo entre los acusados para matar (v. fs. 138 vta. y 139).
Manifestó, entonces, que no se acreditó fehacientemente de dónde provino el disparo mortal, pero de todos modos se le atribuyó a Pereyra arbitrariamente. Explicó que, siendo Jiménez el destinatario de las agresiones, y encontrándose este a corta distancia de Pereyra y agachado como consecuencia del culatazo que había recibido, resultaba poco probable que el disparo que hirió a Aguirre en la frente hubiera sido consecuencia de un disparo fallido dirigido a Jiménez pues, en ese caso, "...el disparo hubiese sido efectuado hacia abajo, ya que éste acababa de ser golpeado con la culata de un arma en la cabeza y se encontraba aturdido". Añadió que también resultaba poco factible que, si el disparo hubiese estado dirigido a su persona -como sugirió el fallo-, el agresor hubiese fallado si se encontraba a muy poca distancia como para haberlo golpeado con la culata del arma en el instante previo al disparo. Ello, si se consintiera que fue Pereyra quien disparó, circunstancia que -aseveró- no fue acreditada (v. fs. 139 vta.).
Apuntó que todas las arbitrariedades e incongruencias que evidenciaba el fallo de condena fueron señaladas debidamente en el recurso casatorio y que, a pesar de ello, no recibieron un análisis adecuado por parte del órgano revisor, quien se limitó a reiterar las conclusiones del tribunal de juicio sin efectuar un serio análisis de los cuestionamientos llevados a su control, conculcando de tal modo el derecho a la doble instancia en su debida extensión y conspirando en forma directa contra el derecho de defensa en juicio, situación que evidenciaba el tránsito aparente por la instancia revisora (v. fs. 140 y vta.).
Entendió, en definitiva, que el fallo no logró establecer, más allá de afirmarlo arbitrariamente, que hubiera existido un acuerdo previo para matar, que el disparo que alcanzó a la víctima hubiera sido efectuado por Pereyra y, mucho menos, que hubiera existido dolo homicida (v. fs. 140 vta. y 141).
En razón de lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada, se declare erróneamente aplicada la figura prevista por el art. 79 del Código Penal y se disponga el reenvío de las actuaciones al tribunal intermedio a fin de que se fije pena conforme a la calificación reclamada de acuerdo a las previsiones del art. 84 del mismo Código (v. fs. 141).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto (v. fs. 175/181 vta.).
III. De manera liminar, es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por infracción de la ley sustantiva -esto es, la vinculada con la errónea aplicación del art. 79 y la inobservancia del art. 84, ambos del Código Penal- y a la doctrina edificada sobre esas normas, concretamente con los alcances del concepto de dolo (v. fs. 164). Con esos lindes, serán abordados los agravios.
IV.1. Sentado lo anterior, corresponde señalar que el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 29 de octubre del año 2016 siendo alrededor de las 03.30 horas, al menos tres personas de sexo masculino, mayores de edad, dos de ellos aquí juzgados e identificados en autos como Ramón Alejandro Maciel y Néstor Fabián Pereyra, formando un grupo con Axel Leonardo Argüello, quien ha suscripto un acuerdo de juicio abreviado, con motivo de una disputa por liderazgo barrial, previo acuerdo y mediante un plan común destinado a provocar la muerte de algunas de las personas que conformaban el grupo de jóvenes ubicados en la intersección de las calles Mateo Bootz y Miguel Cané de la localidad de José C. Paz, llegaron hasta dicho lugar blandiendo sendas armas de fuego de puño, que no fueron incautadas, y allí los tres sujetos efectuaron disparos contra las personas reunidas, Maximiliano Ezequiel Vega, Luis Javier Rabello, Axel Enrique Jiménez, Ludmila Ruth Mendoza, Jazmín Aylen Mendoza y Pamela Bellora Sosa, sin herirlos, y en forma simultánea dentro del contexto de las agresiones, estos mismos sujetos efectuaron disparos al piso hacia donde se hallaba Maximiliano Vega y Axel Jiménez, aplicándoles tanto Maciel como Pereyra golpes en la cabeza a modo de 'cañazo' con la culata del arma a Jiménez y a Vega. De seguido en la continuidad del ataque Axel Jiménez junto al grupo de personas agredidas se desplazaron hasta la vivienda de aquél ubicada en la calle Miguel Cané 3942. En tales circunstancias, encontrándose las jóvenes Ludmila Ruth Mendoza, Jazmín Aylen Mendoza, Pamela Bellora Sosa, al igual que Giselle Mariana Yasmín Aguirre tratándose de protegerse de los disparos con el objetivo de ingresar a la vivienda, Axel Jiménez en ese momento en la vereda de su casa buscando impedir que ingresaran los atacantes, y luego de recibir amenazas de muerte por parte de Néstor Fabián Pereyra quien le expresa 'no te metas con mi gente que te voy a matar', recibió un golpe en la cabeza con arma de fuego por parte de Ramón Alejandro Maciel provocando su aturdimiento momentáneo, y al recuperarse ve a Néstor Fabián Pereyra frente suyo apuntándole con el arma de fuego humeante, para seguidamente observar caída a Giselle Aguirre, quien se hallaba justo detrás de Jiménez provocando el óbito de la mujer por el disparo en la frente ocasionado" (fs. 16 y vta.).
A partir de dicha descripción fáctica y tras meritar los elementos de prueba producidos en el debate más los incorporados al expediente, rechazó -en lo que interesa- la pretendida modificación de la calificación legal de la muerte de Aguirre en la figura culposa (art. 84, Cód. Penal), encuadrando los sucesos como abuso de armas y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, en concurso real (arts. 41 bis, 55, 79 y 104, Cód. Penal); y juzgó que, habiéndose demostrado que Pereyra y Maciel dispararon las armas de fuego que blandían mediante concierto previo, y en las mismas circunstancias obrando con dolo de matar, provocaron la muerte de Giselle Aguirre, ambos debían responder en calidad de coautores (v. fs. 32/33 vta.).
IV.2. Al interponer el recurso de casación, la defensa de Pereyra denunció, en lo que interesa a esta impugnación, la errónea calificación legal atribuida al hecho en los términos del art. 79 del Código Penal y solicitó su recalificación en el tipo penal previsto por el art. 84 del citado cuerpo normativo, por entender que los elementos probatorios valorados en la sentencia no permitían acreditar que su defendido hubiera actuado con la intención de dar muerte, esto es, con dolo homicida (v. particularmente, fs. 47 vta./49).
IV.3. A su turno, el Tribunal de Casación abordó dicho agravio y confirmó la calificación legal escogida por el tribunal de origen, estimando que "...la forma en que se produjo el ataque por parte del encartado, el arma empleada, y la dirección de esos ataques, llevan a afirmar el intento homicida" (fs. 118 vta.).
Sostuvo que, si bien la intención homicida es de muy difícil prueba si no se cuenta con una declaración expresa del imputado, la jurisprudencia recurre en general a un "...dato objetivo del cual se infiere la subjetividad del agente (así, un disparo a las piernas no permite pensar en un dolo homicida; pero el dirigido al corazón con la frase ' te voy a matar ', sí" (fs. 119). Citó doctrina de autores a los efectos de dilucidar el tema de la finalidad homicida y explicó que, en el caso, "...no aparece descaminada la fundamentación del sentenciante, cuando en la aplicación normativa del tipo penal de homicidio, sostiene la existencia del dolo homicida y la imputación del resultado muerte a los encartados, ni que la valoración de los hechos en la prueba rendida, exhiban yerro lógico o vicio de arbitrariedad" (fs. 119 vta.).
Destacó que, para formar su convicción sincera, el tribunal de origen valoró especialmente el testimonio de Axel Enrique Jiménez, "...quien detalló en forma clara y precisa los acontecimientos previos y el posterior desenlace que terminara con la vida de su amiga Giselle Aguirre y las promesas de los [...] encartados y agresores de darles muerte". Indicó que tal testigo señaló que se encontraba en la esquina de su casa con un grupo de amigos y su tío cuando llegaron los agresores -entre ellos, Pereyra-, armados, y comenzaron a decirles "ustedes que pedían bala, nosotros somos más chorros de los chorros" (fs. cit.).
También expuso que Jazmín Mendoza señaló que los imputados "...disparaban indiscriminadamente hacia ellos"; que Ruth Mendoza agregó que "...todos disparaban al mismo tiempo sin importarles nada"; y que Luis Javier Rabello declaró que "...cuando intentaron escapar [...] comenzaron a los tiros..." y que las balas les pasaban muy de cerca, a punto tal que una de ellas impactó en el cuerpo de Aguirre. Frente a ello, el revisor apreció que dichos testigos fueron contestes en señalar que los imputados efectuaron disparos hacia ellos "...en forma indiscriminada, sin importarles cuál era [su] destino [...], aún en su huída..." (fs. 120).
Finalmente, a partir de la manera en que se produjeron los hechos, determinó que el tribunal oral pudo certificar el dolo homicida por parte de los imputados, compartiendo esa conclusión y descartando -en consecuencia- el pedido de recalificación en la figura de homicidio culposo o en agresión (v. fs. cit.).
V. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del art. 79 del Código Penal, ya que los agravios traídos, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, en rigor están dirigidos a cuestionar aspectos vinculados con los hechos y la prueba valorada en las instancias anteriores, desarrollando a ese efecto una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta, con la finalidad de lograr un cambio en la calificación legal asignada a los hechos, en función de entender que no estaría fehacientemente acreditada la intención homicida (dolo) de Pereyra, cuestiones que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 135.385, sent. de 24-VI-2022; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida nada más que en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación del dolo de homicidio en la figura aplicada, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
En definitiva, conforme los fundamentos apuntados, el elemento subjetivo del tipo aplicado (dolo homicida) quedó debidamente acreditado, sin que la defensa haya podido evidenciar que hubiera sido irrazonable concluir que los imputados tuvieron dolo de matar en el marco de las condiciones apreciadas por las instancias anteriores (la forma en que se produjo la agresión, el arma empleada, la dirección de los ataques), ni tampoco logró conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
En consecuencia, corresponde rechazar la propuesta de que se subsuma el hecho en la figura del art. 84 del Código Penal, pues no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 79, Cód. Penal).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Coincido con el colega ponente doctor Torres que la defensa de Pereyra no ha logrado justificar el yerro que le asigna al fallo en lo tocante a la calificación legal actuada (homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego, arts. 79 y 41 bis, Cód. Penal) en relación con la víctima Giselle Aguirre.
II. En muy prieta síntesis, en la pieza impugnativa esa parte se agravia: a) que se aluda confusamente a un acuerdo para matar, de modo indeterminado, luego de haberse calificado el tramo de los primeros disparos como abuso de armas, para luego fundar en esa convivencia previa homicida el posterior obrar como doloso; b) que no se pudo determinar de dónde provino el disparo mortal que acabó con la vida de la joven Aguirre, siendo arbitrario afirmar que haya sido del arma que portaba Pereyra; c) que aun cuando se consintiera que ese disparo fue efectuado por Pereyra no se probó el dolo homicida, pues, a su criterio, las agresiones estuvieron centradas en Jiménez y con el único fin de amedrentarlo, sea con disparos dirigidos hacia el suelo, golpes con la culata del arma en la cabeza de la víctima, es decir, acciones violentas pero
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